Roysel Alvarez Nieto
Expediente 281/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roysel Alvarez Nieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a) del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintidós. ANTECEDENTES Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierten los siguientes antecedentes: I. Los quejosos Juan Carlos Peña Puentes, Yosvany Caraballo Puente, Adalberto Lazo Perera, Raimundo Domínguez Martínez, Yuniesky Bastida González, Alexander Pujada Rodríguez, Lázaro Israel Temprana González, Yordany Silva González, Camilo Ernesto Mauriño Fernández, Yordan Luis Hernández, Anisley Novoa Diaz, Katia González Guzmán, Daylis Lenor Dueñas Vázquez y Roysell Alvarez Nieto, promovieron juicio de amparo en contra de los actos reclamados al Instituto Nacional de Migración en Puebla y otras autoridades, consistente en: -La orden de localización, detención o aseguramiento traslado expulsión o deportación emitida por las autoridades responsables- II. De las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que mediante proveído de once de marzo de dos mil veintidós el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, decretó la suspensión de plano a favor de los quejosos de mérito, respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, expulsión o deportación y retención fuera de procedimiento. III. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, aceptó la competencia planteada por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco y se avocó al conocimiento del asunto. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración y por el Jefe de Departamento de Operación, Seguridad y Custodia del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en la ciudad de Puebla, se advierte que: - Mediante oficio PUE-EIL-E2C3-318/2022 de diez de marzo del año en curso, emitido en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0000772/2022, suscrito por la licenciada NORMA IVETTE BEAS RAMOS, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA CELULA II-3 fueron entregados a resguardo de dicha autoridad los quejosos antes citados - Mediante oficio INM/ORP/SEM/589/2022 el Jefe de Departamento de Operación, Seguridad y Custodia del Instituto Nacional de Migración con sede en la ciudad de Puebla, remitió copias certificadas de los expedientes administrativos instaurados a los citados quejosos, de los que se advierte que en veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva a favor de los quejosos en los siguientes términos: Por lo que atañe a Juan Carlos Peña Puentes, Yosvany Caraballo Puente, Adalberto Lazo Perera, Raimundo Domínguez Martínez, Yuniesky Bastida González, Alexander Pujada Rodríguez, Lázaro Israel Temprana González, Yordanys Silva González, Camilo Ernesto Mauriño Fernández, Yordan Luis Hernández, Anisley Novoa Diaz, se les concedió un plazo de veinte días naturales para abandonar el territorio nacional. Y, por lo que atañe a Katia González Guzmán, Daylis Lenor Dueñas Vázquez y Roysell Alvarez Nieto, se les otorgó oficio de salida por un plazo de veinte días naturales para regular su situación migratoria. Lo que les fue notificado a los aquí quejosos el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En mérito de lo anterior, se advierte la actualización de una causa de improcedencia que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Para verificar lo anterior, debe destacarse que de las constancias remitidas por la autoridad migratoria responsable, se advierte que el nueve de marzo de este año, mediante oficio INM/ORP/SCYV/257/2022 signado por el Representante Local Zona Centro de la Oficina del Titular de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, dirigido al Subdirector de Control y Verificación Migratoria, le ordenó llevar a cabo una revisión migratoria en la ESQUINA 3 SUR, JUNTA AUXILIAR APANGO DE ZARAGOZA DEL MUNICPIO DE ACAJETE, Y SUS INMEDIACIONES, para comprobar la situación migratoria de los extranjeros que se localizaran o transitaran en dicho lugar, en cuyo caso, deberían acreditar su regular estancia en el país; revisión que se efectuó en el horario habilitado de las 16:00 a las 22:00 de ese mismo día (foja 11 de la promoción registrada como 4537 de veinticuatro de este mes y año). Derivado de la ejecución de dicha orden, los quejosos fueron puestos a disposición de la Oficina del Titular de Representación del Instituto Nacional de Migración, mediante oficio PUE-EIL-E2C3-318/2022, al haberse internado en el país sin la documentación correspondiente (foja 11, ídem). También consta que el mismo 9 de este mes y año se emitió el acuerdo de conclusión de revisión migratoria (foja 15, ídem); y que el subdirector de Control y Verificación Migratoria y el Coordinador de Unidad en Área de Servicios Migratorios, mediante oficio INM/1S.8/ORP/060/09-03-2022, dirigido al agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República, le informaron de tal revisión y que con motivo de la misma localizaron un autobús al cual le hicieron la parada y una vez detenida tal unidad, verificaron la situación de las personas que estaban en su interior, resultando ser (102 de ellas) de nacionalidad extranjera, sin documentación que acreditara su legal estancia en el país, motivo por el cual los trasladaron al Complejo de Seguridad Publica de Acajete, Puebla, y también informaron que quien conducía esa unidad era Emilio Cahuantzi Piedras, de nacionalidad mexicana y, que a las 20:20 horas de esa misma data, trasladaron a los extranjeros rescatados al Instituto. Finalmente, en el oficio INM/DAJ/289/2022, que se adjuntó a dicha promoción, dirigido al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, por el Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria (foja 3, ídem), se lee en el punto 2, que mediante oficio PUE-EIL-E2C3.318-2022, de 10 de este mes y año, en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0000772/2022 suscrito por la licenciada Norma Ivette Beas Ramos, agente del Ministerio Público dela Federación, titular de la Célula II-3, Estado de Puebla, fueron entregados a disposición de esa autoridad -migratoria- a resguardo de esa Representación Social de la Federación, pues aún tiene diligencias por desahogar, y estar pendiente el procedimiento migratoria al no acreditar su regular estancia en territorio nacional. De lo anterior, se conoce que los quejosos fueron detenidos con motivo de una revisión migratoria y, quedaron a resguardo de la autoridad migratoria señalada como responsable, al así solicitarlo la agente del Ministerio Publico de la Federación indicada, se entiende, para los fines de la integración de la carpeta de investigación mencionada, pues fueron rescatados al ser transportados en un autobús, sin que al momento de su detención acreditaran su estancia legal en el país; esto lleva a determinar que la afectación que pudieron sufrir derivó de esos actos, no así de los que hicieron consistir en la demanda de amparo en la localización, aseguramiento, traslado, expulsión, deportación y otro similar de carácter migratorio. Detención y resguardo sobre los cuales se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque sus efectos se consumaron de manera irreparable. En el numeral citado se establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para abordar su legalidad, en atención a que aun y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, la sentencia pronunciada perdería eficacia, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Del contenido del artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se observa que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica; lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad que la sentencia pueda producir la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, tratándose de actos de carácter positivo, o bien, cuando se está en presencia de actos negativos obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Es decir, actos consumados son aquellos que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Entonces, como se explicó, los actos que trascendieron a los derechos de los quejosos son únicamente su detención y resguardo ante la autoridad migratoria; máxime que no se advierte otra determinación de índole migratoria que se haya pronunciado en su contra, previamente a la promoción del juicio de amparo en su nombre. Sin embargo, como se destacó, de las constancias de autos se observa que en resolución de veinticuatro de marzo del año en curso, se ordenó la salida de los quejosos extranjeros de la Estación Migratoria en Puebla, por lo cual los efectos que produjeron tales actos se consumaron de manera irreparable, al no poder restituir a los quejosos en el goce del derecho que estiman violado. Ello, porque no es factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de su detención y resguardo, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir a los quejosos en el goce de su derecho humano de libertad personal, al ser físicamente imposible reintegrarles la libertad de que dejaron de gozar con motivo de tales actos. Consideración que se hace extensiva a la incomunicación que reclamaron; pues de igual manera, de haber existido esta, como manifestaron en la demanda de amparo, se habría consumado irreparablemente en su perjuicio, al ser imposible resarcirles en el goce de tal derecho por el lapso que duró su detención y resguardo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de dicho acto en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo SE DEJA SIN EFECTOS DÍA Y HORA SEÑALADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional la cual estaba señalada para que tuviera verificativo a las nueve horas con dieciséis minutos del doce de abril de dos mil veintidós.
- Principal
Agréguese a los autos los escritos de los quejosos Raimundo Domínguez Martínez, Alexander Pujada Rodríguez, Yosvany Caraballo Puentes, Juan Carlos Peña Puentes, Lázaro Israel Temprana González, Yuniesky Bautista González y Yordany Silva González, por el cual plantean la violación a la suspensión de plano; visto su contenido, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto las autoridades responsables informen sobre el requerimiento de veintitrés del propio mes y año, esto es, el sentido en el que dieron cumplimiento a la suspensión en los términos que fue decretada por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, esto es, que de no existir procedimiento administrativo en contra de los citados quejosos, los ponga en inmediata libertad, lo que deberán justificar a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, tomando en consideración que en proveído de dieciocho de marzo del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designó como representante común de los quejosos a Juan Carlos Peña Puentes; en tales condiciones, notifíquese a los aludidos quejosos por conducto de su representante común el presente auto.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. INFORME CUMPLIMIENTO SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto nacional de Migración de Puebla, de la Secretaría de Gobernación, y anexo que al mismo acompaña, recibidos vía correo electrónico, por el que pretende dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor de los quejosos Juan Carlos Peña Puentes, Yosvany Caraballo Puente, Adalberto Lazo Perera, Raimundo Domínguez Martínez, Yuniesky Bastida González, Alexander Pujada Rodríguez, Lázaro Israel Temprana González, Yordany Silva González, Camilo Ernesto Mauriño Fernández, Yordan Luis Hernández, Anisley Novoa Diaz, Katia González Guzmán, Daylis Lenor Dueñas Vázquez y Roysell Alvarez Nieto, en acuerdo dictado el once de marzo de dios mil veintidós, dentro de los autos del juicio de amparo 165/2022, por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco; al respecto se acuerda: En principio, visto el oficio INM/DAJ/289/2022 de once de marzo de dos mil veintidós, que la autoridad oficiante adjuntó al oficio de cuenta, se advierte que el Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Puebla, precisó la inexistencia de la autoridad que los quejosos denominaron "Director del Área Jurídica de la Estación Migratoria de Puebla" y aclaró la denominación de la autoridad que los quejosos denominaron "Delegado de la Estación Migratoria de Puebla", siendo lo correcto Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Puebla. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en perjuicio de los quejosos y privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 Constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes, para los efectos del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos del juicio de amparo en que se actúa, se tienen como únicas autoridades responsables adscritas al Instituto Nacional de Migración, al Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Puebla y al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto nacional de Migración de Puebla, de la Secretaría de Gobernación, por lo que se ordena hacer los ajustes correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, la autoridad oficiante incumple con los efectos de la suspensión de plano decretada a favor de los citados quejosos. Se afirma lo anterior, en razón de que en acuerdo dictado el once de marzo de dios mil veintidós, dentro de los autos del juicio de amparo 165/2022, el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, concedió a favor de los quejosos Juan Carlos Peña Puentes, Yosvany Caraballo Puente, Adalberto Lazo Perera, Raimundo Domínguez Martínez, Yuniesky Bastida González, Alexander Pujada Rodríguez, Lázaro Israel Temprana González, Yordany Silva González, Camilo Ernesto Mauriño Fernández, Yordan Luis Hernández, Anisley Novoa Diaz, Katia González Guzmán, Daylis Lenor Dueñas Vázquez y Roysell Alvarez Nieto, la suspensión de plano respecto al acto reclamado consistente en la retención fuera de procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Migratoria, para el efecto de que si no se ha iniciado el procedimiento administrativo incoado en contra de los citados quejosos, los deje en inmediata libertad. Posteriormente, en acuerdo dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades migratorias con sede en la ciudad de Puebla, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, dieran cumplimiento a la suspensión de plano en los términos acordados por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, En cumplimiento a tal acuerdo, de las constancias que el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto nacional de Migración de Puebla, de la Secretaría de Gobernación, adjuntó al oficio de cuenta, no se advierte que en contra de los citados quejosos exista un procedimiento administrativo migratorio; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, se requiere a la autoridad oficiante y al Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Puebla, para que dentro del improrrogable plazo de doce horas, siguientes a la notificación del presente acuerdo, acredite con las constancias conducentes la salida de los quejosos Juan Carlos Peña Puentes, Yosvany Caraballo Puente, Adalberto Lazo Perera, Raimundo Domínguez Martínez, Yuniesky Bastida González, Alexander Pujada Rodríguez, Lázaro Israel Temprana González, Yordany Silva González, Camilo Ernesto Mauriño Fernández, Yordan Luis Hernández, Anisley Novoa Diaz, Katia González Guzmán, Daylis Lenor Dueñas Vázquez y Roysell Alvarez Nieto, de la Estancia Provisional Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Puebla, tal como se concedió la suspensión de plano en el juicio de amparo 165/2022 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 260, de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran. Además, con fundamento en el artículo 262, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, infórmese a las autoridades responsables que en caso de desacato a lo ordenado o de rendir informes en los que se falte a la verdad u omitan datos que conozcan, cometerán delito de abuso de autoridad, independientemente de cualquier otro delito en que incurran, lo que se hará del conocimiento de las autoridades competentes. Se informa al fedatario judicial que en caso de que la autoridad responsable se niegue a recibir el oficio que le es enviado, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir, y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado así como a la autoridad responsable una multa de MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de este acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio ordinario, vía fax o correo electrónico. Notifíquese. y da fe.
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