Roxana Molina Minuti

Expediente 141/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
141/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Roxana Molina Minuti

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en la que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama lo siguiente: "A la abogada Marisa Arellano Quiñones, Fiscal Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en su carácter de autoridad responsable omisa, respecto de la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/SACHOLULA-I/0014214/2021, en la cual, me ostento como abogado defensor de las señoras Roxana Molina Minutti y Alba Minuti Stefanoni, le reclamo el no pronunciar en un plazo razonable la solicitud de no ejercicio de acción penal por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitud realizada mediante escrito presentado el día tres de agosto de dos mil veintidós, omisión que constituye una tajante violación al derecho de mis defendidos al derecho humano de acceso a la justicia y su garantía consagrada en el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin embargo, contra dichas omisiones el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite o, como en el caso, la falta de respueta al escrito de tres de agosto de dos mil veintidós, en el que solicitó el no ejercicio de la acción penal. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que tal omisión no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar a las quejosas en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no puede reclamarse de manera autónoma. Sirve de apoyo a lo anterior por la Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2008884, Instancia: Primera Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Pues si bien alegan que se le viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional, al no acordar lo relativo a su solicitud de no ejercicio de la acción penal, lo cierto es que del análisis integral de la demanda se advierte que en el capítulo de antecedentes (punto 3) las quejosas manifiestan que en audiencia inicial de formulación de imputación el Juez de Control al momento de resolver determinó lo siguiente: "Además de lo que ya he dicho, considero que este asunto es de naturaleza eminentemente civil dígase mercantil, en los términos que ya he referido, por ello al no actualizarse el hecho que la ley señala como delito que hizo referencia el agente del ministerio público no me advierto de los datos de prueba razonablemente y en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicto en favor de Roxana Molina Minuti, Alba Minuti Stefanoni y Juan Javier Llaca Bretón, auto de no vinculación a proceso al no haberse justificado los extremos del artículo 316 fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 de Nuestra Carta Magna..." Lo cual implica que existe una determinación judicial en la que se determinó no vincularlas a proceso por los hechos materia de la solicitud respectiva; y al no advertirse que se decretara el sobreseimiento en la causa, pues no lo narran así, es evidente que la autoridad ministerial puede seguir investigando en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, de manera que esa circunstancia por sí no les irroga perjuicio. Luego, como el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos fundamentales previstos en la Constitución o en los tratados Internacionales, y en el caso, lo alegado por las quejosas no implica que algún derecho fundamental se les esté vulnerando, debe desecharse la demanda respecto de la falta de respuesta reclamada, pues bajo lo relatado por las quejosas no habría controversia que resolver porque no refieren a la afectación real y directa de un derecho, esto es, tal omisión no trae consigo un acto positivo que genere una afectación en sus derechos humanos; y para el caso que este llegue a existir estarán en aptitud de controvertirlo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

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