Roxanna Cruz Martínez

Expediente 895/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
895/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Roxanna Cruz Martínez
  • Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, informando que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de doce de septiembre del actual, por el que se desechó la demanda de amparo e indica que lo registró con el número 273/2023; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. En atención al escrito electrónico del autorizado de la apoderada de la q*************, se advierte que interpone recurso de queja, contra el acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno; rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el proveído impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el acuerdo materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual, las demás partes no fueron emplazadas. A fin de que la superioridad tenga un acceso total a este juicio, se ordena poner a su disposición, la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se comisiona a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que habilite esa función. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; asimismo, regístrese con el número 895/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes; se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito en esencia, se aprecia que, es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, debido a que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca y otra, lo siguiente: La omisión de señalar dentro del término legal, fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral 537/2021(2); lo que se traduce en la fecha y hora que señaló -para tal efecto- la junta laboral mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (diez horas del seis de noviembre de dos mil veintitrés). Ahora, la parte promovente bajo protesta de decir verdad, en sus antecedentes manifiesta que el dieciséis de agosto del actual, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que la responsable señaló las diez horas del seis de noviembre de dos mil veintitrés, a fin de que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; determinación que fue notificada en la misma fecha a Alondra Guadalupe Robles Martínez, en su carácter de apoderada de la aquí quejosa Roxa********************. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinaria en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de legalidad." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con el numeral 61, fracción XIV de la ley en consulta, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se logra apreciar que contempla tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil once, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Asimismo, es el caso que del artículo 17 de la ley de la materia se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión) actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. De lo anterior destaca el supuesto relativo a los actos que afecten la libertad personal fuera de procedimiento, caso en que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. No obstante, se advierte que el supuesto anterior tiene como requisito que se trate de un acto fuera de procedimiento. Así, la excepción en comento no resulta aplicable a la falta de emplazamiento, autos, sentencias emitidas en juicios de primera instancia, pues se trata de un acto emitido por la autoridad judicial dentro de procedimiento. Por tanto, tratándose de actos que derivan de un juicio promovido laboral, así como el señalamiento de fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas [como en el presente asunto] se tomará en cuenta para el cómputo del plazo legal la segunda hipótesis prevista en el artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en que el plazo se computará a partir del día siguiente en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto. En esa tesitura, si la promovente tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de agosto del año en curso [por conducto de su apoderada Alondra Guadalupe Robles Martínez] que fue cuando se le notificó personalmente la determinación combatida, surtió efectos el mismo día de ahí que, el plazo de quince días que establece el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, transcurrió del diecisiete de agosto al seis de septiembre de dos mil veintitrés, descontándose el diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto; así como, el dos y tres de septiembre, ambos meses del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa presentó, la demanda de amparo que origina este asunto, hasta el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, según revela la evidencia criptográfica del escrito electrónico de demanda, de donde se advierte que transcurrió en el término señalado por el numeral 17 de la ley de la materia, es evidente que se actualiza el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Roxan******************** al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista en el párrafo que antecede. Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; como autorizado con las amplias facultades del precepto 12 de la Ley de Amparo a ******************** y con las restricciones del artículo 24 de la citada normativa, a las restantes personas que menciona por así solicitarlo expresamente. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Respecto del usuario que proporciona a efecto de recibir notificaciones electrónicas y la consulta del expediente electrónico, por el cual proporciona usuario ********************; no ha lugar acordar favorablemente su petición debido a que el usuario que proporcionó, no se encuentra registrado, conforme a lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Respecto al número de teléfono y correo electrónico que proporciona, únicamente se tomará como medio de contacto con este órgano jurisdiccional y no como vía para recibir notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.

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