Rosio Blas Rojas
Expediente 423/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosio Blas Rojas
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo causó estado, y se archiva este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil diecinueve. Con las constancias descritas en la cuenta, fórmese el expediente 423/2019 para actuar en éste. Acúsese recibo al titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, del juicio de amparo 420/2019 de su estadística y dieciocho copias de demanda, ahora bien, en virtud que este Juzgado comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente, toda vez que efectivamente, este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer del presente asunto; por tanto, este Juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que supuestos de improcedencia se actualiza en el caso. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) X.- Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; La fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo contiene la causal de improcedencia consistente en la litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: (1) en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; (2) en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, (3) en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Cabe precisar que el texto del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada -que también establecía como causa de improcedencia la litispendencia-, tenía una redacción similar al texto vigente, en cuanto señalaba, en lo que interesa: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: [.] III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; [.]". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos criterios que interpretaron, precisamente, el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada; a manera de ejemplo, se citan los siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Conforme a los criterios recién transcritos, y al texto mismo del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: (i) que la ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; (ii) que los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; y (iii) que ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso concreto, se actualizan esos supuestos, porque no es la primera vez que Rosio Blas Rojas acude ante la Justicia Federal para cuestionar la orden desalojo, invasión, incomunicación, expulsión de su vivienda ubicada en calle de Las Casas, número setecientos nueve (709), esquina privada de Las Casas, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, emitida por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dentro del expediente civil 484/2013. Anteriormente ya lo había hecho el quince de febrero de la presente anualidad, cuando promovió el juicio de amparo indirecto 127/2019, ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mismo que por cuestión de conocimiento previo fue remitido a este órgano jurisdiccional; y por ello, el veintidós de febrero siguiente este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo bajo el número 162/2019, así como el diverso 404/2019 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, que fue remitido también a este juzgado quien lo radicó bajo el número 422/2019. El siguiente cuadro comparativo lo demuestra: Juicio de amparo Autoridad responsable Actos reclamados 162/2019 1) Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, llevador del expediente 484/2013. 2) Notificador, Ejecutor, Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. La orden de destierro, privación de la vida, invasión, incomunicación, expulsión y desalojo de su vivienda ubicada en calle de Las Casas, número setecientos nueve (709), esquina privada de Las Casas, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 422/2019 1) Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, llevador del expediente 484/2013. 2) Notificador, ejecutor o actuario adscrito al Juzgado Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 3) Comandante de la Policía Estatal y sus Elementos al Mando en el turno del día 07/Mayo/2019. 4) Comisario de Seguridad Pública Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez. 4) Comisionado de la Policía Vial Municipal del Muicipio de Oaxaca de Juárez La orden de destierro, privación de la vida, invasión, incomunicación, expulsión y desalojo de su vivienda ubicada en calle de Las Casas, número setecientos nueve (709), esquina privada de Las Casas, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por tanto, considerando que mediante sentencia de veintinueve de abril del año en curso, se resolvió el juicio de amparo indirecto 162/2019 y que dicho fallo aún no causa ejecutoria, es evidente que en el caso concreto se actualiza el supuesto de la litispendencia, pues existe diverso proceso de amparo promovido por la misma quejosa, con identidad de los actos reclamados y las autoridades señaladas como responsables. Ahora lo único que se patentiza de los autos del expediente 484/2013 de su índice, es la existencia de una orden de reivindicación y entrega material del bien inmueble ubicado en el condominio uno, del primer nivel del edificio marcado actualmente con el numero ciento cinco, de la privada de Las Casas o Fray Bartolomé de las Casas, colonia Centro, Oaxaca, el cual resulta ser distinto del que la quejosa señala que pretenden desalojarla. Aunado a lo anterior, la juez responsable también evidenció que el juicio ordinario civil 484/2013 de su índice, fue promovido por Roberto Morales Reyes, contra Yael Morales López, Roberto Morales López y Verónica Rubí Sánchez, donde Rosio Blas Rojas, tiene el carácter de parte procesal. Por tanto, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, en relación con la fracción X, del artículo 61 de la propia ley. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la quejosa en su demanda. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que el quejoso, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Compensación. Finalmente, envíese oficio a la jefa de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, a efecto de que realice el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA ALPROMOVENTE)
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