Roxani Gálvez Bibiano
Expediente 1469/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1469/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.
- Roxani Gálvez Bibiano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver del juicio de amparo indirecto número 1469/2022-I, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el veinticuatro siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad Capital. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONCLUIR PRUEBAS Y DICTAR EL LAUDO CORRESPONDIENTE.- en términos de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de la Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, al no desahogar el procedimiento laboral, en términos de los artículos 81, 84, y 91 de la citada ley, ni dicta las medidas conducentes a efecto de lograr el desahogo del procedimiento en sus términos, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, y 115 fracción VIII Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. TERCERO. Por proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto y se registró con el número 1469/2022-I; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició en términos de la Ley, y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo las siguientes. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, así como a su presidente, los actos siguientes: La dilación en que incurre la autoridad responsable, al no desahogar la totalidad de las pruebas y dictar laudo en el juicio laboral número ********************. TERCERO. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio sea procedente. Es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, pues refirió que ese órgano laboral, mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el que tomando en cuenta que ya no quedaban pruebas pendientes por desahogar, concedió el término a las partes para que formularán sus alegatos; asimismo, hizo del conocimiento que mediante auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho, declaró procedente el Incidente de Acumulación de Autos del expediente laboral 815/2016 al 835/2015, únicamente para dictar un solo laudo referente a los expedientes, por lo que en el expediente número 815/2016, aún quedan pruebas pendientes por desahogar, sin embargo de las constancias que anexó para acreditar su dicho, se advierte que el acto reclamado sigue existiendo, por lo que se desvirtúa dicha negativa. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Existencia que se corrobora si se atiende a las documentales remitidas anexas al informe con justificación, consistentes en copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente del que emana el acto reclamado; pruebas a las que se les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es de invocarse la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Las partes no invocaron causas de improcedencia o motivos para sobreseer en el juicio, ni el que suscribe advierte la actualización de alguna que deba estudiarse de oficio. QUINTO. Es fundado el concepto de violación en el que los peticionarios de amparo, aun cuando para arribar a esa conclusión se deba suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo estipulado en la fracción V del numeral 79 de la Ley de Amparo, al tratarse la accionante de la parte trabajadora en el procedimiento laboral, quienes se duelen de la inactividad procesal en que incurre la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, al no dictar el laudo dentro del juicio laboral 835/2015, y su acumulado 815/2016, transgrediendo con ello la garantía de expedita y eficaz administración de justicia, consagrada en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Ahora bien, del análisis del citado precepto constitucional se advierte lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. En efecto, el precepto en análisis pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, el reformado artículo 81 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, dispone lo siguiente: "Artículo 81.- El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de doce meses a partir de la presentación de la demanda. Del artículo transcrito se advierte la obligación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de adoptar todas las medidas necesarias a fin de resolver el procedimiento laboral burocrático, en un plazo de doce meses, es decir un año, contados a partir de la presentación de la demanda. A su vez, de los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que con fechas uno de diciembre de dos mi quince, y veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, interpusieron demanda laboral, los cuales fueron radicados bajo los número 835/2015 y ********************, luego entonces se constata que desde el uno de diciembre de dos mi quince, y veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, inició el término para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitiera todas las medidas necesarias a efecto de que en un año a partir de dichas fechas, dictara el laudo respectivo en los juicios laborales 835/2015 y ********************, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de octubre de dos mil veintidós), ha transcurrido en exceso el plazo establecido para su dictado. Sin que a la fecha exista alguna constancia que acredite que haya emitido la determinación correspondiente, habiendo trascurrido más de siete años desde la presentación de la demanda laboral. A lo que además se agrega que la parte trabajadora le ha estado solicitando el cierre de instrucción y en consecuencia se dicte el laudo correspondiente, a través del escrito que le presentó el veinticinco de abril de dos mil veintidós, el cual apenas acordó en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintidós, ordenando desahogar las pruebas de inspección y testimonial. Dilación que evidentemente se traduce en una violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que engloba el precepto 17 constitucional, en perjuicio de ********************, al inobservar la autoridad de mérito los plazos y términos que fija la Ley 51, que contiene el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. En consecuencia, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede a otorgar el amparo y protección de la justicia federal solicitada, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad capital, y su presidente, para el efecto de que: a) De inmediato desahogue las pruebas que se encuentren pendientes de desahogar. b) Decrete el cierre instrucción; y, c) A la brevedad posible, emita el laudo respectivo dentro del expediente natural ********************. Cabe apuntar que, quién aquí resuelve se encuentra imposibilitado para analizar las subsecuentes condiciones de retardo u omisión que se originen debido a que la autoridad responsable no dicta los acuerdos dentro expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Además de que el procedimiento laboral se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, alegatos y resolución. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. (Décima Época, Registro: 2005150, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Página: 732). SEXTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista el veintiséis del mes y año citado, referente a que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, por conducto de su apoderado legal, contra el acto que reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta Ciudad; por las razones y para los efectos precisados en el punto considerativo quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese a todas las partes, por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que la misma pueda llevarse a cabo, toda vez que mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, se requirió al encargado de la Administración Postal de Correos de México, el acuse del oficio 27896/2022, dirigido al tercero interesado, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la misma, no obstante de estar debidamente notificado y de haberle fenecido el término concedido para tal efecto, tal y como se advierte de la certificación que antecede. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en el diverso numeral 2, párrafo segundo, de la ley de la materia, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que sea legalmente notificado, devuelva el acuse de recibo siguiente: AUTORIDAD NO.DESPACHO NO. PIEZA FECHA DE DEPÓSITO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MARCOS, GUERRERO. 27896/2022 390011117050 28/01/2023 Asimismo, para el caso de que haya devuelto los citados acuses a este órgano jurisdiccional, remita copia certificada de los mismos. Apercibido que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad para cumplir con ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad. En consecuencia, para dar margen a la integración del juicio de amparo en que se actúa, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un acuerdo de mero trámite. Apoya lo anterior, el criterio de jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, con registro digital 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que la misma pueda llevarse a cabo, toda vez que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista al tercero interesado con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, girando para tal efecto el oficio número 27896/2022, sin que a la fecha obre en autos del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa el acuse de recibo correspondiente. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en el diverso numeral 2, párrafo segundo, de la ley de la materia, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que sea legalmente notificado, devuelva el acuse de recibo siguiente: AUTORIDAD NO. DE OFICIO NO. PIEZA FECHA DE DEPÓSITO Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Marcos, Guerrero. 27896/2022 3900111117050 28/11/2022 Asimismo, para el caso de que haya devuelto el citado acuse a este órgano jurisdiccional, remita copia certificada del mismo. Apercibido que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad para cumplir con ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad. En consecuencia, para dar margen a la integración del juicio de amparo en que se actúa, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables y terceros interesados por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un acuerdo de mero trámite. Apoya lo anterior, el criterio de jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, con registro digital 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que el proveído de veintitrés de noviembre de la presente anualidad, se agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ordenando dar vista a las partes por el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, girándose para tal efecto el oficio 27896/2022, dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Marcos, Guerrero, sin que por el momento haya lugar a requerir el mismo dado la proximidad de su envió. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un acuerdo de mero trámite. Apoya lo anterior, el criterio de jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, con registro digital 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
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