Roxana Panchi Sánchez

Expediente 792/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
792/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/08/2018

Partes del expediente

  • Roxana Panchi Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído veintiséis de julio de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Roxana Panchi Sánchez, contra actos del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, ha quedado firme.

  2. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, en la que expone los motivos por los cuales no le fue posible notificar a la quejosa ********************, el auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase la notificación de mérito, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional.

  3. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Roxana Panchi Sanchez, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 792/2018-I, fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, permite a este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: "La resolución dictada por el Juez Décimo de Distrito del Estado de Guerrero, de fecha 29 de junio de 2018 y notificada el día 03 de julio de 2018, correspondiente al recurso de revocación, promovido por la parte demandada, contra el auto de fecha 09 de abril de 2018, que contiene los siguientes puntos resolutivos que se transcriben como si a la letra se insertara: R E S U E L V E "PRIMERO. Es fundado el recurso de revocación interpuesto por Carlos de la Peña Pintos, en su carácter de Secretario de Salud en el Estado de Guerrero y Director General de los Servicios Estatales de Salud, contra el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se revoca el acto impugnado, únicamente por cuanto hace a la admisión de la prueba confesional con cargo a la parte demandada, quedando intocados los diversos pronunciamientos para quedar como se precisó en el considerando primero de este fallo". Lo anterior a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución mediante la cual se me notifique para que exhiba dentro del término establecido por el artículo fracción I 1079 del Código de Comercio el pliego de posiciones en sobre cerrado, para que en la vía de informe se desahogue la prueba confesional a cargo de la parte actora, a efecto de que no me sean violentadas mis garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica". Asimismo, de los antecedentes la peticionaria del amparo, en el apartado de hechos, expresa: "HECHOS. 1.-Con fecha trece de marzo de 2017, presente el escrito de demanda ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción directa cambiaria en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y/o Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, por el pago de la cantidad de $406,677.44 (CUATROCIENTOS SEIS MIL setecientos setenta y siete pesos 44/100 M.N.), por concepto de suerte principal, de conformidad con los medios preparatorios a juicio con número de expediente 31/2016, así como el pago de intereses moratorios y de los gastos y costas. 2.- Con fecha 09 de abril de 2018, el Juzgado Décimo de Distrito con sede en Chilpancingo, Estado de Guerrero dicto un proveído, mediante el cual se me admitió la prueba confesional con cargo a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y/o Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, por conducto de quien legalmente acredite representarla. 3.- inconforme del proveído señalado en el hecho anterior, las demandadas promovieron el recurso de revocación el día doce de abril de 2018, mismo que fue admitido por el Juzgado Décimo de Distrito el día 13 de abril de 2018, ordenándose darme vista dentro del término de tres días para que manifestara lo que mi derecho conviniera. 4.- Dada la vista señalada por la hoy autoridad responsable, mediante escrito de fecha 19 de abril de 2018, manifesté lo siguiente: "Con fundamento en el artículo 1335 del Código de Comercio Vigente, vengo en tiempo y forma a realizar mis manifestaciones dentro del término de tres días hábiles concedido dentro de la notificación personal del auto de fecha diecisiete de abril del presente año, en los siguientes términos: En relación al recurso de revocación promovido por la parte demandada, de fecha 11 de abril de 2018, en contra del auto admisorio de pruebas de fecha 09 de abril de 2018, al respecto manifiesto, que si ese órgano jurisdiccional considera procedente que la prueba confesional deba ser desahogada vía informe, prevea la reposición del auto, a efecto de que se subsane las deficiencias procesales y las partes acudan al debido proceso, situación que solicito que su señoría tome en cuenta en la resolución interlocutoria que emita, y en su caso se me notifique personalmente para que exhiba dentro del término establecido por el artículo fracción I 1079 del Código de Comercio el pliego de posiciones en sobre cerrado, para que en la vía de informe se desahogue la prueba confesional a cargo de la parte actora, a efecto de que no me sean violentadas mis garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica", 5.- Con fecha 29 de junio de 2018 el Juez Décimo de Distrito del Estado de Guerrero, emitió una resolución correspondiente al recurso de revocación, promovido por la parte demandada, contra el auto de fecha 09 de abril de 2018, misma en la cual se me violentaron mis derecho humanos, ya que no tomó en cuenta mis manifestaciones de mi escrito de fecha 19 de abril de 2018, violentando mis garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, toda vez que desechó la prueba debido a que no se solicitó se librara oficio al representante legal." Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte (...) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación Ahora bien, se tiene que el acto que reclama el impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fue dictado dentro de un juicio, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito sine qua non que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, toda vez que la resolución de veintinueve de junio del dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil número 11/2017, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, respecto al recurso de revocación promovido por la parte demandada, contra el auto de nueve de abril del dos mil dieciocho, tocante a la prueba confesional con cargo a la parte demandada, y que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, se traduce como violaciones a las leyes del procedimiento por tratarse de la admisión de pruebas dentro del juicio o procedimiento; por lo que dicho actos no puede considerarse de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tales eventos, pueden, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo de la impetrante, y en caso de que dichas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, y este le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la referida sentencia por encontrarse expresamente prevista en la fracción III, del artículo 172 de la ley de la materia. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de derechos individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, la intención primordial que la impetrante pretende es que se revoque la resolución de veintinueve de junio del dos mil dieciocho, en el que considera que el juez responsable de manera ilegal resolvió sobre la admisión de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 11/2017; de ahí que, esa determinación no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno a la impetrante que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Ello es así, en atención a que dicho acuerdo no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional sin esperar que se promueva el amparo directo contra la sentencia que se decida sobre el fondo del juicio natural, pues precisamente, de resultar contrario a sus intereses, la solicitante del amparo, estaría en aptitud de combatir dicha resolución mediante el juicio de amparo uninstancial. Es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Luego si el acuerdo impugnado trasciende al resultado del juicio puede alegarse como concepto de violación en el amparo directo, más no hace factible la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda. Lo anterior encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, tiene aplicación al caso la Jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente las causales de improcedencia previstas en las fracción XXIII del precepto 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.

  4. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Roxana Panchi Sanchez, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 792/2018-I, fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, permite a este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: "La resolución dictada por el Juez Décimo de Distrito del Estado de Guerrero, de fecha 29 de junio de 2018 y notificada el día 03 de julio de 2018, correspondiente al recurso de revocación, promovido por la parte demandada, contra el auto de fecha 09 de abril de 2018, que contiene los siguientes puntos resolutivos que se transcriben como si a la letra se insertara: R E S U E L V E "PRIMERO. Es fundado el recurso de revocación interpuesto por Carlos de la Peña Pintos, en su carácter de Secretario de Salud en el Estado de Guerrero y Director General de los Servicios Estatales de Salud, contra el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se revoca el acto impugnado, únicamente por cuanto hace a la admisión de la prueba confesional con cargo a la parte demandada, quedando intocados los diversos pronunciamientos para quedar como se precisó en el considerando primero de este fallo". Lo anterior a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución mediante la cual se me notifique para que exhiba dentro del término establecido por el artículo fracción I 1079 del Código de Comercio el pliego de posiciones en sobre cerrado, para que en la vía de informe se desahogue la prueba confesional a cargo de la parte actora, a efecto de que no me sean violentadas mis garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica". Asimismo, de los antecedentes la peticionaria del amparo, en el apartado de hechos, expresa: "HECHOS. 1.-Con fecha trece de marzo de 2017, presente el escrito de demanda ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción directa cambiaria en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y/o Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, por el pago de la cantidad de $406,677.44 (CUATROCIENTOS SEIS MIL setecientos setenta y siete pesos 44/100 M.N.), por concepto de suerte principal, de conformidad con los medios preparatorios a juicio con número de expediente 31/2016, así como el pago de intereses moratorios y de los gastos y costas. 2.- Con fecha 09 de abril de 2018, el Juzgado Décimo de Distrito con sede en Chilpancingo, Estado de Guerrero dicto un proveído, mediante el cual se me admitió la prueba confesional con cargo a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y/o Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, por conducto de quien legalmente acredite representarla. 3.- inconforme del proveído señalado en el hecho anterior, las demandadas promovieron el recurso de revocación el día doce de abril de 2018, mismo que fue admitido por el Juzgado Décimo de Distrito el día 13 de abril de 2018, ordenándose darme vista dentro del término de tres días para que manifestara lo que mi derecho conviniera. 4.- Dada la vista señalada por la hoy autoridad responsable, mediante escrito de fecha 19 de abril de 2018, manifesté lo siguiente: "Con fundamento en el artículo 1335 del Código de Comercio Vigente, vengo en tiempo y forma a realizar mis manifestaciones dentro del término de tres días hábiles concedido dentro de la notificación personal del auto de fecha diecisiete de abril del presente año, en los siguientes términos: En relación al recurso de revocación promovido por la parte demandada, de fecha 11 de abril de 2018, en contra del auto admisorio de pruebas de fecha 09 de abril de 2018, al respecto manifiesto, que si ese órgano jurisdiccional considera procedente que la prueba confesional deba ser desahogada vía informe, prevea la reposición del auto, a efecto de que se subsane las deficiencias procesales y las partes acudan al debido proceso, situación que solicito que su señoría tome en cuenta en la resolución interlocutoria que emita, y en su caso se me notifique personalmente para que exhiba dentro del término establecido por el artículo fracción I 1079 del Código de Comercio el pliego de posiciones en sobre cerrado, para que en la vía de informe se desahogue la prueba confesional a cargo de la parte actora, a efecto de que no me sean violentadas mis garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica", 5.- Con fecha 29 de junio de 2018 el Juez Décimo de Distrito del Estado de Guerrero, emitió una resolución correspondiente al recurso de revocación, promovido por la parte demandada, contra el auto de fecha 09 de abril de 2018, misma en la cual se me violentaron mis derecho humanos, ya que no tomó en cuenta mis manifestaciones de mi escrito de fecha 19 de abril de 2018, violentando mis garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, toda vez que desechó la prueba debido a que no se solicitó se librara oficio al representante legal." Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte (...) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación Ahora bien, se tiene que el acto que reclama el impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fue dictado dentro de un juicio, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito sine qua non que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, toda vez que la resolución de veintinueve de junio del dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil número 11/2017, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, respecto al recurso de revocación promovido por la parte demandada, contra el auto de nueve de abril del dos mil dieciocho, tocante a la prueba confesional con cargo a la parte demandada, y que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, se traduce como violaciones a las leyes del procedimiento por tratarse de la admisión de pruebas dentro del juicio o procedimiento; por lo que dicho actos no puede considerarse de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tales eventos, pueden, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo de la impetrante, y en caso de que dichas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, y este le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la referida sentencia por encontrarse expresamente prevista en la fracción III, del artículo 172 de la ley de la materia. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de derechos individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, la intención primordial que la impetrante pretende es que se revoque la resolución de veintinueve de junio del dos mil dieciocho, en el que considera que el juez responsable de manera ilegal resolvió sobre la admisión de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 11/2017; de ahí que, esa determinación no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno a la impetrante que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Ello es así, en atención a que dicho acuerdo no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional sin esperar que se promueva el amparo directo contra la sentencia que se decida sobre el fondo del juicio natural, pues precisamente, de resultar contrario a sus intereses, la solicitante del amparo, estaría en aptitud de combatir dicha resolución mediante el juicio de amparo uninstancial. Es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Luego si el acuerdo impugnado trasciende al resultado del juicio puede alegarse como concepto de violación en el amparo directo, más no hace factible la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda. Lo anterior encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, tiene aplicación al caso la Jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente las causales de improcedencia previstas en las fracción XXIII del precepto 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.

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