Roxana Beatriz López Soto
Expediente 29/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Roxana Beatriz López Soto
- Nerio José Torres
- Carlos Manuel De la Rosa García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Certificación. El nueve de marzo de dos mil veintidós, el secretario hace constar que en esta fecha, en el cuaderno principal, se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Doy fe. Cuenta. El nueve de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, con el estado de autos y con la certificación de veinticuatro de febrero pasado, levantada por el secretario encargado del libro trece -Auxiliar- de Juzgado, correspondiente al registro de control de firmas. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintidós. Certificación. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el de la diversa certificación levantada el veinticuatro de febrero pasado, por el secretario encargado del libro trece -Auxiliar- de Juzgado, correspondiente al registro de control de firmas, de la que se advierte que los quejosos David Ameth Valdovinos López, en favor de Carlos Manuel de la Rosa García, Roxana Beatriz López Soto, Nerio José Torres, Yainet María Molina Curbelo, Maikel Quiñones Montes de Oca, Claudia González González, Alex Rubio Rivera, Osbel Rubio García, Jean Cue Viera, Isabella Cue Viera, Dalila Viera Albo, Andrés Yadier Terry Denis, Adiel Eduardo Espinoza Matos, Alain Rodríguez Matos, José Ramón Fernández Batista, Surelyz Migenes Breffe, Omar González Díaz y Geyle Vargas Ramos, no dieron cumplimiento a la obligación que se les impuso de comparecer ante este órgano jurisdiccional a efecto de darse de alta en el sistema biométrico y en el libro de control en mención, así como para que los días lunes de cada semana comparecieran ante este recinto jurisdiccional a estampar su firma electrónica; por ello, incorpórese dicha constancia para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, y en consideración de que en esta fecha causó ejecutoria la resolución por la que se sobreseyó en el juicio del cual deriva el presente incidente y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, deja de surtir efecto la suspensión definitiva. Lo anterior haga del conocimiento de las autoridades responsales, y procédase a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó por una parte y se concedió por otra la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintidós. Certificación. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el de la diversa certificación levantada el veinticuatro de febrero pasado, por el secretario encargado del libro trece -Auxiliar- de Juzgado, correspondiente al registro de control de firmas, de la que se advierte que los quejosos David Ameth Valdovinos López, en favor de Carlos Manuel de la Rosa García, Roxana Beatriz López Soto, Nerio José Torres, Yainet María Molina Curbelo, Maikel Quiñones Montes de Oca, Claudia González González, Alex Rubio Rivera, Osbel Rubio García, Jean Cue Viera, Isabella Cue Viera, Dalila Viera Albo, Andrés Yadier Terry Denis, Adiel Eduardo Espinoza Matos, Alain Rodríguez Matos, José Ramón Fernández Batista, Surelyz Migenes Breffe, Omar González Díaz y Geyle Vargas Ramos, no dieron cumplimiento a la obligación que se les impuso de comparecer ante este órgano jurisdiccional a efecto de darse de alta en el sistema biométrico y en el libro de control en mención, así como para que los días lunes de cada semana comparecieran ante este recinto jurisdiccional a estampar su firma electrónica; por ello, incorpórese dicha constancia para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, y en consideración de que en esta fecha causó ejecutoria la resolución por la que se sobreseyó en el juicio del cual deriva el presente incidente y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, deja de surtir efecto la suspensión definitiva. Lo anterior haga del conocimiento de las autoridades responsales, y procédase a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó por una parte y se concedió por otra la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuenta. El nueve de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 29/2022 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio 29/2022; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace relación de constancias y da lectura a la demanda de amparo; asimismo, relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez, con las actuaciones relativas a la notificación a las partes- Quejosos, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y autoridades responsables-; y, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que en el auto admisorio se estableció que por la naturaleza del reclamo constitucional no se advertía la existencia de parte tercero interesada; y, que transcurrió el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se pudieran imponer del contenido de las actuaciones existentes en este sumario. El juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias y por efectuada la certificación secretarial para todos los efectos legales conducentes; de igual modo, se reitera la inexistencia de parte tercero interesada, cuenta habida que no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, y al respecto se hace constar que las autoridades responsables aportaron prueba documental. El juez acuerda: De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza las documentales en mención. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos; el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para para formular los alegatos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 29/2022, promovido por el licenciado David Ameth Valdovinos López, promovió juicio de amparo, en favor de Carlos Manuel de la Rosa García y otros; y, R e s u l t a n d o : I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil veintidós, ante la secretaria de este Juzgado, al cual le correspondió conocer de la demanda por razón de turno, David Ameth Valdovinos López, promovió juicio de amparo, en favor de Carlos Manuel de la Rosa García, Roxana Beatriz López Soto, Nerio José Torres, Yainet María Molina Curbelo, Maikel Quiñones Montes de Oca, Claudia González González, Alex Rubio Rivera, Osbel Rubio García, Jean Cue Viera, Isabella Cue Viera, Dalila Viera Albo, Andrés Yadier Terry Denis, Adiel Eduardo Espinoza Matos, Alain Rodríguez Matos, José Ramón Fernández Batista, Surelyz Migenes Breffe, Omar González Díaz y Geyle Vargas Ramos, en contra de actos reclamados al titular de la Oficina de Representación y subdirector de la Estación Migratoria, ambos del Instituto Nacional de Migración de Hermosillo, Sonora. Mediante acuerdo de nueve de enero de dos mil veintidós, se radicó el juicio en este juzgado con el número de expediente 29/2022; se emitió suspensión de plano en relación con los actos de urgencia, y se requirió a los directamente agraviados para que ratificaran la demanda de amparo presentada en su favor, lo cual efectuaron en la diligencia actuarial de esa propia fecha. De esa manera, mediante acuerdo de esa propia fecha, se admitió a trámite el juicio de amparo; se solicitó el informe justificado respectivo a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete al representante social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes C o n s i d e r a n d o s : Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclamaron actos de ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional y, en relación con autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. II. Precisión del acto reclamado. Del estudio integral del expediente, las actuaciones de autos y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el reclamo constitucional, substancialmente consiste en lo siguiente: La incomunicación, detención, aseguramiento y retención; y, por ende, la inminente emisión y ejecución de una orden de deportación, o retorno asistido decretado por las responsables y la emisión y ejecución de orden de traslado de los quejosos a otra Estación Migratoria. Lo anterior, con motivo de la detención y retención en esa Estación Migratoria, con sede en esta ciudad. III. Existencia del reclamo constitucional. No obstante que las autoridades responsables niegan los actos reclamados, resultaron ciertos los actos de detención, retención e incomunicación, de los quejosos en la Estación Migratoria, según se desprende de la lectura íntegra al contenido de dichos informes, por lo cual procede tener por cierto el reclamo constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". De igual forma, se cita la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido." Lo que además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas a la salida de la Estación Migratoria de cada uno de los impetrantes, remitidas por la propia responsable, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Actualización de una causal de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados; y, solo en caso de no existir causa alguna de improcedencia proceder al estudio de fondo de la controversia planteada. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el suscrito juzgador advierte de oficio que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, del análisis que se efectúa, se prueba que durante el trámite del biinstancial surgió la causal de improcedencia en comento, lo cual se corrobora con los fundamentos, razones y consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, la porción normativa de sustento dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el que se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y ésto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se vio del reclamo de los quejosos, resultó cierto que estuvieron retenidos por detención en la Estación Migratoria de esta ciudad, sin poder comunicarse con personas del exterior, lo cual, de acuerdo a lo expuesto bajo protesta de decir verdad de la parte promovente, ocurría hasta el momento de la presentación de la demanda; de ahí, la certidumbre de tales actos de molestia en la libertad deambulatoria de los agraviados. Sin embargo, al rendir sus informes justificados respectivos, las autoridades responsables titular de la Oficina de Representación y subdirector de la Estación Migratoria, ambos del Instituto Nacional de Migración de Hermosillo, Sonora, hicieron patente que los agraviados egresaron de la Estación Migratoria de Hermosillo, Sonora, en fechas trece, catorce y diecisiete, de enero del presente año, con oficios de salida, en virtud de haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración. Como sustento de lo anterior las responsables de mérito, remitieron copia certificada de los oficios de salida de dicha dependencia, relativa a cada uno de los aquí quejosos, de los cuales se evidencia que fueron egresados de dicha Estación Migratoria. A esas constancias enumeradas, este juzgador les otorgó con antelación pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. De lo anterior se obtiene que, si bien, resultó existente el acto reclamado en lo relativo a la detención, retención, incomunicación con personas del exterior de la Estación Migratoria, y por ello inminente los restantes actos, no menos ciertos es, que por actuación de la propia autoridad cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues los aquí quejosos fueron egresados de Dicha estación Migratoria. En ese sentido, se considera que cesaron los efectos del acto impugnado, pues la pretensión que la parte quejosa persiguió al reclamar los actos de una inminente emisión y ejecución de orden de deportación o retorno asistido u orden de traslado a otra Estación Migratoria, derivó de los actos de urgencia, incomunicación, retención, aseguramiento, que resultaron ciertos hasta el momento de presentación de la demanda, según se vio; pero que, con el egreso de los quejosos de esta Estación Migratoria los efectos de los actos pretendidos en esta demanda han cesado, y esto, ocurrió durante el trámite del biinstancial, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho conculcado que dio lugar a la presentación del biinstancial. De ahí, que al haber cesado los efectos del reclamo constitucional, sobrevino la causal de improcedencia en estudio, por lo que, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En efecto, los actos reclamados tratados en este apartado son los siguientes: D e c i s i ó n : En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia que deriva de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, con apoyo en lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la propia ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Carlos Manuel de la Rosa García, Roxana Beatriz López Soto, Nerio José Torres, Yainet María Molina Curbelo, Maikel Quiñones Montes de Oca, Claudia González González, Alex Rubio Rivera, Osbel Rubio García, Jean Cue Viera, Isabella Cue Viera, Dalila Viera Albo, Andrés Yadier Terry Denis, Adiel Eduardo Espinoza Matos, Alain Rodríguez Matos, José Ramón Fernández Batista, Surelyz Migenes Breffe, Omar González Díaz y Geyle Vargas Ramos, contra los actos precisados en el considerando II, reclamados a las autoridades tratadas en el diverso apartado III de esta sentencia por las razones, fundamentos y motivos expuestos en el considerando IV, de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Se reciben informes sobre suspensión de plano. Agréguense los oficios suscritos por el titular de la Oficina de Representación, y el subdirector de la Estación Migratoria en Hermosillo, Sonora, ambos del Instituto Nacional de Migración; y, en atención a sus contenidos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su informe relativo a la suspensión de plano concedida en el presente asunto. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. En el entendido que la autoridad responsable titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, proporciona los correos electrónicos y números de teléfono que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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