Rossana Aguilar Munguía
Expediente 651/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rossana Aguilar Munguía
- Presidencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de marzo de dos mil veintiuno. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio remitido por la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual comunica la admisión del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente asunto; asimismo, que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca 19/2021. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, el oficio y anexo remitido por el secretario Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, residente en esta ciudad, por virtud del cual acompaña el escrito presentado por la parte quejosa, atento a su contenido se provee: Se desecha de plano incidente de nulidad de actuaciones. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado legal de la parte quejosa, en el cual interpone incidente de nulidad de notificación, se desecha de plano. En efecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo establece que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. Además, el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Por su parte, el artículo 68 de la citada legislación dispone, entre otros aspectos, que las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano. De la interpretación conjunta de dichas disposiciones se obtiene que queda a cargo del juzgador decidir si el incidente planteado amerita un especial pronunciamiento, o bien, si lo resuelve de plano, en cuyo caso cabe la posibilidad de desecharlo por su notoria improcedencia. Lo anterior permite establecer que aun cuando el incidente que ahora se plantea se declarara fundado, solo tendría como efecto que se notificara la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, en virtud de que el presenta asunto ya se resolvió, máxime que así lo establece el numeral antes invocado, toda vez que ya se dictó resolución en el presente asunto. En ese sentido, a nada práctico conduciría que este tribunal admitiera a trámite dicha incidencia, en virtud de que la parte ocursante, esta compareciendo a juicio después del dictado de la sentencia definitiva y en el caso se encuentra en oportunidad de realizar las manifestaciones que estime convenientes para desvirtuar la resolución, toda vez que se provee sobre su diversa petición, como se refleja en el apartado siguiente; lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General, atendiendo la impartición de justicia pronta y expedita. Se interpone recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene a la parte quejosa interponiendo dicho medio de impugnación, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivos En su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese por oficio a la responsable y personalmente a la parte quejosa, así como a la representante social adscrita.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintiún minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe, con apoyo en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la lectura del escrito inicial de demanda, las constancias de notificación a las partes y el informe justificado rendido en forma conjunta por las autoridades responsables magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y el actuario de su adscripción (fojas 22 a la 24). Asimismo, se hace constar y se certifica que transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes pudieran imponerse del informe justificado y ofrecer pruebas de su interés en torno al informe rendido. El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta y hace constar que la parte quejosa ofreció en su demanda prueba documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su triple aspecto lógico, legal y humano; en tanto que las autoridades responsables remitieron con su informe justificado copias certificadas de las constancias relativas a los actos reclamados. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las documentales en trato, así como por desahogadas en todo lo que a la parte quejosa favorezca la instrumental de actuaciones y la presuncional en mención. Sin otras pruebas que desahogar, se cierra esta fase y se abre la de alegatos; al respecto, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se les tiene por perdido el derecho a las partes para expresar alegatos. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponde. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 651/2020; y, R e s u l t a n d o: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dos de octubre de dos mli veinte, en la Oficina de Correspodencia Común de los Juzgados de Distrito de esta Ciudad, y recibido el día siguiente hábil en este órgano jurisdiccional, Rossana Aguilar Munguía, solicitó el amparo y protección de la justicia Federal contra actos del magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y el actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad. Por razón de turno fue que le correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado, en donde mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte, se radicó y admitió a trámite bajo el número de juicio de amparo 651/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete en el juicio, se tuvo por apersonada a la parte tercero interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o : I. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Precisión de los actos reclamados Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario. De acuerdo a la lectura íntegra de la demanda, y al resto de las constancias existentes en autos, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de proveer en el auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, las peticiones contenidas en el escrito de catorce de febrero de dos mil veinte, relativas a notificar a la parte demandada la reposición del procedimiento y de fijar hora y fecha para la audiencia conciliatoria solicitada, para efectos de reunir a las partes en el juicio de origen, en aras de resolver la controversia; oponiendo también como reclamo que por ello, la autoridad responsable es omisa para dar cumplimiento a la resolución de veinte de marzo de dos mil catorce dentro del término que estipula la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora, en el expediente número 553/2010-I, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad. Existencia del reclamo constitucional Del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se desprende la existencia del escrito agregado en auto de catorce de febrero de dos mil veinte; ello, no obstante que las responsables niegan en parte el reclamo constitucional. Se cita como apoyo la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 15, Volumen 151-156, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 250471, que dice: "ACTO RECLAMADO. OMITIDO EN EL INFORME JUSTIFICADO, PRESUNCION DE CERTEZA DEL. Los informes que rinden las responsables deben ser coherentes con la demanda de amparo que origina el juicio de garantías en que se produzcan y si en los términos en que se encuentran redactados aparece que se niega expresamente uno de los actos reclamados, pero se omite manifestar la certeza o negativa del otro, se está en presencia de falta de informe respecto de ese acto al que no se refirió la responsable en forma específica, por lo que debe presumirse cierto según lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo." Lo que además se corrobora con las documentales que en copias certificadas adjuntaron a su informe las responsables. a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Análisis de causas de improcedencia Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y este juzgador no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna; por tanto, se procederá enseguida al estudio de fondo del asunto que nos ocupa. Innecesaria transcripción de conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". VI. Consideraciones jurídicas del reclamo constitucional Son inoperantes los conceptos de violación vertidos por la parte impetrante, sin que en el particular se advierta cuestión alguna que suplir, en términos del numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Para explicación de lo anterior, se acude a lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda, y al contenido del informe justificado y las documentales anexas (valoradas con antelación), de lo cual resulta lo que aquí se determina. En tal medida, a manera de antecedentes se procede a relatar lo siguiente: Refiere la impetrante que en el año dos mil diez, demandó de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, una serie de prestaciones de carácter laboral, las cuales le fueron concedidas mediante resolución de veinte de marzo de dos mil catorce. Expone, que no ha podido llegar a la ejecución de la resolución descrita y que el catorce de febrero de dos mil veinte, presentó promoción solicitando la reposición del procedimiento pidiendo una audiencia conciliatoria ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, pero que dicha promoción solo se acordó a medias, pues únicamente se proveyó ordenando dar vista a la parte demandada; y, en cuanto a la solicitud de fijar hora y fecha para celebrar una audiencia conciliatoria se omitió acordar al respecto. Por otra parte, del informe justificado rendido por el magistrado responsable y las documentales que remitió, se advierte que ante este propio juzgado se radicó el diverso sumario 1341/2018, promovido por la propia quejosa, en el cual substancialmente el reclamo constitucional se hizo consistir, en lo que aquí interesa, en la omisión por parte de la autoridad responsable en dar cumplimiento a la resolución dictada en el juicio administrativo de origen. En dicho juicio de amparo, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó la resolución constitucional, en la cual se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que las autoridades responsables realizaran los actos necesarios para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio de servicio civil 553/2010, con excepción de las cantidades que, en su caso, fueran materia del incidente de liquidación. Dicha sentencia causó ejecutoria el trece de diciembre de dos mil dieciocho y se exigió su cumplimiento a la hoy responsable, quien previas gestiones del cumplimiento requeridas por este juzgado, mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve emitió una determinación en la que expuso lo relativo al trámite y cumplimiento de la sentencia del juicio de origen y en dicho proveído ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Luego, el dos de julio de ese mismo año, con base en el estado de autos, el magistrado presidente del tribunal responsable, emitió un auto en el que se pronunció en torno a la entrega a la parte actora del documento original consistente en reexpedición del nombramiento número 29761, con efectos a partir del diecinueve de octubre de dos mil diez, y en relación a la deducción de impuestos que se le hizo a la aquí quejosa por el cheque que le fue entregado como cumplimiento de lo sentenciado en aquél asunto y acotó que así, la parte demandada dio cumplimiento a la resolución de veinte de marzo de dos mil catorce y a la incidental de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete y refirió que ordenó el archivo del asunto (información que remitió a este juzgado como informe al cumplimiento de la ejecutoria de amparo). Así, previo el trámite ordinario del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, este juzgado tuvo por cumplimentada la ejecutoria en sus términos. Sin embargo, en contra de la resolución en la que se declaró cumplida la sentencia, el autorizado de la parte quejosa promovió recurso de inconformidad, el cual le tocó resolver al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, bajo el número de toca 41/2019, en el que se declaró infundado el recurso de inconformidad, agregándose el oficio de notificación de dicho tribunal en el juicio de origen, mediante acuerdo de seis de febrero de este año. De esa forma, el catorce de febrero de dos mil veinte, la hoy quejosa Rossana Aguilar Munguía, presentó escrito ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en el que solicitó la reposición del procedimiento, argumentando al respecto, que no podía concluirse el asunto de origen y tener como cumplida la resolución que puso fin al procedimiento en los autos del juicio de origen. Asimismo, en esa petitoria, la parte promovente solicitó se fijara hora y fecha para una audiencia conciliatoria, para efectos de reunir a las partes en el juicio, en aras dijo, de resolver la controversia. El escrito en mención, lo proveyó la autoridad responsable mediante acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, el cual se transcribe la parte substancial que interesa destacar: "AUTO: Hermosillo, Sonora, a veintiuno de agosto de dos mil veinte. VISTO el escrito de cuenta, se tiene por presentada a Rossana Aguilar Munguía en su carácter de parte actora, haciendo una serie de manifestaciones, las cuales se reproducen como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.- Téngase por hechas las manifestaciones y con ellas dese vista a la parte demandada, para que en el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, lo anterior, con los artículos 735 y 738 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-Así lo proveyó y firma el Magistrado." En contestación a la vista otorgada, la parte demandada Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, por conducto de su representante legal, el ocho de septiembre del año en curso, realizó diversas manifestaciones en relación a la pretensión de la actora; y, en torno a dicho libelo, el magistrado responsable emitió un auto del tenor literal siguiente: AUTO.- Hermosillo, Sonora, a veinticuatro de septiembre de dos mli veinte. VISTO el escrito de cuenta, se tiene por presentado al Licenciado Carlos Portillo, representante legal de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, dando contestación a la vista concedida mediante auto de veintiuno de agosto del año en curso, haciendo una serie de manifestaciones las cuales se reproducen como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias. Téngase por hechas las manifestaciones y agréguese a los autos el escrito de referencia, esto en virtud de que mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido.- NOTIFÍQUESE. (.)" Pues bien, de acuerdo a las constancias analizadas en el caso resulta improcedente el análisis de los conceptos de violación en la forma que pretende la impetrante, toda vez que estos resultan inoperantes. En efecto, como se observa de la demanda de amparo y los antecedentes narrados con anterioridad, el presente juicio de derechos humanos, fue promovido por el conocimiento que tuvo la quejosa del auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, mismo que recayó a su escrito presentado ante la responsable el catorce de febrero de esta propia anualidad. Al respecto dicha peticionaria delata que la autoridad responsable solo acordó respecto a la reposición del procedimiento solicitado, ordenando dar vista a la parte demandada, pero que omitió proveer en cuanto a la solicitud de fijar hora y fecha para celebrar una audiencia conciliatoria, por lo cual dice estar segura de que su expediente "no se ha movido", provocando una paralización en su juicio, causando un serio menoscabo en su patrimonio, razón por la que acude ante esta instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia Federal. Los motivos de disenso en análisis son ineficaces por inoperantes, aún suplidos en su deficiencia, a la luz de las siguientes consideraciones. Es ineficaz el concepto de violación en el cual la quejosa sostiene que la autoridad responsable omitió proveer de forma íntegra, lo conducente en relación con el escrito que presentó el catorce de febrero de dos mil veinte, arguyendo que conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, está obligada a impartir justicia en los plazos y términos que indique la ley de la materia. Se afirma que tal argumento es ineficaz en virtud de que su construcción parte de una premisa inexacta, toda vez que en el caso la responsable sí proveyó respecto del escrito de catorce de febrero de dos mil veinte; sin embargo, las razones de la inoperancia hacen innecesario efectuar pronunciamiento en relación con lo determinado en el acuerdo emitido por la autoridad, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable destacan el aludido acuerdo de veintiuno de agosto de este año, de cuyo contenido se advierte que se proveyó lo conducente, en relación con el escrito presentado por la aquí quejosa, determinando dar vista a la parte demandada por el término de tres días, con el contenido de dicho libelo; incluso, como se observa, la sentenciada fue notificada y en relación con la vista ordenada presentó diverso escrito ante la responsable, al que recayó el auto de veinticuatro de septiembre de este año, en el cual solo se agregó el libelo en razón de que la responsable expuso que por auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve ordenó el archivo del asunto. Ahora, del análisis realizado a las constancias con las que se resuelve, se desprende la inoperancia de los conceptos de violación vertidos por la quejosa, substancialmente, porque la finalidad que persiguió con el escrito de catorce de febrero de este año, presentado ante el magistrado responsable, es la misma que pretendió con el recurso de inconformidad promovido por el autorizado de la propia quejosa, en el que impugnó la resolución que declaró cumplida la ejecutoria dictada por este juzgado de Distrito en el juicio de amparo 1341/2018; inconformidad que fue declarada infundada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, con residencia en esta ciudad; y, por ende, dejó firme la determinación que declaró cumplida la ejecutoria de amparo y como consecuencia, inamovible la emitida por el magistrado responsable en la que declaró como totalmente concluido el expediente de origen y ordenó el archivo. En tal medida, con independencia de que en el auto de veintiuno de agosto de este año, la autoridad responsable hubiere omitido expresamente pronunciarse en torno a las peticiones contenidas en el aludido libelo de catorce de febrero de dos mil veinte, respecto de lo cual se duele la peticionaria, a nada práctico llevaría dicho análisis, toda vez que el juicio de origen, adquirió la calidad de cosa juzgada desde la determinación de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, y ello fue derivado del pronunciamiento efectuado por un órgano de amparo, por lo que está vedado a este juzgador incidir respecto a actuaciones del juicio de origen que ya fueron objeto de cosa juzgada por efecto de una ejecutoria de amparo, cuya determinación de cumplimiento impugnada fue declarada infundada por el órgano plenario. Es así, pues de la lectura efectuada al escrito de catorce de febrero de dos mil veinte, de que se trata, se advierte que la impetrante, pretende que se reponga el procedimiento del juicio de origen, pues conforme con su sentir la sentencia dictada en dicho asunto no ha sido cumplida, por lo que pide se reponga el procedimiento para efecto de corregir, dice, la irregularidad en que ha incurrido la autoridad responsable; sin embargo, por lo expuesto en párrafos precedentes, tal evento no resulta factible pues la autoridad responsable no pudiera proveer de conformidad su petición, más aún que los motivos y razones para ello, plasmados en el escrito de catorce de febrero pasado (fojas 33 a 38), los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, substancialmente son los mismos argumentos que opuso en el recurso de inconformidad interpuesto en contra de la resolución que declaró cumplido el fallo de amparo (fojas 52 a 57). De acuerdo a lo expuesto, resulta la inoperancia de los argumentos expuestos en la presente demanda de amparo, dado que están dirigidos a combatir la sentencia que resulta ser cosa juzgada por efecto de lo tratado en la referida ejecutoria de amparo. Se cita como apoyo a lo considerado, la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, Libro 43, junio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro de localización 2014643, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." Se cita también al respecto, la tesis (I Región)5o. J/1 (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, visible en la página 1545, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro de localización 2007121, cuyo rubro y texto dicen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. NO TIENE EL ALCANCE DE PERMITIR QUE SE DISCUTAN SITUACIONES JURÍDICAS QUE YA FUERON MATERIA DE ANÁLISIS EN OTRA EJECUTORIA DE AMPARO, POR LO QUE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE CUESTIONAN ASPECTOS DONDE HAY COSA JUZGADA RESULTAN INOPERANTES. En el amparo en materia laboral, por regla general, no tiene cabida la inoperancia de los conceptos de violación cuando el trabajador acude al amparo, esto se debe a que en esta materia opera la institución de la suplencia de la queja, que puede caracterizarse como el conjunto de atribuciones que se confieren al Juez para corregir los errores o deficiencias en que incurran las partes al formular, lato sensu, sus alegatos jurídicos, lo que trae consigo integrar lo que falta, subsanar una imperfección o mejorar lo parcial o incompleto; sin embargo, esta institución no tiene el alcance de permitir el que se cuestionen situaciones jurídicas que ya fueron materia de análisis en otra ejecutoria de amparo, porque las decisiones del tribunal de amparo se erigen como verdad legal y ya no pueden estar a discusión, ni mucho menos reexaminarse so pretexto de la suplencia, porque ello equivaldría a vulnerar y burlar la ejecutoriedad de una sentencia cuya observancia es de orden público. De ahí que los conceptos de violación que versen sobre aspectos donde existe cosa juzgada, deban calificarse como inoperantes.". VII. Decisión En esa tesitura, al resultar ineficaces por inoperantes los conceptos de violación vertidos por la quejosa, y no encontrarse motivos para suplir la deficiencia de la queja, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados respecto al acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo, se VIII. Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rossana Aguilar Munguía, contra los actos reclamados de la autoridad responsable, precisados ésta y aquél, en el considerando VI, por los fundamentos y motivos establecidos en el mismo apartado, de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de Juzgado con quien actúa, autoriza y da fe. Doy Fe.Acto seguido, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la lectura del escrito inicial de demanda, las constancias de notificación a las partes y el informe justificado rendido en forma conjunta por las autoridades responsables magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y el actuario de su adscripción (fojas 22 a la 24).
- Principal
Juicio de amparo 651/2020 Certificación. El nueve de noviembre de dos mil veinte, Santiago Flores Cota, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, hago constar que del informe justificado rendido por la autoridad responsable, no se advierte que exista un tercero interesado, nueva autoridad o acto reclamado. Se asienta la presente para debida constancia; asimismo, que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud de que no transcurre el plazo de vista respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Doy fe. Cuenta. El nueve de noviembre de dos mil veinte, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, con el informe justificado y anexo registrado con folio 10430. Conste. Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veinte. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al ocurso que se atiende, sin perjuicio de hacer de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto lo de cuenta, se advierte que aun no transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes puedan imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con veintiún minutos del veintiséis de noviembre del año en curso, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Juicio de amparo 651/2020 Certificación. El nueve de noviembre de dos mil veinte, Santiago Flores Cota, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, hago constar que del informe justificado rendido por la autoridad responsable, no se advierte que exista un tercero interesado, nueva autoridad o acto reclamado. Se asienta la presente para debida constancia; asimismo, que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud de que no transcurre el plazo de vista respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Doy fe. Cuenta. El nueve de noviembre de dos mil veinte, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, con el informe justificado y anexo registrado con folio 10430. Conste.
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