ROSSANA FARIDE VARGAS CORONADO y Otros.

Expediente 1034/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 33 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1034/2020
Año
2020
Actuaciones
33
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • ROSSANA FARIDE VARGAS CORONADO y Otros.
  • Rossana Faride Vargas Coronado
  • Silvia Frine Pasos Cachon
  • Presidente de la Republica

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, uno de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el sobre de cuenta que contiene el oficio 11975/2021-V-B, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de la Función Pública, con sede en la Ciudad de México; devuelto por el Servicio Postal Mexicano, por la siguiente razón: "Rehusado por oficialía de partes, la autoridad que cita no se encuentra en este domicilio". En consecuencia, reexpídase el citado oficio a la referida autoridad responsable, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el treinta y uno de mayo del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia firmada el treinta y uno de mayo de los corrientes, el hecho que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 13590/2021-V-B, 13591/2021-V-B, 13592/2021-V-B, 13593/2021-V-B y 13594/2021-V-B, por medio de los cuales se notificó la referida resolución al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Procurador Fiscal de la Federación y Secretaría de la Función Pública, todos con sede en la Ciudad de México, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que los actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    ... TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, y del Titular del Órgano Interno de Control del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, ambos con sede en esta ciudad, pues el primero, así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. Y respecto a la segunda autoridad citada, si bien al ser omisa en admitir o negar el acto que se le reclama, debe presumirse cierto; lo cierto es, que del análisis de su informe realizó manifestaciones sólo en cuanto a la existencia de la obligación de los servidores públicos de rendir la declaración patrimonial, mas no así respecto a que hubiese realizado algún requerimiento de manera directa a las quejosas. Aunado a que de las constancias que remitió el Director responsable se desprende el oficio de quince de octubre de dos mil veinte del que se duele la parte quejosa y del que se advierte, que el mismo, tal y como lo señala la responsable, corresponde exclusivamente a un comunicado informativo y no así a una orden o requerimiento para que rindan su declaración patrimonial relativa a los artículos 29, 32, 33 y 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo anterior, toda vez que de una lectura íntegra del citado comunicado se advierte que el Director responsable lo emitió únicamente a fin de informar a los servidores públicos del Centro de Investigación Científica de Yucatán, respecto de la impartición de cursos de capacitación para el llenado de las declaraciones de modificación patrimonial y de posible conflicto de intereses, así como del curso de capacitación del Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Públicos; y no así de un requerimiento como lo pretenden hacer creer las quejosas. Máxime que, en el mismo, claramente se establece que dejó sin efectos el anterior de veintinueve de julio de dos mil veinte, en el que de acuerdo a lo enviado en copia simple por la parte quejosa, suponiendo sin conceder que tuviera algún valor probatorio, se desprendería que, si bien es cierto, que se le comunicó por parte del Titular del Órgano Interno de Control del Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C., al citado Director General, en esa misma fecha, que avisara a todas las personas servidoras públicas del CICY, que debían remitir por ese medio los comprobantes de la rendición de la declaración patrimonial. También lo es, que de las constancias de autos, no aparece prueba fehaciente de que efectivamente se hubiere comunicado a los hoy quejosos dicha circunstancia, pues sólo se cuenta con la referencia que se hace en el diverso aviso de quince octubre de dos mil veinte, en el que se insiste no hay requerimiento alguno a los promoventes de rendición de la declaración patrimonial, sino sólo un comunicado de los cursos de capacitación para tal efecto. En consecuencia, al resultar inexistentes los requerimientos de veintinueve de julio de dos mil veinte y quince de octubre de ese mismo año, que reclama la parte quejosa a las autoridades responsables Director General del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, y del Titular del Órgano Interno de Control del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil. Lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, en relación a los actos imputados a las referidas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Procurador Fiscal de la Federación y Secretaría de la Función Pública, todos con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otra parte, también son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ambos con sede en la Ciudad de México, toda vez que no rindieron su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificados, como se aprecia de las tarjetas de acuse de recibo correspondiente a los oficios 20799/2020-V-B y 16870/2020-V-B, las cuales obran agregadas en autos; por lo que, en su contra opera la certeza de los actos reclamados a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 17, del número 79, Julio de 1994, materia común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 206350, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." Así como, la tesis sostenida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre 2007, en la página 2541, con número de registro 171439, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que cuando no se rinda el informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por otra parte, el diverso 78, párrafo tercero, de la misma legislación establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos; lo que indica que tal numeral se aplica sólo cuando la responsable tenga en su poder esa prueba pero no la haya remitido y, por su estrecha vinculación con el acto reclamado, resulta necesaria para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, es patente que el párrafo tercero del citado artículo 78 establece una obligación para el juzgador de garantías que no se encuentra condicionada por la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 149, sino relacionada directamente con la establecida en el párrafo segundo de este último numeral, es decir, con aquella en la que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado y no remite las constancias relativas a fin de demostrar su constitucionalidad. Luego, en la hipótesis de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el Juez de Distrito no está obligado a recabar oficiosamente pruebas sobre los hechos que pudieran determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que deja a salvo su facultad para hacerlo voluntariamente, de estimarlo necesario para la resolución del asunto." Además, al reclamarse normas de carácter general no es necesario acreditar su existencia o inexistencia, pues basta su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado para comprobar esta circunstancia, pues esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Sustenta la consideración anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, registro IUS 191452). QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido que la parte impetrante del amparo no acreditó la existencia del acto de aplicación que reclama. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)" Por su parte, el artículo 5° fracción I, del ordenamiento legal indicado establece: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Así, del numeral citado en tercer término, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; esto es, por quien resienta una afectación en sus derechos sustantivos. Así mismo, es necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en sus intereses, atentando contra un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. De manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ochenta y dos, del Tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de la Octava Época, con número de registro 394810, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De lo reseñado, se puede concluir que para la procedencia del juicio de amparo, los actos que ahí se reclamen deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. De la lectura integral de la demanda se advierte que los impetrantes del amparo promovieron el presente juicio con la finalidad de impugnar la obligación de presentar su declaración patrimonial como servidores públicos, misma que estiman se actualizó a través del comunicado de veintinueve de julio de dos mil veinte remitido vía correo electrónico por el Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, al Director General de dicho Centro; lo que como ya se vio con antelación, no existen tales actos. En principio, cabe mencionar que la obligación referida tiene su origen en los artículos 3, 32, 33, 46 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dichos preceptos establecen que estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la propia Ley, además que deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. Entendiéndose como servidores públicos a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se establece que la declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión por el ingreso al servicio público por primera vez o reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión. Disponen que si transcurridos los plazos precisados en el párrafo anterior, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación. Tratándose de los supuestos I y II referidos, en caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al declarante, las Secretarías o los órganos internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público. Asimismo, disponen que, para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere el punto III, referida se inhabilitará al infractor de tres meses a un año y que para la imposición de las sanciones respectivas deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de la Ley. De igual forma, prevén que se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores públicos en términos de la propia ley y que las Secretarías y los órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. Finalmente, se prevé que el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá las normas y los formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los declarantes deberán presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos, observando lo dispuesto por el artículo 29 de dicha Ley. La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 33 de la Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo para el incumplimiento de dichos plazos y también deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible conflicto de interés. De lo expuesto, se observa que los preceptos reclamados establecen la obligación de los servidores públicos, de presentar su declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses, entendiéndose por éstos de conformidad con el artículo 108 Constitucional, a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la propia Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Asimismo, cabe destacar que los aquí quejosos se ostentan como trabajadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, la cual constituye una entidad paraestatal, que pertenece a la Administración Pública Federal, conforme al artículo 3°, segundo párrafo, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dispone que las entidades de la Administración Pública Federal que sean reconocidas como Centros Públicos de Investigación en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán por esa Ley y por sus respectivos instrumentos de creación, y sólo en lo no previsto se aplicará la propia Ley. Lo que se corrobora con la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, publicada el quince de agosto de dos mil diecinueve y catorce de agosto de dos mil veinte, pues se advierte que se encuentra en el rubro "II. EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA", con el subtítulo "EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA CONSIDERADAS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN". Asimismo, importa destacar que el catorce de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", señalando: "TERCERO. La obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio de 2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encuentren operables." De ahí que la obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses, sería exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, diera a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarían para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encontraran operables, lo que aconteció con la emisión del "Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, que entró en vigor al día siguiente de su publicación; es evidente que la obligación aquí reclamada, deriva de las normas en comento. En la especie, los quejosos, ostentándose como trabajadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán, a fin de acreditar su interés jurídico, exhibieron como pruebas los siguientes documentos: Los recibos de nómina de Rossana Faride Vargas Coronado, Silvia Frine Pasos Cachón, Angélica Noemí Arana Pacheco, César Martín Barrera, Adriana Canto Flick, Pilar Beatriz Santamaría Chan, Narcedalia de la Fe Gamboa Angulo, Wilberth Antonio Herrera Kao, Genny Guadalupe Gil Eysele, Elide Avilés Berzunza, Álvaro Francisco Sapien Oloarte, José Fernely Aguilar Cruz, Santiago Duarte Aranda, Alberto Cortés Velázquez, Wilma Aracely González Kantún, María del Socorro Narváez Cab, Francisca Verónica Gamboa Angulo, Beatriz del Rosario Escalante Castellanos, J Jesús Hernández Cendejas, Claudia Belen Martín Tun, Carolina del Carmen Leal Gómez y María Rosalina Rodríguez Román, expedidos por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, todos correspondientes al año dos mil veinte, los cuales contienen cadena original del complemento de certificación digital del SAT. Copia fotostática simple a color del escrito de veintinueve de julio de dos mil veinte, dirigido por el Director General del Centro de Investigación Científica Yucatán, Asociación Civil, a "Estimados Colegas", con el que los exhorta a presentar su Declaración Patrimonial y de Intereses; documento el cual, en la parte inferior contiene el correo electrónico remitido por el Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, al citado Director General, con el que le informa que solo una persona le ha enviado su comprobante de declaración. Impresión simple de un correo remitido por Glenny Osorio Cortés, Asistente de la DG-CICY, para "Cicy", mediante el cual informa que por indicaciones del Director General envía el comunicado sobre la Declaración Patrimonial de octubre veinte, que deja sin efecto el Comunicado sobre la Declaración Patrimonial del veintinueve de julio de dos mil veinte, anterior. Copia fotostática simple a color del escrito de quince de octubre de dos mil veinte, dirigido por el Director General del Centro de Investigación Científica Yucatán, Asociación Civil, a "Servidores Públicos" Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., el cual por una parte, indica que dejaba sin efectos el acuerdo emitido el veintinueve de julio de dos mil veinte, y por otra, puso a su disposición diversos cursos de capacitación para el llenado de las declaraciones patrimoniales. Ahora bien, respecto de las documentales antes referidas, exhibidas por la parte quejosa, consistentes en los diversos recibos de nómina expedidos a nombre de cada uno de los impetrantes del amparo, acreditan que los mismos son trabajadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil. Sin embargo, respecto a las restantes documentales, al consistir en copias fotostáticas o impresiones simples, no tienen valor probatorio alguno. Lo anterior, debido a que al ser las copias fotostáticas o simples impresiones, una mera reproducción fotográfica de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no correspondan a documentos realmente existentes, sino a prefabricados que, para efecto de su fotocopiado, permitan reflejar la existencia, irreal, de los documentos que se pretenden ofrecer. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que pueda hablarse de la existencia de una copia y de la certeza de que existe un original de la misma, es menester que la copia tenga la fuerza probatoria suficiente como para establecer la correlativa existencia de un original, pero para que esto suceda es necesario que la copia sea certificada y con ello pruebe la existencia de su original, de ahí que no puedan tomarse en consideración en cuanto a su contenido. De conformidad con la jurisprudencia 3a./J. 1/89 de la Extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 379, del Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Atendiendo a lo anterior, no se advierte la existencia del acto de aplicación del que se duelen los quejosos, siendo que el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no inferirse solamente a base de presunciones. En consecuencia, al no haber demostrado los impetrantes del amparo el acto concreto de aplicación de las normas que tildan de inconstitucionales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento tres, del Tomo IX, Febrero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 194605, del rubro y texto siguientes: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, en el supuesto sin conceder, de que dichas documentales tuvieran valor probatorio, se advierte que el juicio de amparo también devendría improcedente, en atención a las siguientes consideraciones. En el caso, se tiene que mediante correo electrónico de veintinueve de julio de dos mil veinte, el Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, informó al Director General de dicho Centro, que sólo una persona del Centro le había enviado su comprobante de declaración, por lo que le solicitó le avisara a todas las personas servidoras públicas del CICY, que debían remitirle los comprobantes de su declaración. Dicho correo electrónico a la letra señala: "DR. PEDRO IVÁN GONZÁLEZ CHI. Director General del CICY, A.C. Presente. Por este conducto le informo que, con respecto a las personas servidoras públicas del Centro que no han cumplido con realizar su Declaración Patrimonial y de Intereses, aparece en el sistema respectivo que ya hubo un ligero avance, derivado de que 9 personas ya la presentaron en el lapso de ayer al día de hoy, sin embargo, sólo una persona de nombre Juan Jesús Cante Carrillo, me envió su comprobante. En tal virtud, se le solicita que se avise a todas las personas servidoras públicas del CICY, de que deben remitirme por este mismo medio los comprobantes de la declaración en cuestión. Asimismo, el próximo viernes 31 de los corrientes, vence el término para la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses para las personas servidoras públicas comprendidas en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 22 de abril de 2020. Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. Mtro. Ernesto Jesús Mena Acevedo Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C." Luego, en cumplimiento a tal requerimiento, mediante oficio de esa propia fecha, el Director General del Centro de Investigación Científica de Yucatán, exhortó a quien señaló como "Estimados Colegas", a presentar su Declaración Patrimonial y de Intereses, tal y como lo establece el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veinte. Empero, dicho requerimiento quedó insubsistente con el diverso oficio de quince de octubre de dos mil veinte, emitido por el propio Director General del Centro de Investigación Científica de Yucatán, por así señalarlo en el mismo, ya sin requerimiento o exhortación alguna, sólo puso a disposición de los Servidores Públicos del Centro de Investigación Científica de Yucatán, diversos cursos de capacitación para el llenado de la declaración de modificación patrimonial y de posible conflicto de intereses. Por tanto, el oficio de quince de octubre de dos mil veinte, emitido por el Director General del Centro de Investigación Científica de Yucatán, no puede considerarse como el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, pues en el mismo no se les impone obligación alguna de presentar su declaración patrimonial, ya que de su contenido se advierte que únicamente se hizo de su conocimiento los cursos de capacitación para el llenado de la declaración patrimonial; por lo que de ninguna manera puede considerarse como un acto de aplicación de los artículos 29, 32, 33 y 34, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Así mismo, respecto del correo remitido por el Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, se desprende, que éste no va dirigido a los impetrantes del amparo, sino únicamente al Director General, a afecto de que se los transmitiera a los mismos. Sin embargo, no se advierte nexo alguno entre lo que el Titular del Órgano Interno de Control requirió al Director General se cumpliera, con lo informado por dicho Director a los servidores públicos, respecto a los cursos de capacitación para el llenado de la declaración. Y si bien, podría encuadrar la solicitud del Titular del Órgano Interno de Control, con la diversa de veintinueve de julio emitida por el Director General a quien señaló "Estimados Colegas", éste requerimiento, se insiste, quedó sin efectos, por así señalarlo en el diverso oficio de quince de octubre de dos mil veinte. De ahí que no se advierte acto concreto de aplicación de las normas impugnadas, por parte de las autoridades responsables, ni tampoco se observa que en un acto de auto aplicación de la norma las partes hubiesen presentado su declaración patrimonial, o bien, que se les haya formulado de manera personal un requerimiento formal; para así considerarlo como acto concreto de aplicación. En tales condiciones, se concluye que los actos de aplicación que hacen consistir los quejosos, en el aviso de declaración patrimonial contenido en el correo electrónico de veintinueve de julio de dos mil veinte, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, así como el diverso oficio de quince de octubre de dos mil veinte, emitido por el Director General del Centro de Investigación Científica de Yucatán, no tiene tal carácter; por tanto, se insiste en la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. La improcedencia del amparo respecto al referido acto se hace extensiva a las normas generales reclamadas, es decir, los artículos 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 29, 32, 33 y 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como a la expedición de la "Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal" publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de dos mil diecinueve; y los Acuerdos publicados en el Diario Oficial el veintidós de abril y diecinueve de junio, ambos de dos mil veinte, por los que se ampliaron los plazos previstos en el artículo 33 de la citada Ley General de Responsabilidad Administrativas. Lo anterior, dado que no pueden desvincularse del acto que la parte impetrante del amparo señala como el acto de aplicación, en razón a que es éste el que les causa el perjuicio directo a los quejosos y no por sí sola la expedición de dichas normas y acuerdos generales. Sirve de apoyo, lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, en la tesis publicada en la página doscientos sesenta y tres, del Tomo X, Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193279, del rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN RECLAMADO NO MATERIALIZA LOS SUPUESTOS NORMATIVOS. El artículo 73, fracción XII, párrafo tercero de la Ley de Amparo, establece la opción de que, con motivo del primer acto de aplicación de una ley, se acuda desde luego al amparo contra ésta, o bien, después de agotar los medios ordinarios de defensa; sin embargo, cuando el acto que se señala como de aplicación no materializa los supuestos normativos de la ley, no se surte la hipótesis de la opción mencionada y, por tanto, en contra del acto concreto deben agotarse los medios ordinarios de defensa por no estarse en el caso de la excepción al principio de definitividad. En ese contexto, si del análisis integral de la demanda de amparo, así como de sus anexos, se desprende que a la fecha no existe un acto concreto de aplicación, es evidente que el presente juicio de amparo resulta improcedente." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rossana Faride Vargas Coronado, Silvia Frine Pasos Cachón, Angélica Noemí Arana Pacheco, César Martín Barrera, Adriana Canto Flick, Pilar Beatriz Santamaría Chan, Narcedalia de la Fe Gamboa Angulo, Wilberth Antonio Herrera Kao, Genny Guadalupe Gil Eysele, Elide Avilés Berzunza, Álvaro Francisco Sapien Oloarte, José Fernely Aguilar Cruz, Santiago Duarte Aranda, Alberto Cortés Velázquez, Wilma Aracely González Kantún, María del Socorro Narváez Cab, Francisca Verónica Gamboa Angulo, Beatriz del Rosario Escalante Castellanos, J Jesús Hernández Cendejas, Claudia Belen Martín Tun, Carolina del Carmen Leal Gómez y María Rosalina Rodríguez Román, en contra del acto que reclamaron del Director General del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, y del Titular del Órgano Interno de Control del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rossana Faride Vargas Coronado, Silvia Frine Pasos Cachón, Angélica Noemí Arana Pacheco, César Martín Barrera, Adriana Canto Flick, Pilar Beatriz Santamaría Chan, Narcedalia de la Fe Gamboa Angulo, Wilberth Antonio Herrera Kao, Genny Guadalupe Gil Eysele, Elide Avilés Berzunza, Álvaro Francisco Sapien Oloarte, José Fernely Aguilar Cruz, Santiago Duarte Aranda, Alberto Cortés Velázquez, Wilma Aracely González Kantún, María del Socorro Narváez Cab, Francisca Verónica Gamboa Angulo, Beatriz del Rosario Escalante Castellanos, J Jesús Hernández Cendejas, Claudia Belen Martín Tun, Carolina del Carmen Leal Gómez y María Rosalina Rodríguez Román, en contra de los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Procurador Fiscal de la Federación, Secretaría de la Función Pública, todos con sede en la Ciudad de México, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio número 887, de fecha trece de mayo pasado, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada por ese Tribunal, en autos del toca 100/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Rossana Faride Vargas Coronado y otros, por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, Ricardo Mauricio Rodríguez Rivera, en contra del acuerdo dictado el cinco de noviembre de dos mil veinte. Ejecutoria en la que aparece que la citada superioridad resolvió: "ÚNICO.- SE DECLARA SIN MATERIA el recurso de queja interpuesto por ROSSANA FARIDE VARGAS CORONADO Y OTROS, por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, Ricardo Mauricio Rodríguez Rivera, en contra del acuerdo dictado el cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, al resolver la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo indirecto número 1034/2020-V." Sin que sea el caso ordenar el acuse de recibo correspondiente, en atención a la vía en que fue remitida la resolución de mérito. Finalmente, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y dese conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

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