Rossana de Fatima Ramayo Dzul
Expediente 1509/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rossana de Fatima Ramayo Dzul
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1509/2023-IV-A, promovido por ROSANA DE FÁTIMA RAMAYO DZUL, por propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ROSANA DE FÁTIMA RAMAYO DZUL, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación ofrecida por la parte demandada, en autos del juicio reclamatorio laboral 225/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad [registro 16771]; pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que le es atribuido. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la responsable como apoyo a su informe; documentales que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos de los actos reclamados, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de señalar fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación ofrecida por la parte demandada, en autos del juicio reclamatorio laboral 225/2021. De las constancias que anexó la autoridad a su informe justificado, se advierte la determinación emitida el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, en autos del juicio reclamatorio laboral 225/2021, mediante la cual se señalaron las doce horas del día veintiocho de noviembre en curso, para que se lleve a cabo la reinstalación de la actora, ahora quejosa, Rossana de Fátima Ramayo Dzul, en el domicilio que ocupa la fuente de trabajo. Determinación de la cual tuvo conocimiento la quejosa al dársele vista con el informe justificado en auto de treinta y uno de octubre de este año. Circunstancia que surgió durante la substanciación del presente juicio de amparo, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la cual fue promovida el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, como se advierte de la boleta de turno relativa. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno al concepto de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ROSANA DE FÁTIMA RAMAYO DZUL, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que hasta esta data el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, no ha logrado el cumplimiento de pago del laudo y con ello el de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio constitucional. Por tanto, tomando en consideración el tiempo transcurrido, como una medida tendente a continuar con el trámite de ejecución y lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, es menester que la referida autoridad responsable realice una actualización de la cantidad condenada en el laudo dictado en el juicio laboral de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, realice la actualización de la cantidad condenada en el laudo dictado en el juicio laboral de origen, para lo cual deberá adjuntar su oficio de cumplimiento, copia certificada de las constancias conducentes que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otro lado, agréguese a este expediente el oficio de cuenta de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés y reiterado en proveídos de ocho, veintiuno de septiembre último y cuatro de octubre de los corrientes, informa el estado que guarda la ejecución de las multas relacionadas en el citado acuerdo de cuatro de agosto de la presente anualidad. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Además, de la lectura del oficio de cuenta, se desprende que hasta la presente fecha, la multa impuesta a Diana Isabel Dzul Leo, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, aún se encuentra en vías de diligenciación; por tanto, requiérase por última ocasión a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a la notificación que se le haga de este acuerdo, informe a este juzgado el seguimiento dado a la ejecución de la referida multa, debiendo remitir las constancias conducentes que acrediten su dicho, pues resulta de vital importancia para la ejecución de la sentencia dictada en este juicio, que se materialice la medida coercitiva impuesta con que dota la ley a este Juzgador para hacer cumplir sus determinaciones. Por otra parte, glósese también el oficio de la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el cual, entre otras cosas, manifiesta que a su parecer, a fin de poder dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en estos autos, resulta indispensable la vinculación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para determinar la viabilidad y condiciones en que dicha dependencia atienda a lo solicitado por este juzgado sin incurrir en responsabilidad administrativa por realizar actos que pudieran contravenir las disposiciones federales. Al respecto, indíquese a la autoridad oficiante que no ha lugar a acordar de conformidad la vinculación a este asunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que atendiendo a los motivos que señala, no es indispensable incluir a dicha autoridad hacendaria en el cumplimiento de la ejecutoria, ya que, en el caso, su participación incide sólo en proporcionar las participaciones federales, punto sobre el cual no existe impedimento o conflicto alguno, de ahí que resulta innecesario su llamamiento al presente juicio. Máxime que, lo que se requiere que realice la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, son actos posteriores a la obtención de los recursos provenientes de la Federación, en los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene participación alguna. En otro aspecto, plantea la autoridad en el oficio que se atiende, que existe de su parte impedimento jurídico para atender lo que este Juzgado Federal le solicitó, ya que el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal le impide afectar las participaciones que en derechos federales le corresponden al Municipio de Seyé, Yucatán. Lo anterior, derivado de la consulta que realizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, sobre la viabilidad y condiciones que tiene que cumplir la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, respecto a lo que se le solicita. Al efecto, en la misiva de cuenta, se observa que dicha autoridad comunica lo siguiente: "[.] Ahora bien, ante la pregunta expresa por parte de mi representada respecto a si: "¿El Estado podría dar trámite a la solicitud del municipio y afectar sus participaciones para el pago de laudos a cargo del propio municipio, considerando lo establecido en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal?", la Dirección General de Legislación y Consulta Fiscal, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 529-11-0GLCF-268/2023 de fecha 10 de julio de 2023 respondió de manera literal: "No es procedente afectar participaciones federales para "el pago de laudos", en términos de la Ley de Coordinación Fiscal,...". Asimismo, del análisis realizado al antecedente de los incidentes de inejecución por la Dirección General de Legislación y Consulta Fiscal, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación, se observa que la autoridad precisa que en dichas resoluciones NO SE CONSIDERÓ lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral que representa un impedimento jurídico expreso para mi representada. [.]". Al respecto, debe decirse de manera contundente que lo señalado por la autoridad oficiante, evidencia un acto tendente a evadir por completo el cumplimiento de lo ordenado por este Juzgado Federal, no obstante que se le ha requerido en varias ocasiones, ya que ahora, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, señala que con motivo de la referida consulta realizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha señalado que no es posible atender lo que se le solicita y con un argumento totalmente contrario, pretende restarle valor legal a lo ya decidido por el Máximo Tribunal del país, al sustentar que a ella no le es aplicable por las razones que señala, como si fuera una opción de su parte acatar o no lo decidido en una resolución judicial dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ello bajo una postura sesgada y tendenciosa. Se afirma lo anterior, en atención a que: 1.- En principio, la forma en que fue planteada la consulta no es la adecuada, pues se advierte que fue dirigida de antemano, a obtener una respuesta negativa por parte de la autoridad consultada. Ello en atención a que la interrogante estribó en cuestionar si el Estado podría dar trámite a la solicitud del municipio y afectar sus participaciones para el pago de laudos a cargo del propio municipio, considerando lo establecido en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal. Como se observa, de entrada el planteamiento es incorrecto, dado que la autoridad oficiante insiste en realizar interpretaciones a las legislaciones que pudiesen tener relación con el uso de las participaciones federales, inobservando que este Juzgado Federal le ha señalado en múltiples ocasiones que se trata de un mandato judicial, derivado de lo ordenado también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; siendo que, en este momento no es posible que dicha autoridad realice tales interpretaciones, incluso sobre el supuesto de que pudiera existir alguna responsabilidad administrativa, tal aspecto queda superado en atención a que se trata de una orden judicial que debe cumplir la autoridad. De tal forma que el hecho que la oficiante haya incluido en su pregunta medular el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal está fuera de contexto. Puesto que la interrogante debió haber sido planteada de manera objetiva, en el sentido de que si es posible retener o afectar las participaciones federales correspondientes al Municipio de Seyé, derivado de la petición que ya le realizó el Cabildo en ese sentido, todo ello derivado de un mandato judicial en un juicio de amparo en fase de cumplimiento de sentencia. Lo cual, evidentemente no realizó en esos términos, provocando que la autoridad hacendaria se pronunciara en forma negativa, pero haciendo salvedades que más adelante en este proveído se destacan. 2.- Las conclusiones a las que arriba la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, no son acordes a lo que se le contesta en la consulta; de tal forma que trata de excusarse ante esta autoridad federal partiendo sólo de datos parciales que se señalan en la consulta, estableciendo como tendenciosa conclusión aspectos que no se obtienen del análisis integral del documento, adoptando la oficiante una postura que evidencia una actitud renuente a materializar los efectos de la sentencia amparadora, En efecto, del estudio de la consulta que se realizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se obtienen los aspectos que a continuación se destacan: a) De entrada, ante el planteamiento inicial de la interrogante principal, la autoridad hacendaria precisa que el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal regula dos mecanismos de resarcimiento: (I) afectación y (II) compensación de participaciones federales; los cuales resultan aplicables sólo entre la Federación y las Entidades Federativas, por lo que para el caso de la afectación de las participaciones correspondientes a los Municipios del Estado de Yucatán, se sugiere sujetarse a lo previsto en la disposición local correspondiente. Como se observa, tal consideración evidencia que el citado dispositivo legal invocado por la Secretaría de Administración y Finanzas no es aplicable al caso concreto en la forma que lo planteó dicha autoridad; siendo dicho numeral la base de la consulta y de la postura que adopta la oficiante ante este Juzgado Federal en el sentido de que "existe un impedimento jurídico" para atender lo que se le requiere en materia de cumplimiento de sentencia. b) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que existen casos de excepción en los cuales pueden ser afectadas las participaciones federales, en lo que interesa, (i) como garantía de fuente de pago de obligaciones contraídas por los Municipios, y (ii) a fines específicos, condicionando a fondos específicos de participaciones y recursos que contempla la Ley de Coordinación Fiscal, así como que se cuente con autorización de las legislaturas locales, por mencionar algunos requisitos. c) Asimismo, la autoridad hacendaria refirió que exclusivamente a la autoridad municipal le asiste la atribución para realizar las adecuaciones presupuestales que estime necesarias para cumplir las obligaciones de pago que le hayan sido fincadas. d) Que los Ayuntamientos a través del Tesorero, previa autorización de sus órganos competentes (Cabildo y Presidente Municipal), podrán realizar adecuaciones a los presupuestos de sus unidades de administración, para lo cual el Cabildo deberá emitir normas aplicables. e) Que tal y como lo establece el artículo 23 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán (LPCGEY), los ejecutores del gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos, deberán cubrir las obligaciones de cualquier índole que deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente que hayan causado estado. f) Que no debe soslayarse que de conformidad con el ordinal 14, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, deberán ser destinados, entre otros conceptos, al pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente. Aspectos que no fueron mencionados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en el oficio de cuenta. Por el contrario, manifiesta que existe un impedimento jurídico para atender lo que este Juzgado Federal le requiere, cuando incluso de la propia consulta que realizó, la autoridad hacendaria le aclara que sí es posible que el Municipio acceda a esos recursos para el cumplimiento de sus obligaciones y señala los mecanismos y vías legales que tiene para hacerlo. Por tanto, no es válido que la autoridad oficiante trate de justificarse con una interpretación "a modo" del resultado de la consulta que ella misma realizó, bajo planteamientos tendenciosos encaminados a obtener una respuesta negativa que le permitiera escudarse para no atender lo que se le ha solicitado. Máxime que la propia autoridad consultada expone en la parte final del documento: "[.] La presente opinión es de carácter consultiva, por lo que se emite en el ámbito de competencia de esta Unidad Jurídica, sin que implique la validación de la actuación por parte de las autoridades competentes en el ejercicio de sus facultades [...]". En esa guisa, la postura adoptada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en el oficio de cuenta, no es de cooperación para el cumplimiento, sino que trata de buscar los mecanismos que le permitan no acatar un mandato judicial en materia de amparo que se le ha realizado, sin tampoco aportar una solución distinta viable que permita mediante un diverso mecanismo atender lo solicitado, sino sólo obstaculiza abiertamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 3.- La autoridad oficiante parte de una premisa equivocada para atender el cumplimiento y para realizar la consulta en los términos que lo hizo; ya que no es a ella a quien le corresponde la decisión de clasificar y dirigir el rubro de la afectación de las participaciones federales, sino que tal facultad legal recae en el Municipio. En efecto, de manera equívoca, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, interpreta que ella debe canalizar los recursos federales para el pago del laudo, pero como se ha señalado en acuerdos previos, es al Ayuntamiento a través del Cabildo quien legalmente decide en qué emplear las participaciones federales y así es como éste en acuerdo general de Cabildo, en sesión, ya se lo solicitó. Punto el cual, se insiste, ya está concretado en autos, puesto que en el acta de Cabildo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dicho órgano colegiado municipal determinó afectar esas participaciones federales para el pago del laudo derivado del presente juicio de amparo; por lo que realizó la petición a dicha Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, para que únicamente ejecute tal determinación. De ahí que la renuencia mostrada por la autoridad oficiante no tiene asidero jurídico alguno, lo que deja ver una intención constante de no cumplir lo que se le ha requerido, siempre buscando y externando excusas para desatender el mandato judicial que se le ha instruido. Por tanto, persiste el requerimiento de cumplimiento efectuado para la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, siendo que, se le reitera, que ya se cuenta con el acta de Cabildo de diecisiete de marzo del año en curso, en la que se sesionó y autorizó la aprobación de la propuesta para solicitar al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, que a cuenta del Municipio realice el pago del laudo mediante la afectación a las participaciones que en ingresos federales correspondan al Municipio de Seyé, Yucatán. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, para que a cuenta del Municipio de Seyé, Yucatán, realice las gestiones necesarias a fin de que afecte las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento, para que con éstas se lleve a cabo el pago del laudo emitido en el juicio laboral de origen. Esto es, se hace notar a dicha Secretaría de Administración y Finanzas, que dicha retención servirá para el pago del laudo relativo en lo que corresponde a la parte aquí quejosa, precisándole que una vez afectados los recursos, deberá comunicar dicha circunstancia a este Juzgado Federal, y posterior a ello, se le indicará ante quién deberán ponerse a disposición para el pago del laudo, a fin de dar total y adecuado cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tal motivo, requiérase al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, para que en el plazo de TRES DÍAS, retenga las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento y, una vez hecho ello, lo informe a este Juzgado para estar en aptitud de determinar lo procedente en relación con el pago del laudo; debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes que acrediten su dicho. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Por último, y de manera paralela al requerimiento anterior, solicítesele para que dentro del término de TRES DÍAS, informe la cantidad que de las partidas federales le corresponde al Ayuntamiento de Seyé, siendo que, de no tener de manera precisa tal dato, informe las cantidades que en este año se le han asignado por tal concepto, así como las del año inmediato anterior. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos. Así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el diecinueve de octubre en curso, no fue posible su celebración. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para ese día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, se le tiene solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, consiste en: - La omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación ofrecida por la parte demandada, en autos del juicio reclamatorio laboral ********************. RADICACIÓN Al efecto, fórmese expediente, regístrese con el número 1509/2023-IV-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. NO SE APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo que, de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. SOLICITUD DE INFORME(S) JUSTIFICADO(S) Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, o en su caso, la improcedencia del juicio; al que acompañará copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional). Mandamiento que deberá cumplir la autoridad responsable: a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) ÚNICAMENTE de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. EMPLAZAMIENTO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda y del presente acuerdo. SE RESERVA EMPLAZAMIENTO DE PARTE TERCERO INTERESADA Ahora bien, este Juzgado Federal se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto obre en autos el informe justificado que habrá de rendir la autoridad responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADO Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda y como sus autorizados, a las personas que menciona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada su calidad de parte trabajadora en el juicio laboral de origen. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PRUEBAS Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana relacionadas en el escrito de demanda de amparo; las que se reservan para ser tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el valor de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA En atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRANSPARENCIA En cumplimiento con el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Así mismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la adscripción; y cúmplase.
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