Rosio Concepción Borja Lozano
Expediente 44/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosio Concepción Borja Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del expediente 876-3/2012, y dado que el mismo resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 44/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Rosio Concepción Borja Lozano, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Secretario de Seguridad Pública Municipal. Ambas con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "Reclamo de la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora la ilegal e improcedente ORDEN DE PRESENTACIÓN POR MEDIO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, ordenada por el JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, del cual tuve conocimiento con fecha 14 de enero del 2017, cual buscaban mi domicilio elementos de la policía de seguridad pública. De la autoridad señalada como responsable ejecutora reclamo: LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO QUE PRETENDAN DARLE A LA ILEGAL ORDEN DE PRESENTACIÓN POR MEDIO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA ordenada en mi contra." SEGUNDO. Por proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo la cual quedo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 44/2017; solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente; ordenó notificar a los terceros interesados Edgar Ernesto Torres Mejía y Manuela Etelvina Jiménez Trespalacios; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto emitido dentro de juicio que afecta a una persona extraña, mismo que se sigue ante una autoridad jurisdiccional que tiene su residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama por esta instancia, la orden de presentación por medio de la fuerza pública, emitida en su contra en diligencia de veintiséis de septiembre del año pasado, dentro del incidente de modificación de convenio (alimentos) tramitado en vía incidental en el expediente 876/2012, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Manuela Etelvina Jiménez Trespalacios en contra de Edgar Ernesto Torres Mejía; así como su ejecución. TERCERO. ES CIERTO el acto reclamado a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir informe con justificación; manifestación que basta para tener a dicha conducta por plenamente evidenciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 876/2012 (tomo I de prueba) que remitió, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la invocada legislación adjetiva civil. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, residente en esta ciudad, al rendir informe con justificación negó el acto que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter de ejecutora con el que fue señalado en el presente juicio, e independientemente de que conozca o no la orden de presentación por medio de la fuerza pública cuya certeza se verificó en el párrafo que antecede, es evidente que se encuentra en posibilidad de ejecutarla. CUARTO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo" En efecto, la causal de improcedencia en estudio se actualiza, dado que la conducta reclamada al Juez responsable se hizo consistir en la orden de presentación de la aquí quejosa por medio de la fuerza pública, en audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del incidente de modificación de convenio (alimentos) tramitado en vía incidental en el expediente 876/2012, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Manuela Etelvina Jiménez Trespalacios en contra de Edgar Ernesto Torres Mejía, para efectos de desahogar la prueba de declaración de parte ofrecida a su cargo que tendría lugar el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete; sin embargo, de las constancias remitidas como apoyo a su informe justificado valoradas en el considerando que antecede (tomo uno de pruebas), se advierte que en la citada fecha (veinticuatro de enero de dos mil diecisiete) la aquí quejosa compareció voluntariamente al desahogo de la citada diligencia, la cual se difirió para el once de abril siguiente, con motivo de la inasistencia de la diversa testigo Ernestina Sofía Miro Rivera, de lo cual quedó notificada la aquí quejosa. De ese modo, si se parte del hecho de que el auto reclamado tenía como finalidad lograr la presentación por medio de la fuerza pública de la aquí quejosa al desahogo de la prueba de declaración de parte ofrecida a su cargo que tendría verificativo el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, y esta compareció voluntariamente en la citada fecha; de ello se sigue que la orden de presentación por medio de la fuerza pública reclamada quedó sin materia precisamente porque la aquí quejosa se presentó voluntariamente a la referida audiencia de pruebas. Es decir, aun subsistiendo la orden que en esta vía constitucional se reclama, la misma dejó de surtir sus efectos legales y materiales, debido a que su materia -la presentación por medio de la fuerza pública- dejó de existir con motivo de la comparecencia voluntaria de la aquí quejosa en la data señalada; en tanto que los efectos de la orden de presentación por medio de la fuerza pública reclamada no se concretarán, por la modificación del entorno en el cual se suscitó éste. Apoya lo anterior la jurisprudencia 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede, con fundamente en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: UNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 44/2017, promovido por Rosio Concepción Borja Lozano, contra los actos, autoridades responsables y por los motivos reseñados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tienen por rendidos los informes justificados de la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares y del Secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Guerrero, residentes en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por la primera autoridad citada anteriormente, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copia certificada del expediente 876-3/2012, del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo I, de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 44/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La quejosa Rosio Concepción Borja Lozano, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva de los actos y autoridades, que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1.- Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORA: 2.- Secretario de Seguridad Pública. Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: La orden de presentación por medio de la fuerza pública, la cual refiere fue emitida por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, mediante auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro de las actuaciones que integran el expediente 876/2012-III, del índice de dicho órgano jurisdiccional, lo anterior con motivo de su inasistencia a la audiencia de pruebas de veintiséis de septiembre del año pasado, del citado juicio, en el que tiene el carácter de testigo. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión; se proveyó lo procedente respecto de la suspensión provisional; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. El Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó el acto que se le reclama, el cual quedo precisado en el primer resultando de esta interlocutoria. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, residente en esta ciudad al rendir su informe previo negó la conducta que se le atribuye, sin embargo, se tiene por cierta la ejecución de los mismos, dada la certeza respecto del Juez citado anteriormente, pues dada la calidad de ejecutora con la que fue designado, en cualquier momento pueden recibir órdenes para cumplimentar la orden de presentación. Ahora, ante la certeza de los actos reclamados y al cumplirse los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, puesto que la medida cautelar fue solicitada y no se sigue el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no sea detenida con motivo de la orden de presentación dictada en su contra; hasta en tanto reciban notificación sobre el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el fondo del amparo. Esta medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe ante este juzgado federal dentro del término de cinco días garantía en billete de depósito de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pero de elegir que aquélla la constituirá en billete de depósito, en éste se debe indicar que será para que surta sus efectos la suspensión provisional y en su momento la definitiva, en caso de concedérsele; a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar a la parte tercero interesada con la concesión de esta medida suspensiva, en caso de que la resolución del juicio de amparo del que deriva este asunto sea adversa a sus intereses, suma que además, se fija en uso de la facultad discrecional que a este Órgano de Control Constitucional confiere el numeral 135 de la Ley de Amparo, por no contar con datos precisos de los que pudiera desprenderse la cuantificación de los daños o perjuicios que pudieran generarse. Sin que lo anterior, releve a la parte quejosa de la obligación impuesta por el juez responsable de presentarse al desahogo de la prueba a su cargo, pues conforme con el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, está obligada en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad; por lo que, con apoyo en el artículo 138 de la ley de la materia, queda obligada la incidentista a acudir ante el juez responsable al desahogo de la prueba ofertada a su cargo, tantas veces sea citado; en el entendido que de no hacerlo así, una vez que este órgano jurisdiccional fuere informado de su omisión se revocará la suspensión concedida. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 128, 138, 140 y 144, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se concede a Rosio Concepción Borja Lozano, la suspensión definitiva que solicitó en términos de lo expuesto en el único considerando de esta resolución. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.
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