Rosi Liliana Sánchez Sánchez
Expediente 219/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gobernador Constitucional del Estado Libre Y Soberano de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
- Rosi Liliana Sánchez Sánchez
- Secretario General de Gobierno del Estado Libre Y Soberano de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión.
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 219/2018; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, ROSI LILIANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso. Gobernador Constitucional. Secretario General de Gobierno. Secretario de Finanzas y Administración. Todos del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con sede en la Ciudad de Chilpancingo. Ayuntamiento Constitucional. Presidente Municipal. Tesorero Municipal. Del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Superintendente Zona Zihuatanejo de la Comisión Federal de Electricidad, adscrito a la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur. Residentes en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "1.- Del H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, se reclama la expedición y aprobación de la "Ley número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017", específicamente su artículo 104, que establece el Derecho por la instalación, mantenimiento y conservación del Alumbrado Público, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y que entró en vigor el día 1 de enero de 2017. 2. Del C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, se reclama la promulgación y orden de publicación de la "Ley número 106 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta. Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017", específicamente su artículo 104, que establece el Derecho por la instalación, mantenimiento y conservación del Alumbrado Público, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y que entró en vigor el día 1de enero de 2017. 3.-Del C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, se reclama el refrendo y publicación de la "Ley número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017", específicamente su artículo 104, que establece el Derecho por la instalación, mantenimiento y conservación del Alumbrado Público, publicada él el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y que entró en vigor 1 día 1 de enero de 2017. 4.- Del C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DIE GUERRERO, se reclama el refrendo de la "Ley número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017 específicamente su artículo 104, que establece el Derecho por la instalación, mantenimiento y conservación del Alumbrado Público, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y que entró en vigor el día 1 de enero de 2017. 5. Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO., Del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., Y DEL C. TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO., se reclaman la aplicación de las disposiciones reclamadas, así como la emisión de liquidaciones a cargo de la quejosa que pretendan hacer efectivos los derechos establecidos en los preceptos reclamados, ya señalados en el capítulo "IV.- ACTOS RECLAMADOS." 6. Del C. SUPERINTENDENTE ZONA ZIHUATANEJO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ADSCRITO A LA GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR, se reclaman los siguientes actos: 6.1) La emisión del-aviso-recibo; con número de servicio (RMU) 40895 I 6211-06-XMOC-010101 002 CFE, correspondiente a la Cuenta 14DG91A1 A1415811. (medidor número 222WXN) que corresponde al periodo facturado del 07 de diciembre de 2017 al 07 de febrero del 2018, en el cual se carga a la quejosa la suma de $706.70 (SETECIENTOS SEIS PESOS 70/00 M.N.) por concepto de derecho de alumbrado público. (..)" SEGUNDO.- Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 219/2018; se desechó respecto de los actos reclamados a los Secretarios General de Gobierno y de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Guerrero, admitiéndose por los reclamados a las restantes autoridades, de quienes se solicitó su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley local cuya aplicación se materializa dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se precisa que la parte quejosa reclama la expedición, aprobación, promulgación y orden de publicación de la Ley número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en específico su artículo 104, que contiene el derecho de alumbrado público, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el aviso recibo de consumo de energía eléctrica exhibido con número de servicio 40895 16-11-06 XAXX-010101 002 CFE, que corresponde al periodo del siete de diciembre de dos mil diecisiete al siete de febrero de dos mil dieciocho, en el que se le cobró por tal derecho la cantidad de $706.70 (setecientos seis pesos 70/100 moneda nacional) TERCERO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veinte de febrero al doce de marzo del año en curso, descontándose los días veinticuatro y veinticinco de febrero, tres, cuatro, diez y once de marzo del año en curso, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; de ahí que, si la demanda fue presentada el uno de marzo de esta anualidad, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación y orden de publicación de la Ley número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en específico su artículo 104, pues así lo reconocieron al rendir sus informes justificados por conducto de los funcionarios públicos que los representan. Tal convicción de certeza obedece además a que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que el quejoso atribuye a las mencionadas autoridades, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, por ser un hecho notorio que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, éstas participaron en el proceso legislativo de donde emanan el precepto reclamado. Por otro lado, el Presidente Municipal, la Primer Síndica en representación del Ayuntamiento y el Tesorero del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, así como el Responsable de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente la existencia del acto atribuido por la parte quejosa, consistente en la aplicación de los preceptos tildados inconstitucionales, materializado en el aviso recibo 40895 16-11-06 XAXX-010101 002 CFE , exhibido en su escrito de demanda; sin embargo, lo procedente es tener por cierta la conducta reprochada, en virtud de que de acuerdo al texto legal reclamado, las autoridades municipales se encuentran indirectamente vinculadas con el acto concreto de aplicación combatido, porque éstas son las encargadas de vigilar que se cumpla la norma relativa, así como de recibir la contribución, y en su caso, devolverlo a los gobernados en cumplimiento de las ejecutorias de amparo, mientras que la empresa suministradora únicamente actúa como un tercero retenedor del tributo aludido en auxilio de la administración pública municipal como se aprecia además del aviso recibo exhibido, en el cual aparece el cobro por tal concepto; de ahí que se desestime la causal de sobreseimiento invocada por las autoridades municipales. Esta apreciación encuentra apoyo en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 353 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, cuyo rubro es: "ALUMBRADO PUBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991)". QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Causales de improcedencia fundadas. I. En ese sentido, por lo que hace a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, este juzgado de Distrito estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, por no constituir los actos que realiza dicho suministrador en auxilio de la autoridad municipal en su calidad de retenedor del pago de derecho de alumbrado público, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como se expone a continuación. En primer lugar debe señalarse que en diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el invocado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. Luego, de lo dispuesto por el artículo reclamado puede obtenerse que el sujeto pasivo de la obligación tributaria es quien recibe el beneficio directo o indirecto de tal servicio, por el cual debe contribuir con el porcentaje que le corresponda sobre el consumo de energía eléctrica, a través del cobro materializado por la empresa suministradora en las facturaciones que emita a los usuarios del servicio. Ahora bien, de la lectura del citado numeral y de aquellas atinentes al desarrollo del objeto de la empresa productiva del Estado de mérito, no puede avizorarse alguna que permita establecer la función que desarrollaba la Comisión Federal de Electricidad en la mecánica del entero del derecho de alumbrado público; esto, es, no se advierte precepto legal alguno en el que la aludida responsable apoye la función que desarrolla para incluir en las liquidaciones que emita el concepto de alumbrado público. De lo anterior, se revela que la retención de la cantidad estipulada por concepto de derecho de alumbrado público no representa una obligación legal para el mencionado suministrador, a partir de lo cual pueda unilateralmente modificar la situación jurídica del gobernado por cuya virtud transgreda derechos fundamentales constitucionalmente protegidos; sino en todo caso, deriva de una relación de coordinación con la autoridad municipal, cuyo origen es distinto al cumplimiento de una norma general como las mencionadas, pues es inconcuso que basta la instrucción de esta última en su calidad de sujeto activo de la contribución sobre el particular, para que la Comisión Federal de Electricidad válidamente deje de incluir en sus facturaciones el concepto de derecho de alumbrado público respecto de los usuarios que le indiquen. En esa circunstancia, por lo que respecta al acto atribuido a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente aplicando los artículos 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. II. Por otro lado, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del artículo 104 de la Ley de Ingresos número 406 del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, tildado de inconstitucional. Para arribar a tal conclusión, es necesario tener presente que indicado numeral 61, fracción XII, segunda parte, de la ley de la materia señala lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Conforme a la segunda parte de la disposición legal transcrita, la reclamación de una ley, tratado, o reglamento, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que causa ésta al amparista; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de amparo enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal reclamada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, del tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". En el caso, es preciso señalar que la parte quejosa tilda de inconstitucional el artículo 104 de la Ley de Ingresos número 406 para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, con motivo de su primer acto de aplicación que refiere se materializó en el aviso recibo por consumo de energía eléctrica que exhibió, relativo al periodo de consumo del siete de diciembre de dos mil diecisiete al siete de febrero de dos mil dieciocho, el cual contiene un cobro por concepto de derecho de alumbrado público por la cantidad de $706.70 (setecientos seis pesos 70/100 moneda nacional). Luego, el texto del referido precepto legal establece: "ARTÍCULO 104.- El ayuntamiento percibirá ingresos por concepto de la instalación, mantenimiento y conservación del alumbrado público, de acuerdo a la siguiente clasificación y tarifa por metro lineal o fracción de frente de calle. I. Tratándose de predios destinados a casa habitación o baldíos 1.- Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $11.00 2.- En zonas residenciales o turísticas $21.00 3.- en colonias o barrios populares $5.00 II. Tratándose de locales comerciales o de prestación de servicios, en general 1.- Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $16.00 2.- En zonas residenciales o turísticas $32.00 3.- En colonias o barrios populares $11.00 III. Tratándose de locales comerciales o de prestación de servicios, relacionados con el turismo 1.- Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $16.00 2.- En zonas residenciales o turísticas $32.00 3.- En colonias o barrios populares $11.00 IV. Tratándose de locales Industriales 1.- Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $48.00 2.- En las demás comunidades $22.00 El pago cubre la anualidad del servicio". Sin embargo, tomando en consideración la fecha en la que se realizó el pago del derecho de alumbrado público materializado en el aviso recibo exhibido por la quejosa (diecinueve de febrero de dos mil dieciocho) se estima que constituye el primer acto de aplicación de la Ley número 601 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de enero del año en curso, y no de la que aquí se reclama, porque aun cuando el periodo facturado comprenda del siete de diciembre de dos mil diecisiete al siete de enero de dos mil dieciocho, esto es, abarque días relativos al ejercicio fiscal anterior, y otros del actual, pero con fecha límite de pago veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, la ley de ingresos aplicada es la del ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por ser esa la correspondiente a la época de pago; ello, tiene justificación conforme con lo sostenido por el Pleno de este Circuito en la jurisprudencia PC.XXI. J/4 A (10a.) y que resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, visible en la página 1843, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. DEFINICIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NÚMERO 132 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2013. Para determinar cuál es el primer acto de aplicación de la ley indicada, tratándose del derecho de alumbrado público, debe analizarse el documento que contenga el cobro o pago que incluya ese derecho, aunque sea por algún periodo menor a un mes, como sucede cuando se incluyen sólo unos días de enero de 2013 y no el mes completo, supuesto en el que es evidente que el primer acto de aplicación de la referida ley lo constituye el momento en que nace la obligación tributaria, que es precisamente cuando se realiza el pago de esa obligación, pues primero surgen los actos de causación del derecho y después se paga. Además, al margen de la actualización de ese supuesto, deberá precisarse que éste se surte cuando se citen expresamente los artículos 86 y relativos relacionados con dicho cobro de la ley referida. Ello, porque es de singular importancia para el interés de los quejosos, la fijación correcta del momento procesal en que pueden impugnar la ley que estiman es inconstitucional; momento que debe coincidir con su conocimiento pleno o cabal, que debe estar plasmado expresamente en el acto autoritario de molestia, sobre qué artículos de la propia ley se les aplican" Por las consideraciones expuestas, se concluye que la parte quejosa no tiene interés jurídico para reclamar la Ley número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en específico su artículo 104, que regula el cobro del derecho de alumbrado público, porque no acredita el acto de aplicación de la misma conforme con el criterio citado, el aviso recibo constituye el primer acto de aplicación de la Ley número 601 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, que no controvirtió. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 219/2018, promovido por Rosi Liliana Sánchez Sánchez, contra el artículo 104 de la Ley número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Ténganse por recibido el escrito de cuenta signado por Jorge Luis Valente Pérez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en atención la vista otorgada en auto de once de abril anterior, manifiesta que la denominación correcta de la autoridad responsable es Superintendente Zona Zihuatanejo, de la Comisión Federal de Electricidad, adscrito a la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur. Por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de dicha autoridad mediante oficio registrado con el folio 5280, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Administradora de Correos de México de esta ciudad; mediante el cual remite copia simple de los acuses de recibo de los oficios 3903/2018, 3904/2018, 3905/2018 y 3906/2018, dirigidos al Ayuntamiento, Presidente y Tesorero, todos del Ayuntamiento Municipal de José Azueta, residentes en Zihuatanejo, Guerrero, así como del Superintendente Zona Zihuantanejo de la Comisión Federal de Electricidad adscrito a la Gerencia Divisional Centro Sur. Notifíquese.
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