Rosio Alcántara Martínez

Expediente 1331/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1331/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Rosio Alcántara Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las diez horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1331/2023-IV, promovido por ********************, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente; asimismo, se da cuenta con dos oficios con registros 15678 y 15681. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Téngase al Jefe de Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios en representación de las siguientes autoridades, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos y rindiendo su informe justificado. Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad social del Estado de México y Municipios; Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y, Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Tómense en consideración en el momento procesal oportuno. Con fundamento en los ordinales 9o. y 28 de la legislación en cita, se tienen como delegadas y domicilio los que designa. Se autoriza únicamente la consulta del expediente electrónico al usuario señalado en virtud de que cuenta con el registro respectivo. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1331/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades. II. En proveído del dieciséis de octubre pasado, este juzgado federal admitió a trámite la demanda, la registró con el número 1331/2023-IV, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de abstención de autoridad administrativa, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La omisión de emitir el dictamen de pensión por jubilación presentado ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Atlacumulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios el veinte de julio de dos mil veintitrés. Tercero. En principio, es menester destacar que los actos omisivos, en atención a su naturaleza jurídica, implican una abstención o no hacer de la autoridad responsable. Por ello, para estar en aptitud de determinar su certeza o inexistencia, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad a fin de establecer si existe o no la obligación de actuar en la forma que indica la peticionaria del amparo; pues de lo contrario, se llegaría a la conclusión errónea que cualquier omisión reclamada fuera cierta, sin que se considere la exigencia objetiva de que debe obrar en un sentido específico. En efecto, omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa Así las autoridades responsables Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y, Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de su representante legal, al rendir su informe de ley, negaron la existencia del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto por lo que respecta al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y, Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dado que no es jurídicamente posible atribuir a dichas autoridades la omisión reclamada por el quejoso, pues no está dentro de sus facultades emitir el dictamen correspondiente. Cuarto. El Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad social del Estado de México y Municipios, por conducto de su representante legal, al rendir su informe aceptó tácitamente la existencia del acto reclamado, por tanto, se tiene por cierto. Quinto. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia o sobreseimiento que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable invocó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues adujo que el quejoso estaba obligado a agotar el principio de definitividad. En esa tesitura, la causal de referencia también resulta infundada, lo anterior en razón de que al reclamarse una violación directa al derecho humano de petición, consagrado en el artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, es procedente el amparo indirecto. Sustenta lo anterior la tesis XXX.1o.3 K (10a.), con registro digital: 2003011, publicada en marzo de dos mil trece en el Libro XVIII, Tomo 3, página 1984, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. Conforme al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y a la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", se advierte que no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de garantías, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En ese sentido, y toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al segundo párrafo del artículo 1o., y del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, se ha conformado un nuevo control de constitucionalidad y convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, en el que se reconoce y se obliga a respetar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, es válido admitir, como excepción al principio de definitividad, los casos en los que se plantee una violación directa a un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, dado que en el sistema jurídico actual no existe una jerarquización en materia de derechos humanos, sino su integración y reconocimiento, independientemente de la fuente que los contenga." Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 237480, publicada en el volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." De ahí que si en el juicio de amparo se reclama una violación directa a un derecho humano reconocido en la Carta Magna (como en el caso, el derecho de petición), es inconcuso que al estar su garantía a cargo del Estado, que es a quien se debe exigir su cumplimiento, los órgano jurisdiccionales se encuentran constreñidos a analizar las violaciones a tales preceptos que se hagan valer en esta instancia constitucional. Por tanto, se tiene por infundada la causal de improcedencia hecha valer por la responsable. Al no haber diversa causal hecha valer por las partes ni este juzgado advertir la existencia de alguna que deba analizarse de oficio, se procede al estudio de la cuestión de fondo, sin que sea necesario que conste expresamente el análisis de cada una de las hipótesis que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe precepto en dicha legislación que obligue a realizarlo. Sexto. Se procede el estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos, en obvio de innecesarias repeticiones, porque en la Ley de Amparo no existe artículo que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. En lo conceptos de violación del quejoso sostiene sustancialmente: Que la responsable transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8o. Constitucional, en relación con el 73 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al omitir dar respuesta a su solicitud de pensión, no obstante que el segundo precepto en comento le otorga a la autoridad un plazo de treinta días para que resuelva sobre la procedencia de una pensión, sin que así lo haya hecho. Destaca, que su solicitud fue presentada el veinte de julio de dos mil veintitrés, sin que se hubiera dado respuesta a su petición, por lo que resulta evidente que han transcurrido en exceso más de treinta días para que la autoridad se pronunciara al respecto. Previamente, al estudio correspondiente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como los numerales 68 y 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente (.)" "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales: I. Solicitud de pensión debidamente requisitada; II. Copia certificada del acta de nacimiento del servidor público. III. Comprobantes de sueldo de los últimos ocho meses laborados, en el caso de que el servidor público haya mantenido durante sus últimos tres años el mismo nivel y rango; o los comprobantes del sueldo de los últimos tres años, cuando durante dicho plazo haya cambiado su nivel y rango o cuando sus percepciones correspondan a horas clase. En caso de no contar con los comprobantes de sueldo a que hace referencia el párrafo anterior, la Institución Pública podrá emitir una certificación con la información que tenga registrada en sus archivos, la cual deberá contener el sueldo sujeto a cotización desglosado tanto de percepciones y deducciones percibido durante el periodo en que se ubique el servidor público. Se considerará como último sueldo cotizado aquél que se encuentre en los registros presentados ante el Instituto. Sólo en caso de no haber sido enterados dichos registros, se considerarán los comprobantes de pago expedidos por la Institución Pública; y IV. Certificación expedida por la Institución Pública en la que se establezca el tiempo de servicio aportado con base al sueldo sujeto a cotización, el desglose del nivel y rango de los últimos tres años y los permisos sin goce de sueldo otorgados; con excepción de aquellas Instituciones Públicas que en las nóminas que presentan ante el Instituto contemplen estos registros." "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." Los anteriores preceptos regulan el procedimiento que se debe seguir para acceder a una pensión por parte del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el cual inicia con la presentación de una solicitud, mediante los formatos establecidos por el Instituto, adjuntando los diversos requisitos documentales enlistados. Asimismo, se advierte que cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente, a fin de que dentro del plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, en el entendido de que en caso de omisión se tendrá por no presentada la solicitud. De igual forma, los anteriores preceptos prevén un plazo máximo de treinta días para que el gobernado obtenga una respuesta a su solicitud de otorgamiento de pensión, la cual estará disponible en la unidad administrativa donde se inició el trámite. Destacado lo anterior, se estima esencialmente fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, pues la omisión en que ha incurrido la autoridad al no dar respuesta a la solicitud de pensión dentro del plazo que la legislación aplicable prevé para tal efecto, transgrede en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional. Pues la violación que acusa el quejoso se vincula con los actos del procedimiento regulado al tenor de los numerales previamente transcritos, en los cuales se establece un parámetro temporal para el ejercicio de las facultades de la autoridad. Al respecto, importa resaltar que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho a la justicia pronta consagrado en el artículo 17 Constitucional, implica que, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, como en el caso acontece, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra manera no se entendería el porqué de su establecimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 772. Registro: 2015154, de rubro: "DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. " Por lo anterior, si el ordenamiento que rige el otorgamiento de pensiones por parte del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece una serie de pasos y requisitos a seguir, sujetando la actuación de la autoridad a un límite temporal, es inconcuso que ésta se encuentra obligada a actuar dentro del plazo establecido, por lo que al no hacerlo, se vulnera en perjuicio de la impetrante el derecho a la justicia pronta previsto en el artículo 17 Constitucional en su vertiente al respeto de los plazos establecidos por el legislador para la actuación de las autoridades administrativas. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en términos del artículo 75, párrafo segundo del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, la responsable asegura que existe una excepción al plazo de treinta días para dar respuesta a la solicitud de pensión, cuando se trate de aquellas que, por su Naturaleza, requieran de mayor tiempo para su resolución. Lo anterior, pues la autoridad no esboza razón o motivo alguno inherente a la naturaleza intrínseca del escrito en cuestión, que le haya impedido pronunciarse dentro del plazo de treinta días establecido en la legislación aplicable, aunado a que tampoco acredita que se hubiere prevenido al quejoso en términos de la citada porción normativa; sino que argumenta que su actuar se debe a la sobre carga de trabajo, lo que en modo alguno puede justificar la violación de derechos advertida. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de actualización de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, (por conducto del servidor público competente), dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emita de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de pensión del quejoso ********************, presentada el veinte de julio de dos mil veintitrés. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacumulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que la autoridad responsable emita la resolución que conforme a derecho corresponda y la hagan del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad, por los motivos expuestos en tercer considerando de esta resolución. Segundo. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dando cumplimiento a los requerimientos efectuados en autos del ocho y veintidós de noviembre pasado; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento con que se le previno, en caso de incumplimiento. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ha sido omisa en atender los requerimientos formulados en autos de dieciséis de octubre y ocho de noviembre del año en curso, en el sentido de informar si ya dio contestación a la solicitud de pensión con folio 10,798-43101 a nombre de la quejosa ************, y en caso afirmativo deberá remitir las constancias con las que acredite su dicho; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto admisorio. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se desprende que a la fecha aún no transcurren los quince días con los que cuentan las autoridades responsables, a efecto de rendir sus informes justificados, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del veintinueve e de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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