Rosendo Rincón Rodríguez

Expediente 1271/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1271/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Rosendo Rincón Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    VII. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 1271/2023-VII, promovido por *****, por derecho propio, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y otra autoridad ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por las responsables al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1271/2023-VII; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el dos de octubre siguiente,************, por derecho propio, demandó el amparo y protección contra el acto del Presidente del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y otra autoridad. II. Por auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 1271/2023-VII, se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es de carácter omisivo, aunado a que se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que atento al estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso reclama: La omisión de emitir el dictamen respectivo derivado de la solicitud de pensión presentada por el quejoso el catorce de noviembre del dos mil veintidós. TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, toda vez que así lo manifestó su representante legal al rendir su informe justificado, ya que refirió que carece de facultades y atribuciones para emitir una respuesta de acuerdo a la solicitud de pensión de la ahora quejosa, ello de acuerdo al Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Circunstancia que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de dicha autoridad, por la inexistencia del acto reclamado; ello con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 209, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. El representante del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Instituto, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Previo el estudio de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. En el particular, el representante del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Instituto al rendir su informe justificado hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XX así como el numeral 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la parte quejosa estaba en aptitud de promover juicio contencioso administrativo, previó a acudir al juicio de amparo; lo cual se estima infundado. En primer término, debe señalarse que la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevén que el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole a dicho juicio el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Por tanto, el precepto mencionado prevé la improcedencia del juicio de amparo como una variante del principio de definitividad, en el supuesto de que contra el acto reclamado de tipo administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En ese contexto, conviene indicar que el principio de definitividad que rige al juicio constitucional encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa significa que el quejoso previo a su promoción deben acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia, modificación, revocación del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador; por consiguiente, se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el gobernado no está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios cuando se impugnen omisiones por parte de las responsables. La razón de esta excepción se establece en función de que, en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto resulta procedente contra una norma que, por su sola entrada en vigor o, con motivo de su primer acto de aplicación, causen perjuicio a la parte quejosa. Empero, dada la norma combatida por la parte quejosa, ello hace evidente la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar medio de defensa alguno, toda vez que en la especie se plantea violaciones directas al artículo 17 Constitucionalidad, por lo que resulta infundada la causa de improcedencia alegada. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualiza otra causa de improcedencia en el asunto de mérito, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. En ese orden este órgano jurisdiccional no advierte diversa causa de improcedencia que hayan hecho valer y tampoco se considera que se actualice alguna; por lo que no es necesario analizar cada una de las hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe precepto que obligue a hacerlo. Sustenta lo anterior la tesis II.2oP.A.20K, publicada en la página 297, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero de 196, número de registro 203408, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. NO EXISTE OBLIGACION DE ANALIZAR TODAS LAS QUE HIPOTETICAMENTE PREVE EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EXPLICAR EN TODA SENTENCIA LA RAZON POR LA CUAL NO SE ACTUALIZAN." Al no existir más causas de improcedencia invocadas por las partes o que se advierta la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso expone que se violó en su perjuicio los artículos 1°, 8° 17 constitucionales. Además, del estudio integral de la demanda, se advierte en lo medular que el quejoso aduce que se transgrede en su perjuicio lo establecido en los preceptos constitucionales precisados en el párrafo que antecede, toda vez que las autoridades responsables han omitido dar respuesta a su solicitud de pensión presentada el catorce de noviembre del dos mil veintidós, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, incumpliendo el plazo previsto en el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Como se observa, del argumento que antecede lo que en realidad se está impugnando es violación al artículo 17 Constitucional. La corrección en la cita del precepto constitucional mencionado la realiza este juzgador con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo que autoriza a corregir la cita de los preceptos constitucionales o legales que exprese cualquiera de las partes. Robustece lo anterior la tesis 423, Novena Época, Pleno, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página: 362, del rubro y tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." Asimismo, sirve de apoyo la tesis: P. XLVIII/98, Novena Epoca, Instancia: Pleno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, visible en la página 69, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto." El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, así como, ilustra en lo conducente a lo anterior, lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación en la tesis 2ª. XCV/2014 (10a), de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS"; en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expedites debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Ahora bien, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, las autoridades responsables han omitido dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el catorce de noviembre del dos mil veintidós, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no obstante que, conforme al procedimiento previsto en la legislación aplicable al caso, debe resolverse respecto del otorgamiento de una pensión en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud correspondiente, tal como lo se establece en el numeral 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en relación con los diversos 1°, 68 y 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que prevén lo siguiente: Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. "Artículo 1. El presente ordenamiento legal tiene por objeto regular las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de las prestaciones señaladas en el Título Tercero, Capítulos II, III, IV, y V de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, relativas a riesgos de trabajo; sistema mixto de pensiones; seguro por fallecimiento; créditos a corto, mediano y largo plazo, y su recuperación." "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales (.)" "Artículo 75. (.) El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que esa normatividad tiene como propósito regular las disposiciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de diversas prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, entre las que destaca, la relativa al sistema de pensiones, esto es, lo referente al otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, la cual se iniciará por escrito a petición de parte mediante los formatos establecidos por el propio Instituto de Seguridad Social de mérito, quien señalará una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles, la que se pondrá a disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite. Tal ordenamiento es aplicable al caso, en virtud de que establece el plazo para resolver o dar contestación a la petición que formuló la parte quejosa el catorce de noviembre del dos mil veintidós, el cual es de treinta días posteriores a la presentación de tal solicitud y la obligación de poner a disposición del peticionario el sentido de ésta, en la unidad administrativa en la que inició el trámite (Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios); lo que en el caso, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional no ha acontecido, por lo que, resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia el aludido plazo ha transcurrido en exceso. En ese contexto, se está en presencia de una abstención total de parte de las autoridades responsables, pues como se advirtió, han omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Rosendo Rincón Rodríguez, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emitan de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de pensión presentada por Rosendo Rincón Rodríguez, el catorce de noviembre del dos mil veintidós. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que la autoridad responsable emita la resolución que conforme a derecho corresponda y se haga del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PERIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por *********, por propio derecho, con relación al acto atribuido al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en términos y por los motivos expuestos en el tercer considerando del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ************, por derecho propio, contra el acto reclamado al Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, téngasele rindiendo su informe justificado, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los numerales 9o. y 28 de la ley de la materia, se tienen como delegadas a las personas que señala y como domicilio el que indica. Asimismo, este Juzgado Federal toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que refiere la autoridad oficiante, sólo para el caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. Por otro lado, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, en virtud de que la autoridad oficiante proporcionó los datos de sus usuarios y cuentan con el registro correspondiente, por lo que realícense las notificaciones por esa vía. Se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional a fin de que lleve a cabo la autorización correspondiente. Notifíquese por lista electrónica al quejoso y vía electrónica a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que: Que de conformidad con la circular 28/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores signado por el Coordinador de Jueces de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, se declararon como inhábiles los días dieciséis al veintisiete de octubre de la presente anualidad, razón por la cual no transcurrieron los plazos y términos judiciales en esas fechas. Por tanto, visto el estado de autos, y toda vez que se encontraban señaladas las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, se difiere la misma y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del nueve* de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otra autoridad, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1271/2023-VII. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, en los términos y plazos previstos en el precepto 117 de la ley de la materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que las comunicaciones correspondientes pueden ser enviadas al correo institucional de este Juzgado, siendo el siguiente: 3jdo2cto@correo.cjf.gob.mx. Infórmeseles también que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la citada legislación, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista y los restantes por oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002576, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Se señalan las nueve horas con treinta y ocho minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Háganse las notificaciones por medio de lista electrónica que genera este Juzgado de Distrito; no obstante lo anterior, en virtud de que la parte promovente proporcionó los datos de su usuario y cuenta con el registro correspondiente, realícense las notificaciones que ameriten ser de carácter personal vía electrónica; asimismo, se autoriza el acceso al expediente electrónico, por lo que se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional a fin de que lleve a cabo las gestiones correspondientes. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se tiene como medio de comunicación del agraviado el correo electrónico que proporciona, para el caso de que este órgano jurisdiccional así lo estime conveniente. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda, las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humano y la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de ser relacionadas en el momento procesal oportuno. De conformidad en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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