Rosendo Muñoz Quintana

Expediente 697/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
697/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
16/11/2016

Partes del expediente

  • Rosendo Muñoz Quintana
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    MESA "5" Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Archivo Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior, toda vez que se concedió la medida suspensional solicitada. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "5" Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    mesa"5" Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos únicamente como constancia el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Segunda Investigadora en el Sistema Tradicional, en virtud de que el treinta de septiembre del año en curso se tuvo por recibido vía fax y en esa misma data se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa"5" Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio rendido vía fax por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Segunda Investigadora en el Sistema Tradicional de Pachuca de Soto Hidalgo, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado por este juzgado federal, en auto de doce de septiembre del año en curso. Del contenido del oficio de cuenta esta juzgadora advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En el artículo de referencia, se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el o los actos reclamados han quedado insubsistentes y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; o bien, cuando la responsable realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. La parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de localización y presentación contenida en el oficio 773/25016 de trece de julio de dos mil dieciséis. Al rendir su informe justificado la responsable aceptó el acto reclamado y envió las constancias que considero necesarias para justificar su proceder, las cuales obra agregadas a los autos del presente juicio de amparo a fojas (17 a 27), de las cuales se advierte lo siguiente: ? Por oficio 772/2016, la responsable giro citatorio a la parte quejosa, a efecto de comparecer ante dicha agencia del ministerio público en calidad de testigo (foja 18). ? A través del Oficio 773/2016, la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Segunda del Sistema Tradicional Adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo solicitó designar elementos suficientes a fin de presentar sin restricción de la libertad a Rosendo Muñoz Quintana, ante la mencionada representante social (foja 19). ? En contestación a dicha orden de servicio, el Coordinador de Operaciones de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal informó que no fue posible llevar a cabo para la presentación del impetrante de garantías, Rosendo Muñoz Quintana, por la razón de que ya no habitaba en ese domicilio y para tal efecto exhibió fotografías de la diligencia en comento (foja 20). A tales documentales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles . En atención a dichas documentales, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional requirió a la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Segunda del Sistema Tradicional Adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, en el sentido de que dicha representante social informara el estado que guarda la orden de localización y presentación en contra del aquí quejoso. A través del oficio de cuenta, la responsable comunicó que la orden de localización girada en contra de Rosendo Muñoz Quintana ya no está vigente. Lo expuesto permite concluir, que han cesado los efectos es decir, el acto reclamado emitido por la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2ª./J 59/99 de la Segunda Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que es del tenor literal siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por ello, se insiste que la protección que se concediera en vía de amparo, de analizarse este acto, carecería de efectos jurídicos. En razón de lo expuesto, y demostrada la causal de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del siete de octubre de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Y esto es así porque de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la causal invocada en líneas precedentes. Lo anterior, sin necesidad de dar vista a la parte quejosa, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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