Rosendo Hernández Alanis

Expediente 231/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
231/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Rosendo Hernández Alanis

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "1" Ciudad de México, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído de veinticinco de marzo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y toda vez que del estado procesal del presente juicio se evidencia que no existe más por cumplimentar, de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del numeral 21 del referido cuerpo normativo, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Se comunica al promovente que de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se procederá a la destrucción del mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso d), pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por el promovente, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 21 referido (de los mencionados en el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo de referencia). Por último, atendiendo al prudente arbitrio de la suscrita, se considera que este expediente no es de relevancia documental para ser resguardado, y no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "1" "...Bajo esa óptica, de conformidad con los artículos 113 y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha, la demanda de amparo promovida por Rosendo Hernández Alanis. Notifíquese por lista a la parte quejosa ..."

  3. Principal

    MESA "1" Ciudad de México; quince de marzo de dos mil veintidós. Acepta competencia Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite el juicio de amparo 464/2022; a través del cual, declina competencia por razón de materia para conocer del citado juicio de amparo. Atento a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente. Con fundamento en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 48 de la ley de Amparo, se acepta la competencia planteada. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso ----------------------------, por propio derecho, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2022-1 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Suspensión de plano No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales."En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. ................................................................. Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o bien, contemplados por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Consideración previa Como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. Así las cosas, de un análisis realizado a las manifestaciones plasmadas en el escrito que se atiende, se estima necesario que el promovente especifique cuáles son los actos que en concreto desea combatir en esta vía indirecta, así como las autoridades a las que se reclaman. Lo anterior, en virtud que no se vislumbra con exactitud, la conexión jurídica que vincule a las autoridades que señala como responsables, con los actos que les atribuye; puesto que no se refiere fecha o forma de la actuación en específico de la que se desprendan los actos reclamados. Prevención De las premisas anteriores -luego de examinar la demanda de amparo en su integridad-, con fundamento en lo que disponen los artículos 108 fracciones III, IV, V, y 114, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1) Precise el o los actos reclamados que pretende combatir en esta vía indirecta, así como a la autoridad que en concreto lo emitió. Dado que una vez examinado el contenido íntegro del ocurso inicial, no se advierte con claridad cuál es el acto que combate en esta vía indirecta, pues la manera en que fue redactada la demanda de amparo que nos ocupa, genera incertidumbre al momento de fijar la litis constitucional, por las razones que enseguida se exponen. En ese sentido, conviene destacar que de una lectura íntegra del escrito inicial de demanda, específicamente al apartado denominado actos reclamados, el promovente refiere los siguientes: 1. Se abstenga de todo acto el agente del Ministerio Público de la Federación, de continuar solicitando información restringida, confidencial y oficial del quejoso a toda institución pública dentro de la carpeta de investigación --------------------------------, la cual se encuentra activa en la célula de investigación A-II-5 en la Ciudad de México. 2. Violación por parte del Ministerio Público de la Federación al artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Integración de la Carpeta de Investigación -----------------/ 2021. 3. Violación por parte del Ministerio Público de la Federación, a los artículos 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la integración de la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/ 0000906/2021. Sin embargo, dichos señalamientos sólo constituyen manifestaciones atinentes a demostrar la trasgresión de diversos numerales por parte del representante social, al dictar diversos autos, empero no un determinado acto de autoridad, para vislumbrar lo dicho, conviene destacar que los calificativos que se adjuntan y los argumentos que se expresan para destacar sus aspectos circunstanciales no participan en la naturaleza propia del acto, sino que constituyen el examen de la conducta. En esa tesitura, esta juzgadora está impedida para determinar cuál será el acto reclamado, pues en la especie, la causa de pedir resulta confusa, pues si bien en los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, el quejoso alude a que el fiscal, como actos de investigación, solicitó a diversas dependencias información de él, como defensor y no como imputado; sin embargo, son datos genéricos que impiden extraer con claridad la causa de pedir, razón por la cual el agraviado tendrá que indicar de manera clara la resolución que combate. Siguiendo esa línea, no se vislumbra conexión jurídica que vincule a las diversas autoridades administrativas que señala, de ahí, que tiene que precisar de forma concisa la autoridad que emitió el acto reclamado; ello, si se toma en consideración, que en la demanda que se atiende, hace alusión a la agente del ministerio Público de la Federación integradora de la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0000906/ 2021. Para facilitar el desahogo de la presente prevención, resulta oportuno destacar al quejoso que, acorde a la naturaleza negativa u omisiva de los actos reclamados; por acto negativo debe entenderse aquél que tiene su origen en una solicitud del gobernado y que en virtud de ello, la autoridad no concede lo solicitado o rehúsa lo pedido; es decir, de su contenido material, se desprende el rechazo de las pretensiones del promovente o el rehúso para acceder a lo que se le pide. En ese orden de ideas, se hace del conocimiento del solicitante de amparo que por acto reclamado debe entenderse una disposición o hecho autoritario, concreto y particular, es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. En efecto, las anteriores precisiones resultan necesarias, dado que al promover en la vía indirecta esta juzgadora no tiene más datos que los proporcionados por el quejoso y, si bien tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el numeral 79, fracción III, de la Ley de Amparo, también lo es, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que considera transgredidos, más no a cambiar el acto reclamado ni las autoridades responsables señalados por la parte quejosa. Sobre el particular se aplica la tesis de jurisprudencia 711, visible en la página 593, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1971-2000, que a la letra dice: " 1. La fecha del acto que tilde de inconstitucional. 2. Contenido del mismo. 3. La fecha en que tuvo conocimiento de dicho acto1 4. Si hizo valer algún medio ordinario de defensa. Precisiones que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa, las cuales traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio cuenten con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal. Se reitera la circunstancia de que en el amparo indirecto no se tienen más datos que los formulados en la demanda, motivo por el que se requieren actos y autoridades precisas, para dar trámite al juicio de amparo y con ello propiciar una impartición de justicia pronta y expedita, evitando dilaciones innecesarias que afecten su tramitación. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento al justiciable que, para el caso del faltar a la verdad u omitir información que conozca en el desahogo de la prevención que nos ocupa, o en el escrito inicial de demanda, el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo contempla una pena privativa de libertad de dos a seis años, a quienes incurran en la referida conducta. Apercibimiento Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar cada uno de los puntos señalados en la prevención antes indicada, en los términos precisados para ello, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala; y, como medios alternativos de comunicación, el número telefónico y correo electrónico que proporciona. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -------------------------------------------------------------. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizados a -------------------------------------- únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes Para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico 4jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono (55) 5322 1700, extensión 4308. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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