Rosendo Delgado Gallegos

Expediente 597/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
597/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Rosendo Delgado Gallegos
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por propio derecho; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEIDO DE 25 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR SEÑALAR LOS ESTRADOS Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, mediante el cual remite el cuadernillo de amparo 08/2018, que formó con motivo de la demanda de amparo promovida por Rosendo Delgado Gallegos, misma que presentó ante el órgano jurisdiccional a su cargo el doce de los actuales, contra actos del Juez Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial Galeana y actuario judicial adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de juicios de amparo con el número 597/2018-VI*E y enviar el acuse de recibo correspondiente. De las constancias que integran el aludido cuadernillo de amparo se aprecia que en el acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, tuvo por recibida la demanda de amparo de mérito y se pronunció respecto de la suspensión de los actos reclamados, al parecer, por considerar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley de Amparo, se actualizaba alguno de los supuestos que le imponen la obligación de proceder en esos términos. Sin embargo, con independencia de lo que a continuación se expondrá, los actos que se reclaman en la demanda de antecedentes, contrario a lo que tácitamente consideró el auxiliar, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, como lo dispone el dispositivo en comento; por lo que, se estima dejar sin efectos la medida precautoria concedida por el juez auxiliar. En tal disposición se encuentra inmerso el principio de cosa juzgada, que impide que los actos reclamados en un juicio de amparo que culminó por sentencia ejecutoriada puedan ser materia de estudio en uno diverso; así, dicha firmeza se adquiere, en el juicio de garantías biinstancial, cuando contra la sentencia dictada por el juez de distrito no se interpone el recurso de revisión dentro del término legal concedido, pues en este supuesto, la resolución causará ejecutoria por ministerio de ley; por el contrario, cuando se interpone aquel medio de defensa legal, entonces la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Sala -según sea el caso- será ejecutoria para los efectos del juicio amparo indirecto, y de la disposición normativa de que se trata. La razón prevista en esta fracción es impedir que la cosa juzgada, que constituye la verdad legal frente a las partes y frente a la sociedad en general, pueda ser cuestionada a través de una resolución ulterior; ya que de lo contrario, se produciría una cadena interminable de juicios de amparo, lo que evidentemente quiso evitar el legislador, al prohibir que los actos reclamados en un juicio de amparo cuya resolución quedó firme, puedan impugnarse nuevamente. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo 808/2017-III, del índice de este juzgado, los cuales se ordena traer a la vista como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que lo promovieron Rosendo Delgado Gallegos y Yesenia Ponce Carbajal, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; Juez Menor Mixto y actuario judicial adscrito al Juzgado Menor Mixto, ambos del mismo Distrito Judicial Galeana, con sede en Buenaventura, Chihuahua, de quienes reclamaron la entrega y/o desalojo de un bien inmueble de su propiedad, derivado de una sentencia dictada en el expediente 214/2017, mediante la cual ordenó la entrega material del bien inmueble cuya posesión reclama. Asimismo, se observa que mediante resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó dicho juicio; sentencia que fue no recurrida por la parte quejosa, de ahí que causó ejecutoria el cinco de diciembre del año próximo pasado. Lo que permite establecer que ahora Rosendo Delgado Gallegos reclama de la misma autoridad responsable ordenadora, esto es, Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la afectación de la que dice fue objeto con motivo del acuerdo dictado en autos del expediente 214/2017, contra el que promovió un diverso juicio de amparo, el cual, como se indicó, culminó por sentencia ejecutoriada. En este orden de ideas, si el acto que motivó el presente juicio ya fue materia de un juicio de amparo diverso, con cuyo pronunciamiento no se inconformó, es indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI de la Ley de Amparo a que se ha hecho referencia. Esto es así, pues en atención a la firmeza que adquirió la resolución dictada en ese juicio de amparo, legalmente no puede desconocerse aquella decisión judicial, sin afectar la institución de la cosa juzgada.En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por Rosendo Delgado Gallegos, por propio derecho. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este juzgado, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Jesús Alberto Rascón Peña, cuya cédula profesional aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por otra parte, agréguense los oficios signados por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Galeana, con los que rinde informe previo y justificado; sin que resulte necesario dar vista a las partes con su contenido, en atención a lo resuelto en el presente proveído. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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