Rosendo Delgado Gallegos
Expediente 220/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rosendo Delgado Gallegos
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de abril de dos mil dieciocho. Del estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que el promovente *************, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda que promovió, la cual dio origen al expediente en que se actúa; en tales condiciones, se declara que dicho auto ha causado estado. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PRESENTE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA, POR ESTAR ORDENADA EN AUTOS. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, mediante el cual remite el cuadernillo de amparo 03/2018, que formó con motivo de la demanda de amparo promovida por ****************************, misma que presentó ante el órgano jurisdiccional a su cargo el dieciséis de los actuales, contra actos del Juez Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; Juez Menor Mixto y actuario judicial adscrito al Juzgado Menor Mixto, ambos del mismo Distrito Judicial Galeana, con sede en Buenaventura, Chihuahua. Se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de juicios de amparo con el número 220/2018-III y enviar el acuse de recibo correspondiente. De las constancias que integran el aludido cuadernillo de amparo se aprecia que en el acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, tuvo por recibida la demanda de amparo de mérito y se pronunció respecto de la suspensión de los actos reclamados, al parecer, por considerar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley de Amparo, se actualizaba alguno de los supuestos que le imponen la obligación de proceder en esos términos. Sin embargo, con independencia de lo que a continuación se expondrá, los actos que se reclaman en la demanda de antecedentes, contrario a lo que tácitamente consideró el auxiliar, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, como lo dispone el dispositivo en comento; por lo que, se estima dejar sin efectos la medida precautoria concedida por el juez auxiliar. Establecido lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. En el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículos 61, fracción XI, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;". En tal disposición se encuentra inmerso el principio de cosa juzgada, que impide que los actos reclamados en un juicio de amparo que culminó por sentencia ejecutoriada puedan ser materia de estudio en uno diverso; así, dicha firmeza se adquiere, en el juicio de garantías biinstancial, cuando contra la sentencia dictada por el juez de distrito no se interpone el recurso de revisión dentro del término legal concedido, pues en este supuesto, la resolución causará ejecutoria por ministerio de ley; por el contrario, cuando se interpone aquel medio de defensa legal, entonces la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Sala -según sea el caso- será ejecutoria para los efectos del juicio amparo indirecto, y de la disposición normativa de que se trata. La razón prevista en esta fracción es impedir que la cosa juzgada, que constituye la verdad legal frente a las partes y frente a la sociedad en general, pueda ser cuestionada a través de una resolución ulterior; ya que de lo contrario, se produciría una cadena interminable de juicios de amparo, lo que evidentemente quiso evitar el legislador, al prohibir que los actos reclamados en un juicio de amparo cuya resolución quedó firme, puedan impugnarse nuevamente. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo 808/2017-III, del índice de este juzgado, los cuales se ordena traer a la vista como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que lo promovieron Rosendo Delgado Gallegos y Yesenia Ponce Carbajal, por propio derecho, contra actos del contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; Juez Menor Mixto y actuario judicial adscrito al Juzgado Menor Mixto, ambos del mismo Distrito Judicial Galeana, con sede en Buenaventura, Chihuahua, de quienes reclamaron la entrega y/o desalojo de un bien inmueble de su propiedad, derivado de una sentencia dictada en el expediente 214/2017, mediante la cual ordenó la entrega material del bien inmueble cuya posesión reclama. Asimismo, se observa que mediante resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó dicho juicio; sentencia que fue no recurrida por la parte quejosa, de ahí que causó ejecutoria el cinco de diciembre del año próximo pasado. Lo que permite establecer que ahora Rosendo Delgado Gallegos reclama de la misma autoridad responsable ordenadora, esto es, Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la afectación de la que dice fue objeto con motivo del acuerdo dictado en autos del expediente 214/2017, contra el que promovió un diverso juicio de amparo, el cual, como se indicó, culminó por sentencia ejecutoriada. En este orden de ideas, si el acto que motivó el presente juicio ya fue materia de un juicio de amparo diverso, con cuyo pronunciamiento no se inconformó, es indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI de la Ley de Amparo a que se ha hecho referencia. Esto es así, pues en atención a la firmeza que adquirió la resolución dictada en ese juicio de amparo, legalmente no puede desconocerse aquella decisión judicial, sin afectar la institución de la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 132, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Séptima época, página 108, que dispone lo siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.- Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". Asimismo, la tesis I.7o.A.132 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia Común, Novena Época, página 2717, que dice: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados". Y la tesis IX.2o.23 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Octava época, Materia Común, página 287, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS QUE YA FUERON MATERIA DE OTRA EJECUTORIA EN LA QUE SE DETERMINARON EXPRESAMENTE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.- Es verdad que nuestro más alto tribunal del país, en forma reiterada ha sustentado criterio en el sentido de que, por regla general, el juicio de garantías no es improcedente cuando se reclaman actos que han sido materia de otro amparo que fue sobreseido, dado que al no haberse entrado al estudio de su constitucionalidad, no puede estimarse que tales actos hayan sido materia de otra ejecutoria, sin embargo, cuando el juzgador en la primera sentencia no se adentra al estudio de la constitucionalidad de los actos, pero determina expresamente la existencia de circunstancias que hacen improcedente el amparo, y tal determinación es consentida o causa ejecutoria, convirtiéndose en irrevocable, sí es aplicable la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por Rosendo Delgado Gallegos, por propio derecho. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este juzgado, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Jesús Alberto Rascón Peña, cuya cédula profesional aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por otra parte, agréguense los oficios signados por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Galeana, con los que rinde informe previo y justificado; sin que resulte necesario dar vista a las partes con su contenido, en atención a lo resuelto en el presente proveído. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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