Rosendo Barranco Sánchez

Expediente 971/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
971/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Rosendo Barranco Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a once de diciembre de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa. Rosendo Barranco Sánchez. II. Autoridad responsable. Juez Tercero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 971/2019-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Fijación de la litis constitucional. Visto el contenido de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, la interlocutoria dictada el trece de noviembre pasado, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintidós de octubre del año en curso, en el juicio sumario civil C673/2011, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en el sentido de confirmarlo. V. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la misma y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así pues, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Para una mejor comprensión del problema jurídico sometido a la consideración de este Tribunal Constitucional, se estima pertinente precisar, en lo que aquí interesa, los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, de los cuales se desprende lo siguiente: - En auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de ejecución de sentencia y/o pago de alimentos, promovido por Laura Angélica Munguía Esquivel y Luis David Barranco Munguía, en contra del aquí quejoso. - Una vez llevado en sus etapas procesales el citado incidente, el veintidós de abril de dos mil diecinueve se dictó resolución interlocutoria en la que se declaró parcialmente procedente el mismo y se condenó al demandado al pago de la cantidad de $57,079.56 (cincuenta y siete mil setenta y nueve pesos 56/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia, así como al cumplimiento de pago y/o entrega del seguro de la póliza de seguro de beca que se contrató con Seguros Monterrey New York Uve a favor de Luis David Barranco Munguía, y la poliza de beca contratada a favor de Victoria Amelie Barranco Munguía, por la cantidad de hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). - Inconformes con esa determinación la parte actora y el demandado Rosendo Barranco Sánchez (quejoso), interpusieron recurso de apelación del que conoció la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad capital, quien radicó sendas apelaciones. - En quince de julio de dos mil diecinueve, la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad capital, dictó resolución en los recursos de apelación interpuestos, en contra de la cual el quejoso interpuso juicio de amparo indirecto que le tocó conocer a este juzgado bajo el número 721/2019-I. Posteriormente, en auto de veintisiete de agosto del año en curso, la autoridad responsable requirió al quejoso para que de manera inmediata entregara la póliza de seguro de beca que contrató a favor de Luis David Barranco Munguía, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondría una multa equivalente a veinte veces la unidad de medida y actualización diaria, con apoyo en el numeral 60 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, se dio vista a Laura Angélica Munguía Esquivel y Luis David Barranco Munguía, con el cumplimiento dado por el aquí quejoso. Luego, en proveído de uno de octubre del año en curso, la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento realizado el veintisiete de agosto pasado, y previo a girar el oficio correspondiente a la Oficina Recaudadora del Estado, requirió a la parte quejosa para que cumpliera de manera voluntaria con la multa impuesta y entregara la póliza de seguro de beca que contrató a favor de Luis David Barranco Munguía, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento, se le impondría una multa equivalente a veinticinco veces la unidad de medida y actualización diaria, con apoyo en el numeral 60 fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, auto contra el que las partes interpusieron recurso de revocación, que fue resuelto mediante resolución de treinta de octubre pasado. Posteriormente, por acuerdo de veintidós de octubre del año en curso, la autoridad responsable requirió de nueva cuenta al aquí quejoso, para que haga el pago y/o la entrega de la póliza de seguro de beca que contrató a favor de Luis David Barranco Munguía, sin hacer efectivo el apercibimiento respectivo, de conformidad con el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; auto en contra del cual la parte quejosa interpuso recurso de revocación y fue confirmado por la responsable, mediante resolución de trece de noviembre pasado. Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales invocados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De la transcripción de las porciones normativas antes transcritas, se advierte que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones intermedias ahí pronunciadas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella, entendiéndose por "última resolución", la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, es menester indicar que la redacción de la ley vigente limita de manera precisa lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "sólo" para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando así que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que se considera una cuestión de orden público que éstas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, ya que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la interlocutoria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, que confirmó el auto de veintidós de octubre del año en curso, dictados en el juicio sumario civil C673/2011, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, no es de aquellas que cierren la etapa de ejecución, ya que únicamente confirmó el proveído en el que se requirió de nueva cuenta al aquí quejoso, para que haga el pago y/o la entrega de la póliza de seguro de beca que contrató a favor de Luis David Barranco Munguía, sin hacer efectivo el apercibimiento respectivo, de conformidad con el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; por tanto, no constituye la última resolución dictada en ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, en razón de que no determina su cumplimiento o la imposibilidad para ello, además de que lo resuelto en el referido recurso de revocación promovido en dicha etapa (ejecución), implícitamente tiene como finalidad directa e inmediata, la continuación en el cumplimiento del convenio presentado en el juicio natural y elevado a cosa juzgada, por lo que con la promoción del juicio de amparo no es dable pretender cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas en etapa de ejecución. Por tanto, deviene innegable que la resolución reclamada por el amparista, se suscitó en el periodo de ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada y dicha etapa forma parte del sistema establecido para que el demandado, aquí quejoso, cumpla con la obligación de pagar y/o entregar la póliza de seguro de beca que contrató a favor de Luis David Barranco Munguía; y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria para la ejecución del convenio y, si bien, dicho acto pudiera ser susceptible de ser contrario a los intereses del demandado en el juicio de origen, lo cierto es que se trata de actos que tienen relación directa con la ejecución del mismo -tal y como se advierte de los antecedentes antes precisados-; de ahí que solo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa, pues tal determinación, no implica una decisión que involucre aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo determinado en el convenio, como ya quedó previamente establecido, pues aún no se ha emitido la resolución en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total del mismo. Tan es así, que la resolución de la cual se queja la parte quejosa, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordena el archivo definitivo del expediente, resultando así inconcuso que solo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que, como ya se dijo, podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. Se asevera lo anterior, pues se insiste, las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que solo procede el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose como "última resolución", las expresamente indicadas en la Ley de Amparo, y no otras diferentes, como la que se combate en el presente juicio. En razón de que es acorde a las disposiciones de la nueva legislación de amparo, se cita como aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por otro lado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, tampoco se encuentra ubicada en los casos de excepción, establecidos para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que, como ya se dijo, el quejoso reclama la interlocutoria dictada el trece de noviembre pasado, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintidós de octubre del año en curso, dictado en el juicio sumario civil C673/2011, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en el sentido de confirmarlo y en el que se le requirió de nueva cuenta para que haga el pago y/o la entrega de la póliza de seguro de beca pactado en el convenio celebrado por las partes dentro de dicho juicio, sin hacer efectivo el apercibimiento respectivo, de conformidad con el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, es decir, que esta resolución deriva de la cosa juzgada y constituye uno de los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la misma, además de ser consecuencia directa y necesaria de ésta; por consiguiente, el amparo es improcedente. Sin que la determinación reclamada pueda estimarse un acto que afecte derechos sustantivos del quejoso, en la medida que el pago y/o entrega de la póliza pactada, deriva del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada en el contradictorio de origen. Encuentra aplicación, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". En razón de lo anterior, se colige que el acto reclamado se emitió en estricto acatamiento a la ejecución del convenio elevado a categoría de cosa juzgada; de ahí que resulta improcedente la promoción del juicio de amparo indirecto, puesto que aún y cuando el cumplimiento del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, sea de tracto sucesivo o cumplimiento periódico, será hasta que se emita la última resolución que de por terminada la etapa de ejecución en dicho contradictorio, que podrá promover el juicio de amparo. Por tanto, como en la especie la determinación reclamada solo es un acto en el trámite del periodo de ejecución del convenio, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como la que en el caso se alega. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. XII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elizabeth Vázquez Araujo, Sergio Hernández Hernández, Benita Martínez Villalobos, Carlos Alejandro Alvarado Echeverría y Violeta Iras Escalera Valdez, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado. XIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XIV. Acuerdos Generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. De igual forma, resulta un hecho notorio para la suscrita que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y el volumen de los expedientes, obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que los artículos 26, fracción II, 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por ende, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a la autoridad responsable, que las fechas de las audiencias constitucional e incidental, en su caso, se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos, pues dicha determinación carece de intrascendencia y, por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J, 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la Secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe."

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