Rosendo Barranco Sánchez
Expediente 721/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosendo Barranco Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Causa ejecutoria resolución de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin medio de impugnación interpuesto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se determina depurar la presente pieza de actuaciones. No obran documentos originales, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de constancias que remitió la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LUIS DAVID BARRANCO MUNGUÍA Y LAURA ANGÉLICA MUNGUÍA ESQUIVEL, ESTA ÚLTIMA EN REPRESENTACIÓN DE LA MENOR DE EDAD V.A.B.M., LA SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: V I S T O S para dictar sentencia en el juicio de amparo 721/2019-I, promovido por Rosendo Barranco Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad capital, que consideró violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17, en relación con los numerales 1° y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. En la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió oficio por el que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Rosendo Barranco Sánchez, por propio derecho, misma que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, el cual en auto de diez de septiembre del mismo año, aceptó la competencia declinada y la admitió a trámite, lo que se hizo del conocimiento de las partes (quejoso, terceros interesados y autoridad responsable), por lo que se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ello obedece a que las consecuencias del acto reclamado se van a ejecutar en esta ciudad de León, Guanajuato, territorio dentro del que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de lo cual se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad capital: La resolución de quince de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca 345/2019, de su índice, que modificó la interlocutoria emitida en el incidente sobre pago de alimentos hecho valer en el juicio sumario civil 673/2011-C. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad capital, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada de las diversas actuaciones que integran el expediente 673/2011 en cuatro tomos y toca 345/2019, que obran por separado. Medios de convicción a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 74 fracción III, de la ley de la materia, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse, en la especie, de original y copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Así, atendiendo al informe afirmativo y a la plena eficacia de la documental exhibida por la autoridad responsable, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido, según las jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, se emprende el examen del fondo de la controversia planteada a la luz de los conceptos de violación. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para resolver este juicio de amparo es menester analizar los antecedentes del acto reclamado. De acuerdo con las constancias remitidas por la sala responsable, se aprecia que el juicio sumario civil 673/2011, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, fue promovido por Laura Angélica Munguía Esquivel, en representación de sus dos hijos en ese entonces menores de edad (terceros interesados), en contra de Rosendo Barranco Sánchez, dentro del que destaca lo siguiente: - El dieciocho de enero de dos mil doce, se llevó la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos, en la que se ratificó el convenio celebrado entre las partes, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada. - En auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de ejecución de sentencia y/o pago de alimentos, promovido por Laura Angélica Munguía Esquivel, en representación de su hija menor de edad V.A.B.M. y Luis David Barranco Munguía, en contra de Rosendo Barranco Sánchez. - Una vez llevado en sus etapas procesales el citado incidente, el veintidós de abril de dos mil diecinueve se dictó resolución interlocutoria en la que se declaró parcialmente procedente el mismo y se condenó al demandado al pago de la cantidad de $57,079.56 (cincuenta y siete mil setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia. - Inconformes con esa determinación la parte actora y el demandado Rosendo Barranco Sánchez (quejoso), interpusieron recurso de apelación del que conoció la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad capital, quien en auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, radicó sendas apelaciones. - En quince de julio de dos mil diecinueve, la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad capital, dictó resolución en los recursos de apelación interpuestos, en el sentido de modificar la interlocutoria de primer grado. Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente controvertido constitucional. SEXTO. Resolución de la litis constitucional. Los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, en un aspecto son infundados y por otra parte inoperantes, sin que proceda suplirlos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Por cuestión de técnica jurídica, los motivos de disentimiento esgrimidos por el impetrante serán atendidos en un orden distinto al propuesto, con el objeto de facilitar su comprensión y análisis, sin que ello implique alguna omisión por parte de este juzgado Federal. Robustece lo anterior, la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." El peticionario del amparo esgrime en su segundo y tercer concepto de violación, que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, puesto que desdeña los argumentos que hizo valer en el recurso de apelación e invade la esfera de un acuerdo privado elevado a la categoría de sentencia, sin petición expresa de las partes, así como sin motivación y fundamento. Sin embargo, deviene infundado dicho motivo de disentimiento; ello es así, pues contrario a lo que asevera, del contenido integral de la determinación reclamada, es factible advertir que la magistrada responsable citó los fundamentos legales en que se apoyó para su emisión, entre ellos, los artículos 224, 225, 226, 227, 236 y 358, todos del Código de Procedimientos Civiles local, así como el numeral 365 del Código Civil de la entidad, mismos que además resultan aplicables al caso concreto, toda vez que efectivamente regulan la situación sujeta a análisis constitucional y lo facultan para resolver la misma; a lo que se suma que expresó las consideraciones, motivos y circunstancias especiales en los que se basó para modificar la interlocutoria de primer grado, dando contestación a los agravios formulados por las partes y esgrimiendo las razones y fundamentos para actualizar la pensión alimenticia, obra por escrito y fue emitida por autoridad competente, de ahí que se estime que sí cumplió con la exigencia que impone el artículo 16 constitucional, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa del procedimiento. (.)." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sin número, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, del tomo 97-102, tercera parte, materia común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por su parte, el resto de motivos de disentimiento hechos valer por el peticionario del amparo son inoperantes, por los siguientes motivos: Las manifestaciones contenidas en su primer concepto de violación, atinentes a que la sala responsable viola en su perjuicio el principio de seguridad jurídica, al indicar que no existe un cambio sustancial que impacte en la forma de cumplir con la obligación alimentaria, cuando es evidente que sí operó un cambio radical que impacta en esa obligación, generado por la actora incidental y ajeno al mismo, el cual fue decretado judicialmente, son omisas en atacar lo expresado por la responsable al respecto, en relación a que la medida provisional decretada en contra del quejoso, no implicaba que automáticamente se modificara la obligación materia de lo fallado en el juicio de origen, dado que el pago del monto de una pensión alimenticia, en su aspecto definitivo, determinado en una resolución que hasta ahora tiene firmeza legal, no puede confundirse con el que se realiza en diversa causa, pero de carácter provisional, puesto que el aspecto provisional que tiene la medida cautelar, excluye la posibilidad de que sustituya o llegue a identificarse con los alcances de una pensión alimenticia, porque mientras ésta conserve su vigencia, no podría considerarse que fue sustituida por otra resolución donde no se establezca que se cancelan, cesan, suspenden o paralizan los efectos de la definitiva, ya que considerar lo contrario significaría sustituir, sin justificación legal, los efectos de la sentencia, por una resolución provisional que no tiene los mismos efectos jurídicos, ya que éstos solo operan hasta en tanto, se resuelve en forma definitiva el asunto, por lo que se puede establecer que el deudor alimentista ha sido juzgado dos veces por la misma causa; máxime que no se ha determinado sobre la validez de la reposición del procedimiento, para los efectos legales precisados en el toca 583/2018 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde se revocó la declaración de que operó la excepción de cosa juzgada, en el expediente 4031/2018. Asimismo, las aseveraciones del quejoso en el sentido de que la responsable le impone una obligación de doble pago, ya que no está dejando de cubrir el pago de pensión, sino que ésta fue modificada a instancia de la parte actora incidental con alevosía y perversidad, al omitir información al juez de oralidad familiar, quien despachó la medida provisional ante la ausencia de la verdad, motivando con ello un cambio y afectación en cuanto al monto de la pensión alimenticia, se determina que son inoperantes, dado que constituyen afirmaciones dogmáticas, genéricas y subjetivas, pues no dejan de manifiestó que información se omitió, con qué medios de prueba el quejoso subsanó esa omisión de información, por qué acreditan la alevosía y perversidad anunciada, cómo las valoró el juez de primer grado y sobre todo, qué agravio formuló al respecto y qué respuesta recayó al mismo; lo que evidencia que ante su insuficiencia, se pueda entrar a su estudio. Aunado a lo anterior, el calificativo anunciado se corrobora porque no expresa argumentos tendientes a atacar las consideraciones sostenidas por la autoridad responsable respecto a dicho tópico, señalados con antelación, ni expresa las razones por las cuales se verificó el doble pago, no obstante lo aseverado por la autoridad responsable al respecto. Por otra parte, el quejoso argumenta que la autoridad responsable malogra los alcances de la medida provisional, pues la misma surte todos sus efectos jurídicos hasta en tanto se entra al fondo del asunto, por lo que omite valorar aspectos de veracidad, ya que si la juez de oralidad familiar hubiera tenido a su alcance la verdad, tal modificación al pago de pensión no se hubiera realizado; lo que resulta inatendible, si se tiene en cuenta que el acto reclamado no consiste en la medida provisional de alimentos decretada en diverso juicio por el juez de primera instancia, sino la determinación de segundo grado que modificó la interlocutoria emitida en el incidente sobre pago de alimentos, hecho valer en el juicio de origen. Por otro lado, respecto a la parte final del segundo motivo de disenso en el que expresa el quejoso que la valoración probatoria del juez de origen carece de razonamientos y argumentación suficiente, lo que conlleva a una afectación a sus derechos fundamentales, pues era necesario que realizara un estudio concienzudo de sus excepciones y medios de prueba, no una severa crítica a sus argumentos y adulación a la resolución que revisó, asimismo aduce que se violó el principio de libertad probatoria, esto es, la posibilidad legalmente consagrada de acreditar la veracidad o falsedad de los hechos objeto del proceso, por medio de cualquier prueba, que será libremente valorada por los jueces a la luz de la legalidad y con las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, lo que en la especie no aconteció, puesto que ante tal omisión, la responsable debió estudiar las violaciones y pronunciarse con lógica, congruencia, exhaustividad y apego a derecho, empero, las desestimó sin hacer una exposición lógica de todas y cada una de ellas, lo que le impidió tener pleno conocimiento de las razones que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, generando incertidumbre jurídica, lo que se traduce en una violación a sus derechos fundamentales por inobservar el principio de congruencia y debido proceso; se determina que es inoperante, al ser omiso en combatir, de manera frontal, lo aseverado por la autoridad responsable al respecto, a que el apelante no concreta cómo o de qué manera la documental e informes que aportó acreditaban que cumplió cabalmente con la pensión a que se obligó voluntariamente en el convenio con el cual se dirimieron las pretensiones en el juicio principal, lo cual a su vez aplica a la valoración de la prueba confesional a cargo de los actores incidentistas, ya que no expone qué respuestas producidas por éstos daban lugar a considerar que admitieron que el demandado sí cumplió en forma íntegra con la obligación alimentaria, por lo que sus afirmaciones tocantes a que no se realizó un estudio concienzudo, sino pobre, de los medios de prueba que aportó para acreditar sus excepciones resulten dogmáticas o carentes de sustento, ya que el único argumento que virtió para combatir la motivación estriba en que se modificó el monto de pago de la pensión alimenticia, lo cual no puede impactar de manera negativa en la esfera de los acreedores alimentistas para estimar que la obligación alimentaria, tal como quedó definida en el juicio principal, dejó de surtir sus efectos o bien, que quedaron limitados los mismos, así como que no le asiste la razón al apelante cuando afirma que de la copia certificada de las constancias del amparo 1022/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se desprende que por efecto de la suspensión del acto reclamado ahí decretado, existe impedimento jurisdiccional para resolver el asunto de origen, debido a que dicha medida cautelar, no se decretó con esos alcances, sino para que no se ejecutara la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del toca 583/2018, a través de la cual se ordenó la reposición del procedimiento del juicio oral ordinario F4031/2018, sin que el impetrante combatiera tales aseveraciones. Máxime que, para que la Sala abordara el análisis de los medios de convicción, debía mediar agravio relativo en donde se le hiciera saber cuál fue el medio de convicción no analizado o incorrectamente valorado, por qué y sobre todo qué valor real le merece, explicando los motivos de ello; por lo que sí así no se realiza, el tribunal de segundo grado está imposibilitado para hacerlo oficiosamente. Por otra parte, en su tercer concepto de violación el quejoso esgrime que no existe congruencia en la argumentación de la autoridad responsable, la cual pretende justificar malogrando el principio rector del interés superior del menor, cuando debió dejar a salvo los derechos de las partes para que en su caso sean quienes modificaran las cláusulas de lo pactado, por lo que la intromisión que hace al decretar de manera oficiosa un aumento de pensión deviene arbitraria y abusiva, violentando con ello nuevamente los principios de legalidad y certeza jurídica, invadiendo la esfera de la intimidad de las partes y lo expresado de manera voluntaria en el convenio base de la acción; sin embargo, dicho concepto de violación de igual forma es inoperante, dado que no combate lo relativo al interés superior del menor que decretó la autoridad responsable de manera oficiosa, dado que no dice el por qué no debió aplicarse al caso concreto, aunado a que es omiso en combatir lo aseverado al respecto, en relación a que dicho interés compromete el derecho alimentario y su eficacia respecto a lo menor de edad implicada en dicha causa y para modificar la interlocutoria impugnada y actualizar la pensión alimenticia decretada a favor de la menor de edad, por tratarse de una prerrogativa que se puede hacer valer mientras se encuentre vigente la obligación y el correlativo derecho alimentario, así como que ambos acreedores alimentistas tienen el derecho fundamental de hacer valer la referente actualización, mientras no prescriba, sin que en la especie el demandado haya esgrimido que operó la prescripción negativa, sino exclusivamente que nunca se pactó aumento, sin que para ello sea necesario instar juicio autónomo en la vía oral ordinaria, al no haber solicitado aumento de pensión y sin que constituya obstáculo para la procedencia de la actualización al principio de divisibilidad de la obligación alimentaria que invocó el ahora quejoso al haberse solicitado actualización respecto de la obligación a cargo del demandado incidental. Tampoco ataca lo relativo a que en una parte la demanda incidental, se introdujo el tema de aumento de pensión [actualización] por lo que el tribunal primario debía definir si procedía esta pretensión y ante tal omisión y falta de reenvío, dicha Sala debía pronunciarse al respecto, decretando al efecto que la pensión alimenticia nunca se ha aumentado y por eso se solicitaba que fuera actualizada de conformidad con el artículo 365 del Código sustantivo, prestación que estimo parcialmente procedente. Asimismo, en relación al argumento final de dicho motivo de disenso, atinente a que la autoridad responsable no puede, no debe y no es legal que modifique un acuerdo de voluntades que puede impactar en su esfera jurídica y patrimonial, pues ante la determinación y modificación oficiosa que realizó al convenio celebrado entre las partes, sin haber sido oído ni vencido en juicio, a fin de que pueda estar en posibilidades de aportar pruebas que conduzcan a la certeza de si puede o no pagar un aumento a la pensión, por lo que la modificación oficiosa le causa agravios; se determina que dicho motivo de disenso de igual forma es inoperante, dado que como ya se adelantó, es omiso en combatir los argumentos para decretar la actualización automática que analizó la magistrada responsable, limitándose a aseverar que se modificó el convenio, sin expresar razonamiento alguno en contra de los argumentos esgrimidos por la autoridad responsable para determinar la multicitada actualización. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." De igual forma, sirve de apoyo la tesis jurisprudencial que establece "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida". La inoperancia decretada impide analizar los criterios que se invocan como sustento de los conceptos de violación. Por tanto, esta juzgadora se encuentra impedida para emitir un pronunciamiento en torno a las consideraciones que sostienen la determinación reclamada, toda vez que la parte impetrante fue omisa en esgrimir argumentos tendientes a combatir los razonamientos en virtud de los cuales la autoridad responsable procedió a modificar la interlocutoria decretada en el juicio de origen, para lo cual era menester que combatiera de manera total y frontal los argumentos que sostuvieron la determinación reclamada, lo que no se verificó en el presente asunto. Para emitir esta determinación, no se soslaya la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR", en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con que se exprese la causa de pedir. Sin embargo, ello obedeció a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde, salvo cuando exista suplencia de la queja, exponer por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos de los que se duelen. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege en el juicio de amparo indirecto 721/2019-I a Rosendo Barranco Sánchez, contra el acto y autoridad precisado en el considerando segundo, por las razones expresadas en el último punto considerativo del presente fallo.
- Principal
Se apersonan terceros interesados. Agréguese a los autos el escrito presentado por Luis David Barranco Munguía y Laura Angélica Munguia Esquivel, y, en atención a su contenido, téngaseles por apersonándose al presente juicio de amparo en su calidad de terceros interesados, esta última en representación de su hija menor de edad V.A.B.M., señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Montaña, número 302, colonia Jardines del Moral de esta ciudad, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Peña García, Claudia Elena Noriega Ramos, Daniel Alonso Ruiz Arreola, Gerardo Anguiano Ceccopieri, Miguel Ángel Leyva Terán y Mauricio Daniel Vaqueiro Toriello, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, a las diversas personas que menciona, por no contar con dicho registro.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por la procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital y, en atención a su contenido, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su libelo de cuenta y como autorizados a los profesionistas que nombra en el mismo.
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