Rosendo Antoni Oliva Ortega
Expediente 1014/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rosendo Antoni Oliva Ortega
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, que contiene inserto el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 895/2022-III del índice de este Juzgado, promovido por...del que se advierte que decretó de oficio la separación de juicios, en consecuencia, se provee: Tomando en consideración la separación de juicios, este órgano de control constitucional se avocará al conocimiento de los actos reclamados atribuidos al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, consistentes en: Los acuerdos de trece de diciembre de dos mil veintiuno, diez de enero y uno de julio, ambos de dos mil veintidós, en el que se negó a restituir al quejoso la guarda y custodia de sus menores hijos de edad de identidad reservada de iniciales... DESECHAMIENTO. En ese tenor, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues Representación que acredita con copia certificada de las actas de nacimiento de los menores de iniciales...no agotó el medio ordinario de defensa, previo a promover la demanda de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Conforme a la fracción citada con antelación, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando respecto del acto reclamado proceda algún medio de defensa ordinario que permita revocar, modificar o nulificar el referido acto. Ahora bien, de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se duele de los autos de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, así como diez de enero y uno de julio de dos mil veintidós, dictados por el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en el expediente 1829/2018, en los cuales aduce se le negó la restitución de la guarda y custodia de sus menores hijos. Entonces, la parte quejosa debió promover recurso de revocación, según lo dispuesto en el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado. Ahora, no pasa desapercibido para quien resuelve el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, de registro digital 2004677, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO; sin embargo, no se estima aplicable en el presente caso. Es así, ya que si bien el quejoso aduce que en los proveídos combatidos se le negó la restitución de sus menores hijos, del contenido de mismos, se aprecia lo contrario, pues en los mismos se acordó: - Acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Con el escrito 20249/2021 presentado por el quejoso en el que solicitó la restitución de los menores, el juzgado del conocimiento dio vista con su contenido a la contraparte...para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. - Acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós. En cuanto al escrito del quejoso 20901/2021 de que se acordara lo conducente, al haber transcurrido el plazo otorgado a su contraparte; el juzgado expuso que debía estarse a lo ordenado en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se le dio vista con las manifestaciones realizadas por...y a la notificación que se le hizo en esa fecha en forma personal. - Acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós. El juzgado responsable proveyó respecto al escrito del quejoso 11581/2022, por el que hizo diversas manifestaciones de la guarda y custodia de los menores, a lo que la autoridad responsable las tuvo por realizadas, y expuso que se debía estar a lo acordado en proveídos de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y trece de enero de este año, pues a la fecha no obraban las copias certificadas de la carpeta de investigación exhibidas mediante promoción número 203/2022 de doce de enero de esta anualidad. De lo relatado se infiere que en los acuerdos combatidos por el quejoso no se negó la restitución de la guarda y custodia de sus menores hijos; sino que a partir de que se tuvo conocimiento de las manifestaciones del quejoso, en el sentido de que...se los había quedado, dio vista a dicha parte para que manifestara lo que a su derecho conviniera; posteriormente, cuando lo hizo, dio vista a su vez al quejoso con las alegaciones de su contraparte, y por último, tuvo por realizados sus argumentos, y estimó que debía estarse a lo ordenado en los autos que precedían, refiriendo que estaban a la espera de la carpeta de investigación que fueron exhibidas en una promoción. Por tanto, si bien el recurso de revocación no admite la suspensión del acto reclamado, lo cierto es que la medida cautelar en contra de los actos aquí combatidos sería improcedente, puesto que no se podría lograr con la misma la restitución de los menores que el quejoso pretende, ya que por un lado, en ninguno de los autos se aprecia que se le haya dicho que no se le entregarían, toda vez que se tratan de simples determinaciones en las que agregan los escritos con los que da vista con su contenido y se le hace saber que se esté a lo ordenado en diversos autos que señalan lo mismo, aunado a que se está a espera de que se remita una carpeta de investigación; y, además los actos reclamados son meramente declarativos carentes de ejecución. Además, se estima que también se actualiza, la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I 5 -aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo. 4 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Se afirma lo anterior, porque no se acredita que los actos reclamados afecten su interés jurídico, no obstante, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por aquel a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, para efectos del juicio de amparo, debe entenderse por parte agraviada todo aquel que sufra un perjuicio, entendido éste como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. De modo que el peticionario del amparo está obligado a demostrar la existencia de un acto concreto, que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Ahora, el artículo 107 constitucional, que establece los principios rectores del juicio de amparo, contiene el principio de que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, ante la existencia de un agravio personal y directo, que puede entenderse como una afectación que, pudiendo o no ser material, debe apreciarse y demostrarse objetivamente. Es decir, la persona que acude al amparo alegando violación a sus derechos debe demostrar que esta es real y no de carácter simplemente subjetivo; es decir, que cuenta con interés jurídico para reclamar los actos que, a su consideración, vulneran derechos. Entonces, el interés jurídico se liga estrechamente con la existencia del agravio personal y directo, pues para analizar si un acto de autoridad jurisdiccional vulnera los derechos de una persona, necesariamente debe demostrarse que el gobernado cuenta con interés jurídico para reclamarlo, esto es, que efectivamente es titular de un derecho subjetivo y que la conducta de la autoridad le genera una afectación real y actual a éste; de lo contrario, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional. Es orientadora, en tanto que no se opone a la normativa de amparo vigente, la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Ahora, como se anticipó, la parte quejosa reclama los autos de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, así como diez de enero y uno de julio de dos mil veintidós, dictados por el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en el expediente 1829/2018, en los cuales aduce que se le negó la restitución de la guarda y custodia de sus menores hijos; no obstante, del contenido de los mismos, no se aprecia una afectación en su esfera jurídica, ya que en los proveídos referidos el juez se limitó a dictar simples determinaciones de trámite, y de manera alguna se negó a restituirle la guarda y custodia que refiere; por tanto, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso. No pasa inadvertido que por regla general no puede analizarse en la demanda la causal de improcedencia de interés jurídico; sin embargo, con las constancias que remitió el quejoso, consistentes precisamente en copias simples de los acuerdos combatidos, las cuales hacen prueba contra su oferente, son suficientes para determinar que no se le causó una afectación a sus derechos fundamentales, pues ninguno de los acuerdos reclamados le niega la entrega y restitución de sus menores hijos. Afirma lo expuesto la tesis I.4o.C. J/5, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 124, de rubro: "COPIAS FOTOSTATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE". Máxime que respecto de los actos combatidos consistentes en los autos de catorce de diciembre de dos mil veintiuno y diez de enero de dos mil veintidós, este juzgador también advierte que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ." El precepto referido establece la improcedencia del juicio de amparo respecto de un acto consentido tácitamente, que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En el caso concreto, la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 177 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 18 y 198 de la propia ley. Es así pues el quejoso adujo haber conocido de los mismos desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno y once de enero de dos mil veintidós, respectivamente; por tanto, el término de quince días para promover la demanda de amparo en contra de los acuerdos antes señalados transcurrió en exceso, toda vez que se presentó hasta el veintisiete de julio de dos mil veintidós, esto es, fuera del plazo que la Ley de Amparo otorga para su promoción. En tales condiciones, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, al estimarse actualizadas la causales de improcedencia aludidas, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Se autoriza a las personas que refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; así como a los Secretarios y Actuarios, a supervisar y dar fe de que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, asimismo en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese..."
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