Rosario Rivas Alcalá

Expediente 1155/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1155/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Rosario Rivas Alcalá

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 1155/2022-V del índice de este juzgado, asimismo informa que asume el conocimiento del mismo. En ese sentido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso j) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. DESAHOGO Agréguese a los autos el escrito de la quejosa Rosario ..., por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de cinco de octubre del año en curso, por tanto, se provee: INCOMPETENCIA Este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 34, 47 y 170, todos de la Ley de Amparo, pues se estima que quien debe conocer del asunto es un Tribunal Colegiado de Circuito. Para corroborar tal determinación, debe analizarse lo relativo a la competencia como presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional. En ese contexto, las leyes procesales señalan criterios para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales, entre los que se encuentran, la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En dicho aspecto, la Ley de Amparo contempla los siguientes parámetros: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Ahora, para efectos del estudio pretendido, en el presente asunto interesa destacar la tercera de dichas hipótesis, es decir, la definida por el grado. La competencia por grado, también llamada funcional o vertical, se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica, en la que las facultades se ordenan por grados y, como consecuencia de ello, los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa. Al respecto, los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." De dicha transcripción se obtiene que el amparo directo procede cuando se reclama una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, y conforme al ordinal 170, fracción I, párrafo segundo, de la ley de la materia, se entenderá por sentencias definitivas aquellas que deciden el juicio en lo principal y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que lo dan por concluido. Por su parte, el artículo 1.2401 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece cuatro causas por las que puede extinguirse y/o concluirse, un procedimiento civil, esto es, por: I. Convenio o transacción entre las partes; II. Desistimiento de la acción o de la instancia, aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes del emplazamiento; III. Cumplimiento voluntario de la prestación reclamada antes de la sentencia; IV. Caducidad de la instancia. Ahora, para analizar si este juzgado es o no competente para resolver el presente juicio de amparo en atención al criterio delimitativo ya señalado, deben establecerse, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, los actos reclamados por la parte quejosa, atribuidos al Juzgado Cuarto de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México, consistentes en: El auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, que dice: ".atendiendo al estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no obra constancia de que se haya emplazado al señor Jesús Morales Bravo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.138, 1.240 Fracción II, 5.1 y 5.2 del Código de Procedimientos Civiles, en atención a lo solicitado por Rosario Rivas Alcalá en promoción 402 cuatrocientos dos de fecha 19 diecinueve de enero de 2004 dos mil cuatro, se tiene a la parte actora por desistida a su entero perjuicio de la acción intentada en este sumario, para todos los efectos leales a que haya lugar, dejándose a su disposición o de las personas autorizadas para tal efecto los documentos exhibidos en el sumario, previa toma de razón que por recibo se asiente autos. Queda (sic) sin efectos las Medidas Provisionales decretadas en el sumario; en consecuencia, gírese atento oficio a la fuente laboral del señor Jesús Morales Bravo, para que cancele el descuento de la pensión alimenticia decretada." Por tanto, se considera que la determinación reclamada, por la cual, la responsable tuvo desistida a la parte actora (aquí quejosa), 1 Artículo 1.240.- El proceso se extingue por: I. Convenio o transacción entre las partes; II. Desistimiento de la acción o de la instancia, aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes del emplazamiento; III. Cumplimiento voluntario de la prestación reclamada antes de la sentencia; IV. Caducidad de la instancia. ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c 13/01/24 19:21:35 del juicio ordinario civil de pensión alimenticia 1312/2022 de su índice administrativo y, en consecuencia, dejó sin efectos las medidas provisionales ahí decretadas, consistente en una pensión alimenticia, ordenando su cancelación, produce el efecto de concluir el juicio de origen, de conformidad con el numeral antes citado; de ahí que válidamente pueda advertirse que dicha determinación constituye una resolución que pone fin al juicio, pues aún sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido. En consecuencia, la determinación que acuerda favorablemente el desistimiento de la instancia y que trae como consecuencia el archivo del asunto, es reclamable a través del juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis I.3o.C.19 C (11a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la foja 4429, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2025089, cuyo texto y rubro es el siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DEL PROVEÍDO QUE LO APRUEBA FAVORABLEMENTE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Hechos: En un juicio ordinario mercantil, el actor se desistió de la instancia después de que se realizó el emplazamiento a la parte demandada, por lo que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el Juez del conocimiento dio vista con aquél a las codemandadas, quienes manifestaron su inconformidad con el mismo; sin embargo, el Juez de origen determinó que era procedente decretar el desistimiento de la instancia, por lo que las demandadas inconformes interpusieron el medio de impugnación ordinario establecido en la ley de la materia, en el cual se confirmó la determinación del a quo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en contra del proveído a través del cual se acuerda favorablemente el desistimiento de la instancia -no de la acción- y que tiene como consecuencia que las cosas vuelvan al estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda, así como el archivo del expediente, procede el juicio de amparo directo. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo contempla, en esencia, que el juicio de amparo directo será procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose estas últimas aquellas determinaciones que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Ello aunado, aunado a que para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, a través de los cuales aquellas resoluciones puedan ser modificadas. Ahora, el cuarto párrafo del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que el desistimiento de la instancia produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. De manera que válidamente puede advertirse que dicha determinación constituye una resolución que pone fin al juicio, pues aun sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y hace que las cosas vuelvan al estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda, tal como se observa del artículo referido. En consecuencia, de la interpretación armónica de los preceptos citados, se obtiene que la determinación que acuerda favorablemente el desistimiento de la instancia y que trae como consecuencia el archivo del expediente, es reclamable a través del juicio de amparo directo." Asimismo, se invoca, por identidad de criterio, el contenido en la tesis XI.1o.A.T.33 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2898, de registro digital 2011919, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA LABORAL. CONTRA EL PROVEÍDO QUE LO APRUEBA FAVORABLEMENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; de lo contrario, cabría el desechamiento de la demanda o el sobreseimiento en el juicio. Sin embargo, podría parecer que el proveído en el que se acuerda favorablemente el desistimiento de la demanda -no de la acción- y que trajo como consecuencia el archivo del juicio, en nada afectaría a la esfera jurídica de su contraparte y, por ende, cabría sobreseer en el juicio de amparo, empero lo único que ocurre cuando hay desistimiento de la instancia, es que fenece el procedimiento pero el demandante conserva su derecho de acción y deja subsistente la posibilidad de exigirlo y hacerlo valer en un nuevo proceso, porque implica exclusivamente la renuncia de los actos pero no de los derechos sustantivos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la presentación de la demanda; por eso se tiene que abrir el juicio de amparo porque la pretensión del demandado es que se quede generada la cosa juzgada, en caso de que se insista en desistir y que, en todo caso, sea la acción y no la pretensión, lo que lo legitima y hace procedente el juicio de amparo porque el desistimiento de la instancia realizado por la actora fue aceptado, pero no determina la procedencia o improcedencia de las acciones ejercidas y deja al actor en posibilidad de volver a accionar en un nuevo juicio; y, la pretensión del demandado, es que no se dé esa nueva oportunidad al actor, es decir, que no se perfeccione la demanda, sino que se siga el juicio tal y como originalmente fue planteada la acción, esto es lo que ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c 13/01/24 19:21:35 justifica el agravio personal y directo que se requiere para la procedencia del juicio de amparo directo contra este acto reclamado." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos numerales 342, 473 y 1704 de la Ley de Amparo. 2 Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.) 3 Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. 4 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Por último, cabe precisar que no se soslaya que al ser parte actora en el juicio de origen, la parte quejosa pudiera interponer algún recurso ordinario contra el acto reclamado; sin embargo, esa circunstancia no otorga competencia al suscrito para conocer de la demanda de amparo, pues en todo caso, el principio de definitividad es un aspecto que habrá de calificar el Tribunal Colegiado de Circuito. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 95, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad." Por ende, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los autos originales de este juicio de amparo y anexo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos legales a que alude el artículo 47 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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