Roselia Martínez Ruiz
Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Roselia Martínez Ruiz
Actuaciones
- Principal
PRAL 1028/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado resolución. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Considerando que en proveído de seis de septiembre del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es destruible, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 1028/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintidós. 1° Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Roselia Martínez Ruiz, por propio derecho, contra un acto de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, y recibida en este órgano jurisdiccional el uno de septiembre siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1028/2022. 2° Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3° Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, y anexo que se acompaña, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 148/20-15-01-1, del control de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual se desechó el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en al aludido juicio, interpuesto por la aquí quejosa. Atribuido a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Acto contra el cual se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del análisis de los numerales en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos que emanen de un juicio siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia el juicio de amparo únicamente será procedente respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la correspondiente demanda que al efecto se presente, todas las violaciones que hubiesen ocurrido en dicho procedimiento. Al respecto, se estima necesario señalar que en la Ley de Amparo abrogada, aunque con mínimas diferencias, lo relativo a la ejecución de imposible reparación estaba previsto en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ese concepto implicaba la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, y que podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en la foja 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE"; estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, en ese momento, debía interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral, dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. De lo anterior se obtiene que la regla general para que proceda el reclamo en la vía de amparo indirecto contra actos intraprocesales, ya sea dentro de juicio o después de concluido, reside en que éstos deben tener sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, que ocasionen una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Ahora, a fin de dar mayor claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que, no necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Expuesto lo anterior, en el caso, los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: El ocho de marzo de dos mil veintiuno la autoridad responsable dictó sentencia definitiva en el juicio 148/20-15-01-1, en la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada. El uno de junio de este año la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La quejosa Roselia Martínez Ruiz, mediante escrito presentado el seis de julio pasado ante la responsable, interpuso queja, por omisión, en el cumplimiento de la sentencia definitiva. En determinación de dos de agosto de este año, la responsable desechó, por improcedente, la queja por omisión promovida, por los motivos expuestos en dicho proveído; dicho acuerdo es el que constituye el acto reclamado en este juicio. Ante ello, se estima que la etapa de ejecución de la sentencia administrativa en relación con la determinación de dos de agosto de este año, no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque no se actualiza el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del amparo, ya que de lo expuesto en la demanda y el anexo que se acompañó a la misma, se advierte que no existe en el juicio de nulidad 148/20-15-01-1 (en este momento) afectación directa e inmediata en los derechos sustantivos de la parte quejosa, en virtud de que la sala responsable se encuentra agotando el procedimiento de ejecución de la sentencia con base a lo estipulado en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues requirió a la autoridad demanda el cumplimiento de la sentencia dictada; y no ha dictado la última resolución en la etapa de ejecución. De ahí que no puede afirmarse que la autoridad señalada como responsable hubiere vulnerado el derecho de la parte quejosa a una correcta impartición de justicia y que incurre en omisión de cumplimiento de sentencia. Lo que demuestra que la determinación de dos de agosto de este año no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que de ninguna manera significa que la autoridad responsable se haya abstenido de continuar el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, o que haya declarado la imposibilidad para ello; porque, como se reseñó, está siguiendo el procedimiento que indica el numeral 58 de la ley aplicable a la materia. Se invoca al respecto la tesis I.12o.C.22 K (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." Sin que esta determinación sea contraria al principio de progresividad en relación al derecho de recurso judicial efectivo, dado que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no eliminó un derecho, ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, ya que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal. Aunado a que si la autoridad responsable no cumple la sentencia o dilata notoria y abiertamente el procedimiento respectivo, la parte quejosa estará en condiciones de promover nuevamente el juicio de amparo cuando así sea oportuno, y podrá analizarse si, en ese momento, se actualiza una violación a sus derechos fundamentales; lo que ahora no sucede. Es aplicable, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1070, Libro 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Registro 2009478, con el rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO". Determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Roselia Martínez Ruiz. 4° Notificaciones -electrónicas-, y autorizados. 4.1° Notificaciones vía electrónica. Con fundamento el numeral 3 de la Ley de Amparo se ordena que las notificaciones que le surjan en este expediente se efectúen vía electrónica, a través del usuario "jatoledo". Por tal motivo, en el caso, no se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado por la parte quejosa, en el escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". 4.2° Autorizados. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a 1) José Alfredo Benítez Toledo, al haberse encontrado registro de su cédula en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof, que lo faculta para ejercer la licenciatura en derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Y, únicamente para oír y recibir notificaciones a 2) Ana Rosa García Sandoval y 3) Norma Angélica García Sandoval, al no haberse encontrado registro de sus cédulas profesionales en el referido sistema. 5° Autorización de medios electrónicos. Como lo solicita la parte quejosa y de acuerdo a la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la utilización de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; con la precisión de que sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace del conocimiento de la parte quejosa que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Indicación actuario. Por ello, se indica al actuario que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Forma de captura. En el entendido que para el uso de los medios solicitados, deberá estarse a lo dispuesto en el Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (cuya vigencia fue ampliada por el diverso acuerdo general 16/2022); es decir, deberá generarse cita previa para la comparecencia a este Juzgado. 6° Medios alternos para entablar comunicación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado por el diverso acuerdo general 9/2022, sólo respecto de su vigencia, se tomarán en cuenta las cuentas de correo electrónico proporcionadas, únicamente como un canal de comunicación y así establecer el contacto respectivo, por parte del (la) actuario (a) de la adscripción, en los casos en que se estime necesario, pero no para practicar notificaciones, pues no lo contempla de esa forma dicho precepto. 7° Precisión. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialía de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 8° Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9° Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 9.1 Instrucción actuario. Y, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción, que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 10° Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11° Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 12° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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- Rosendo García Lorenzo834/2022
- Rosendo Gaspar Santiago380/2022
- Rosendo Jesús Bautista Velasco735/2018
- Rosi Lindzay Murcio González1273/2022