Roselia Castillejos Cueto

Expediente 1064/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1064/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Roselia Castillejos Cueto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    PRA.1064/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Se devuelve oficio. Incorpórese a los autos el oficio que firma el jefe del Centro de Atención al Público de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través del cual informa lo relativo al seguimiento de la pieza postal MN680106535MX que, dice, le fue requerida en este juicio de amparo mediante el oficio 6348/2022. Sin embargo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente no se realizó algún requerimiento al Servicio Postal Mexicano con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el que se solicitara información sobre la pieza postal MN680106535MX, pues las autoridades responsables en este juicio de amparo son locales; máxime que en el proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno se archivó este expediente como asunto definitivamente concluido. Además, es preciso indicar que se consultó el registro de oficios del año 2022, advirtiendo que el oficio 6348/2022 no se dirigió a la autoridad oficiante, sino a una diversa y en otro juicio de amparo, como se aprecia en la imagen que se inserta: En esas condiciones, previa copia certificada que se deje en autos, devuélvase la comunicación de cuenta a la autoridad oficiante, para que esté en condiciones de remitirla a la autoridad que corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    pral.1064/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Fenece plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa *** interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que lo hubiese hecho, como se advierte de la certificación de cuenta. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión sobre plazo para diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en este juicio de amparo y negado la protección constitucional ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Devolución de documentos. Parte quejosa. La parte quejosa ofreció como pruebas de su parte, diversas documentales que obran en copia simple así como el original del acuse del escrito firmado por la quejosa, presentado el quince de junio de dos mil veintiuno ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dirigido a los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste. Por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la referida parte quejosa, para que en el plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dicha documental en original; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, en su oportunidad, la misma será destruida con este expediente, sin ulterior acuerdo. En el entendido que para realizar dicha acción, deberá estarse a lo dispuesto en los términos previstos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. 4.2 Autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. Por su parte, la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, remitió en apoyo a su informe justificado copia certificada de diversas constancias del expediente 1342/19-15-01-5, que obra como tomo anexo a este expediente; por tanto, al no ser necesaria su permanencia en este Juzgado, al oficio que al efecto se adjunte, devuélvase dicha documental. 5. Archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA (AVISO) Número de expediente: 1064/2021 Acuerdo: pral.1064/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Fenece plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa *** interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que lo hubiese hecho, como se advierte de la certificación de cuenta. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión sobre plazo para diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en este juicio de amparo y negado la protección constitucional ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Devolución de documentos. Parte quejosa. La parte quejosa ofreció como pruebas de su parte, diversas documentales que obran en copia simple así como el original del acuse del escrito firmado por la quejosa, presentado el quince de junio de dos mil veintiuno ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dirigido a los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste. Por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la referida parte quejosa, para que en el plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dicha documental en original; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, en su oportunidad, la misma será destruida con este expediente, sin ulterior acuerdo. En el entendido que para realizar dicha acción, deberá estarse a lo dispuesto en los términos previstos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. 4.2 Autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. Por su parte, la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, remitió en apoyo a su informe justificado copia certificada de diversas constancias del expediente 1342/19-15-01-5, que obra como tomo anexo a este expediente; por tanto, al no ser necesaria su permanencia en este Juzgado, al oficio que al efecto se adjunte, devuélvase dicha documental. 5. Archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    PRAL 1064/2021 MESA 5° *** RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el cinco de octubre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y registrado y turnado a este Juzgado el mismo día, Roselia Castillejos Cueto, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de seis de octubre de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 1064/2021, se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; por tratarse de un asunto en materia administrativa, cuyos actos reclamados tienen consecuencias jurídicas y materiales en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar de jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la quejosa Roselia Castillejos Cueto reclama: De la 1) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: La omisión de hacer efectiva la multa al delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en cumplimiento al apercibimiento decretado el diez de junio de dos mil veintiuno en el expediente 1342/19-15-01-5. La omisión de continuar con el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La omisión de emitir acuerdos eficaces para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve dictada en el expediente 1342/19-15-01-5. Del 2) delegado y 3) encargado de la subdelegación de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en lo subsecuente se referirá al Instituto únicamente como ISSSTE, para efectos prácticos): La omisión de cumplir con la sentencia dictada el doce de julio de dos mil diecinueve en el expediente 1342/19-15-01-5. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado precisado en el punto IV del considerando que antecede, por una autoridad. El encargado de la subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, al rendir informe justificado, aceptó el acto reclamado. Sin embargo, no es procedente considerar como existente el acto que le atribuye la parte quejosa, en razón de que dicho subdelegado de prestaciones no es parte procesal en el expediente 1342/19-15-01-5. En efecto, de las constancias remitidas por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a las que desde ahora se concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron remitidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se aprecia que el veinte de agosto de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el expediente 1342/19-15-01-5 (fojas 59 a 78), en cuyo resultando primero la Sala responsable precisó que, en su carácter de actora, Roselia Castillejos Cueto demandó la nulidad de la resolución negativa ficta imputable a la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE; y en el último considerando declaró la nulidad de lo impugnado, para el efecto de que la autoridad demandada, delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE (foja 77 reverso), dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa, fundada y motivada, dando respuesta a la solicitud que se le formuló el siete de junio de dos mil dieciocho, y ordenara que se aplique a la pensión de la parte actora (aquí quejosa) los porcentajes de incremento del sueldo básico o tabulador de los trabajadores en activo de las mismas plazas en que se jubiló de enero de 2017 en adelante; asimismo, para que procediera a liquidar a partir del siete de junio de dos mil trece las diferencias procedentes. Así, resulta inexistente el acto reclamado a dicho subdelegado, ya que de las constancias de autos no se advierte que la Sala responsable lo haya vinculado de forma alguna al cumplimiento de la sentencia, pues al que vinculó fue al delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, por ser precisamente la autoridad señalada como demandada en el juicio administrativo; de ahí que, aun cuando el subdelegado tuviera que realizar alguna gestión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, atendiendo las indicaciones que le pudiera llegar a ordenar el delegado, las constancias de autos en este asunto no demuestran que se encuentre vinculado jurídicamente como autoridad responsable a quien le pueda ser reprochable la omisión correspondiente al expediente 1342/19-15-01-5. En consecuencia, por lo que hace al acto reclamado al encargado de la subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, con motivo de su inexistencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir informe justificado negó los actos reclamados (foja 57), pues refirió que: El seis de octubre de dos mil veintiuno impuso a la encargada o delegada Estatal Oaxaca del ISSSTE como medida de apremio, una multa por la cantidad de $26,886.00 y la requirió por segunda ocasión para que cumpliera con la sentencia dictada en el expediente 1342/19-15-01-5; apercibiéndola nuevamente para el caso de incumplimiento. El tres de noviembre de dos mil veintiuno impuso una segunda multa por la cantidad de $44,810.00, y requirió a la delegada por tercera ocasión para que cumpliera con la sentencia, y ordenó girar oficio al superior jerárquico del propio Instituto, también con apercibimiento de multa. Manifestaciones que demuestran la existencia de los actos reclamados, pues la parte quejosa presentó la demanda de amparo el cinco de octubre de dos mil veintiuno, y fue hasta el seis de ese mes cuando se hizo efectiva la multa y se requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia; de ahí que, a la fecha de presentación de la demanda, sí existen los actos que le reclama la parte quejosa. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto que sigue: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Libro Núm. 79, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por su parte, la diversa autoridad responsable, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fue omisa en rendir el informe que oportunamente le fue solicitado, como así se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, de doce de octubre de dos mil veintiuno -foja 42-; en consecuencia, se presume cierto el acto a ella reclamado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. De ese modo, es preciso abordar las causales de improcedencia y, en su caso, el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Improcedencia del juicio respecto al acto identificado con el punto I del considerando segundo. Sea que las partes lo aleguen o no, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que integran este asunto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión reclamada a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, consistente en la omisión de hacer efectiva la multa al encargado y/o titular de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, en cumplimiento al apercibimiento decretado el diez de junio de dos mil veintiuno. El referido artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, de las constancias remitidas en copia certificada por la Sala responsable, se advierte que: En auto de diez de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1342/19-15-01-5, inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; además, requirió a la encargada de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, para que dentro del plazo de tres días cumpliera con la sentencia emitida en el citado juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría como medida de apremio una multa. El seis de octubre de dos mil veintiuno, ante la falta de cumplimiento a lo ordenado el diez de junio del mismo año, la Sala hizo efectivo el apercibimiento decretado, e impuso a la encargada o delegada Estatal Oaxaca del ISSSTE una multa por la cantidad de $26,886.00; la requirió, por segunda ocasión, para que cumpliera con la sentencia emitida en ese expediente. De lo anterior se estima que cesaron los efectos del acto reclamado, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención atribuida y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, en el momento en que la Sala responsable impuso la multa a la demandada, con motivo del apercibimiento decretado el diez de junio de dos mil veintiuno, con la finalidad de que cumpliera con la sentencia emitida en el juicio administrativo. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio. Sobreseimiento que impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa contra el acto reclamado analizado en este considerando; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Ahora, como ninguna de las partes hizo valer alguna causa de improcedencia, ni este Juzgado, de oficio, advierte alguna otra, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Concepto de violación. El análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar lo siguiente: Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la Sala responsable que, como se anticipó, tienen valor probatorio pleno, se aprecia que: El veinte de agosto de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el expediente 1342/19-15-01-5, en la que la Sala declaró la nulidad de la resolución negativa ficta para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa, en los términos precisados en esa sentencia (fojas 59 a 78). En auto de diez de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1342/19-15-01-5 (foja 83), la Sala responsable determinó que la sentencia de que se trata ya tenía firmeza y, como la demandada no había dado cumplimiento en el término de cuatro meses, de oficio, inició el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y requirió al delegado Estatal Oaxaca del Instituto, para que en el término de tres días cumpliera con esa sentencia; apercibiéndole que, de no hacerlo, se le impondría multa equivalente a trescientas veces la unidad de medida y actualización. El seis de octubre de dos mil veintiuno (foja 88 a 89), ante la falta de cumplimiento a lo ordenado en auto de diez de junio de dos mil veintiuno, la Sala hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado e impuso a la encargada o delegada Estatal Oaxaca del ISSSTE una multa por la cantidad de $26,886.00 y la requirió nuevamente para que cumpliera con la sentencia; con el apercibimiento que, de no hacerlo, le impondría una nueva multa. El tres de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 95 a 97), ante la contumacia del delegado del citado Instituto, le impuso nuevamente una multa, esta vez por la cantidad de $44,810.00, y la requirió, por tercera ocasión para que cumpliera con la sentencia; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría una multa mucho más elevada; además, se ordenó notificar su rebeldía a su superior jerárquico, director normativo de supervisión y calidad; apercibido que para el caso de nuevo incumplimiento, lo haría del conocimiento del Órgano Interno de Control del ISSSTE. Siendo ésta la última actuación relacionada con la etapa de ejecución del juicio ordinario tradicional de que se trata. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos, a saber: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, del texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, del texto siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cumplimiento de las sentencias. En el caso, el veinte de agosto de dos mil diecinueve la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia en el juicio 1342/19-15-01-5, declarando la nulidad de lo impugnado. Para hacer cumplir la sentencia dictada, la Sala responsable, de oficio, el diez de junio de este año inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la conducta del Delegado Estatal; precepto que dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Es así que, conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Análisis de las omisiones reclamadas. Bajo ese tenor, se advierte que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha observado las etapas que conforman ese procedimiento para doblegar la contumacia de la demandada para cumplir con las prestaciones a que fue condenada en la sentencia pronunciada el veinte de agosto de dos mil diecinueve, misma que ya causó firmeza, según lo precisado por la Sala en auto de diez de junio de este año -foja 83-. Y, por tanto, no vulnera el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo alega la parte quejosa. Ello, toda vez que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en auto de diez de junio de dos mil veintiuno, de oficio, inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que requirió al delegado del referido instituto para que, dentro del término de tres días, informara y demostrara que ha dado cumplimiento a la sentencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve; posteriormente, dado que la autoridad demandada no cumplió con lo requerido, el seis de octubre de este año hizo efectiva la multa con la que apercibió a esa parte procesal (foja 88). Además, en el mismo proveído requirió nuevamente a la autoridad demandada para que cumpliera con la sentencia, apercibiéndola con imponerle una multa por una suma mayor. Asimismo, en auto de tres de este mes, ante la contumacia de la autoridad demandada, se le impuso una multa mucho mayor a las multas previas, y la requirió de nueva cuenta a fin de que cumpla con la sentencia, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría una multa de mil unidades de medida y actualización como medida de apremio; además de que notificaría su rebeldía a su superior jerárquico y lo haría del conocimiento del Órgano Interno de Control del ISSSTE, por lo que en ese auto de tres de este mes ordenó girar el oficio correspondiente al superior jerárquico para que obligue a la perdidosa al cumplimiento de la sentencia. Como se ve, la Sala responsable ha cumplido con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de los términos y plazos que ahí se establecen, pues ha realizado las gestiones legales para lograr que, como parte demandada en el expediente 1342/19-15-01-5, el delegado Estatal del ISSSTE cumpla con la sentencia emitida; por tanto, no se vulnera el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo expuesto y fundado, al no existir queja que suplir, y al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia solicitada por Roselia Castillejos Cueto. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roselia Castillejos Cueto, contra los actos precisados con los puntos I y IV del considerando segundo, reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez y al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, respectivamente; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a *** , contra los actos precisados con los puntos II, III y IV del considerando segundo, reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, y Delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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