Rosaura Ruiz Bonilla
Expediente 1046/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/11/2017
Partes del expediente
- Rosaura Ruiz Bonilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el seis de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial de Toluca, Estado de México, el veintinueve de noviembre de dos mil veinte.
- Principal
RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE..SEGUNDO. PUBLIQUESE...
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil diecisiete. Visto, el estado de autos de los que se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra en curso el plazo de ocho días, otorgado a las partes, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con la vista otorgada en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete (foja 341). Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las doce horas del seis de noviembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Vista la constancia actuarial de cuenta, de la cual se aprecia la imposibilidad que tuvo el actuario de este juzgado para entregar el oficio dirigido a la autoridad responsable ahí precisada y cuya denominación refirió la parte quejosa en su escrito de demanda, en virtud de que no existe con ese nombre. En ese tenor, se tiene por inexistente a dicha responsable, debiéndose suspender toda comunicación con ella, toda vez que de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación del quejoso la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo). Salvo prueba en contrario o que la parte promovente corrija antes de la audiencia constitucional la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y el principio de celeridad procesal.
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