Rosaura Haaz Díaz
Expediente 258/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/05/2016
Partes del expediente
- Procurador General de Justicia en el Estado, Mexicali, Baja California
- Rosaura Haaz Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el dos de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, y con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dése aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no obra constancia de notificación del oficio dirigido a la autoridad responsable Procurador General de Justicia en el Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual se le hizo saber el fallo de referencia; puesto que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, solamente es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido de la resolución en cuestión y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso en concreto la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Junio de 1998, Tesis: XI. 3o. 4 K, página 706, con el rubro y texto siguientes: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento". Así también, es aplicable por analogía jurídica sustancial la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice de 1995, Tomo: Tomo VI, Parte TCC, Tesis: 648, página 434, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, debiéndose conservar únicamente el acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciséis, y la resolución de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en los que se concedió la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; por lo tanto, se fija como fecha probable para su destrucción el treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el veinticinco de mayo de dos mil diecinueve. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
SE RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...
- Incidental
Visto, el contenido de la certificación cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que se otorgó a la quejosa Rosaura Haaz Díaz, en la resolución incidental de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, para que exhibiera la garantía de $7,000.00 (siete mil pesos moneda nacional), que ahí se le fijó, con el objeto de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva, sin que al efecto la hubiera otorgado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las autoridades agente del Ministerio Público del orden común Titular de la agencia del Ministerio Público receptora de Playas de Rosarito, y Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona, residente en Tijuana, Baja California, que la quejosa Rosaura Haaz Díaz, a la fecha no cumplió con los requisitos exigidos en la interlocutoria de cuatro de marzo del presente año, para su vigencia, consistente en la exhibición de la garantía que se le fijó por la cantidad de 7,000.00 (siete mil pesos moneda nacional), en el plazo de cinco días; por ende, quedan expeditos para ejecutar el acto reclamado materia de la suspensión.
- Principal
Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del dos de mayo de dos mil dieciséis, para su celebración.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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