Rosaura Marlene Zapata Hernandez

Expediente 867/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
867/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Rosaura Marlene Zapata Hernandez
  • Presidente Municipal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa de lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. Asimismo, en dicho proveído se apercibió a la quejosa que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó personalmente a la impetrante el día doce de abril de dos mil veintiuno, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia firmada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Presidente Municipal y Subdirectora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad. Por lo que el efecto protector del amparo, fue para que las autoridades responsables, en el ámbito que a cada una le compete: "1. Continúen otorgando a la quejosa, la licencia médica para no asistir a su centro de trabajo, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, durante todo el plazo que se mantengan las medidas de contingencia derivadas de la pandemia provocada por el virus COVID- 19. Sin que ello implique un descuento por ausencia, por lo que debe garantizarse que perciba el sueldo respectivo al ser una persona que se encuentra dentro de un grupo vulnerable al mencionado virus. 2. En el entendido de que la ausencia de la quejosa se mantendrá siempre y cuando, los aludidos cuerpos normativos se encuentren vigentes, no haya concluido el estado de emergencia sanitaria o se sustituyan por alguno similar o se dé por concluido el estado de emergencia por haber disminuido la emergencia sanitaria 3. O bien, se le aplique a la quejosa la vacuna correspondiente que la haga inmune o menos propensa a que de contraer el virus de mérito se le agrave la enfermedad y ponga en peligro su vida, sin que esto último sea una obligación o parte del cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, sino sólo una posibilidad que de actualizarse esa situación haría posible la reincorporación de la quejosa a su actividad laboral ordinaria." Así, por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos fundamentales, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, Presidente Municipal de Mérida, por oficio sin número agregado por auto de seis de abril de esta anualidad, por conducto de su delegado, informó y acreditó que mediante oficio de instrucción número 1664/03/2021, de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, instruyó a la Subdirectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mérida, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por ser la unidad administrativa facultada y competente, realizara las acciones necesarias tendentes al cumplimiento de la sentencia emitida. Por su parte, la Subdirectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mérida, por oficio SRH/0333/03/2021, informó y acreditó que la quejosa Rosaura Marlene Zapata Hernández continuará con la exención de asistir a su centro laboral durante el tiempo en el que no haya concluido el estado de emergencia, continúen vigentes las disposiciones normativas de salud, o bien sean modificadas por haber disminuido la emergencia sanitaria, sin que por esa situación implique descuento alguno por ausencia, por lo que el salario que percibe bajo el puesto que ostenta como empleada del Ayuntamiento de Mérida, se le seguirá cubriendo en la misma forma y términos inherentes al mismo, con todas las prestaciones que lo integran, como lo viene haciendo desde el tres de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, señaló que no ha mediado descuento alguno relacionado con la actual situación de emergencia y durante el tiempo en el que la quejosa ha permanecido en casa sin asistir a su centro de labores, ya que ha percibido su salario de manera íntegra, con todas las prestaciones y deducciones que la ley impone, lo cual acredita con la nómina del mes de febrero de dos mil veintiuno de la quejosa Zapata Hernández, por los periodos quincenales del 01 al 15 y del 16 al 28 de febrero de dos mil veintiuno. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las referidas autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, como se desprende de las constancias remitidas. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes, los informes correspondientes al Presidente Municipal y Subdirectora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento de Mérida, remitidos con relación al cumplimiento de la sentencia constitucional dictada en estos autos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido de los oficios de mérito, por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación realizada a las partes de la sentencia dictada en este juicio el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se realizó el cinco de marzo siguiente y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer punto resolutivo concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Presidente Municipal y a la Subdirectora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento a dichas autoridades, que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 867/2020-III-A, promovido por ROSAURA MARLENE ZAPATA HERNÁNDEZ, en contra de los actos que reclama del Presidente Municipal de Mérida, y de otra autoridad; y ... SEXTA. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por lo que deberá concederse la protección de la Justicia Federal solicitada. Como conceptos de violación la quejosa hace valer en esencia, que se vulnera su derecho a la salud al no otorgarle licencia con goce de sueldo, como enfermera adscrita al Centro de Desarrollo Integral Chablekal de la Dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, lo que afirma pone en peligro su vida y su salud, ya que forma parte de un grupo poblacional vulnerable a ese virus, al haber sido diagnosticada con el virus COVID-19, reciente a la fecha de la interposición de la demanda; además, padecer una enfermedad pulmonar obstructiva, obesidad, y contar con la edad de sesenta y un años. Como se dijo, los motivos de inconformidad aducidos, devienen fundados. Para arribar a lo anterior, cabe destacar que el numeral 4° de la Constitución Federal, que para lo que aquí es de interés, es del tenor siguiente: "Artículo 4. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)". El párrafo del dispositivo constitucional preinserto instituye que en el Estado mexicano toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual se erige como un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna o apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. Así, dentro de las responsabilidades que incumben al Estado para la protección de la salud de los gobernados, se incluyen acciones y prestaciones indispensables para ese fin, entre las que se deben considerar todas aquellas políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención a la salud y oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, mayormente ante casos extraordinarios como la pandemia que aqueja a la comunidad mundial. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana, en las oportunidades de las personas y, sobre todo, en la evitabilidad de padecer una mortalidad prematura. Tal criterio se encuentra inmerso en la tesis CVIII/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1192, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2007938, de rubro y texto siguientes: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." En relación con lo expuesto, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se confirma que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, que entre las medidas que deberán adoptar los Estados a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para (i) la reducción de la mortandad y el sano desarrollo de los niños; (ii) el mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del trabajo y del medio ambiente; (iii) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y (iv) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Como se advierte, el precepto convencional referido reitera que el derecho a la salud impone deberes positivos a los Estados parte, entre los que se destacan la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad; lo cual, evidentemente, conlleva la creación de un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios médicos (de salud), estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. En ese orden de ideas, puede válidamente inferirse que el Estado, en materia de salud, se encuentra obligado a supervisar constantemente la prestación del servicio tanto en instituciones públicas como privadas, para proteger el bien respectivo; y lograr, de manera progresiva, que todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción tengan acceso a las instituciones de salud, lo que implica que sean atendidas oportunamente y se les brinde un tratamiento médico integral; así como, a propiciar y mantener condiciones sanitarias adecuadas y óptimas, procurando la debida capacitación y calificación de su personal médico. Por su parte, conforme al artículo 2 del citado pacto internacional, cada uno de los Estados parte se compromete a adoptar medidas -tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional- especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive con la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos. Para atender a esa obligación, tendente a lograr una plena efectividad del derecho humano a la salud, en los artículos 2, 23, 27, fracciones III y VIII, 28 y 29, la Ley General de Salud, el Estado Mexicano dejó establecido que tal prerrogativa tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, los cuales se entienden como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; de igual manera, contempla la creación de un Compendio Nacional de Insumos para la Salud por el Consejo de Salubridad General, al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, garantizándose la existencia permanente de los insumos esenciales así como su disponibilidad a la población que los requiere. Mientras que, en el diverso numeral 134 de ese propio ordenamiento establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las diversas enfermedades que ahí se enlistan, así como las demás que determinen el Consejo de Salubridad General (fracción XIV). En esta tesitura, es pertinente precisar que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco que los gobiernos de países pobres tengan que establecer servicios de salud costosos para quienes no dispongan de recursos, sino que implica que los gobiernos y autoridades públicas establezcan políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso efectivo a la atención de la salud en el plazo más breve posible. Bajo esa narrativa, la protección a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos; por lo que, la efectividad de su alcance involucra numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. De modo que, el concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el párrafo primero, del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se erige tomando en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. En suma, se reitera que el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna o apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. Así, es dable afirmar que la plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que resulten evitables o tratables, y sobre todo, en la evitabilidad de padecer una mortalidad prematura. Definido el marco jurídico anterior, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2 (Covid-19), es oficialmente una pandemia. Por lo que, ante dicho panorama, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo segundo se estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, a menores de cinco años y a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión arterial, obesidad, padecimientos pulmonares y diabetes mellitus. Posteriormente, a través del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal implementó diversas acciones extraordinarias dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el COVID-19, en cuyo artículo primero, fracción V, se estableció como obligación para los sectores públicos, sociales y privados, permitir el resguardo domiciliario corresponsable a toda persona mayor de sesenta años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. Asimismo, el veintinueve de mayo subsecuente, se publicó en el medio de difusión aludido, el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, en la que en su punto 4.1, se clasifica como actividad esencial en primer lugar a la rama médica, y en su siguiente punto 4.2, se identifican los niveles de riesgo epidemiológico acorde con la actividad desempeñada, por lo que es evidente que la rama médica es de aquéllas que oscila entre un alto y máximo nivel de exposición al estar en contacto directo con posibles portadores del virus Covid-19, así como casos confirmados. En tal sentido, la omisión o negativa a esa medida podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física de los justiciables ante la situación actual de la pandemia, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, de imposible reparación. Ello implica que las autoridades responsables deben instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Así, la parte quejosa afirma que las responsables afectan su derecho a la salud con la negativa a otorgarle licencia o permiso con goce de sueldo para no presentarse a su centro, en cumplimiento al Acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veinte. Al respecto, cabe destacar que al rendir sus informes, las responsables acreditaron que mediante el oficio BS/SS/418/2020, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el Director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida, después de haber recibido la quejosa el aviso de su reincorporación en un área de no contacto con personas de covid, se postergó el llamado de la quejosa a reincorporarse a sus labores hasta el término de la licencia COVID-19, emitida en la Circular ADM/957/2020, de treinta de agosto de dos mil veinte, por la Dirección de Administración. Circular que tuvo una vigencia hasta el día treinta septiembre del mismo año y en la que se dejó entrever que el personal mayor de sesenta años, se reincorporara a su actividad laboral en la modalidad de teletrabajo y/o trabajo a distancia, pudiendo extraordinariamente ser convocados. Que por oficio 1135/09/2020, de treinta de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el Presidente Municipal de Mérida, se instruyó a la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, dar cumplimiento a la medida suspensional otorgada por este juzgado. Mediante Circular ADM/1052/2020, de treinta de septiembre de dos mil veinte, emitida por la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Mérida, se prorrogó el otorgamiento de la licencia con goce de sueldo con motivo de la contingencia de salud por el virus SARS.CoV2 (Covid-19), hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinte Por oficio SRH/1170/2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, bajo el amparo de la circular ADM/957/2020 y en cumplimiento a los efectos de la suspensión decretada por este juzgado, se otorgó a la quejosa licencia médica. Mediante Circular ADM/1149/2020, de treinta de octubre de dos mil veinte, emitida por la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Mérida, se determinó reactivar laboralmente al personal en situación de vulnerabilidad a COVID-19, únicamente en la modalidad de teletrabajo y/o trabajo a distancia de la contingencia de salud por el virus SARS.CoV2 (Covid-19). Asimismo, entre otras cosas, se estableció que las circulares emitidas anteriormente se considerarían vigentes y aplicables en todo lo que no hayan sido modificadas; y que dada la naturaleza de la situación y contingencia de salud, las medidas en esa circular definidas, se encuentran susceptibles de modificación. Ahora bien, con la nota médica con firma autógrafa, suscrita por el doctor Edwards Josué Alonzo Mex, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, que exhibió la quejosa en el presente juicio, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Se encuentra acreditado que a la fecha en que interpuso su demanda de amparo (veintinueve de septiembre de dos mil veinte), se hizo constar que padece una enfermedad pulmonar crónica (epoc), de veinte años de evolución, y que cuenta con prueba PCR de coronavirus positivo el veintiséis de junio de dos mil veinte. Asimismo, con los diversos informes rendidos por las autoridades responsables, y documentos anexos, se constata que la aquí quejosa es empleada del Ayuntamiento de Mérida, sin que se encuentre desvirtuado que labora como enfermera adscrita al Centro de Desarrollo Integral Chablekal de la Dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida. De igual manera, con la copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, se deduce indiciariamente que es una persona mayor de sesenta años. De tal manera que, al ser la quejosa personal que presta sus servicios en un área de riesgo de contraer el virus SARSCoV2 (covid-19), es inconcuso que pertenece a uno de los grupos vulnerables al referido virus. Por ende, tomando en consideración que los Centros de Desarrollo Integral del Ayuntamiento de Mérida, ofrecen servicios y talleres a la comunidad, así como asesoría jurídica, médica y dental, es incuestionable que debe protegerse a la quejosa evitando que acuda a su centro de trabajo para resguardar su salud, incluso su vida, pues dada la enfermedad pulmonar crónica que padece y su edad, tiene un mayor riesgo que de contraer la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ponga en peligro su vida. En las relatadas condiciones, es evidente que la omisión de decretar la exención de asistencia laboral solicitada por la parte quejosa, vulnera su derecho a la salud y al trabajo. En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación formulados, lo que legalmente procede es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito que a cada una le compete: 1. Continúen otorgando a la quejosa, la licencia médica para no asistir a su centro de trabajo, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, durante todo el plazo que se mantengan las medidas de contingencia derivadas de la pandemia provocada por el virus COVID- 19. Sin que ello implique un descuento por ausencia, por lo que debe garantizarse que perciba el sueldo respectivo al ser una persona que se encuentra dentro de un grupo vulnerable al mencionado virus. 2. En el entendido de que la ausencia de la quejosa se mantendrá siempre y cuando, los aludidos cuerpos normativos se encuentren vigentes, no haya concluido el estado de emergencia sanitaria o se sustituyan por alguno similar o se dé por concluido el estado de emergencia por haber disminuido la emergencia sanitaria 3. O bien, se le aplique a la quejosa la vacuna correspondiente que la haga inmune o menos propensa a que de contraer el virus de mérito se le agrave la enfermedad y ponga en peligro su vida, sin que esto último sea una obligación o parte del cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, sino sólo una posibilidad que de actualizarse esa situación haría posible la reincorporación de la quejosa a su actividad laboral ordinaria. Sin embargo, queda expedito el derecho de la autoridad responsable para que encomiende a la parte impetrante (trabajadora) alguna actividad administrativa que pueda realizar desde casa como contraprestación al sueldo recibido, con las únicas limitantes de que no deberán de poner en riesgo su salud ni obligar a asistir a su centro de trabajo o cualquier otro que pueda poner el riesgo su salud. SÉPTIMA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ROSAURA MARLENE ZAPATA HERNÁNDEZ, en contra de los actos que atribuye al Presidente Municipal y Subdirectora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en la sexta de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la séptima consideración de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración novena de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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