Rosaura Maria Arceo Gogora
Expediente 311/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 34 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosaura Maria Arceo Gogora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que en el amparo en revisión 722/2023 de su índice, se admitió el recurso interpuesto en contra de la sentencia dictada en estos autos. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa Rosaura María Arceo Góngora, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia firmada en el presente asunto el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión la digitalización del escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 311/2023-I-A, promovido por Rosaura María Arceo Góngora y/o Rosaura María Arceo y Góngora; y.********************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el uno de marzo siguiente, y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Rosaura María Arceo Góngora y/o Rosaura María Arceo y Góngora, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama a la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano; Titular y Titular del Departamento Jurídico, ambos del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano, todos del Estado de Yucatán y Grúas ******************** en Mérida, Yucatán, todos con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 311/2023-I-A, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************TERCERO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nuevo acto reclamado la resolución dictada el dos de marzo de dos mil veintitrés, de la que se aprecia que impuso una sanción correspondiente a doscientas setenta y cinco Unidades de Medida y Actualización vigente en el Estado de Yucatán, equivalente a $******************** (veintiocho mil, quinientos veintiocho pesos con cincuenta centavos, moneda nacional), dirigida, entre otros, a la propietaria del vehículo afecto; lo anterior, ya que del informe justificado del Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial de Yucatán, se advirtió el nuevo acto.********************CUARTO. Ampliación de demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Partes de este Juzgado, Rosaura María Arceo Góngora y/o Rosaura María Arceo y Góngora amplió su demanda por las autoridades responsables Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano; Titular y Titular del Departamento Jurídico, ambos del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano, todos del Estado de Yucatán y Grúas ******************** en Mérida, Yucatán, todos con sede en esta ciudad, respecto del acto siguiente:********************La resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento administrativo, por el que se declaró legal el secuestro y aseguramiento del vehículo de su propiedad marca Hyundai, línea Grand I10, color Fier y Red, con número de serie MALA84BC9LM388741, número de motor G4LAKM428191 y placas de circulación ZCA-659-C del Estado de Yucatán y su ejecución.****************************************QUINTO. Admisión de la ampliación de la demanda. Por auto de dos de junio de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación de la demanda, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia simple del ocurso de ampliación de demanda de amparo, y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y********************C O N S I D E R A C I O N E S********************PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ******************** "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, escrito de ampliación de demanda y de las constancias que coforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en:********************De la demanda inicial.********************La detención y retención del vehículo de su propiedad marca Hyundai, línea Gran I10, color Fier y Red, con número de serie MALA84BC9LM388741, número de motor G4LAKM428191 y placas de circulación ZCA-659-C del Estado de Yucatán, el cual era utilizado para el servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataforma tecnológica conocido como "IN DRIVER", con motivo de la boleta de infracción 11105 de fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés.****************************************En vía de ampliación.********************La resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento administrativo, mediante la cual, calificó la infracción e impuso a ******************** y/o al propietario de la unidad en cuestión, la multa consistente en doscientas setenta y cinco Unidades de Medida y Actualización vigente en el Estado, equivalente a la cantidad de $******************** M.N. (********************, moneda nacional). ****************************************TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Titular y Director Jurídico, ambos del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad (número de promociones 4728 y 10262), pues así se advierte de sus respectivos informes justificados rendidos por conducto del Director Jurídico, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de los actos y con ello desvirtuar la negativa.********************Lo que se corrobora con las documentales que remitieron con sus aludidos informes, en copia certificada, las cuales adquieren valor probatorio pleno conforme a dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2.********************Constancias de las que se advierte que la detención del vehículo es derivada de la boleta de inspección suscrita por el Inspector de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, adscrito a la Dirección de Transporte del Estado; y respecto a la resolución de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento administrativo en la que calificó de legal la boleta de infracción relacionada con la retención del vehículo propiedad de la aquí quejosa, fue suscrita por el Director de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado, previa substanciación del procedimiento administrativo previsto en el segundo párrafo del artículo 144 del Reglamento de la Ley de Transporte.********************En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados al Titular y Director Jurídico, ambos del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice:********************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo."****************************************CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán (número de promociones 4654 y 10040), y al Salvamento Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable (Grúas ******************** de Mérida) (número de promociones 3632 y 9580), pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados; por lo que así deberán tenerse para los efectos del presente juicio.********************Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado en el inciso a). Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar las causales de improcedencia que invocan la autoridad responsable Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán, pues de ser fundada, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio.********************Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. ********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ********************"IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************Para una mejor comprensión del presente asunto, resulta pertinente destacar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Director de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, derivadas del expediente administrativo 11105/2023, a fin de dotar al presente estudio del debido marco fáctico procesal.********************Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene, en lo que aquí interesa, lo siguiente:********************Boleta de infracción. El ocho de febrero de dos mil veintitrés, el Inspector del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, con residencia en esta ciudad, suscribió la boleta de infracción de folio 11105, a nombre de ********************, ya que mientras conducía el vehículo marca Hyundai, línea Gran I10, color Fier y Red, con número de serie MALA84BC9LM388741, número de motor G4LAKM428191 y placas de circulación ZCA-659-C del Estado de Yucatán, infringió los artículos 40 Bis, 40 Quarter, fracción II, 40 Quinquies, 40 septies, 40 Nonies, y 24, de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, y 114 Bis, 114 Nonies y 145, del Reglamento de Ley de Transporte del Estado de Yucatán, ya que prestaba el servicio de transporte de pasajeros a pesar de que carecía de la constancia vigente para prestar el servicio de plataforma tecnológica, certificado vehicular, de operador.********************En consecuencia, con apoyo en el artículo 24 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, se remitió el vehículo al depósito vehicular Salvamento Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable (Grúas ******************** de Mérida).********************Acta circunstanciada de hechos de fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés, realizada por el Inspector adscrito a la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado, en la que hizo constar los hechos narrados en la boleta de inspección 11105.********************Expediente administrativo de calificación de multas 11105/2023. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, ******************** compareció ante la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Territorial Urbano del Estado de Yucatán, a fin de desahogar el procedimiento administrativo derivado de la boleta de infracción de folio 11105.********************Seguidos los trámites legales, el dos de marzo de dos mil veintitrés, el Director de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, con residencia en Mérida, Yucatán, dictó resolución en la que declaró responsable a ******************** de las infracciones previstas en los artículos 138 y 143 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán; 114 bis y 114 nonies del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán en vigor, y le impuso a él o en su caso al permisionario, concesionario o propietario de la unidad en cuestión, una multa consistente en ********************Unidades de Medida y Actualización vigente en el Estado de Yucatán, equivalente a la cantidad de $******************** (******************** pesos ******************** moneda nacional).********************Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados.********************De lo anterior, puede verse claramente que la detención y/o retención del citado vehículo, deriva de la boleta de infracción número 11105, de fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés, suscrita por el Inspector del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, la cual, fue calificada mediante resolución de dos de marzo siguiente.********************Por tanto, como lo señaló la responsable Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán, respecto del acto reclamado en el inciso a) del considerando segundo de esta resolución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia.********************El invocado numeral 61, en su fracción XXI, dispone:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado".****************************************Conforme a lo dispuesto en el arábigo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado, esto, hasta antes del dictado de la sentencia.********************La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber:********************a) Por revocación, y********************b) Por sustitución.********************La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales.********************El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido.********************Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan:********************"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia."****************************************Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija.********************Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro.********************En efecto, como se adelantó, la parte quejosa reclama a las responsables la detención y retención del vehículo de su propiedad marca Hyundai, línea Gran I10, color Fier y Red, con número de serie MALA84BC9LM388741, número de motor G4LAKM428191 y placas de circulación ZCA-659-C del Estado de Yucatán, el cual era utilizado para el servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataforma tecnológica conocido como "IN DRIVER", con motivo de la boleta de infracción 11105 de fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés********************Sin embargo, dicha conducta cesó al quedar sustituida procesalmente por la determinación de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, que emitiera el Director de Transporte de Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, con motivo de la calificación efectuada a la infracción plasmada en la boleta de infracción 11105, para determinar la comisión de la infracción los artículos 138 y 143 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán; 114 bis y 114 nonies del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, imponiéndose por ello la sanción de doscientas setenta y cinco Unidades de Medida y Actualización vigente en el Estado, equivalente a la cantidad de $******************** (******************** pesos, ******************** moneda nacional).********************Esto es, la violación que reclama la parte quejosa respecto de la detención y retención ordenada en la referida boleta de infracción, dejó de tener efectos legales propios, y por tanto, producir afectación a su esfera jurídica por la cesación de los efectos, pues ésta fue colmada con motivo de la resolución que la analizó, misma que a la postre culminó en la imposición de la multa en cita.******************** De tal suerte que, es evidente que cualquier vulneración atribuible por la imposición de la boleta de infracción reclamada ha dejado de tener vigencia con motivo del dictado de la resolución de dos de marzo último, dentro del procedimiento administrativo 11105/2023, por lo que éste último, en su caso, es el que procesalmente regía la esfera jurídica de la impetrante.********************Es aplicable al caso por lo que su contenido informa, el criterio contenido en la tesis aislada I.3o.C.92 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, cuyo rubro y texto rezan:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente."****************************************Sin que obste que si bien en un principio se advirtió que no se entregó la boleta de infracción número 11105, lo que hace procedente el juicio de amparo, lo cierto es, que al comparecer el infractor ante el Director de Procesos de la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, el nueve de febrero de dos mil veintitrés, se dictó la resolución que aquí se combate, por lo que, como se dijo quedó sustituido procesalmente.********************Por tanto, es incuestionable que respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), del considerando segundo de esta resolución, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos del acto; lo que impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la citada Ley de la materia.********************SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado en el inciso b). Respecto al acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando segundo de esta resolución, atribuido a la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán, consistente en la resolución emitida el dos de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento administrativo, mediante la cual, calificó la infracción e impuso a ******************** y/o al propietario de la unidad en cuestión, la multa consistente en doscientas setenta y cinco Unidades de Medida y Actualización vigente en el Estado, equivalente a la cantidad de $******************** M.N. (********************, moneda nacional).********************Por tanto, como lo señaló la citada responsable se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, previo a acudir a la instancia constitucional.********************En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el medio idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre los entes del poder público (autoridades) y las personas.********************Dichos principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, están previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, limitando la procedencia del juicio únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues, como se precisó, el juicio constitucional se ideó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales.********************El principio de definitividad para el caso de actos administrativos se desprende de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establecen la obligación de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos administrativos reclamados.********************Así, para la actualización de la causa de improcedencia, se requiere que:********************I. El juicio de amparo se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.********************II. Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.********************Ahora, el artículo del artículo 96 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, dispone que en lo relativo a la aplicación de esta Ley y su reglamento, las impugnaciones se harán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con el procedimiento que marque la legislación en la materia.********************Por su parte, el artículo 1 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, establece lo siguiente:********************"Artículo 1.- Esta Ley tiene como objeto regular los actos y procedimientos administrativos previstos en las diversas disposiciones legales vigentes y establecer un único recurso para impugnar los actos administrativos que causen agravio a los particulares, y sus disposiciones son aplicables a: ********************I.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen los órganos de la administración pública centralizada del Estado de Yucatán; ********************II.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen las entidades de la administración pública paraestatal del Estado de Yucatán, respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el propio Estado a través de una paraestatal, y ********************III.- La actuación de los particulares ante la Administración Pública del Estado.******************** IV.- Esta Ley podrá ser aplicada por la administración pública municipal centralizada y paramunicipal en el Estado de Yucatán, en ausencia de disposiciones administrativas de observancia general emitidas por la misma, de conformidad con el artículo 177 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán".****************************************Por su parte, el diverso artículo 126 de la ley citada, establece:********************"Artículo 126.- Contra los actos y resoluciones de las dependencias y entidades, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, los particulares podrán interponer el recurso administrativo de revisión. Será optativo para el particular agotar el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Contra la resolución definitiva que se emita en el recurso administrativo de revisión, el afectado podrá acudir en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal".****************************************En ese orden de ideas, de los preceptos recién transcritos se obtiene que de acuerdo con lo previsto en la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, procede el juicio contencioso del cual corresponde conocer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán.********************Con lo anterior, se tiene la posibilidad de instar un juicio en el que se nulifique el acto impugnado, pues el artículo 59 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establece que cuando se demande la nulidad de una resolución, las sentencias que declaren fundada la pretensión del actor dejarán sin efecto el acto impugnado y fijarán en su caso, el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho afectado.********************Ahora, sobre el segundo aspecto, en cuanto a si la suspensión en dicho medio de defensa se puede conceder en los términos que prevé la Ley de Amparo, sin establecer un mayor plazo para su resolución o mayores requisitos, se tiene que los artículos 16, 23 y 24 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, prevén la suspensión del acto administrativo, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que en el caso particular no tiene porqué garantizarse el interés fiscal, dada la esencia del acto que se combate, habida cuenta que no se trata de contribuciones, requisitos que son en todo caso los que también establecen los tres preceptos citados de la Ley de Amparo.********************Por otra parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de modo que se pueden establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.********************También prevé que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.********************Razones por las que la parte quejosa no está exenta de observar el principio de definitividad. Además, no se está en presencia de una excepción al principio de definitividad.********************Lo anterior, porque la resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, en la calificó la infracción e impuso a ******************** y/o al propietario de la unidad en cuestión, la multa de ********************Unidades de Medida y Actualización vigente en el Estado de Yucatán, equivalente a la cantidad de $******************** (******************** pesos ******************** moneda nacional), en la cual se expusieron los fundamentos y motivos que justificaron su emisión.******************** Además, no se actualiza una violación directa a la constitución, y acorde a lo expuesto, la procedencia del juicio administrativo no es dudosa y se encuentra prevista en una ley.********************Apoya lo expuesto la tesis de jurisprudencia con registro 2012670, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: ********************"BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario."****************************************En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los actos reclamados en el inciso b), del considerando segundo de esta resolución, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa.********************Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen:********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". ****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. ********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se ********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y/o********************, contra los actos atribuidos a las responsables Titular y Director Jurídico, ambos del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en le consideración tercera de esta sentencia.********************SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y/o********************, contra los actos atribuidos a las responsables Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán y Salvamento Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable (Grúas ******************** de Mérida), ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos señalados en le consideración quinta de esta sentencia.********************TERCERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y/o********************, contra los actos atribuidos a las responsables Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos señalados en le consideración sexta de esta sentencia.********************CUARTO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración séptima de esta sentencia. ********************QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio rendido por el Director de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de ocho de los corrientes. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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