Rosaura Magdalena Nicolas Lozano

Expediente 355/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
355/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Rosaura Magdalena Nicolas Lozano
  • Jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que éste ha causado estado, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dicha autoridad incluso no estaría legitimada para interponer el recurso de revisión en contra de la determinación dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó fuera de audiencia en el presente; ello, ya que la autoridad responsable sólo podrá interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a la autoridad responsable. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, considerando que obran glosados en el presente asunto medios de convicción en copia certificada exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Probanzas que se entregarán personalmente a la parte quejosa, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos serán susceptibles de destrucción. Se autoriza a la Secretaria y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUALS E ACORDÓ LO SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa. Asimismo, se tiene a la responsable autorizando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, la dirección que cita en el comunicado de cuenta, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción Il, de la ley de la materia. Ahora, en el caso conviene precisar que lo reclamado en esta instancia constitucional a la citada responsable es: - La omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral que efectuó la quejosa el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Así, tomando en consideración las documentales remitidas por la responsable, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, pues de las constancias que remitió la responsable, se advierte que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dio respuesta a la solicitud de trámite catastral que efectuó la parte quejosa el veintitrés de junio de dos mil veintidós, la cual se notificó, por conducto de su autorizado, el diecinueve del presente mes y año. En esa tesitura, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, pues la situación jurídica puesta de relieve, destruyó todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, respecto de tal acto omisivo que se reclama; y siendo esto así, en la especie se actualiza respecto del acto reclamado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque quedó satisfecha la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable diera respuesta a la solicitud de trámite catastral y se la notificara; por lo cual, se considera que en el presente asunto cesaron los efectos del acto reclamado y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, por los motivos expuestos se considera que en el presente juicio sobreviene la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, y por consiguiente, debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, puesto que en el caso de que se trata, la causa de improcedencia que se actualiza es manifiesta e indudable, de modo que las pruebas que la parte quejosa pudiera aportar, no variarían el sentido de la resolución en el presente expediente. Apoya lo considerado la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalados en el presente asunto -doce horas con tres minutos del cuatro de mayo del año en curso-, para la celebración de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa. Asimismo, se tiene a la responsable autorizando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, la dirección que cita en el comunicado de cuenta, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción Il, de la ley de la materia. Ahora, en el caso conviene precisar que lo reclamado en esta instancia constitucional a la citada responsable es: - La omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral que efectuó la quejosa el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Así, tomando en consideración las documentales remitidas por la responsable, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, pues de las constancias que remitió la responsable, se advierte que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dio respuesta a la solicitud de trámite catastral que efectuó la parte quejosa el veintitrés de junio de dos mil veintidós, la cual se notificó, por conducto de su autorizado, el diecinueve del presente mes y año. En esa tesitura, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, pues la situación jurídica puesta de relieve, destruyó todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, respecto de tal acto omisivo que se reclama; y siendo esto así, en la especie se actualiza respecto del acto reclamado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque quedó satisfecha la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable diera respuesta a la solicitud de trámite catastral y se la notificara; por lo cual, se considera que en el presente asunto cesaron los efectos del acto reclamado y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, por los motivos expuestos se considera que en el presente juicio sobreviene la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, y por consiguiente, debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, puesto que en el caso de que se trata, la causa de improcedencia que se actualiza es manifiesta e indudable, de modo que las pruebas que la parte quejosa pudiera aportar, no variarían el sentido de la resolución en el presente expediente. Apoya lo considerado la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalados en el presente asunto -doce horas con tres minutos del cuatro de mayo del año en curso-, para la celebración de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Rosaura Magdalena Nicolás Lozano, por su propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. En consecuencia, regístrese bajo el número 355/2023 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, SE ADMITE la demanda de amparo. Apertura del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión relativo por no haber sido solicitado expresamente y no existir motivo para el trámite de oficio. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrá enviarlo vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remita a este Juzgado de Distrito: - Copia certificada, en orden, completas y legibles, de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia se le impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, por el monto de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74) moneda nacional. En la inteligencia de que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actuaciones, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este órgano judicial, si ya se promovieron diversos juicios de amparo en contra de los actos aquí reclamados, o provenientes del expediente de origen del cual emanan los mismos; de ser afirmativa su respuesta, proporcione el número de juicio, así como el Juzgado que conoció del mismo; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. De igual forma, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Notificación a la autoridad responsable. Por otra parte, se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento al juicio, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Tomo II, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS de conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Notificación al Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Practíquense las subsecuentes notificaciones a la citada agente del Ministerio Público, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". En el entendido que, este órgano jurisdiccional con fundamento en el citado numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, ordenará se practiquen de manera personal a la referida representación ministerial las determinaciones que a juicio de este Juzgado así lo ameriten. Asimismo, vista la certificación de cuenta se autoriza al usuario ROCIO.CRUZ, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Tercero interesado. Acorde con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Tesis XXVII.9K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1131 del Tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO.". Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ponciano Santiago Lorenzo, toda vez que proporcionó su número de cédula profesional, la cual se verificó en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, como se advierte de la certificación de cuenta; y únicamente para que se impongan de autos, a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada 2a.VIII/2020 (10a.), registro digital 2021840, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, agosto de 2020, tomo V, página 4456, décima época, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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