Rosario Hernández Rodríguez y Otros.
Expediente 149/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosario Hernández Rodríguez y Otros.
- Rosario Hernández Rodríguez
- M.I. J. H. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que han transcurrido los quince días para interponer el recurso a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el proveído de tres de septiembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado Federal; y, toda vez que a la fecha no se ha recibido promoción alguna, con relación a dicha determinación; por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA FIRME DICHA DETERMINACIÓN. Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 18 inciso b) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que en la sentencia dictada en el presente expediente se concedió la protección constitucional; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración de este expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado, para posteriormente solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE SE LISTA LOS SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal del expediente, se advierte que el presente asunto, se encuentra en la etapa de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada. En ese sentido, como se advierte de la certificación de cuenta, mediante el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, esto es se ordenó el levantamiento de la suspensión de plazos lo que implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el citado Acuerdo General. En consecuencia se reanuda el presente asunto, y por ende, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Al respecto, visto el estado procesal de autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días para que la parte quejosa desahogara la vista concedida sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Aquí, cabe destacar que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, por tanto, esta potestad Federal procede a su análisis. Por tanto, a fin de estar en aptitud de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida, se considera necesario precisar sus alcances y, realizar un examen comparativo básico de lo determinado por las autoridades responsables y los límites establecidos en dicha ejecutoria con base en las constancias de autos. En tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a determinar si de las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Así, se tiene que substanciado el juicio de amparo en que se actúa, este órgano de control constitucional, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (foja 184 a 198), para el siguiente efecto: "(.) La protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente el auto reclamado; y, 2. En su lugar, emita una nueva determinación, en la que con plenitud de jurisdicción, con base en los argumentos expuestos en esta ejecutoria, deberá: 2.1. Ponderar los elementos de convicción existentes y, con ello emitir una resolución fundada y motivada de las razones por las cuales considera que es o no procedente otorgar medidas de protección a favor del menor de identidad reservada, incluso, de advertir que ésta se encuentra en riesgo inminente, dictar las medidas conducentes para garantizar su integridad física y psicológica. Esto es, contrastar si en su caso se actualiza incluso alguna otra medida de protección para la víctima, a la luz del delito en cuestión y a la calidad del menor; ello, en atención a la naturaleza de los hechos presuntamente delictivos de sustracción de menor. 2.2. Deberá ordenar al Ministerio Público, vigilar que a la menor le sea designado -de modo gratuito- y cuente con asistencia legal especializada en derechos de la infancia, en los términos que fueron indicados en esta ejecutoria, misma que perdurará el tiempo que se mantenga vigente la indagatoria respectiva o, en su caso, el proceso penal que se instaure en razón de lo que se llegue a determinar en ella. A fin de dar cumplimiento a lo anterior, la responsable incluso, de decretarlo así, deberá tomar en consideración el derecho que tiene el menor de convivir con ambos progenitores. Y es que un derecho primordial de los menores radica en no ser separado de sus padres, a menos de que sea necesario en aras de proteger su interés superior. Por ende, la convivencia entre el menor y sus progenitores, por regla general, no debe ser afectada bajo ninguna circunstancia, salvo que se trate de alguna situación en la que su restricción hacia uno de los padres devenga necesaria, en miras de proteger su interés superior (...)". Toda vez que las partes no se inconformaron en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, mediante proveído de trece de noviembre del presente año, se declaró ejecutoriada dicha determinación (fojas 208 y 209), por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, en acuerdos de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, veintiséis de noviembre último y de catorce de enero del año que transcurre, se ordenó darle vista a la parte quejosa, con el cumplimiento que dio la autoridad responsable (fojas 217y 225). Mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 239 a 241), transcurrido el término concedido a la parte quejosa, con la vista dada con el cumplimiento que dio la autoridad responsable, se determinó que la sentencia de amparo no había quedado cumplida (foja 241), por lo cual se requirió nuevamente a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto. Luego, mediante auto de quince de enero de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento que dio la autoridad responsable (fojas 267). Proveído que se notificó a la parte quejosa Rosario Hernández Rodríguez el dieciséis de enero del año en curso, y a la menor M.I.J.H. (identidad reservada), a través de su Asesor Jurídico Federal Juana Leticia López Galindo el veintidós de enero del año en curso, en términos de la constancia agregada en autos (fojas 267 vuelta a 269). Una vez que transcurrió el plazo, se advierte que la representante de la menor quejosa si realizó manifestación al respecto. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.Atento a lo anterior, visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida o, bien, existe imposibilidad real y jurídica. En ese sentido, se tiene que mediante oficios PJEO/CJO/TAT/7838/2019-J y PJEO/CJO/TAT/7909/2019-J (fojas 213 y 215), el Juez responsable, informó las medidas que adoptó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para ello remitió un disco DVD certificado, mismo que contiene el audio y video de la resolución dictada el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, así como, la resolución en formato PDF de la misma data, a través de los cuales acreditó su dicho (fojas 216). De igual manera, la agente del Ministerio Público de la Mesa Dos Investigadora de la Infancia y Adolescencia Adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra La Mujer por Razón de Género, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, remitió un oficio que emitió dentro de la carpeta de investigación 416/(FEADM)2018, en el que informó las medidas que adoptó para dar debido cumplimiento a la sentencia que concedió la protección constitucional en este juicio (fojas 223 y 224). Asimismo, el catorce de enero de dos mil veinte, se recibió un oficio signado por la autoridad judicial responsable, mediante el cual remitió diversas constancias relativas al cuaderno de antecedentes 1/2019 de su índice. En consecuencia, se procede a realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. De las constancias anexas por la autoridad judicial responsable, se advierte que mediante audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, determinó: Dejó insubsistente la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Juez de Control, en el cuaderno de antecedentes 01/2019. Con plenitud de jurisdicción emitió una nueva resolución en la que, atendiendo a la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como a la luz del delito en cuestión, a la calidad del menor, y en atención a la naturaleza de los hechos presuntamente delictivos de sustracción de menor, impuso la medida de protección establecida en el artículo 137, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales consistente en el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Posteriormente: Mediante oficio PJE/CJ/TAT/244/2020-J, ordenó al Ministerio Público, vigilar que a la menor le sea designada -de modo gratuito- asistencia legal especializada en derechos de la infancia, en los términos que fueron indicados en la ejecutoria dictada en este asunto. En ese sentido, si bien la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción emitió una nueva resolución, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en este asunto, y con fecha posterior a la audiencia celebrada giró una comunicación a efecto de que a la menor quejosa se le designara asistencia legal especializada; sin embargo, se estima que dicha responsable fue omisa en pronunciarse respecto a las medidas conducentes para garantizar la integridad física y psicológica de la menor quejosa, tal como se estableció en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; pues incluso, hasta ese momento se advertía que las partes ignoraban el paradero de la menor quejosa, así como el domicilio en al cual deberá reingresar la víctima u ofendida, una vez que se salvaguarde su seguridad. No obstante lo anterior, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de enero de dos mil veinte, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, Oaxaca, envió copia certificada del diverso oficio sin número de ocho de enero de dos mil veinte, suscrito por la licenciada Irma Berenice Hernández Jiménez, agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, del cual medularmente se advierte que en comparecencia de la aquí parte quejosa Rosario Hernández Rodríguez, el ocho de enero de dos mil veinte, ante la citada fiscal, manifestó que la menor de iniciales M.I.J.H. ya se encontraba con ella a partir del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, al haber firmado un convenio con el tercero interesado Misael Juárez Anotonio, sobre la guarda y custodia de su menor hija, solicitó se dé por concluida la carpeta de investigación 416/(FEADM)2018. De igual manera, se advierte la declaración de la menor quejosa con iniciales M.I.J.H.; de las cuales esencialmente se advierte que ahora ya vive en la casa de su progenitora. Así también, mediante escrito de Juana Leticia López Galindo, asesora Jurídico Federal, designada como representante especial de la niña de identidad reservada con las iniciales M.I.J.H. en su carácter de Asesor Jurídico Federal (fojas 270 a 272), informó medularmente que la niña está viviendo con su progenitora desde el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, conforme al acta de esa propia fecha, que firmaron los padres de la niña en el centro de Justicia Alternativa, por lo cual la citada asesora jurídico legal, considera innecesario que el juez responsable deba vigilar la designación de un especialista en atención a la infancia para la niña, ya que en el citado centro de Justicia Alternativa, sus padres resolvieron amigablemente el conflicto que se planteó inicialmente, no existiendo riesgo que pudiera sufrir su representada. Así las cosas, una vez analizadas las citadas constancias, las cuales de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2, tienen valor probatorio pleno, se arriba a lo siguiente: En consideración que el efecto de la sentencia amparadora, consistió esencialmente, en que una vez que se dejara sin efecto el auto reclamado, y en su lugar emitiera una nueva determinación con plenitud de jurisdicción, con base en los argumentos expuestos en la sentencia ejecutoria, ponderara los elementos de convicción existentes y, con ello emitiera una resolución fundada y motivada de las razones por las cuales considera que es o no procedente otorgar medidas de protección a favor de la menor de identidad reservada, incluso, de advertir que ésta se encuentra en riesgo inminente, dictar las medidas conducentes para garantizar su integridad física y psicológica. Esto es, contrastar si en su caso se actualiza incluso alguna otra medida de protección para la víctima, a la luz del delito en cuestión y a la calidad de la menor; ello, en atención a la naturaleza de los hechos presuntamente delictivos de sustracción de menor. Sin embargo, se advierte que actualmente ya no tendría razón de ser, virtud esencial que la menor de identidad reservada con iniciales M.I.J.H. ya se encuentra con su mamá en el domicilio proporcionado en sus generales, así como ésta solicitó al fiscal encargado de la carpeta de investigación que dio origen al presente asunto, se diera por concluida la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento procesal y, sin necesidad de ordenar la apertura de un incidente innominado en términos de lo establecido por el artículo 196, párrafo cuarto de la citada ley de la materia, este órgano jurisdiccional declara que existe imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, ya que la causa que la genera, se encuentra probada fehacientemente y no se guarda duda sobre su operatividad. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.), del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, rubro: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL." Así como la tesis III/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO." Máxime que, el veintinueve de enero del presente año, se recibió un escrito en el cual Juana Leticia López Galindo, Asesora Jurídico Federal, designada como representante especial de la menor de identidad reservada identificada por las iniciales M.I.J.H., en su carácter de parte quejosa, manifestó a este órgano jurisdiccional que con la declaración que adjuntó la autoridad responsable, se destaca que la menor asistida por la psicóloga designada, manifestó de manera congruente y fluida, que está contenta de vivir con su madre y, que su papá le permitió vivir con aquélla; por ende, la citada asesora legal estima innecesario que el juez responsable deba vigilar la designación de un especialista en atención a la infancia para la niña, ya que en el Centro de Justicia Alternativa, sus padres resolvieron amigablemente el conflicto que se planteó inicialmente, no existiendo riesgo que pudiera sufrir su representada. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifieste lo que a sus interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Gírese oficio a las autoridades responsables que tuvieron a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista el escrito de cuenta, se tiene a Sayuri Yumiko Cerda Mellado; Asesora Jurídica Federal de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de la Defensoría Pública, atento a su contenido, se le tiene protestando el cargo como representante especial de la menor de iniciales******y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; sin que obste a lo anterior que mediante proveído de tres de septiembre se declaró la imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en este asunto. Asimismo, designa autorizados para oír y recibir notificaciones, asimismo, solicita la autorización de uso de medios electrónicos, y la consulta, vía internet, del expediente electrónico de este juicio de amparo. Por lo que al efecto se provee: Se tienen como autorizados a *****, en los términos amplios a que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, a las restantes personas, por así haberlo solicitado expresamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.1°.C.16 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, registro IUS 2017380, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo II, julio 2018, de rubro: "REPRESENTANTE ESPECIAL DE MENORES. SU NOMBRAMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 8º. DE LA LEY DE AMPARO, LO FACULTA PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL DIVERSO ARTÍCULO 12 DE LA PROPIA LEY.". Por otra parte, en atención a implementar los medios electrónicos para la reproducción del presente expediente; con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, pues la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevén la autorización de dichos medios electrónicos para tal fin; por lo que, se deja expedito su derecho, a fin de solicitar el fotocopiado que solicita por la vía tradicional, si a su interés conviene. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, misma que si bien manifiesta no tener inconveniente en que se autorice dichos medios electrónicos, deja expedita dicha facultad a los titulares de los órganos jurisdiccionales donde se tramitan los juicios relativos. Finalmente, en cuanto a su solicitud de consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo y, tomando en consideración la certificación de cuenta, se autoriza al usuario YUMIKO, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la Asesora Jurídica de la menor quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el firmado vía electrónica por la Delegada del Instituto de la Defensoría Pública Federal Delegación Oaxaca, con sede en este Municipio. Atento su contenido, se le tiene informando que se designó a ********************, Asesora Jurídico Federal adscrita a esa Delegación, para que en términos de los artículos 16, fracción I, y 36, fracción III, inciso d), de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, represente a menor de iniciales ********************; esto es, en sustitución a********************, representante especial de la referida menor designada en proveído de veintiséis de marzo del dos mil diecinueve; lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal de autos y de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha no se aprecia que exista constancia de notificación a la representante especial de la referida menor en el párrafo precedente, del auto de tres de septiembre de dos mil veinte, en donde se declaró imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En tales condiciones, en aras de garantizar la celeridad procesal y de conformidad con la fracción XIV del artículo 2°, en relación con el numeral 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdicciones por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se instruye a los actuarios judiciales adscritos para que, realicen la notificación del proveído de tres de septiembre del año en curso; asimismo, se les exhorta, a fin, que en lo sucesivo sea cuidadosos y diligentes en el desempeño de sus funciones, a fin de evitar el retraso de los asuntos tramitados ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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