Rosaura de Jesus Uc Iuit

Expediente 490/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
490/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Rosaura de Jesus Uc Iuit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    IV. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; notificado que sea este acuerdo, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto décimo del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que el presente expediente no existen documentos originales; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser depurado, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto vigésimo primero del capítulo quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto décimo séptimo del capítulo cuarto del propio acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto vigésimo primero capítulo quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido; de conformidad con lo establecido en el artículo décimo primero del capítulo tercero del acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Ahora bien, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 490/2019-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el once de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ROSAURA DE JESÚS UC IUIT, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y Actuario de su adscripción, y que hizo consistir medularmente, en el emplazamiento que le fue practicado en el juicio ejecutivo mercantil 502/2016, promovido en su contra, por Azael Ramos Calán, como cesionario de crédito y derechos de cobro que le correspondían a "Caja la Asunción, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", así como todo lo actuado con posterioridad a éste. SEGUNDO. Mediante proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda y se registró en el Libro de Gobierno bajo el expediente 490/2019-IV; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se realizó el emplazamiento de la parte tercero interesada, tal y como se advierte a fojas 131 y 132 del cuaderno de amparo; y previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra un acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La precisión del acto reclamado, debe realizarse de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Para ello, debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, el emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 502/2016, promovido en su contra, así como todo lo actuado con posterioridad a éste. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades señaladas como responsables Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y Actuario de su adscripción, al rendir sus informes justificados, precisaron que son ciertos los actos que se les atribuye. Lo que además se corrobora de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 502/2016, remitidas por la Juez de origen, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En la especie a juicio del suscrito no se actualiza ninguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, por tanto, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. La peticionaria de amparo expresó los conceptos de violación que se encuentran dentro del capítulo respectivo de su demanda, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, visible a página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación propuestos por la quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, son infundados, por las razones siguientes. En el caso concreto, la inconforme aduce que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que argumenta que no fue legalmente emplazada al juicio ejecutivo mercantil de origen 502/2016, promovido en su contra por Azael Ramos Calan, en su carácter de cesionario de crédito y derechos de cobro que le correspondían a "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Que lo anterior es así, toda vez que dicho emplazamiento, se llevó a cabo en un domicilio diverso al que siempre ha habitado, ubicado en el predio trescientos nueve, de la calle cuarenta y dos, letra "A", de la localidad de Izamal, Yucatán, tal y como se advierte de su credencial de elector, misma que adjuntó en copia simple a su demanda de amparo, de ahí que, considera que hubo falta de cercioramiento por parte del Actuario que realizó la citada diligencia de emplazamiento. Cuenta habida que además no describió el predio en el que realizó dicha diligencia, aunado a que afirma desconocer a Rita Ysolina Góngora Cisneros, persona con la que según el Actuario entendió el emplazamiento. Ahora bien, para una mejor comprensión, se estima conveniente realizar la reseña de los datos indispensables del expediente 502/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil anteriormente citado, cuyas copias fotostáticas certificadas fueron remitidas por la Juez responsable como justificación a su informe, y de las que se advierte: a) Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciséis, Azael Ramos Calan, y Patricia Elena Tejera Álvarez, en su carácter de endosatarios en procuración de "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de la aquí quejosa, Rosaura de Jesús Uc Iuit, señalando como domicilio para que la citada demandada fuera requerida de pago, el predio marcado con el número doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán. b) Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se admitió la demanda, en los términos propuestos, en contra de la aquí quejosa, por lo que se ordenó al Actuaria adscrita al Juzgado responsable, que procediera a notificarle dicho auto, le requiriera de pago y, en caso de no hacerlo, le embargara bienes suficientes para cubrir las prestaciones reclamadas, así como las costas, apercibiéndolo que de no señalar bienes para embargar, el derecho pasaría a favor de la parte actora; asimismo, se le concedió un término de ocho días para que hiciera pago de las cantidades reclamadas, o bien contestara la demanda, oponiendo sus defensas y excepciones. c) Citatorio de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas con quince minutos, en el cual se hace constar que el Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se apersonó en el domicilio ubicado en el predio doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán, y previo cercioramiento de éste, entendió la diligencia con una persona de sexo femenino de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, y le manifestó que ese era el domicilio correcto, y que la demandada era su cuñada, quien incluso se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector GNCR650914MYNNST01, y le informó que la demandada no se encontraba presente ya que había salido a trabajar, motivo por el que el Fedatario, le dejó el citatorio a fin de que la demandada aguardara a dicho funcionario en ese mismo domicilio, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas con quince minutos (fojas 30 y 31 del cuaderno de amparo). d) Constancia de notificación levantada por el Actuario aludido, a las once horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, de la que se advierte que realizó el emplazamiento de la aquí quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, por medio de cédula, en virtud de que el demandada (hoy quejosa) no lo esperó; diligencia que fue entendida con quien dijo ser su cuñada y llamarse Rita Ysolina Góngora Cisneros (fojas 32 y 33). e) Seguido el cauce legal del juicio, sin que la demandada, aquí quejosa, compareciera, se dictó sentencia condenatoria en su contra, el veinte de junio de dos mil diecisiete, misma que causó ejecutoria por ministerio de ley. f) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se aprobó la planilla de liquidación exhibida por la parte actora. g) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se fijó el término de tres días a la demandada, aquí quejosa, a fin de que cumpliera con la sentencia dictada en su contra. h) El dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, se reconoció a Azael Ramos Calan, como cesionario de crédito y derechos de cobro que le correspondían a la persona moral, "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Sentado lo anterior, se reitera, los conceptos de violación que esgrime la quejosa, devienen infundados, por las consideraciones siguientes. Este órgano de control constitucional advierte que el emplazamiento reclamado, cumplió con las reglas establecidas por los artículos 1,068, 1,392, 1,393 y 1,394 del Código de Comercio, que a la letra señalan: "Artículo 1,068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez en éstas no dispusiere otra cosa. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento. Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: I. Personales o por cédula; II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal; V. Por correo certificado, y VI. Por telégrafo certificado." "Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste." "Artículo 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos." "Artículo 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." El contenido de los preceptos antes mencionados, precisan la forma en que ha de realizarse la diligencia de exequendo, es decir, los lineamientos que se deben de seguir para el emplazamiento de la parte demandada. De un análisis sistemático de los preceptos legales trascritos con anterioridad, podemos afirmar que son varios los requisitos exigidos para que se consideren válidas las notificaciones personales o diligencias de emplazamiento practicadas en los autos de exequendo por los notificadores; de entre ellos, se citan los siguientes: Se harán al interesado o a su representante o procurador; Deberá practicarse en la casa designada; Deberá entregarse instructivo o cédula en el cual se hará constar la fecha y hora; el nombre del promovente; el Juez que manda practicar la diligencia y la determinación que se manda notificar. En el caso del auto de exquendo, se proveerá auto con efectos de mandamiento judicial en forma, para que el deudor sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo responsabilidad del creedor. Si se trata de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encuentra a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de las siguientes seis a setenta y dos horas posteriores y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. Ahora bien, de las constancias relativas al emplazamiento del aquí quejoso, este Juzgador Federal estima que no existe transgresión alguna en perjuicio del peticionario de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que invoca, en virtud que dicha diligencia cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 1,068, 1,392, 1,393, 1,394, del Código de Comercio y, por tanto, cubre las formalidades esenciales del procedimiento que exige dicho artículo constitucional. Lo anterior es así, si se toma en consideración que de la razón del citatorio y del emplazamiento practicado a la aquí quejosa, se advierte que previo a la diligencia de requerimiento de pago o embargo y emplazamiento, el Fedatario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se apersonó en el domicilio ubicado en el predio doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán, y previo cercioramiento del mismo, por la nomenclatura oficial de la calle visible en las placas metálicas instaladas en las esquinas de las calles, así como por el número correlativo que le corresponde al predio que buscaba, y por el dicho de los vecinos, quienes además le informaron que la aquí quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, vive habita y tiene su domicilio en ese lugar, lo que confirmó con el dicho de una persona de sexo femenino de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, y le manifestó que ese es el domicilio correcto, y que la demandada era su cuñada, siendo que en ese momento se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector GNCR650914MYNNST01, y le informó que la demandada no se encontraba presente ya que había salido a trabajar, motivo por el que, el Fedatario le dejó el citatorio a fin de que la demandada aguardara a dicho funcionario en ese mismo domicilio, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas con quince minutos, con el apercibimiento que de no hacerlo, procedería a entender la diligencia de mérito con la persona que se encontrara en el interior del mismo, por lo que procedió a entregar el citatorio a la persona con quien en ese momento entendió la diligencia; siendo que de todo ello, el Actuario asentó razón. (foja 30 del cuaderno de amparo). Así, a las once horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el citado Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se constituyó nuevamente en el domicilio señalado en autos del juicio de origen, como el de la demandada Rosaura de Jesús Uc Iuit, número doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán, lo anterior, en la fecha y hora precisada en el citatorio, sin que ésta se encontrara, por lo que previo cercioramiento de que se trataba del domicilio de aquella, por la nomenclatura oficial de la calle visible en las placas metálicas instaladas en las esquinas de las calles, así como por el número correlativo que le corresponde al predio que buscaba, y por el dicho de los vecinos del rumbo, así como que la aquí quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, vive, habita y tiene su domicilio en ese lugar, lo que confirmó con el dicho de una persona de sexo femenino de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, quien además le manifestó que ese era el domicilio correcto, y que la demandada era su cuñada, siendo que en ese momento se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector GNCR650914MYNNST01, la cual contenía una fotografía impresa, la que coincidía con sus rasgos fisonómicos, y le informó que la demandada no se encontraba presente, no obstante el citatorio que se le dejó, motivo por el cual procedió a entender la diligencia con dicha persona, a quien le leyó íntegramente el auto de exequendo, y le requirió el pago de las prestaciones reclamadas, misma que no hizo el pago de lo adeudado, ni tampoco señaló bienes para garantizarlo, por lo que el Actuario le cedió el derecho a la parte actora, quien señaló como bien para garantizar el adeudo, el cincuenta por ciento que le correspondía del inmueble marcado con el número trescientos nueve, de la calle cuarenta y dos, letra "A", de la localidad y Municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 207095, procediendo a notificarle a la demandada por medio de cédula, que fue entregada a la persona con quien se entendió la diligencia, corriéndole traslado con un juego de copias de la demanda, título de crédito, y sus documentos, debidamente sellados y cotejadas, junto con la copia de la diligencia de emplazamiento, asentándose razón de ello. (fojas 32 y 33). En tal virtud, de la copia certificada del citatorio judicial y razón del mismo, se advierte que se hizo constar la fecha y hora de su entrega (esto es, a las once horas con quince minutos del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis); la hora fija hábil del día siguiente para que lo esperara ( a las once horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis); el nombre de la demandada Rosaura de Jesús Uc Iuit, el tribunal que ordena la diligencia (precisando en su parte superior Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado); y el nombre de la persona a quien se entrega la cita (Rita Ysolina Góngora Cisneros), el domicilio en el cual se constituyó el Actuario judicial (inmueble marcado con el número doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán); asentando dicho fedatario que la persona con la que entendió la diligencia dijo ser cuñada de la demandada, siendo que ésta incluso se identificó en el acto, con credencial para votar, asentándose razón de ello de todo lo anterior. Asimismo, de la copia certificada de las cédula de notificación y razón de la misma que obran en autos, se advierte que contienen la fecha y hora de la diligencia, el número de expediente 502/2016, nombre del actor, Azael Ramos Calan, y Patricia Elena Tejera Álvarez, en su carácter de endosatarios en procuración de "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; el tribunal que ordenó la diligencia, señalando para tal efecto al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; el contenido del auto de exequendo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; la persona con quien se atendió la diligencia, quien dijo ser esposa del demandado y llamarse (Rita Ysolina Góngora Cisneros), quien se identificó con documento oficial, sobre lo cual se asentó debida razón; posteriormente, ante la ausencia de su buscada, no obstante el citatorio previo, procedió a entender la diligencia con dicha persona, a quien le requirió el pago de lo adeudado, manifestando no hacerlo, ni señalar bienes para cubrir el adeudo, por lo que el fedatario le cedió el derecho a la parte actora, quien señaló como bien para garantizar el pago, el cincuenta por ciento que le corresponde del inmueble número trescientos nueve, de la calle cuarenta y dos, letra "A", de la localidad y Municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 207095; y una vez hecho todo lo anterior, procedió a notificarle a la demandada por medio de cédula, que fue entregada a la persona con quien se entendió la diligencia, corriéndole traslado con un juego de copias de la demanda, título de crédito, y sus documentos, debidamente sellados y cotejadas, y copia de la diligencia de emplazamiento. En las relatadas circunstancias, es evidente que el emplazamiento practicado por el Actuario, a la aquí quejosa, fue realizado en forma legal y, por tanto, se dio cumplimiento a los requisitos que para tal efecto exigen los artículos 1,068, 1,392, 1,393, 1,394, del Código de Comercio; de donde se crea la convicción y certeza de que ciertamente se le dio a conocer el procedimiento instaurado en su contra en el juicio ejecutivo mercantil 502/2016, del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, a efecto de que hiciera valer las defensas que estimara pertinentes, con lo cual se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que como se ha demostrado, el Actuario que realizó la diligencia de emplazamiento, cumplió con los requisitos de ley para tal efecto; de ahí que se concluya que no existió violación a la garantía de audiencia y a las formalidades del procedimiento. Así, contrario a lo expuesto por la citada quejosa, previo a llevar a cabo el emplazamiento el Actuario sí se cercioró de que tuviera su domicilio en el lugar donde se realizó dicha diligencia, ya que en sendas actuaciones asentó que la demandada vivía, habitaba y tenía su domicilio, lo que fue confirmado por el dicho de una persona de sexo femenino, de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, en el que se llevó a cabo tal diligencia, la que incluso manifestó ser su cuñada, por tanto, dicho motivo de inconformidad resulta infundado, cuenta habida que el Fedatario si cumplió con el requisito del cercioramiento a que hace referencia el artículo 1393 del Código de Comercio. Aunado a que no aportó prueba alguna al presente sumario, a fin de desvirtuar lo asentado por el Actuario Judicial, pues si bien adjuntó a su demanda de amparo una copia simple de su credencial para votar, lo cierto es que, la misma resulta insuficiente, al no estar adminiculada con alguna otra, para que este Juzgador realizara un análisis de las mismas y determinar si se desvirtuaba lo asentado por el Fedatario que llevó a cabo el emplazamiento a juicio, luego entonces, se concluye que se practicó con apego a derecho y, por ende, no es violatoria de derechos fundamentales. Ahora bien, en cuanto al diverso argumento que hace valer la quejosa, y que se refiere a que el Actuario no asentó las características del predio en el cual llevó a cabo dicha diligencia, debe decirse que si bien el citado numeral 1393 del invocado Código de Comercio, no establece la forma en que el actuario debe cerciorarse cuando se encuentre en el domicilio del demandado, lo cierto es que, de acuerdo con el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, establece que el notificador puede cerciorarse por "cualquier medio" que la persona a emplazar vive en la casa designada para ello y, en caso de no poder verificar ese dato, se abstendrá de practicar la notificación De ahí que, en el caso, si bien el Actuario no asentó la descripción del predio en el cual se constituyó, a efecto de realizar el emplazamiento del demandado a juicio, lo cierto es que, basta lo que asentó en sendas diligencias respecto de cómo se cercioró de que se encontraba en el domicilio de la demandada, aquí quejosa, para tener por satisfecho ese requisito legal previsto para esa notificación, y no necesitar cualquier otro, de ahí lo infundado de dicho argumento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2555, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL NOTIFICADOR PUEDE CERCIORARSE POR CUALQUIER MEDIO CUANDO SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO DEL DEMANDADO (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 1393 del Código de Comercio dispone las formalidades a observar para realizar la diligencia de embargo (actuación que en la práctica judicial se lleva dentro de una diligencia trifásica que comprende, en primer término, el requerimiento de pago, luego el embargo y, finalmente, el emplazamiento); pero, nada dice sobre la forma en que el actuario debe cerciorarse cuando se encuentre en el domicilio del demandado. Por su parte, el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que el notificador puede cerciorarse por "cualquier medio" que la persona a emplazar vive en la casa designada para ello y, en caso de no poder verificar ese dato, se abstendrá de practicar la notificación. Así las cosas y toda vez que el correcto cercioramiento del domicilio en que debe realizarse el emplazamiento del demandado constituye una garantía de respeto al derecho de audiencia tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para llenar el vacío legislativo de la codificación mercantil en cuanto al modo en que debe realizarse el cercioramiento, debe aplicarse la disposición supletoria que sí contiene regulación en ese aspecto. Por tanto, al emplazar a juicio al demandado en un juicio ejecutivo mercantil, el notificador puede cerciorase por "cualquier medio" cuando se encuentre en el domicilio de éste." Finalmente, en cuanto al diverso argumento de la quejosa en el sentido de que no guarda ninguna relación con Rita Ysolina Góngora Cisneros, además de que no la describió el notificador, debe decirse que lo anterior, resulta infundado, ya que en modo alguno, aportó al presente juicio de amparo, prueba alguna a fin de acreditar su dicho respecto de que no guarda relación alguna con aquélla, por tanto, al estar investido de fe pública el Fedatario, si asienta que entendió una diligencia de notificación con determinada persona que afirma tener algún parentesco con la demandada, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario, lo que en el caso aconteció. Asimismo, en cuanto a que el Actuario responsable del emplazamiento, no realizó la descripción física de la persona con quien entendió la diligencia, debe decirse que de conformidad con el referido artículo 1393 del Código de Comercio, no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, sino únicamente establece que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien, con el vecino más inmediato, de ahí que, en la especie, basta lo que asentó el Fedatario judicial, respecto de que entendió la diligencia de emplazamiento con Rita Ysolina Góngora Cisneros, persona que se encontraba en el interior del domicilio y que ésta se identificó con documento oficial, a fin de tener por satisfecho lo que estable el referido artículo. Sirve de apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número 58/2019, Décima Época, pendiente de publicación, bajo el rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ES INNECESARIA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PERSONA QUE INFORMA DE LO ANTERIOR O CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, QUE SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, A IDENTIFICARSE O A FIRMAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/95). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/94, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 14/95, determinó que existe una defectuosa diligencia de citación a juicio cuando el actuario omita precisar cómo llegó a la convicción de que en el domicilio en el que se había constituido vivía el demandado, al no especificar las características físicas de la persona con la que atendió el irregular emplazamiento. Ahora bien, en atención a las reglas de la lógica y al principio ontológico de la prueba es necesario interrumpir la jurisprudencia de mérito, toda vez que la descripción detallada de esas características no debe considerarse indispensable para la validez del emplazamiento. Así, la interpretación de los artículos 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 67, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, y 1393 del Código de Comercio, lleva a establecer que para cumplir el requisito consistente en que el notificador se cerciore de que el domicilio donde practica el emplazamiento corresponde al del demandado y deje constancia de lo anterior, cuando no entiende la diligencia con éste sino con persona distinta, y ésta o el informante se niegue a dar su nombre, a identificarse o a firmar el acta, es innecesario que el actuario asiente una descripción exhaustiva o detallada de las características físicas de esa persona, pues si bien es cierto que entre mayores y de mejor calidad sean los elementos que el notificador haga constar en el acta circunstanciada por los cuales se cercioró del domicilio del demandado, mayor certeza ofrecerá de ese hecho, no debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que el emplazamiento se haga en el domicilio del demandado es para que éste quede vinculado a proceso, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es del demandado, y apoyado en la fe pública del funcionario judicial, a fin de que lo anterior pueda ser apreciado y valorado por las partes y el juez, según su prudente arbitrio. Por lo que no resultaría indispensable o exigible cumplir aspectos difíciles o imposibles de lograr, como pretender la plena identificación de una persona a través de su descripción física detallada, de manera que se invalidara la actuación sólo por no haber dado razón de alguna o algunas de las características físicas del sujeto, lo cual representaría un exceso ritual manifiesto en que se privilegiaría la forma por sí misma, y no por su objetivo, con lo cual, paradójicamente, se vulneraría el debido proceso y el acceso a la justicia." Así como la diversa la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 819, Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es el acto procesal de mayor trascendencia porque tiene por objeto hacer saber al interesado la existencia del juicio para que esté en aptitud de comparecer y defenderse, y por ello debe hacerse con estricto apego a lo que disponen las normas aplicables; no es menos cierto que cuando la parte demandada no atiende al citatorio previo, no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, porque este requisito no lo exigen los artículos 1393 del Código de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio, sino únicamente establecen que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien, con el vecino más inmediato." Por consiguiente, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por la quejosa, sin que se advierta algún motivo que induzca a suplir la deficiencia de la queja en su beneficio, lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados. Negativa de amparo que se hace extensiva a todo lo actuado con posterioridad al emplazamiento, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del emplazamiento que reclamó, que tras el análisis efectuado con antelación, resultaron infundados sus conceptos de violación. SEXTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ROSAURA DE JESÚS UC IUIT, por su propio derecho, contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y Actuario de su adscripción; precisados en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expresados en el quinto subsecuente. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, hoy veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 490/2019-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el once de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ROSAURA DE JESÚS UC IUIT, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y Actuario de su adscripción, y que hizo consistir medularmente, en el emplazamiento que le fue practicado en el juicio ejecutivo mercantil 502/2016, promovido en su contra, por Azael Ramos Calán, como cesionario de crédito y derechos de cobro que le correspondían a "Caja la Asunción, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", así como todo lo actuado con posterioridad a éste. SEGUNDO. Mediante proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda y se registró en el Libro de Gobierno bajo el expediente 490/2019-IV; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se realizó el emplazamiento de la parte tercero interesada, tal y como se advierte a fojas 131 y 132 del cuaderno de amparo; y previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra un acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La precisión del acto reclamado, debe realizarse de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Para ello, debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, el emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 502/2016, promovido en su contra, así como todo lo actuado con posterioridad a éste. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades señaladas como responsables Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y Actuario de su adscripción, al rendir sus informes justificados, precisaron que son ciertos los actos que se les atribuye. Lo que además se corrobora de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 502/2016, remitidas por la Juez de origen, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En la especie a juicio del suscrito no se actualiza ninguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, por tanto, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. La peticionaria de amparo expresó los conceptos de violación que se encuentran dentro del capítulo respectivo de su demanda, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, visible a página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación propuestos por la quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, son infundados, por las razones siguientes. En el caso concreto, la inconforme aduce que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que argumenta que no fue legalmente emplazada al juicio ejecutivo mercantil de origen 502/2016, promovido en su contra por Azael Ramos Calan, en su carácter de cesionario de crédito y derechos de cobro que le correspondían a "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Que lo anterior es así, toda vez que dicho emplazamiento, se llevó a cabo en un domicilio diverso al que siempre ha habitado, ubicado en el predio trescientos nueve, de la calle cuarenta y dos, letra "A", de la localidad de Izamal, Yucatán, tal y como se advierte de su credencial de elector, misma que adjuntó en copia simple a su demanda de amparo, de ahí que, considera que hubo falta de cercioramiento por parte del Actuario que realizó la citada diligencia de emplazamiento. Cuenta habida que además no describió el predio en el que realizó dicha diligencia, aunado a que afirma desconocer a Rita Ysolina Góngora Cisneros, persona con la que según el Actuario entendió el emplazamiento. Ahora bien, para una mejor comprensión, se estima conveniente realizar la reseña de los datos indispensables del expediente 502/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil anteriormente citado, cuyas copias fotostáticas certificadas fueron remitidas por la Juez responsable como justificación a su informe, y de las que se advierte: a) Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciséis, Azael Ramos Calan, y Patricia Elena Tejera Álvarez, en su carácter de endosatarios en procuración de "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de la aquí quejosa, Rosaura de Jesús Uc Iuit, señalando como domicilio para que la citada demandada fuera requerida de pago, el predio marcado con el número doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán. b) Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se admitió la demanda, en los términos propuestos, en contra de la aquí quejosa, por lo que se ordenó al Actuaria adscrita al Juzgado responsable, que procediera a notificarle dicho auto, le requiriera de pago y, en caso de no hacerlo, le embargara bienes suficientes para cubrir las prestaciones reclamadas, así como las costas, apercibiéndolo que de no señalar bienes para embargar, el derecho pasaría a favor de la parte actora; asimismo, se le concedió un término de ocho días para que hiciera pago de las cantidades reclamadas, o bien contestara la demanda, oponiendo sus defensas y excepciones. c) Citatorio de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas con quince minutos, en el cual se hace constar que el Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se apersonó en el domicilio ubicado en el predio doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán, y previo cercioramiento de éste, entendió la diligencia con una persona de sexo femenino de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, y le manifestó que ese era el domicilio correcto, y que la demandada era su cuñada, quien incluso se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector GNCR650914MYNNST01, y le informó que la demandada no se encontraba presente ya que había salido a trabajar, motivo por el que el Fedatario, le dejó el citatorio a fin de que la demandada aguardara a dicho funcionario en ese mismo domicilio, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas con quince minutos (fojas 30 y 31 del cuaderno de amparo). d) Constancia de notificación levantada por el Actuario aludido, a las once horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, de la que se advierte que realizó el emplazamiento de la aquí quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, por medio de cédula, en virtud de que el demandada (hoy quejosa) no lo esperó; diligencia que fue entendida con quien dijo ser su cuñada y llamarse Rita Ysolina Góngora Cisneros (fojas 32 y 33). e) Seguido el cauce legal del juicio, sin que la demandada, aquí quejosa, compareciera, se dictó sentencia condenatoria en su contra, el veinte de junio de dos mil diecisiete, misma que causó ejecutoria por ministerio de ley. f) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se aprobó la planilla de liquidación exhibida por la parte actora. g) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se fijó el término de tres días a la demandada, aquí quejosa, a fin de que cumpliera con la sentencia dictada en su contra. h) El dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, se reconoció a Azael Ramos Calan, como cesionario de crédito y derechos de cobro que le correspondían a la persona moral, "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Sentado lo anterior, se reitera, los conceptos de violación que esgrime la quejosa, devienen infundados, por las consideraciones siguientes. Este órgano de control constitucional advierte que el emplazamiento reclamado, cumplió con las reglas establecidas por los artículos 1,068, 1,392, 1,393 y 1,394 del Código de Comercio, que a la letra señalan: "Artículo 1,068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez en éstas no dispusiere otra cosa. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento. Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: I. Personales o por cédula; II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal; V. Por correo certificado, y VI. Por telégrafo certificado." "Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste." "Artículo 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos." "Artículo 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." El contenido de los preceptos antes mencionados, precisan la forma en que ha de realizarse la diligencia de exequendo, es decir, los lineamientos que se deben de seguir para el emplazamiento de la parte demandada. De un análisis sistemático de los preceptos legales trascritos con anterioridad, podemos afirmar que son varios los requisitos exigidos para que se consideren válidas las notificaciones personales o diligencias de emplazamiento practicadas en los autos de exequendo por los notificadores; de entre ellos, se citan los siguientes: Se harán al interesado o a su representante o procurador; Deberá practicarse en la casa designada; Deberá entregarse instructivo o cédula en el cual se hará constar la fecha y hora; el nombre del promovente; el Juez que manda practicar la diligencia y la determinación que se manda notificar. En el caso del auto de exquendo, se proveerá auto con efectos de mandamiento judicial en forma, para que el deudor sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo responsabilidad del creedor. Si se trata de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encuentra a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de las siguientes seis a setenta y dos horas posteriores y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. Ahora bien, de las constancias relativas al emplazamiento del aquí quejoso, este Juzgador Federal estima que no existe transgresión alguna en perjuicio del peticionario de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que invoca, en virtud que dicha diligencia cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 1,068, 1,392, 1,393, 1,394, del Código de Comercio y, por tanto, cubre las formalidades esenciales del procedimiento que exige dicho artículo constitucional. Lo anterior es así, si se toma en consideración que de la razón del citatorio y del emplazamiento practicado a la aquí quejosa, se advierte que previo a la diligencia de requerimiento de pago o embargo y emplazamiento, el Fedatario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se apersonó en el domicilio ubicado en el predio doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán, y previo cercioramiento del mismo, por la nomenclatura oficial de la calle visible en las placas metálicas instaladas en las esquinas de las calles, así como por el número correlativo que le corresponde al predio que buscaba, y por el dicho de los vecinos, quienes además le informaron que la aquí quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, vive habita y tiene su domicilio en ese lugar, lo que confirmó con el dicho de una persona de sexo femenino de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, y le manifestó que ese es el domicilio correcto, y que la demandada era su cuñada, siendo que en ese momento se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector GNCR650914MYNNST01, y le informó que la demandada no se encontraba presente ya que había salido a trabajar, motivo por el que, el Fedatario le dejó el citatorio a fin de que la demandada aguardara a dicho funcionario en ese mismo domicilio, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas con quince minutos, con el apercibimiento que de no hacerlo, procedería a entender la diligencia de mérito con la persona que se encontrara en el interior del mismo, por lo que procedió a entregar el citatorio a la persona con quien en ese momento entendió la diligencia; siendo que de todo ello, el Actuario asentó razón. (foja 30 del cuaderno de amparo). Así, a las once horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el citado Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se constituyó nuevamente en el domicilio señalado en autos del juicio de origen, como el de la demandada Rosaura de Jesús Uc Iuit, número doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán, lo anterior, en la fecha y hora precisada en el citatorio, sin que ésta se encontrara, por lo que previo cercioramiento de que se trataba del domicilio de aquella, por la nomenclatura oficial de la calle visible en las placas metálicas instaladas en las esquinas de las calles, así como por el número correlativo que le corresponde al predio que buscaba, y por el dicho de los vecinos del rumbo, así como que la aquí quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, vive, habita y tiene su domicilio en ese lugar, lo que confirmó con el dicho de una persona de sexo femenino de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, quien además le manifestó que ese era el domicilio correcto, y que la demandada era su cuñada, siendo que en ese momento se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector GNCR650914MYNNST01, la cual contenía una fotografía impresa, la que coincidía con sus rasgos fisonómicos, y le informó que la demandada no se encontraba presente, no obstante el citatorio que se le dejó, motivo por el cual procedió a entender la diligencia con dicha persona, a quien le leyó íntegramente el auto de exequendo, y le requirió el pago de las prestaciones reclamadas, misma que no hizo el pago de lo adeudado, ni tampoco señaló bienes para garantizarlo, por lo que el Actuario le cedió el derecho a la parte actora, quien señaló como bien para garantizar el adeudo, el cincuenta por ciento que le correspondía del inmueble marcado con el número trescientos nueve, de la calle cuarenta y dos, letra "A", de la localidad y Municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 207095, procediendo a notificarle a la demandada por medio de cédula, que fue entregada a la persona con quien se entendió la diligencia, corriéndole traslado con un juego de copias de la demanda, título de crédito, y sus documentos, debidamente sellados y cotejadas, junto con la copia de la diligencia de emplazamiento, asentándose razón de ello. (fojas 32 y 33). En tal virtud, de la copia certificada del citatorio judicial y razón del mismo, se advierte que se hizo constar la fecha y hora de su entrega (esto es, a las once horas con quince minutos del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis); la hora fija hábil del día siguiente para que lo esperara ( a las once horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis); el nombre de la demandada Rosaura de Jesús Uc Iuit, el tribunal que ordena la diligencia (precisando en su parte superior Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado); y el nombre de la persona a quien se entrega la cita (Rita Ysolina Góngora Cisneros), el domicilio en el cual se constituyó el Actuario judicial (inmueble marcado con el número doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán); asentando dicho fedatario que la persona con la que entendió la diligencia dijo ser cuñada de la demandada, siendo que ésta incluso se identificó en el acto, con credencial para votar, asentándose razón de ello de todo lo anterior. Asimismo, de la copia certificada de las cédula de notificación y razón de la misma que obran en autos, se advierte que contienen la fecha y hora de la diligencia, el número de expediente 502/2016, nombre del actor, Azael Ramos Calan, y Patricia Elena Tejera Álvarez, en su carácter de endosatarios en procuración de "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; el tribunal que ordenó la diligencia, señalando para tal efecto al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; el contenido del auto de exequendo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; la persona con quien se atendió la diligencia, quien dijo ser esposa del demandado y llamarse (Rita Ysolina Góngora Cisneros), quien se identificó con documento oficial, sobre lo cual se asentó debida razón; posteriormente, ante la ausencia de su buscada, no obstante el citatorio previo, procedió a entender la diligencia con dicha persona, a quien le requirió el pago de lo adeudado, manifestando no hacerlo, ni señalar bienes para cubrir el adeudo, por lo que el fedatario le cedió el derecho a la parte actora, quien señaló como bien para garantizar el pago, el cincuenta por ciento que le corresponde del inmueble número trescientos nueve, de la calle cuarenta y dos, letra "A", de la localidad y Municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 207095; y una vez hecho todo lo anterior, procedió a notificarle a la demandada por medio de cédula, que fue entregada a la persona con quien se entendió la diligencia, corriéndole traslado con un juego de copias de la demanda, título de crédito, y sus documentos, debidamente sellados y cotejadas, y copia de la diligencia de emplazamiento. En las relatadas circunstancias, es evidente que el emplazamiento practicado por el Actuario, a la aquí quejosa, fue realizado en forma legal y, por tanto, se dio cumplimiento a los requisitos que para tal efecto exigen los artículos 1,068, 1,392, 1,393, 1,394, del Código de Comercio; de donde se crea la convicción y certeza de que ciertamente se le dio a conocer el procedimiento instaurado en su contra en el juicio ejecutivo mercantil 502/2016, del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, a efecto de que hiciera valer las defensas que estimara pertinentes, con lo cual se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que como se ha demostrado, el Actuario que realizó la diligencia de emplazamiento, cumplió con los requisitos de ley para tal efecto; de ahí que se concluya que no existió violación a la garantía de audiencia y a las formalidades del procedimiento. Así, contrario a lo expuesto por la citada quejosa, previo a llevar a cabo el emplazamiento el Actuario sí se cercioró de que tuviera su domicilio en el lugar donde se realizó dicha diligencia, ya que en sendas actuaciones asentó que la demandada vivía, habitaba y tenía su domicilio, lo que fue confirmado por el dicho de una persona de sexo femenino, de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, en el que se llevó a cabo tal diligencia, la que incluso manifestó ser su cuñada, por tanto, dicho motivo de inconformidad resulta infundado, cuenta habida que el Fedatario si cumplió con el requisito del cercioramiento a que hace referencia el artículo 1393 del Código de Comercio. Aunado a que no aportó prueba alguna al presente sumario, a fin de desvirtuar lo asentado por el Actuario Judicial, pues si bien adjuntó a su demanda de amparo una copia simple de su credencial para votar, lo cierto es que, la misma resulta insuficiente, al no estar adminiculada con alguna otra, para que este Juzgador realizara un análisis de las mismas y determinar si se desvirtuaba lo asentado por el Fedatario que llevó a cabo el emplazamiento a juicio, luego entonces, se concluye que se practicó con apego a derecho y, por ende, no es violatoria de derechos fundamentales. Ahora bien, en cuanto al diverso argumento que hace valer la quejosa, y que se refiere a que el Actuario no asentó las características del predio en el cual llevó a cabo dicha diligencia, debe decirse que si bien el citado numeral 1393 del invocado Código de Comercio, no establece la forma en que el actuario debe cerciorarse cuando se encuentre en el domicilio del demandado, lo cierto es que, de acuerdo con el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, establece que el notificador puede cerciorarse por "cualquier medio" que la persona a emplazar vive en la casa designada para ello y, en caso de no poder verificar ese dato, se abstendrá de practicar la notificación De ahí que, en el caso, si bien el Actuario no asentó la descripción del predio en el cual se constituyó, a efecto de realizar el emplazamiento del demandado a juicio, lo cierto es que, basta lo que asentó en sendas diligencias respecto de cómo se cercioró de que se encontraba en el domicilio de la demandada, aquí quejosa, para tener por satisfecho ese requisito legal previsto para esa notificación, y no necesitar cualquier otro, de ahí lo infundado de dicho argumento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2555, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL NOTIFICADOR PUEDE CERCIORARSE POR CUALQUIER MEDIO CUANDO SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO DEL DEMANDADO (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 1393 del Código de Comercio dispone las formalidades a observar para realizar la diligencia de embargo (actuación que en la práctica judicial se lleva dentro de una diligencia trifásica que comprende, en primer término, el requerimiento de pago, luego el embargo y, finalmente, el emplazamiento); pero, nada dice sobre la forma en que el actuario debe cerciorarse cuando se encuentre en el domicilio del demandado. Por su parte, el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que el notificador puede cerciorarse por "cualquier medio" que la persona a emplazar vive en la casa designada para ello y, en caso de no poder verificar ese dato, se abstendrá de practicar la notificación. Así las cosas y toda vez que el correcto cercioramiento del domicilio en que debe realizarse el emplazamiento del demandado constituye una garantía de respeto al derecho de audiencia tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para llenar el vacío legislativo de la codificación mercantil en cuanto al modo en que debe realizarse el cercioramiento, debe aplicarse la disposición supletoria que sí contiene regulación en ese aspecto. Por tanto, al emplazar a juicio al demandado en un juicio ejecutivo mercantil, el notificador puede cerciorase por "cualquier medio" cuando se encuentre en el domicilio de éste." Finalmente, en cuanto al diverso argumento de la quejosa en el sentido de que no guarda ninguna relación con Rita Ysolina Góngora Cisneros, además de que no la describió el notificador, debe decirse que lo anterior, resulta infundado, ya que en modo alguno, aportó al presente juicio de amparo, prueba alguna a fin de acreditar su dicho respecto de que no guarda relación alguna con aquélla, por tanto, al estar investido de fe pública el Fedatario, si asienta que entendió una diligencia de notificación con determinada persona que afirma tener algún parentesco con la demandada, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario, lo que en el caso aconteció. Asimismo, en cuanto a que el Actuario responsable del emplazamiento, no realizó la descripción física de la persona con quien entendió la diligencia, debe decirse que de conformidad con el referido artículo 1393 del Código de Comercio, no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, sino únicamente establece que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien, con el vecino más inmediato, de ahí que, en la especie, basta lo que asentó el Fedatario judicial, respecto de que entendió la diligencia de emplazamiento con Rita Ysolina Góngora Cisneros, persona que se encontraba en el interior del domicilio y que ésta se identificó con documento oficial, a fin de tener por satisfecho lo que estable el referido artículo. Sirve de apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número 58/2019, Décima Época, pendiente de publicación, bajo el rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ES INNECESARIA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PERSONA QUE INFORMA DE LO ANTERIOR O CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, QUE SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, A IDENTIFICARSE O A FIRMAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/95). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/94, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 14/95, determinó que existe una defectuosa diligencia de citación a juicio cuando el actuario omita precisar cómo llegó a la convicción de que en el domicilio en el que se había constituido vivía el demandado, al no especificar las características físicas de la persona con la que atendió el irregular emplazamiento. Ahora bien, en atención a las reglas de la lógica y al principio ontológico de la prueba es necesario interrumpir la jurisprudencia de mérito, toda vez que la descripción detallada de esas características no debe considerarse indispensable para la validez del emplazamiento. Así, la interpretación de los artículos 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 67, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, y 1393 del Código de Comercio, lleva a establecer que para cumplir el requisito consistente en que el notificador se cerciore de que el domicilio donde practica el emplazamiento corresponde al del demandado y deje constancia de lo anterior, cuando no entiende la diligencia con éste sino con persona distinta, y ésta o el informante se niegue a dar su nombre, a identificarse o a firmar el acta, es innecesario que el actuario asiente una descripción exhaustiva o detallada de las características físicas de esa persona, pues si bien es cierto que entre mayores y de mejor calidad sean los elementos que el notificador haga constar en el acta circunstanciada por los cuales se cercioró del domicilio del demandado, mayor certeza ofrecerá de ese hecho, no debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que el emplazamiento se haga en el domicilio del demandado es para que éste quede vinculado a proceso, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es del demandado, y apoyado en la fe pública del funcionario judicial, a fin de que lo anterior pueda ser apreciado y valorado por las partes y el juez, según su prudente arbitrio. Por lo que no resultaría indispensable o exigible cumplir aspectos difíciles o imposibles de lograr, como pretender la plena identificación de una persona a través de su descripción física detallada, de manera que se invalidara la actuación sólo por no haber dado razón de alguna o algunas de las características físicas del sujeto, lo cual representaría un exceso ritual manifiesto en que se privilegiaría la forma por sí misma, y no por su objetivo, con lo cual, paradójicamente, se vulneraría el debido proceso y el acceso a la justicia." Así como la diversa la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 819, Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es el acto procesal de mayor trascendencia porque tiene por objeto hacer saber al interesado la existencia del juicio para que esté en aptitud de comparecer y defenderse, y por ello debe hacerse con estricto apego a lo que disponen las normas aplicables; no es menos cierto que cuando la parte demandada no atiende al citatorio previo, no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, porque este requisito no lo exigen los artículos 1393 del Código de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio, sino únicamente establecen que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien, con el vecino más inmediato." Por consiguiente, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por la quejosa, sin que se advierta algún motivo que induzca a suplir la deficiencia de la queja en su beneficio, lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados. Negativa de amparo que se hace extensiva a todo lo actuado con posterioridad al emplazamiento, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del emplazamiento que reclamó, que tras el análisis efectuado con antelación, resultaron infundados sus conceptos de violación. SEXTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ROSAURA DE JESÚS UC IUIT, por su propio derecho, contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y Actuario de su adscripción; precisados en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expresados en el quinto subsecuente. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro

  4. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 490/2019-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el once de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ROSAURA DE JESÚS UC IUIT, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y Actuario de su adscripción, y que hizo consistir medularmente, en el emplazamiento que le fue practicado en el juicio ejecutivo mercantil 502/2016, promovido en su contra, por Azael Ramos Calán, como cesionario de crédito y derechos de cobro que le correspondían a "Caja la Asunción, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", así como todo lo actuado con posterioridad a éste. SEGUNDO. Mediante proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda y se registró en el Libro de Gobierno bajo el expediente 490/2019-IV; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se realizó el emplazamiento de la parte tercero interesada, tal y como se advierte a fojas 131 y 132 del cuaderno de amparo; y previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra un acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La precisión del acto reclamado, debe realizarse de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Para ello, debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, el emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 502/2016, promovido en su contra, así como todo lo actuado con posterioridad a éste. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades señaladas como responsables Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y Actuario de su adscripción, al rendir sus informes justificados, precisaron que son ciertos los actos que se les atribuye. Lo que además se corrobora de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 502/2016, remitidas por la Juez de origen, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En la especie a juicio del suscrito no se actualiza ninguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, por tanto, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. La peticionaria de amparo expresó los conceptos de violación que se encuentran dentro del capítulo respectivo de su demanda, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, visible a página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación propuestos por la quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, son infundados, por las razones siguientes. En el caso concreto, la inconforme aduce que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que argumenta que no fue legalmente emplazada al juicio ejecutivo mercantil de origen 502/2016, promovido en su contra por Azael Ramos Calan, en su carácter de cesionario de crédito y derechos de cobro que le correspondían a "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Que lo anterior es así, toda vez que dicho emplazamiento, se llevó a cabo en un domicilio diverso al que siempre ha habitado, ubicado en el predio trescientos nueve, de la calle cuarenta y dos, letra "A", de la localidad de Izamal, Yucatán, tal y como se advierte de su credencial de elector, misma que adjuntó en copia simple a su demanda de amparo, de ahí que, considera que hubo falta de cercioramiento por parte del Actuario que realizó la citada diligencia de emplazamiento. Cuenta habida que además no describió el predio en el que realizó dicha diligencia, aunado a que afirma desconocer a Rita Ysolina Góngora Cisneros, persona con la que según el Actuario entendió el emplazamiento. Ahora bien, para una mejor comprensión, se estima conveniente realizar la reseña de los datos indispensables del expediente 502/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil anteriormente citado, cuyas copias fotostáticas certificadas fueron remitidas por la Juez responsable como justificación a su informe, y de las que se advierte: a) Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciséis, Azael Ramos Calan, y Patricia Elena Tejera Álvarez, en su carácter de endosatarios en procuración de "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de la aquí quejosa, Rosaura de Jesús Uc Iuit, señalando como domicilio para que la citada demandada fuera requerida de pago, el predio marcado con el número doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán. b) Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se admitió la demanda, en los términos propuestos, en contra de la aquí quejosa, por lo que se ordenó al Actuaria adscrita al Juzgado responsable, que procediera a notificarle dicho auto, le requiriera de pago y, en caso de no hacerlo, le embargara bienes suficientes para cubrir las prestaciones reclamadas, así como las costas, apercibiéndolo que de no señalar bienes para embargar, el derecho pasaría a favor de la parte actora; asimismo, se le concedió un término de ocho días para que hiciera pago de las cantidades reclamadas, o bien contestara la demanda, oponiendo sus defensas y excepciones. c) Citatorio de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas con quince minutos, en el cual se hace constar que el Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se apersonó en el domicilio ubicado en el predio doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán, y previo cercioramiento de éste, entendió la diligencia con una persona de sexo femenino de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, y le manifestó que ese era el domicilio correcto, y que la demandada era su cuñada, quien incluso se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector GNCR650914MYNNST01, y le informó que la demandada no se encontraba presente ya que había salido a trabajar, motivo por el que el Fedatario, le dejó el citatorio a fin de que la demandada aguardara a dicho funcionario en ese mismo domicilio, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas con quince minutos (fojas 30 y 31 del cuaderno de amparo). d) Constancia de notificación levantada por el Actuario aludido, a las once horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, de la que se advierte que realizó el emplazamiento de la aquí quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, por medio de cédula, en virtud de que el demandada (hoy quejosa) no lo esperó; diligencia que fue entendida con quien dijo ser su cuñada y llamarse Rita Ysolina Góngora Cisneros (fojas 32 y 33). e) Seguido el cauce legal del juicio, sin que la demandada, aquí quejosa, compareciera, se dictó sentencia condenatoria en su contra, el veinte de junio de dos mil diecisiete, misma que causó ejecutoria por ministerio de ley. f) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se aprobó la planilla de liquidación exhibida por la parte actora. g) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se fijó el término de tres días a la demandada, aquí quejosa, a fin de que cumpliera con la sentencia dictada en su contra. h) El dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, se reconoció a Azael Ramos Calan, como cesionario de crédito y derechos de cobro que le correspondían a la persona moral, "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Sentado lo anterior, se reitera, los conceptos de violación que esgrime la quejosa, devienen infundados, por las consideraciones siguientes. Este órgano de control constitucional advierte que el emplazamiento reclamado, cumplió con las reglas establecidas por los artículos 1,068, 1,392, 1,393 y 1,394 del Código de Comercio, que a la letra señalan: "Artículo 1,068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez en éstas no dispusiere otra cosa. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento. Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: I. Personales o por cédula; II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal; V. Por correo certificado, y VI. Por telégrafo certificado." "Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste." "Artículo 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos." "Artículo 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." El contenido de los preceptos antes mencionados, precisan la forma en que ha de realizarse la diligencia de exequendo, es decir, los lineamientos que se deben de seguir para el emplazamiento de la parte demandada. De un análisis sistemático de los preceptos legales trascritos con anterioridad, podemos afirmar que son varios los requisitos exigidos para que se consideren válidas las notificaciones personales o diligencias de emplazamiento practicadas en los autos de exequendo por los notificadores; de entre ellos, se citan los siguientes: Se harán al interesado o a su representante o procurador; Deberá practicarse en la casa designada; Deberá entregarse instructivo o cédula en el cual se hará constar la fecha y hora; el nombre del promovente; el Juez que manda practicar la diligencia y la determinación que se manda notificar. En el caso del auto de exquendo, se proveerá auto con efectos de mandamiento judicial en forma, para que el deudor sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo responsabilidad del creedor. Si se trata de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encuentra a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de las siguientes seis a setenta y dos horas posteriores y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. Ahora bien, de las constancias relativas al emplazamiento del aquí quejoso, este Juzgador Federal estima que no existe transgresión alguna en perjuicio del peticionario de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que invoca, en virtud que dicha diligencia cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 1,068, 1,392, 1,393, 1,394, del Código de Comercio y, por tanto, cubre las formalidades esenciales del procedimiento que exige dicho artículo constitucional. Lo anterior es así, si se toma en consideración que de la razón del citatorio y del emplazamiento practicado a la aquí quejosa, se advierte que previo a la diligencia de requerimiento de pago o embargo y emplazamiento, el Fedatario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se apersonó en el domicilio ubicado en el predio doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán, y previo cercioramiento del mismo, por la nomenclatura oficial de la calle visible en las placas metálicas instaladas en las esquinas de las calles, así como por el número correlativo que le corresponde al predio que buscaba, y por el dicho de los vecinos, quienes además le informaron que la aquí quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, vive habita y tiene su domicilio en ese lugar, lo que confirmó con el dicho de una persona de sexo femenino de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, y le manifestó que ese es el domicilio correcto, y que la demandada era su cuñada, siendo que en ese momento se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector GNCR650914MYNNST01, y le informó que la demandada no se encontraba presente ya que había salido a trabajar, motivo por el que, el Fedatario le dejó el citatorio a fin de que la demandada aguardara a dicho funcionario en ese mismo domicilio, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas con quince minutos, con el apercibimiento que de no hacerlo, procedería a entender la diligencia de mérito con la persona que se encontrara en el interior del mismo, por lo que procedió a entregar el citatorio a la persona con quien en ese momento entendió la diligencia; siendo que de todo ello, el Actuario asentó razón. (foja 30 del cuaderno de amparo). Así, a las once horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el citado Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se constituyó nuevamente en el domicilio señalado en autos del juicio de origen, como el de la demandada Rosaura de Jesús Uc Iuit, número doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán, lo anterior, en la fecha y hora precisada en el citatorio, sin que ésta se encontrara, por lo que previo cercioramiento de que se trataba del domicilio de aquella, por la nomenclatura oficial de la calle visible en las placas metálicas instaladas en las esquinas de las calles, así como por el número correlativo que le corresponde al predio que buscaba, y por el dicho de los vecinos del rumbo, así como que la aquí quejosa Rosaura de Jesús Uc Iuit, vive, habita y tiene su domicilio en ese lugar, lo que confirmó con el dicho de una persona de sexo femenino de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, quien además le manifestó que ese era el domicilio correcto, y que la demandada era su cuñada, siendo que en ese momento se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector GNCR650914MYNNST01, la cual contenía una fotografía impresa, la que coincidía con sus rasgos fisonómicos, y le informó que la demandada no se encontraba presente, no obstante el citatorio que se le dejó, motivo por el cual procedió a entender la diligencia con dicha persona, a quien le leyó íntegramente el auto de exequendo, y le requirió el pago de las prestaciones reclamadas, misma que no hizo el pago de lo adeudado, ni tampoco señaló bienes para garantizarlo, por lo que el Actuario le cedió el derecho a la parte actora, quien señaló como bien para garantizar el adeudo, el cincuenta por ciento que le correspondía del inmueble marcado con el número trescientos nueve, de la calle cuarenta y dos, letra "A", de la localidad y Municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 207095, procediendo a notificarle a la demandada por medio de cédula, que fue entregada a la persona con quien se entendió la diligencia, corriéndole traslado con un juego de copias de la demanda, título de crédito, y sus documentos, debidamente sellados y cotejadas, junto con la copia de la diligencia de emplazamiento, asentándose razón de ello. (fojas 32 y 33). En tal virtud, de la copia certificada del citatorio judicial y razón del mismo, se advierte que se hizo constar la fecha y hora de su entrega (esto es, a las once horas con quince minutos del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis); la hora fija hábil del día siguiente para que lo esperara ( a las once horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis); el nombre de la demandada Rosaura de Jesús Uc Iuit, el tribunal que ordena la diligencia (precisando en su parte superior Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado); y el nombre de la persona a quien se entrega la cita (Rita Ysolina Góngora Cisneros), el domicilio en el cual se constituyó el Actuario judicial (inmueble marcado con el número doscientos cincuenta y cinco, de la calle diecinueve, cruzamientos dieciséis y dieciocho, de Ixil, Yucatán); asentando dicho fedatario que la persona con la que entendió la diligencia dijo ser cuñada de la demandada, siendo que ésta incluso se identificó en el acto, con credencial para votar, asentándose razón de ello de todo lo anterior. Asimismo, de la copia certificada de las cédula de notificación y razón de la misma que obran en autos, se advierte que contienen la fecha y hora de la diligencia, el número de expediente 502/2016, nombre del actor, Azael Ramos Calan, y Patricia Elena Tejera Álvarez, en su carácter de endosatarios en procuración de "Caja la Asunción", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; el tribunal que ordenó la diligencia, señalando para tal efecto al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; el contenido del auto de exequendo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; la persona con quien se atendió la diligencia, quien dijo ser esposa del demandado y llamarse (Rita Ysolina Góngora Cisneros), quien se identificó con documento oficial, sobre lo cual se asentó debida razón; posteriormente, ante la ausencia de su buscada, no obstante el citatorio previo, procedió a entender la diligencia con dicha persona, a quien le requirió el pago de lo adeudado, manifestando no hacerlo, ni señalar bienes para cubrir el adeudo, por lo que el fedatario le cedió el derecho a la parte actora, quien señaló como bien para garantizar el pago, el cincuenta por ciento que le corresponde del inmueble número trescientos nueve, de la calle cuarenta y dos, letra "A", de la localidad y Municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 207095; y una vez hecho todo lo anterior, procedió a notificarle a la demandada por medio de cédula, que fue entregada a la persona con quien se entendió la diligencia, corriéndole traslado con un juego de copias de la demanda, título de crédito, y sus documentos, debidamente sellados y cotejadas, y copia de la diligencia de emplazamiento. En las relatadas circunstancias, es evidente que el emplazamiento practicado por el Actuario, a la aquí quejosa, fue realizado en forma legal y, por tanto, se dio cumplimiento a los requisitos que para tal efecto exigen los artículos 1,068, 1,392, 1,393, 1,394, del Código de Comercio; de donde se crea la convicción y certeza de que ciertamente se le dio a conocer el procedimiento instaurado en su contra en el juicio ejecutivo mercantil 502/2016, del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, a efecto de que hiciera valer las defensas que estimara pertinentes, con lo cual se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que como se ha demostrado, el Actuario que realizó la diligencia de emplazamiento, cumplió con los requisitos de ley para tal efecto; de ahí que se concluya que no existió violación a la garantía de audiencia y a las formalidades del procedimiento. Así, contrario a lo expuesto por la citada quejosa, previo a llevar a cabo el emplazamiento el Actuario sí se cercioró de que tuviera su domicilio en el lugar donde se realizó dicha diligencia, ya que en sendas actuaciones asentó que la demandada vivía, habitaba y tenía su domicilio, lo que fue confirmado por el dicho de una persona de sexo femenino, de nombre Rita Ysolina Góngora Cisneros, que se encontraba en el interior del inmueble, en el que se llevó a cabo tal diligencia, la que incluso manifestó ser su cuñada, por tanto, dicho motivo de inconformidad resulta infundado, cuenta habida que el Fedatario si cumplió con el requisito del cercioramiento a que hace referencia el artículo 1393 del Código de Comercio. Aunado a que no aportó prueba alguna al presente sumario, a fin de desvirtuar lo asentado por el Actuario Judicial, pues si bien adjuntó a su demanda de amparo una copia simple de su credencial para votar, lo cierto es que, la misma resulta insuficiente, al no estar adminiculada con alguna otra, para que este Juzgador realizara un análisis de las mismas y determinar si se desvirtuaba lo asentado por el Fedatario que llevó a cabo el emplazamiento a juicio, luego entonces, se concluye que se practicó con apego a derecho y, por ende, no es violatoria de derechos fundamentales. Ahora bien, en cuanto al diverso argumento que hace valer la quejosa, y que se refiere a que el Actuario no asentó las características del predio en el cual llevó a cabo dicha diligencia, debe decirse que si bien el citado numeral 1393 del invocado Código de Comercio, no establece la forma en que el actuario debe cerciorarse cuando se encuentre en el domicilio del demandado, lo cierto es que, de acuerdo con el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, establece que el notificador puede cerciorarse por "cualquier medio" que la persona a emplazar vive en la casa designada para ello y, en caso de no poder verificar ese dato, se abstendrá de practicar la notificación De ahí que, en el caso, si bien el Actuario no asentó la descripción del predio en el cual se constituyó, a efecto de realizar el emplazamiento del demandado a juicio, lo cierto es que, basta lo que asentó en sendas diligencias respecto de cómo se cercioró de que se encontraba en el domicilio de la demandada, aquí quejosa, para tener por satisfecho ese requisito legal previsto para esa notificación, y no necesitar cualquier otro, de ahí lo infundado de dicho argumento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2555, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL NOTIFICADOR PUEDE CERCIORARSE POR CUALQUIER MEDIO CUANDO SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO DEL DEMANDADO (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 1393 del Código de Comercio dispone las formalidades a observar para realizar la diligencia de embargo (actuación que en la práctica judicial se lleva dentro de una diligencia trifásica que comprende, en primer término, el requerimiento de pago, luego el embargo y, finalmente, el emplazamiento); pero, nada dice sobre la forma en que el actuario debe cerciorarse cuando se encuentre en el domicilio del demandado. Por su parte, el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que el notificador puede cerciorarse por "cualquier medio" que la persona a emplazar vive en la casa designada para ello y, en caso de no poder verificar ese dato, se abstendrá de practicar la notificación. Así las cosas y toda vez que el correcto cercioramiento del domicilio en que debe realizarse el emplazamiento del demandado constituye una garantía de respeto al derecho de audiencia tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para llenar el vacío legislativo de la codificación mercantil en cuanto al modo en que debe realizarse el cercioramiento, debe aplicarse la disposición supletoria que sí contiene regulación en ese aspecto. Por tanto, al emplazar a juicio al demandado en un juicio ejecutivo mercantil, el notificador puede cerciorase por "cualquier medio" cuando se encuentre en el domicilio de éste." Finalmente, en cuanto al diverso argumento de la quejosa en el sentido de que no guarda ninguna relación con Rita Ysolina Góngora Cisneros, además de que no la describió el notificador, debe decirse que lo anterior, resulta infundado, ya que en modo alguno, aportó al presente juicio de amparo, prueba alguna a fin de acreditar su dicho respecto de que no guarda relación alguna con aquélla, por tanto, al estar investido de fe pública el Fedatario, si asienta que entendió una diligencia de notificación con determinada persona que afirma tener algún parentesco con la demandada, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario, lo que en el caso aconteció. Asimismo, en cuanto a que el Actuario responsable del emplazamiento, no realizó la descripción física de la persona con quien entendió la diligencia, debe decirse que de conformidad con el referido artículo 1393 del Código de Comercio, no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, sino únicamente establece que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien, con el vecino más inmediato, de ahí que, en la especie, basta lo que asentó el Fedatario judicial, respecto de que entendió la diligencia de emplazamiento con Rita Ysolina Góngora Cisneros, persona que se encontraba en el interior del domicilio y que ésta se identificó con documento oficial, a fin de tener por satisfecho lo que estable el referido artículo. Sirve de apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número 58/2019, Décima Época, pendiente de publicación, bajo el rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ES INNECESARIA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PERSONA QUE INFORMA DE LO ANTERIOR O CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, QUE SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, A IDENTIFICARSE O A FIRMAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/95). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/94, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 14/95, determinó que existe una defectuosa diligencia de citación a juicio cuando el actuario omita precisar cómo llegó a la convicción de que en el domicilio en el que se había constituido vivía el demandado, al no especificar las características físicas de la persona con la que atendió el irregular emplazamiento. Ahora bien, en atención a las reglas de la lógica y al principio ontológico de la prueba es necesario interrumpir la jurisprudencia de mérito, toda vez que la descripción detallada de esas características no debe considerarse indispensable para la validez del emplazamiento. Así, la interpretación de los artículos 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 67, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, y 1393 del Código de Comercio, lleva a establecer que para cumplir el requisito consistente en que el notificador se cerciore de que el domicilio donde practica el emplazamiento corresponde al del demandado y deje constancia de lo anterior, cuando no entiende la diligencia con éste sino con persona distinta, y ésta o el informante se niegue a dar su nombre, a identificarse o a firmar el acta, es innecesario que el actuario asiente una descripción exhaustiva o detallada de las características físicas de esa persona, pues si bien es cierto que entre mayores y de mejor calidad sean los elementos que el notificador haga constar en el acta circunstanciada por los cuales se cercioró del domicilio del demandado, mayor certeza ofrecerá de ese hecho, no debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que el emplazamiento se haga en el domicilio del demandado es para que éste quede vinculado a proceso, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es del demandado, y apoyado en la fe pública del funcionario judicial, a fin de que lo anterior pueda ser apreciado y valorado por las partes y el juez, según su prudente arbitrio. Por lo que no resultaría indispensable o exigible cumplir aspectos difíciles o imposibles de lograr, como pretender la plena identificación de una persona a través de su descripción física detallada, de manera que se invalidara la actuación sólo por no haber dado razón de alguna o algunas de las características físicas del sujeto, lo cual representaría un exceso ritual manifiesto en que se privilegiaría la forma por sí misma, y no por su objetivo, con lo cual, paradójicamente, se vulneraría el debido proceso y el acceso a la justicia." Así como la diversa la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 819, Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es el acto procesal de mayor trascendencia porque tiene por objeto hacer saber al interesado la existencia del juicio para que esté en aptitud de comparecer y defenderse, y por ello debe hacerse con estricto apego a lo que disponen las normas aplicables; no es menos cierto que cuando la parte demandada no atiende al citatorio previo, no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, porque este requisito no lo exigen los artículos 1393 del Código de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio, sino únicamente establecen que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien, con el vecino más inmediato." Por consiguiente, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por la quejosa, sin que se advierta algún motivo que induzca a suplir la deficiencia de la queja en su beneficio, lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados. Negativa de amparo que se hace extensiva a todo lo actuado con posterioridad al emplazamiento, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del emplazamiento que reclamó, que tras el análisis efectuado con antelación, resultaron infundados sus conceptos de violación. SEXTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ROSAURA DE JESÚS UC IUIT, por su propio derecho, contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y Actuario de su adscripción; precisados en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expresados en el quinto subsecuente. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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