Rosario de Fatima Rosado Selem

Expediente 2093/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2093/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Rosario de Fatima Rosado Selem

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual contiene la evidencia criptográfica correspondiente, mediante el cual informa que en el amparo directo 1011/2022, formado con motivo de la incompetencia declinada por este órgano jurisdiccional, se aceptó la competencia y se avocó al conocimiento; de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y por cuanto no existe razón para que este expedientillo continúe en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental, archívese como asunto totalmente concluido; realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo este Juzgado federal se declaró carecer de competencia legal, por razón de grado. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitió el presente expediente, en razón del acuerdo de incompetencia emitido por este órgano jurisdiccional, de fecha diecisiete de octubre pasado, formándose por tal motivo, el toca 1011/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa en su demanda de amparo reclama lo siguiente: La sentencia interlocutoria de cinco de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil 812/2022, que confirmó el auto de veinte de julio del citado año, el cual desechó la demanda intentada por la aquí agraviada, con motivo de que, el dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que exhibió, como documento base de su acción, no cumple con los requisitos para que se considere un título ejecutivo. En vista de lo anterior, se estima que dicho acto reclamado, se trata de una resolución que pone fin al juicio de origen, por lo que es susceptible de ser examinada mediante el juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de los artículos 47, párrafo primero y 170, fracción l, de la Ley de Amparo en vigor, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (párrafo primero). ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar 12/12/22 10:45:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.6f PABLO PÉREZ PACHECO derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control; (.)" De lo anterior se obtiene que el amparo en la vía directa procede, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; así mismo, ponen fin al juicio, las sentencias definitivas o laudos que decidan el juicio en lo principal, así como las resoluciones que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, y para efectos de la Ley de Amparo, todo juicio inicia con la presentación de la demanda respectiva. Como se adelantó, en la especie, la quejosa reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, la sentencia interlocutoria de cinco de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil 812/2022, que confirmó el auto de veinte de julio del citado año, el cual desechó la demanda intentada por la aquí agraviada, con motivo de que, el dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que exhibió, como documento base de su acción, no cumple con los requisitos para que se considere un título ejecutivo. En efecto, la aquí quejosa con motivo de un cargo que se le realizó a su tarjeta de débito número 5579 0701 0866 9758, de la institución bancaria Banco Santander de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por la cantidad de $25,600.00 veinticinco mil seiscientos pesos, en concepto de pago de servicios que alegó desconocer, acudió ante la Comisión Nacional Bancaria para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a interponer la reclamación correspondiente, abriéndose el expediente 2021/310/1214. En la audiencia de conciliación celebrada el dos de junio de dos mil veintiuno, la citada institución bancaria declinó someter dicha diferencia al arbitraje de la CONDUSEF, por lo que se dejaron a salvo los derechos de las partes, sin embargo, la reclamante solicitó se emita el dictamen que señala el artículo 68 Bis, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Con base en dicho dictamen técnico de treinta de julio de dos mil veintidós, emitido por la Titular de la Dirección de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la aquí quejosa intentó promover un juicio ejecutivo mercantil, ante el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, el que lo registró con el número 812/2022, sin embargo, el veinte de julio de dos mil veintidós, determinó desechar la demanda propuesta, con motivo de que, el dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que exhibió, como documento base de su acción, no cumplía con los requisitos para que se considere un título ejecutivo, con base en el artículo 68 Bis, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, pues no tenía el carácter de título ejecutivo, en virtud de que si bien consignaba una obligación contractual incumplida, cierta y líquida, la misma no era exigible. En mérito de lo anterior, esta juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de grado, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rosario de Fátima Rosado Selem, contra el acto que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, por las siguientes razones. 12/12/22 10:45:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.6f PABLO PÉREZ PACHECO SECCIÓN AMPARO MESA V EXP.2093/2022 ??A???????????? En principio es menester precisar, que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Así mismo, conviene señalar que para que un juzgador tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por grado, que se refiere a la instancia o grado jurisdiccional, atendida la estructura jerárquica de los sistemas judiciales, en que puede ser conocido un asunto. También se hace referencia al "grado de jurisdicción" como el lugar que ocupa un órgano jurisdiccional en el orden jerárquico de la Administración de Justicia. En este contexto jurídico, como se indicó previamente, del examen de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama, la sentencia interlocutoria de cinco de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil 812/2022, que confirmó el auto de veinte de julio del citado año, el cual desechó la demanda intentada por la aquí agraviada, con motivo de que, el dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que exhibió, como documento base de su acción, no cumple con los requisitos para que se considere un título ejecutivo. De lo narrado se advierte, que la parte quejosa pretende combatir vía amparo indirecto, una resolución recaída a un recurso de revocación, que confirmó el desechamiento de una demanda intentada previamente en la vía mercantil, esto es, una determinación que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, y de conformidad con la Ley de Amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Por tanto, si la aquí quejosa presentó su demanda ante el Juez de Distrito en Materia Mercantil, la que lo registró con el número 812/2022, es innegable que con fundamento en el artículo 170 de la Ley de Amparo, dicho juicio inició, sin embargo, el mismo fue desechado mediante acuerdo de veinte de julio del año en curso, lo que sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido, lo que intentó combatir al interponer recurso de revocación, el cual al resolverse el cinco de agosto de los actuales, confirmó dicha determinación. De ahí que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Amparo, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para 12/12/22 10:45:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.6f PABLO PÉREZ PACHECO conocer del juicio de amparo directo, numeral que se encuentra íntimamente vinculado al dispositivo 170 de la Ley de la Materia transcrito párrafos precedentes, que establece que el juicio de amparo directo procede entre otros supuestos, por resoluciones que pongan fin al juicio, esto es, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; en consecuencia, resulta obvio que en el caso sujeto a examen, el acto reclamado es susceptible de analizarse en amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo III, página 1815, que señala lo siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO CONFIRMA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el amparo directo procede, entre otros supuestos, contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes que rijan el acto no concedan un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los medios de impugnación. Ahora bien, la determinación que confirma el desechamiento de una demanda, constituye una resolución que pone fin al juicio de origen pues, sin decidir el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo". Por tanto, al estimarse la legal incompetencia de este juzgado por razón de grado, para conocer del asunto sujeto a estudio, se ordena remitir los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de Circuito de este Décimo Cuarto Circuito, para que por su conducto, los remita al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, para lo que estime procedente acordar. Con base en lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, a las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y fórmese el expedientillo correspondiente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que, en su caso, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese nueva cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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