Rosario Meneses Armenta

Expediente 1301/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1301/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Rosario Meneses Armenta

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. I. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. III. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. I. Se agrega informe justificado. Visto el oficio suscrito por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Por tanto, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. II. Se admiten pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. III. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en en: A).- El retraso excesivo y abierta dilación en el procedimiento, derivado del incumplimiento a los términos que a debe sujetarse el procedimiento ordinario laboral regulado por los artículos 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere al desahogo de las probanzas ofrecidas por las partes dentro del expediente 2944/2019. Lo anterior, en virtud del acuerdo emitido el catorce de octubre del año en curso, en el que la responsable señaló el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós para el desahogo de pruebas confesionales ofertadas por la actora; y, la misma fecha para que tuviera lugar el desahogo de las diversas pruebas testimoniales; y, B).- La falta de notificación de la parte demandada, respecto del desahogo de pruebas, así como la falta de citación de los absolventes y los testigos ofrecidos por la actora. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, acepta la existencia del reclamo constitucional, y además, manifestó que el diecisiete de noviembre del presente año dictó un auto, en el que se señalaron nuevas fechas para el desahogo de las pruebas confesionales por posiciones y testimoniales, con lo que subsanó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de octubre de dos mil veintiuno), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Lo anterior, se acredita con el contenido de las constancias que remitió anexas a su oficio la autoridad en mención, concretamente con la relativa al auto de diecisiete de noviembre de este año, de la que se desprende que en esa actuación regularizó el procedimiento y señaló como nuevas fechas para para los desahogos de las pruebas confesionales y testimoniales los días siete y ocho de diciembre del año en curso, respectivamente; asimismo, ordenó notificar personalmente dicha determinación a las partes actora y demandada; de ahí, que en relación con el reclamo precisado en el inciso A), indicado con antelación, cesaron los efectos del acto reclamado, pues con el dictado del auto de diecisiete de este mes y año, por actuación de la propia responsable, durante el trámite de este biinstancial, se restituyó al quejoso en sus derechos conculcados. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien es cierto, se evidenció que al momento de la presentación de la demanda la autoridad incurría en la violación de derechos delatada por el quejoso, pues existía señalada como fecha para el desahogo de pruebas, una data fuera de los términos y plazos que observa la Ley de la materia de origen; sin embargo, durante el trámite del biinstancial, la responsable regularizó el procedimiento y corrigió tal actuar, lo que trajo consigo la cesación de los efectos del reclamo; por lo que, procede al respecto sobreseer conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa señaló también la falta de notificación de la parte demandada en relación con el desahogo de las pruebas; sin embargo, ante el sobreseimiento decretado anteriormente, esa manifestación de acto no puede ser objeto de análisis en el presente sumario, dado que no existe certidumbre en torno a que el actuario de la junta laboral responsable vaya a desplegar una conducta omisa en relación con la notificación del proveído que propició la cesación de efectos; de ahí, que resulte innecesario emitir mayor pronunciamiento al respecto, pues el reclamo al órgano ejecutor, fue en relación con un auto anterior, al que ocasionó el sobreseimiento por cesación de efectos; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, la parte agraviada estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Bajo las condiciones apuntadas, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con veintiún minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano