Rosario Guadalupe Fierro Yocupicio
Expediente 286/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rosario Guadalupe Fierro Yocupicio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos, remitidos por el presidente y actuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, a través de los cuales dan cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de diecinueve de mayo del año en curso. Prueba. Se le tiene por ofrecida las pruebas documentales que envían las autoridades oficiantes, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de la constancia probatoria remitidas por las autoridades, a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, es necesario precisar el acto reclamado, lo que se realiza a continuación y conforme a la lectura integral de la demanda, se advierte que el impetrante reclama lo siguiente: - La omisión de realizar la diligencia de emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 1730/21JE1, del índice de la junta responsable. Acotado lo anterior, se tiene que de la constancia del juicio de origen que aportaron al sumario las autoridades responsables, en lo que interesa mediante auto de ocho de abril del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado y los emplazamientos realizados a Tiendas de Autoservicio del Norte, sociedad anónima de capital variable y SDN Prestadora de Servicios del Norte, sociedad anónima de capital variable. Posteriormente, en el oficio que se agrega con esta fecha, las responsables remitieron las constancias de notificación realizadas por el actuario notificador de la junta responsable, de las que se advierte la imposibilidad para emplazar a Servicios de Resguardo y Prevención Armida, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y Grupo Altozano, sociedad anónima promotora de inversiones de capital variable, toda vez que asentó que la primera demandada, el domicilio se encuentra en estado de abandono y respecto a la segunda no es la dirección señalada por la parte actora -aquí quejosa-. Lo que denota que desapareció la causa de paralización del procedimiento laboral de origen, sin que obste que la diligencia actuarial en relación con las últimas demandadas señaladas, no haya tenido como resultado su emplazamiento, toda vez que eso no es jurídicamente atribuible al actuar del fedatario responsable. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de las responsables, se restituyó a la quejosa en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V del numeral 63, ambas de la Ley de Amparo Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con seis minutos del quince de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por el presidente y actuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, a través del cual da cumplimiento al proveído de nueve de mayo anterior. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional en el presente juicio. Requerimiento. En tal virtud, ante la posible actualización de una causal de improcedencia, se hace necesario contar con mayores elementos para decidir al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan en copia certificada las constancias de emplazamiento de las demandadas en el juicio de origen 1730/21JE1, Servicios de Resguardo y Prevención Armida, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y de Grupo Altozano, sociedad anónima promotora de inversiones de capital variable; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, en virtud de que mediante proveído de nueve de mayo de los actuales, se requirió al presidente de la Junta responsable, a fin de que informara el nombre de la parte demandada del juicio de origen, para lo cual se encuentra transcurriendo el plazo; en consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se fijan las diez horas con seis minutos del quince de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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