Rosario Enrique Navarro Pérez
Expediente 438/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosario Enrique Navarro Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presente autos para que surta los efectos legales que corresponda, el escrito que suscribe la licenciada Ylbielvart Valencia García en su carácter de autorizada legal del quejoso Rosario Enrique Navarro Pérez, por el manifiestan que derivado de las documentales que allegó la autoridad responsable al juicio de garantías que nos ocupa y de las manifestaciones que efectuara su representado en entrevista sostenida con él vía telefónica, solicita se tenga por cumplida la sentencia de amparo, en virtud de que a pesar de las secuelas y/o consecuencias de la atención tardía que le fuera proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a esa fecha ya se realizó la cirugía que requería y se le está brindando la atención en seguimiento a la misma, tal y como se desprende de las documentales que exhibió en auto de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve; asimismo solicita copias debidamente certificadas de las documentales que anexara la responsable a su informe de cumplimiento de ejecutoria, con fecha de recibido por parte de este Juzgado el veinticinco de noviembre del año en curso y que se agregara por acuerdo de veintiocho del mismo mes y año, autorizando para que sean recibidas indistintamente por la suscrita y/o cualquiera de los autorizados. Atento a lo anterior y advirtiéndose del escrito de cuenta que la autorizada de la parte quejosa desahogó la vista que se le hizo, de las constancias remitidas por el por el doctor Enrique Romero Guzmán en su carácter de encargado de la Dirección del Hospital General de Zona No. 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y a nombre del Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Dr. Rafael Armenta Gastélum y Dr. Valdez, ambos adscritos a esa Hospital, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el sentido de sobreseer por una parte y por otra conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Rosario Enrique Navarro Pérez; misma que causo ejecutoria el quince de noviembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, el efecto del amparo se limitan a proteger los derechos violados del impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que la autoridad responsable: Se lleve a cabo en la persona del quejoso Rosario Enrique Navarro Pérez, una revaloración por el especialista en Traumatología y Ortopedia y dictamine que tipo de lesión o fractura padece, así como el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "fractura de la epífisis inferior del radio, o lo que resulte de la valoración médica del especialista, para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio sin número de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, recibido en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, el doctor Enrique Romero Guzmán en su carácter de encargado de la Dirección del Hospital General de Zona No. 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y a nombre del Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Dr. Rafael Armenta Gastélum y Dr. Valdez, ambos adscritos a esa Hospital, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, del que se advierte: "En cumplimiento a la ejecutoria de amparo hago de su conocimiento que el paciente hoy quejoso C. NAVARRO PEREZ ROSARIO ENRIQUE, Con número de seguridad social 2388 693916 5M1969PE, con fecha 10 de octubre de 2019, acudió a la Coordinación de Medicina Interna para realizarse valoración preoperatoria, así mismo con fecha 11 de octubre de 2019, es intervenido por Traumatología y Ortopedia DX Síndrome de Túnel del Carpo, y el 13 de octubre de 2019, se le dio de alta, esto es ingresó el 11 de octubre de 2019, quien estuvo encamado en la cama 142 Modulo B de este hospital y egresó el 13 de octubre de 2019 y el diagnóstico de egreso es el siguiente: POST OPERADO LIBERACIÓN DE TÚNEL DEL CARPO SIN NINGUNA COMPLICACIÓN QUIRÚRGICA, A LA EXPLORACIÓN FÍSICA POST QUIRÚRGICA SE ENCUENTRA PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL ORIENTADO NEUROLOGICAMENTE, SIN NECESIDAD DE OXIGENO SUPLEMENTARIO, CARDIORESPIRATORIO SIN COMPROMISO, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE SIN DATOS DE IRRITACIÓN O INFECCIÓN, MIEMBROS PÉLVICOS INTEGROS, SIN EDEMA CON LLENADO CAPILAR DE 3 A 4 SEGUNDOS.; Mismo que se le dio al quejoso Rosario Enrique Navarro Pérez, quien quedó notificado el veintinueve de noviembre del año en curso. En atención a ello, su autorizada mediante escrito de cuenta exhibido el seis de diciembre de dos mil diecinueve, solicitó se le tuviera por cumplida la sentencia de amparo, en virtud de que a pesar de las secuelas y/o consecuencias de la atención tardía que le fuera proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a esa fecha ya se realizó la cirugía que requería y se le está brindando la atención en seguimiento a la misma. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, Director General del Hospital General de Zona 49, del Doctor Valdez y Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Rafael Armenta Gastélum, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las siguientes acciones: 1. Se lleve a cabo en la persona del quejoso Rosario Enrique Navarro Pérez, una revaloración por el especialista en Traumatología y Ortopedia y dictamine que tipo de lesión o fractura padece, así como el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. 2. Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "fractura de la epífisis inferior del radio, o lo que resulte de la valoración médica del especialista, para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello.; lo que en la especie ya aconteció, toda vez que, la autoridad responsable en su oficio sin número informó que el paciente hoy quejoso C. NAVARRO PEREZ ROSARIO ENRIQUE, Con número de seguridad social 2388 693916 5M1969PE, con fecha 10 de octubre de 2019, acudió a la Coordinación de Medicina Interna para realizarse valoración preoperatoria, así mismo con fecha 11 de octubre de 2019, es intervenido por Traumatología y Ortopedia DX Síndrome de Túnel del Carpo, y el 13 de octubre de 2019, se le dio de alta, esto es ingresó el 11 de octubre de 2019, quien estuvo encamado en la cama 142 Modulo B de este hospital y egresó el 13 de octubre de 2019 y el diagnóstico de egreso es el siguiente: POST OPERADO LIBERACIÓN DE TÚNEL DEL CARPO SIN NINGUNA COMPLICACIÓN QUIRÚRGICA, A LA EXPLORACIÓN FÍSICA POST QUIRÚRGICA SE ENCUENTRA PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL ORIENTADO NEUROLOGICAMENTE, SIN NECESIDAD DE OXIGENO SUPLEMENTARIO, CARDIORESPIRATORIO SIN COMPROMISO, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE SIN DATOS DE IRRITACIÓN O INFECCIÓN, MIEMBROS PÉLVICOS INTEGROS, SIN EDEMA CON LLENADO CAPILAR DE 3 A 4 SEGUNDOS; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda el escrito que suscribe el quejoso Rosario Enrique Navarro Pérez mediante el cual solicita se requiera a la responsable por el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio y exhiba la valoración correspondiente, exhibiendo todas y cada una de las constancias en que se sustentó la misma. Atento a lo anterior, dígase al promovente que se esté a lo acordado en proveído de veintiocho de noviembre del año en curso.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda el oficio sin número que suscribe el doctor Enrique Romero Guzmán en su carácter de encargado de la Dirección del Hospital General de Zona No. 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y a nombre del Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Dr. Rafael Armenta Gastélum y Dr. Valdez, ambos adscritos a esa Hospital, mediante el cual comunican el cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, y para acreditar lo anterior remiten diversas constancias. Con lo anterior dese vista al quejoso, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se sobresee y concede el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Rosario Enrique Navarro Pérez, con fundamento en los numerales 2o., 86 y 192, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la Materia, en términos de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Cabe precisar que por sentencia pronunciada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Rosario Enrique Navarro Pérez, para el efecto de que la autoridad responsable Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, Director General del Hospital General de Zona 49, del Doctor Valdez y Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Rafael Armenta Gastélum, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las siguientes acciones: Se lleve a cabo en la persona del quejoso Rosario Enrique Navarro Pérez, una revaloración por el especialista en Traumatología y Ortopedia y dictamine que tipo de lesión o fractura padece, así como el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "fractura de la epífisis inferior del radio, o lo que resulte de la valoración médica del especialista, para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello. En consecuencia con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, Director General del Hospital General de Zona 49, del Doctor Valdez y Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Rafael Armenta Gastélum, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
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