ROSARIO DIAZ RAMIREZ y Otros.
Expediente 615/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 61 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 61
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- ROSARIO DIAZ RAMIREZ y Otros.
- Rosario Diaz Ramirez
- MANUEL FAVELA VALENZUELA y Otros.
- Manuel Favela Valenzuela
- MARIA DE LOS ANGELES LUGO y Otros.
- Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Culiacan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 61.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Carlos Ernesto Gaxiola Sánchez, mediante el cual a nombre propio y en representación de los diversos quejosos, solicita la devolución de los documentos que se exhibieron adjuntos a la demanda de amparo, toda vez que les son necesarios; agréguese a los autos. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, como lo solicita hágase devolución de los documentos que obren en autos, los cuales se adjuntaron a la demanda de amparo, previa copia certificada de los mismos y toma de razón que por su recibo y entrega se deje en autos. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de febrero del presente año, se ordenó el archivo del presente juicio, y se determinó que el original del incidente de suspensión era susceptible de destrucción; sin embargo, de la resolución interlocutoria de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se deduce que se le concedió a los quejosos la suspensión definitiva de los actos reclamados; por tanto, el referido incidente es susceptible de depuración. En consecuencia, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera definitiva se concedió la suspensión a los quejosos, en ese sentido, agréguese al expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes a la suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ROSARIO DÍAZ RAMÍREZ, MANUEL FAVELA VALENZUELA, MARIA DE LOS ÁNGELES LUGO, CARLOS ERNESTO GAXIOLA SÁNCHEZ, GUSTAVO CAMACHO SÁNCHEZ Y GILDARDO GAXIOLA CASTRO EN REPRESENTACIÓN Y COMO APODERADO DE ROBERTO CASTRO MONZÓN, EL ACUERDO DICTADO EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se observa que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, a través del cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Así también, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de destrucción, dado que se negó al quejoso la suspensión provisional y definitiva. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la ?????? sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se advierte que el en cuaderno de incidente de suspensión, los quejosos exhibieron billete de depósitos números N-825671, N-825675, , N-825676,N-825672, N-825673, y N-825674, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Créditos, cada uno por las cantidades de $10,000.00 (diez mil pesos 00100 M.N.), para garantizar la suspensión definitiva que les fuera concedida; sin embargo, resulta jurídicamente innecesario seguir conservando en la caja de valores de este juzgado y por no encontrarse en el supuesto del artículo 156 de la Ley de Amparo, devuélvase los numerarios a los quejosos, previo endoso y razón de recibo que se deje en autos, quienes deberán comparecer ante este Juzgado debidamente identificados con credencial oficial vigente, los días miércoles de cada semana, en un horario de nueve a doce horas, informándoles que tiene un término de dos años, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo para que comparezca ante este Juzgado a recoger los documentos de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, la suma que ampara el mismo se hará efectiva en favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Tesorería de la Federación.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se observa que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, a través del cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Así también, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de destrucción, dado que se negó al quejoso la suspensión provisional y definitiva. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se advierte que el en cuaderno de incidente de suspensión, los quejosos exhibieron billete de depósitos números N-825671, N-825675, , N-825676,N-825672, N-825673, y N-825674, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Créditos, cada uno por las cantidades de $10,000.00 (diez mil pesos 00100 M.N.), para garantizar la suspensión definitiva que les fuera concedida; sin embargo, resulta jurídicamente innecesario seguir conservando en la caja de valores de este juzgado y por no encontrarse en el supuesto del artículo 156 de la Ley de Amparo, devuélvase los numerarios a los quejosos, previo endoso y razón de recibo que se deje en autos, quienes deberán comparecer ante este Juzgado debidamente identificados con credencial oficial vigente, los días miércoles de cada semana, en un horario de nueve a doce horas, informándoles que tiene un término de dos años, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo para que comparezca ante este Juzgado a recoger los documentos de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, la suma que ampara el mismo se hará efectiva en favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Tesorería de la Federación.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta firmado por los quejosos Rosario Díaz Ramírez, Manuel Favela Valenzuela, María de los Ángeles Lugo, Carlos Ernesto Gaxiola Sánchez, Gustavo Camacho Sánchez y Gildardo Gaxiola Castro en representación y como apoderado de Roberto Castro Mozón, mediante el cual en cumplimiento a la vista que le fue dada por este juzgado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en lo que aquí interesa, se manifiestan inconformes con el cumplimiento de la sentencia de amparo, realizado por las autoridades responsables; agréguese a sus autos. Luego, del estado procesal que guardan los autos, se observa que este Juzgado de Distrito esta en aptitud de analizar si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsable. En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó y se concedió a los quejosos Rosario Díaz Ramírez, Manuel Favela Valenzuela, María de los Ángeles Lugo, Carlos Ernesto Gaxiola Sánchez, Gustavo Camacho Sánchez y Gildardo Gaxiola Castro en representación y como apoderado de Roberto Castro Monzón, el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que: "... dejen insubsistentes las órdenes verbales, consistentes en: No permitir a los quejosos explotar la ruta FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES-FRACCIONAMIENTO PRADO BONITO, con ampliación a VALLE BONITO. Quedando las autoridades responsables en libertad de facultades para que, en su caso, emitan alguna orden, por escrito debidamente fundada y motivada en la que establezcan la causa legal del procedimiento.". En el entendido, que el efecto de la concesión del amparo, no implica que las autoridades emitan su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo las obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presenten; así como a hacerla saber a los promoventes. Pues bien, del escrito presentado por los quejosos se desprende que reclama a las responsables Delegado y Jefe de Inspectores, ambos de Vialidad y Transportes del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, con sede en Guamúchil, la orden verbal para no prestar el servicio de transporte pública hasta Valle Bonito, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Luego, las autoridades responsables Delegado y Jefe de Inspectores, ambos de Vialidad y Transportes del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, con sede en Guamúchil, el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, informaron que dejaron insubsistentes las órdenes verbales consistentes en no permitir a los quejosos explotar la ruta Fraccionamiento Los Ángeles - Fraccionamiento Prado Bonito con ampliación a Valle Bonito, además remitieron copia certificada del escrito debidamente notificado a los quejosos, mediante el cual esa autoridad los conmina para que acudan a la Dirección de Vialidad y Transportes e integren solicitud dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, para que soliciten por escrito ampliación de ruta hasta el fraccionamiento o colonia Valle Bonito, ya que esa Delegación no tiene facultades para autorizar ampliaciones de ruta, por lo que les informó que se dejó sin efectos el oficio de ampliación de ruta suscrito en fecha cinco de octubre de dos mil trece, por el entonces Delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Sinaloa, ampliación de ruta que se realizó indebidamente y sin fundamento legal, ya que el procedimiento administrativo fue autorizado por una autoridad que carece de competencia legal. Cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir a los agraviados el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deben realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando las autoridades responsables no se ciñen estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedecen de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando las autoridades responsables sobrepasan lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. En esta línea, contrastando la petición incoada a las responsables consistente en dejar sin efecto la orden verbal para no prestar el servicio de transporte pública hasta Valle Bonito, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. En contestación a ello, las autoridades responsables Delegado y Jefe de Inspectores, ambos de Vialidad y Transportes del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, con sede en Guamúchil, el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, informaron que dejaron insubsistentes las órdenes verbales consistentes en no permitir a los quejosos explotar la ruta Fraccionamiento Los Ángeles - Fraccionamiento Prado Bonito con ampliación a Valle Bonito; también, remitieron copia certificada del escrito debidamente notificado a los parte quejosos, mediante el cual esa autoridad los conmina para que acudan a la Dirección de Vialidad y Transportes e integren solicitud dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, para que soliciten por escrito ampliación de ruta hasta el fraccionamiento o colonia Valle Bonito, ya que esa Delegación no tiene facultades para autorizar ampliaciones de ruta, por lo que les informó que se dejó sin efectos el oficio de ampliación de ruta suscrito en fecha cinco de octubre de dos mil trece, por el entonces Delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Sinaloa, ampliación de ruta que se realizó indebidamente y sin fundamento legal, ya que el procedimiento administrativo fue autorizado por una autoridad que carece de competencia legal. Lo anterior, se reitera contrastando la petición con la respuesta otorgada por las responsables: Fundaron y motivaron su actuar, ante la petición de los aquí quejosos; Por tanto, al haber atendido las responsables la petición que le fue realizada, atinente a dejar sin efecto la orden verbal para no prestar el servicio de transporte pública hasta Valle Bonito, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, precisando la fundamentación y motivación para ello, es inconcuso que la respuesta es congruente con lo peticionado. Esto es, el escrito de la parte quejosa consistió en dejar sin efecto la orden verbal para no prestar el servicio de transporte pública hasta Valle Bonito, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, y las autoridades responsables atendieron dicho aspecto. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, dieran respuesta a la solicitud elevada por la parte quejosa, lo cual así aconteció. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses del peticionario, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado (congruencia entre lo pedido y la respuesta obtenida). En otras palabras, el derecho de petición precisa no solamente de una respuesta, sino que ésta debe ser en el sentido de ceñirse a lo que está pidiendo y, además debe ser de tal manera clara que no produzca confusión en el peticionario, a fin de que éste cuente con los elementos indispensables para impugnar en la vía que corresponda, la legalidad de esa respuesta. Por ilustrativa se cita la Tesis (aislada), con registro 252257 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 123, Volumen 115-120, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida.". De los medios de convicción remitidos por las autoridades responsables entorno al cumplimiento de la sentencia constitucional, mismos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se obtiene que efectivamente, las autoridades responsables cumplieron de manera completa con los efectos de la concesión del amparo, pues se dio a conocer a los quejosos que se dejó sin efecto la orden verbal para no prestar el servicio de transporte pública hasta Valle Bonito, de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; por tanto atendieron la solicitud de los impetrantes y como consecuencia la sentencia constitucional ha sido cumplida. Es aplicable la jurisprudencia 14/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página 717, registro 2010983, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA ENCUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces.". No es óbice para este juzgador, las manifestaciones vertidas por el quejoso en el sentido de que no se encuentra conforme con el cumplimento dado por la autoridad responsable, específicamente con la resolución de folio 612/08, emitida en el expediente administrativo 007/99, donde concedió a los quejosos un plazo de treinta días naturales, para que presenten ante la autoridad competente las unidades que prestarán el servicio; sin embargo, dicha resolución no atenta contra el cumplimiento dado por la autoridad responsable, pues en la sentencia que concedió la protección constitucional, se precisó claramente que la autoridad responsable cuenta con libertad de facultades para que, en su caso, emita alguna orden, por escrito debidamente fundada y motivada, en la que establezca la causa legal del procedimiento; es decir, la autoridad cuenta con la facultad de emitir por escrito, con libertad de jurisdicción las órdenes que determine, cuya fundamentación y motivación es susceptible de analizarse en los medios ordinarios que la ley aplicable establezca, situación que no fue impugnada por la parte interesada, y que por vía de consecuencia quedo firme, tal como lo preciso el tribunal de revisión, de ahí, que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, es correcto el actuar de la autoridad responsable. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Por otra parte, en cuanto a las diversas manifestaciones de los quejosos, vertidas en el escrito de cuenta, referente a que denuncian la violación a la suspensión definitiva, es improcedente y debe desecharse de plano, toda vez que fue promovido de forma extemporánea. Para sostener lo aseverado, es necesario traer a contexto lo previsto por el título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución", capítulo V, de la Ley de Amparo, específicamente el artículo 206, que regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Dicho numeral establece: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." De la porción normativa invocada, se colige que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, puede promoverse en cualquier tiempo, siempre y cuando no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo, situación que ya aconteció. Efectivamente, en proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, donde el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, confirmó la resolución constitucional; por tanto, adquirió el carácter de cosa juzgada, toda vez que acorde con el artículo 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el recurso de revisión no admitirán recurso alguno; por ello, ningún tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene facultades para modificarlas y menos para revocarlas, en virtud de que con su sola emisión son definitivas e inatacables, y su contenido no puede desconocerse en cualquier otro juicio o instancia. En consecuencia, lo que se impone es desechar de plano el incidente de violación a la suspensión definitiva intentado por la parte quejosa. Se invoca como apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DICTADAS AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA EN SU CONTRA CONFIGURA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA QUE CONDUCE A SU DESECHAMIENTO DE PLANO. Acorde con el artículo 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el recurso de revisión no admitirán recurso alguno; por ello, ningún tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene facultades para modificarlas y menos para revocarlas, en virtud de que con su sola emisión son definitivas e inatacables, y su contenido no puede desconocerse en cualquier otro juicio o instancia. Consecuentemente, la interposición de un segundo recurso de revisión o de cualquier otro medio de defensa contra la resolución dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer del recurso de revisión que impugna la pronunciada por un Juez de Distrito o por un Tribunal Unitario de Circuito, al constituir una sentencia definitiva e inatacable que adquiere la calidad de cosa juzgada, configura una causa notoria y manifiesta de improcedencia que conduce a su desechamiento sin mayor trámite. Finalmente, como lo solicitan los quejosos, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada por duplicado de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.
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