Rosario Cuevas Castellanos
Expediente 1026/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosario Cuevas Castellanos
Actuaciones
- Principal
PRAL.1026/2022. MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Rosario Cuevas Castellanos interpusiera recurso de queja contra la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por la cual se desechó su demanda de amparo, no obstante su notificación personal el dos del mes en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en resolución de treinta y uno de agosto de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 1226/2021 mesa 7 Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 1226/2021; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, y remitido, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, el diecisiete de noviembre siguiente, Andrés Quevedo Martínez, defensor particular de Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, mismos que se precisarán en el considerando respectivo. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro y admisión de la demanda. Por auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno se acordó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1226/2021; se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCERO. Emplazamiento de la parte tercera interesada. En autos de dieciséis de febrero y veintiséis de abril del año en curso se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados a) Minerva Díaz Torres, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, y b) Areli Díaz Díaz -víctima en la causa penal 551/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca-; quienes quedaron emplazadas el trece de febrero y trece de mayo del año que transcurre, respectivamente. CUARTO. Citación para audiencia constitucional. Seguido el juicio en su trámite, en acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque, a decir de la parte quejosa, el acto tendrá ejecución en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. No es obstáculo para que el titular de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca dicte y firme esta sentencia, el hecho de que la audiencia constitucional la celebrara la secretaria de Juzgado encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que este titular reanudó sus funciones a partir del once de agosto de dos mil veintidós, fecha en la que cesó en sus funciones la sustitución de la secretaria; de ahí que si con anterioridad a ese día no se había firmado la sentencia que debió dictarse en la audiencia constitucional, no es factible prolongar más allá del lapso vacacional las funciones de la encargada del despacho, por lo cual, corresponde al titular el dictado y firma de la misma. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Novena Época. Registro: 194091 Instancia: Pleno. Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Abril de 1999 Materia(s): Común Tesis: P./J. 36/99. Página: 30 SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN". TERCERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: a] Auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de comunicación de imputación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y su continuación de tres de noviembre siguiente, en la causa penal 551/2021. b] Medida cautelar de prisión preventiva decretada en audiencia de comunicación de imputación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y su continuación de tres de noviembre siguiente, en la referida causa. Atribuidos al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados por el quejoso. Esa afirmación está justificada, ya que de las constancias remitidas por el juez responsable, consistentes en dos discos en formato DVD; documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, se advierte la existencia del a) registro de audio y video de las audiencias de orden de aprehensión de veintisiete de mayo, formulación de imputación en cumplimiento a orden de aprehensión de veintiocho de octubre y ampliación de término constitucional de tres de noviembre, todas del año dos mil veintiuno, así como b) en archivo PDF, las resoluciones derivadas de las audiencias anteriormente citadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieren hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Suplencia de la queja. Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el acto reclamado será analizado bajo el principio de suplencia de la queja; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013." OCTAVO. ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. Por técnica jurídica, primeramente se estudiará lo ateniente al concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en relación a la medida cautelar de prisión preventiva, en el que, en esencia, manifestó que el juez responsable no fundó ni motivó su resolución. Es de señalarse que en audiencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno el juez de control, a petición de la agente del Ministerio Público, impuso al imputado, aquí quejoso, Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz la medida cautelar de prisión preventiva, establecida en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe precisar que la medida cautelar de prisión preventiva tiene sustento en el segundo párrafo artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. . El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. ." La porción constitucional antes transcrita establece que en el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, ya que debe solicitarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes a) para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, b) el desarrollo de la investigación, c) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; así como d) cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, el aludido numeral precisa que la prisión preventiva procede oficiosamente e) cuando se trata de delitos muy específicos y de alto impacto, tales como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional consagra el principio de presunción de inocencia, al disponer que: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; - -- - ." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este principio es un derecho que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal, una de las cuales se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, inherente a la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal, de tal forma que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio mediante una sentencia. Así, la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir, en la mayor proporción posible, la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Ello, se deduce del contenido de la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), publicada el viernes cuatro de abril de dos mil catorce, en la página 497, libro 5, tomo I, materias constitucional y penal, Décima Época del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL." En ese contexto, cualquier persona puede ser acusada por un delito, pero en ningún caso resulta aceptable que permanezca privada de la libertad mientras se resuelva acerca de su responsabilidad penal, bajo argumentos que pudieran estimarse discriminatorios, a no ser que se trate de una prisión preventiva oficiosa, supuestos en los cuales la propia legislación establece un catálogo preciso de los delitos que así lo ameritan, o bien, que esa prisión preventiva se encuentre justificada, en atención a la insuficiencia de otras medidas para a) garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, b) el desarrollo de la investigación, c) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como d) cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Al respecto, los artículos 153 a 159, 165, 166, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la medida cautelar y la prisión preventiva, establecen lo siguiente: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido." "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." "Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." "Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código." "Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares." "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida." ." "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." "Artículo 166. Excepciones En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social." "Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales." "Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación." "Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida." De lo anterior, se tiene que las medidas cautelares son impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, entre las cuales se encuentra la prisión preventiva, misma que podrá ser oficiosa o justificada. Prisión preventiva oficiosa en los supuestos que, de manera expresa, así lo regule la ley; y justificada, cuando así lo solicite la representación social, en relación a la investigación de un hecho delictuoso que merezca pena privativa de libertad, y otras medidas cautelares no sean suficientes a) para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, b) el desarrollo de la investigación, c) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, d) así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y la causa diversa no sea acumulable o conexa. Así, para imponer la prisión preventiva deben considerarse los siguientes aspectos: a) Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, para lo cual, se tomará en cuenta especialmente: a.1. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto, siendo que la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; a.2. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopte el imputado. a.3. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; a.4. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o a.5. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. b) Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. c) Evitar la obstaculización del desarrollo de la investigación; para lo cual el juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: c.1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. c.2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o c.3. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Asimismo, de los preceptos legales antes transcritos se deduce que las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada; por lo que el juez de control deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Federal. Así, para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable, sin que ello implique que para resolver sobre la medida cautelar el citado análisis de evaluación de riesgo resulte indispensable, debido a que la palabra poder encierra una disyuntiva, es decir, es optativo que el mismo se considere o no, precisamente, porque esa posibilidad no constituye una obligación. En el caso, en la audiencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno la agente del Ministerio Público, con fundamento en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal, y 154, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al imputado, de conformidad con el artículo 155, fracción XIV, del referido código procesal, ya que consideró que existía peligro de sustracción del imputado y un riesgo para la víctima (minuto 00:39:36 del disco 2- reproducción del audio y video "018639_2021_P04). Precisando que, por lo que hace al riesgo de sustracción del imputado, se acreditaba con la denuncia de la víctima Areli Díaz Díaz, tomando en consideración su manifestación que desde que conoce al ahora imputado ha rentado en diversos domicilios, además de que fue en diversos domicilios en donde ocurrieron los hechos por los que éste fue vinculado a proceso; lo que se corrobora por lo manifestado por el propio imputado al evaluador de la Unidad de Medidas Cautelares, por lo que al proporcionar sus datos en el rubro de "arraigo", el imputado manifestó que tenía viviendo veinte días en el domicilio proporcionado, además de que anteriormente estuvo anexado tres meses en la casa de restauración de adicciones "Toulos", y que toda su vida ha vivido rentando en diversos domicilios. También, el imputado expresó al referido evaluador de la que cuenta con una hermana y dos hijos viviendo los Estados Unidos, quien se comunica con sus hijos únicamente vía telefónica de manera esporádica; de aquí que el imputado no cuenta con una residencia habitual. De igual manera, la agente del Ministerio Público solicitó, para la imposición de la medida, que se tomara en consideración el máximo de la pena previsto por el delito de violencia familiar a que fue vinculado el imputado (minuto 00:46:25 del disco 2- reproducción del audio y video "018639_2021_P04). Ahora, por lo que hace al peligro para la víctima, la agente del Ministerio Público solicitó se tomara en cuenta la actitud que voluntariamente adopta el imputado, ya que no se trata de únicamente un hecho el que constituye el ilícito, sino de diez hechos fácticos los que evidencian que reiteró su conducta contra la víctima en reiteradas ocasiones, aun sabiendo que la misma es sancionada por la ley (minuto 00:48:10 del disco 2- reproducción del audio y video "018639_2021_P04). Enseguida, el juez otorgó el uso de la palabra a la defensa, quien realizó diversas manifestaciones y una vez cerrado el debate, el juez de control resolvió imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que se actualizaba un riesgo para la víctima. Se estima que la medida de prisión preventiva justificada, decretada en resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se encuentra apegada a derecho, pues el juez de control, para imponerla, en principio y contrario a lo que se alega, fundó y motivó su determinación. Es así, pues el normativo 16 constitucional prevé el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad, ya que, conforme a ella, las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite, porque exige que ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley; de tal manera que el alcance de ese instrumento fundamental implica una obligación para las autoridades, de cualquier categoría, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución Federal. Resulta de suma importancia que las autoridades judiciales cumplan con la exigencia en comento, que consiste en fundar y motivar sus determinaciones; en la inteligencia de que: a) Por fundamentación, se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad. b) La motivación se refiere a la expresión de las razones por las cuales se considera que el hecho se encuentra probado y expresamente previsto en la disposición legal que se aplica. De manera tal que en toda decisión judicial deben coexistir ambos requisitos, pues ello constituirá la base de los argumentos que exprese la autoridad para demostrar la aplicación de los preceptos legales invocados al hecho de que se trate; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." (Jurisprudencia 1a./J. 139/2005, aprobada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 162, del tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176546). En el caso, en la resolución reclamada el juez responsable expuso las razones y fundamentos de carácter legal, por los que estimó procedente la solicitud formulada por la representación social. De ahí que al haberse pronunciado en cuanto a los planteamientos vertidos por las partes, y expresado los motivos y causas particulares por las que consideró que lo manifestado por la defensa no era óbice para imponer la medida de que se trata; así como las razones de carácter legal que le permitieron arribar a la conclusión de que era procedente imponer la medida de prisión preventiva justificada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; es dable concluir que, contrario a lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación, la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se impuso al quejoso la medida de prisión preventiva justificada, en la causa penal 551/2021, no carece de fundamentación y motivación; pues la autoridad responsable precisó los preceptos legales aplicables que sustentan jurídicamente su determinación, así como expresó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que motivaron la determinación a la que arribó, existiendo adecuación entre los motivos aducidos por la autoridad y las normas aplicables al caso. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación del quejoso, y no existir materia de queja que suplir, se le niega el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado estudiado en este considerando. NOVENO. ESTUDIO DEL AUTO DE VINCULACION A PROCESO. Por otra parte, el quejoso hizo valer como conceptos de violación relativos al auto de vinculación a proceso, en síntesis, los siguientes: La determinación no se encuentra fundada ni motivada, ya que el juez responsable varió el hecho motivo de la imputación porque refirió que no se acreditaba el hecho número 1, dado que no había relación de concubinato entre el imputado y la víctima, sino una relación similar. La autoridad responsable inobservó los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No debió generarle credibilidad al juez responsable el dato de prueba consistente en un dictamen de extracción de datos de diecisiete de abril de dos mil veintiuno. No se justifica que el imputado haya cometido un hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, porque no se establecieron con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso. A continuación, se procederá al estudio del acto reclamado, atinente al auto de vinculación a proceso de tres de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado en la causa penal 551/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, contra el aquí quejoso Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz, por el hecho que la ley señala como el ilícito de violencia familiar, cometido en perjuicio de la víctima Areli Díaz Díaz, así como de los conceptos de violación hechos valer. Previo al análisis del acto reclamado, cabe acotar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado en diversas ejecutorias que de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho es dable considerar que el constituyente, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Ello, salvo excepciones (prueba anticipada), basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, esto es, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, ya que conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformado), para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el juez de Control debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia a petición del imputado y su defensa. Al respecto, cobra aplicación la tesis que se trascribe a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2011883 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a. CLXXVI/2016 (10a.) Página: 702 PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EN ÉSTE SÓLO PUEDEN REPUTARSE COMO PRUEBAS LAS DESAHOGADAS PÚBLICAMENTE ANTE EL TRIBUNAL RESPECTIVO, EN PRESENCIA DE LAS PARTES. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se reformaron, entre otros, los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Este nuevo modelo de enjuiciamiento se basa en una "metodología de audiencias", cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 constitucional. Ahora bien, la instauración del sistema referido busca garantizar el adecuado desarrollo de los ciudadanos en un marco de seguridad y libertades, entendiéndose que un proceso penal sólo podrá considerarse legítimo si permite sentenciar a los culpables y absolver a los inocentes por medio de un método que, a la luz del público y con la participación de las partes, permita conocer, más allá de toda duda razonable, la verdad de lo sucedido. Así, de conformidad con esta nueva metodología, la lógica de las pruebas cambia respecto del sistema tradicional o mixto, pues para el proceso penal acusatorio y oral sólo pueden reputarse como tales las desahogadas públicamente ante el tribunal respectivo, en presencia de las partes -salvo la denominada prueba anticipada-, lo que implica que el dictado de las sentencias debe sustentarse en elementos de convicción recibidos directamente por el tribunal de juicio oral, bajo un control horizontal, con plena satisfacción de los principios citados." Ahora, con la finalidad de dar claridad a esta resolución, es importante realizar una semblanza de lo más destacado que se desprende de los discos de audio y video que anexó a su informe con justificación la autoridad responsable, los cuales fueron analizados en su integridad: El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, en contra de Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de víctima Areli Díaz Díaz. Durante dicha audiencia, se individualizaron los asistentes y el juzgador los conminó a estar atentos a la exposición que la representante social haría. Acto seguido, la agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz, en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia del juez de control; esto es, hizo de su conocimiento el hecho que se atribuye al aquí quejoso y le precisó el nombre de la persona que lo denunció, a saber, Areli Díaz Díaz (00:05:49 a 02:22:50 del disco 1- reproducción del audio "audio_only"). Precisado lo anterior, la agente de Ministerio Público solicitó vincular a proceso al imputado y, posteriormente, la asesora jurídica hizo suya dicha petición de la representante social. Luego, el juez de Control hizo saber al imputado la temporalidad para resolver su situación jurídica, así como la oportunidad de ofrecer pruebas; una vez consultado con su defensor, se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional y el abogado defensor respondió que si era su deseo desahogar datos de prueba (02:24:12 del disco 1- reproducción del audio "audio_only"). Asimismo, se impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva, atendiendo al peligro para la víctima (02:53:11 del disco 1- reproducción del audio "audio_only"). Finalmente, se suspendió la audiencia y se fijaron las nueve horas del tres de noviembre de dos mil veintiuno para resolver la situación jurídica del imputado (02:52:52 del disco 1- reproducción del audio "audio_only"). Posteriormente, el tres de noviembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial; se individualizaron las partes; se dio el uso de la palabra a los defensores del imputado y se vertieron los medios de prueba ofrecidos por dicha defensa. Después, se dio la oportunidad a las partes para debatir sobre la solicitud de vinculación proceso, siendo que la representación social y defensa formularon los alegatos que consideraron pertinentes; finalizado lo anterior, el juez de Control emitió auto de vinculación a proceso contra Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz, por el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de la víctima Areli Díaz Díaz. Resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultan fundados, suplidos en su queja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Se estima que existe una violación al debido proceso, lo que amerita la reposición del procedimiento penal a partir de la audiencia inicial, en razón de que no se siguieron las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que derivó en el dictado de un auto de vinculación a proceso viciado de origen y la vulneración a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como enseguida se expondrá. Es pertinente precisar que el auto de vinculación a proceso se encuentra previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contiene los requisitos mínimos que debe reunir ese tipo de actos a fin de que se justifique los actos de molestia derivados del mismo, el cual en su parte conducente dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial, podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.] El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.". Por su parte, el ordinal 20, apartado B, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo, establecen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." (El énfasis es propio) De la porción normativa transcrita se colige que para emitir un auto de vinculación deben reunirse los siguientes requisitos: Que lo solicite el Ministerio Público; Que se dicte por autoridad judicial competente, dentro del plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas en la duplicidad del plazo a solicitud del imputado; Que se haya formulado la imputación; Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así también, es importante resaltar que entre las prerrogativas que establece el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de toda persona imputada, se encuentra la de declarar o a guardar silencio. Sobre dicho tópico -como se precisó-, para emitir un auto de vinculación a proceso el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 316, señala expresamente que el juez de Control se encontrará en aptitud de dictarlo, siempre que -entre otros- se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; asimismo, el ordinal 317 de la invocada ley adjetiva constriñe al juzgador a que en su resolución se asienten los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos que menciona el dispositivo 316 de referencia. De ahí se colige que uno de los requisitos esenciales para que el juez de Control pueda emitir un auto de vinculación a proceso, es la oportunidad que se le haya dado al imputado de declarar sobre los hechos por los cuales se le formuló imputación y en un momento posterior se resolverá sobre su situación jurídica; por tanto, el no cumplir con dicha formalidad implica una trasgresión al debido proceso. Sobre el particular resulta conveniente referir el contenido de los artículos 311, 312 y 313 del multicitado ordenamiento, a saber: "Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público." "Artículo 312. Oportunidad para declarar Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas." "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." De los preceptos transcritos se advierten las formalidades que el juez de Control debe cumplir a fin de encontrarse en aptitud de emitir de un auto de vinculación a proceso, a saber: Cuando el imputado está presente en la audiencia inicial, el juez de control deberá verificar que aquél conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal (sí aconteció). Después de asegurarse que conoce sus derechos o de habérselos dado a conocer, el juez de control ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo y el nombre de su acusador (sí aconteció). Una vez que se formule la imputación, el juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo (NO aconteció). En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el Código Nacional. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas (NO aconteció). Una vez que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso (sí aconteció). Después de escuchar al agente del Ministerio Público, el juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. En ese mismo momento, el juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo (sí aconteció). En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga (sí aconteció). Una vez que se haya cumplido con todo lo anterior, la audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Como quedó de relieve, de los antecedentes relatados se obtiene que en la audiencia inicial celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ante el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, luego de que la representante social formulara imputación contra Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz, el juez responsable hizo saber al imputado la temporalidad para resolver su situación jurídica, así como la oportunidad de ofrecer pruebas; una vez consultado con su defensor, se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional y el abogado defensor respondió que si era su deseo desahogar datos de prueba; sin embargo, se omitió darle al imputado oportunidad de declarar, es decir, de la mecánica observada en dicha audiencia no se advierte que el el juez de contro le preguntara si deseaba o no contestar el cargo. En esa tesitura, se colige que en la emisión del auto de vinculación a proceso que se combate se incumplió con una de las formalidades esenciales del procedimiento, que trasgrede los derechos fundamentales del imputado y, en consecuencia, se traducen en la vulneración al debido proceso. Resulta ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, visible en la página 1940, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Por tanto, la circunstancia de que no se informara al imputado sobre su derecho a contestar el cargo y que no se le preguntara, en el momento oportuno para ello, si deseaba declarar o no, implica una violación al debido proceso que amerita la reposición del mismo, a fin de restituir al quejoso en el derecho fundamental transgredido. DÉCIMO. Efectos de la concesión. Al resultar fundados los conceptos de violación examinados, suplidos en su deficiencia, en torno a la oportunidad de declarar o guardar silencio, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz, para el efecto de que la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca: Deje sin efectos la audiencia de comunicación de imputación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y su continuación de tres de noviembre siguiente en la causa penal 551/2021, dejando intocado únicamente lo atinente a la formulación de imputación realizada por la Ministerio Público. Proceda a citar a las partes a audiencia, en la que precise al imputado su derecho a 1) contestar el cargo formulado por la representación social en audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno o 2) guardar silencio, para que, si así lo considera la Fiscalía, formule la solicitud de vinculación a proceso contra el quejoso Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz; posteriormente, pregunte al imputado en qué plazo desea que se resuelva su situación jurídica (en ese acto, en setenta y dos horas o en ciento cuarenta y cuatro); como lo dispone la jurisprudencia 1a./J.120/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, Hecho lo anterior, seguida la secuela respectiva, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda. Por otra parte, es menester precisar que al concederse la protección constitucional solicitada para los efectos anteriormente señalados con motivo de la violación procesal destacada, se hace innecesario analizar el estudio de los conceptos de violación encaminados a controvertir el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que tales motivos de disenso guardan relación con las consideraciones que serán reexaminadas por la responsable al resolver lo que en derecho estime procedente, siguiendo la secuela procesal respectiva. Resulta ilustrativo a lo anterior el criterio con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 220981 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: I.6o.T. J/15 Página: 141 VIOLACIONES PROCESALES, CONCEDIDO EL AMPARO POR, ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES DE FONDO. Resulta innecesario entrar al estudio de las violaciones de fondo aducidas en la demanda de amparo, si se concedió la protección de la justicia federal al quejoso, para el efecto de que se reponga el procedimiento por violaciones cometidas en el mismo, pues en cumplimiento de esta ejecutoria, la autoridad responsable deberá dictar un nuevo laudo donde las violaciones de fondo acusadas podrán ser reparadas al resolver de nueva cuenta el fondo del negocio." Finalmente, se hace la precisión que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en esta resolución, que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, en virtud a que contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. DÉCIMO PRIMERO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia federal no ampara ni protege al quejoso Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz contra el acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva decretada en audiencia de comunicación de imputación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y su continuación de tres de noviembre siguiente, en la causa penal 551/2021, por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia federal ampara y protege al quejoso Emilio Arturo Ortega Ruiz o Arturo Emilio Ortega Ruiz contra el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de comunicación de imputación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y su continuación de tres de noviembre siguiente, en la causa penal 551/2021, en términos del considerando noveno, y para los efectos precisados en el diverso décimo de esta resolución. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
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