Rosalva Jacob Mateos

Expediente 910/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
910/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Rosalva Jacob Mateos

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.910/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Colegiado informa. Agréguese el oficio firmado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, por el que informa que en auto de veintidós de septiembre de este año dicho tribunal admitió a trámite y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******************** y de la cual este juzgado declinó competencia a su favor; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 2. Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no se hace pronunciamiento respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en a) el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y al b) "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal". 3. Publicación de los datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. En esas condiciones, como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso j), 24 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita, así como el punto 8.1.2., 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 6. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 910/2022 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso se agregó el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito por el que informó que a fin de determinar si aceptaba o no la competencia declinada por este órgano jurisdiccional remitió la demanda original a la autoridad responsable, Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes Colegiada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, para que diera cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha haya comunicado sobre la aceptación o no de la competencia. 1.1. Solicitud al tribunal de Alzada. Por ello, solicítese atentamente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio que, de no tener impedimento legal o material alguno, informe sobre la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.910/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. 1. Colegiado acusa recibo. Agréguese el oficio remitido electrónicamente por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual: a) Acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el original de la demanda de amparo promovida por Rosalva Jacob Mateos, con motivo de la competencia declinada por este Juzgado. b) Comunica que a fin de determinar si acepta o no la competencia declinada, remitió la demanda original a la autoridad responsable, Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes Colegiada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.910/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio el veintisiete de julio del año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional el día siguiente, promovida por Rosalva Jacob Mateos, contra un acto de los magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes Colegiada en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 910/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Análisis de la demanda. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa Rosalva Jacob Mateos señala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes Colegiada en el Estado de Oaxaca: La sentencia absolutoria a favor de Ulises Ángel Jiménez Ordaz, dictada el quince de julio de dos mil veintidós en el toca penal 12/2022, que revocó la sentencia condenatoria de veinticinco de mayo de este año dictada en la causa penal 311/2018, del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Costa. Al respecto, la quejosa manifestó esencialmente en el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: En la causa penal 311/2018 el veinticinco de mayo de dos mil veintidós la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Costa, con sede en San Pedro Pochutla, dictó sentencia condenatoria contra Ulises Ángel Jiménez Ordaz. El seis de junio del año en curso el sentenciado interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia. El quince de julio de dos mil veintidós la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal JOTPAS/0012/2022 revocó la sentencia condenatoria y, en su lugar, dictó sentencia absolutoria a favor del enjuiciado. El quince de julio del año en curso fue notificada de esa resolución de segunda instancia. 3.1. Declaración de incompetencia. Ahora bien, los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.) "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;.". En el mismo tenor, el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo conducente, preceptúa que, con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esa ley, los Tribunales Colegiados de Circuito son legalmente competentes para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento. De los preceptos legales transcritos se infiere que contra las sentencias definitivas, entendiéndose por éstas aquellas que deciden el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, procede el juicio de amparo directo y que éste es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Luego, como en este juicio de amparo indirecto la quejosa reclama la sentencia absolutoria dictada por la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes Colegiada en el Estado de Oaxaca, a favor de Ulises Ángel Jiménez Ordaz, el quince de julio de dos mil veintidós en el toca penal 12/2022, que revocó la sentencia condenatoria de veinticinco de mayo de este año dictada en la causa penal 311/2018, del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Costa; es evidente que la sentencia reclamada resulta impugnable a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 95, Décima Época, registro 2008791, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para el conocimiento de la demanda de amparo de que se trata, y se estima que la autoridad competente para su conocimiento es el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Decimotercer Circuito. Por tanto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo de este Circuito, la demanda de amparo original y sus copias, para que se sirva turnarla al Tribunal Colegiado que corresponda; solicitando de ese órgano colegiado el acuse de recibo correspondiente. 3.2. Cuaderno de antecedentes. Con copia certificada de la boleta de turno y de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes. 4. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere la quejosa, por no haber otorgado facultades amplias en el escrito de demanda. 5. Autorización para la consulta y notificación vía Electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico de este juicio, con el usuario "carlos_azcona"; asimismo, se ordena realizar las notificaciones que le correspondan vía electrónica, a través del usuario proporcionado; ello, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 ya citado. 5.1. Precisión respecto al domicilio para recibir notificaciones. No pasa inadvertido que en la demanda de amparo se señaló un domicilio físico para recibir notificaciones; sin embargo, aquéllas se harán vía electrónica, a través del usuario ya referido, y únicamente en caso de que exista imposibilidad justificada para ello, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se podrá efectuar la notificación en el domicilio físico proporcionado; lo anterior, en razón de que la parte quejosa autorizó ese usuario expresamente para la práctica de notificaciones, además que ello encuentra apoyo en las disposiciones previstas en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo notificaciones personales y/o entrega de constancias de manera impresa. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 7. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 8. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. 9. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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