Rosaly Antonie García López
Expediente 225/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 33 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 22/02/2021
Partes del expediente
- Rosaly Antonie García López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Notifíquese personalmente,
- Principal
con fundamento en el articulo 26 fracción III de la ey de amparo se notifica al tercero interesado Horacio Raúl Estrada Elías también conocido como Horacio Estrada Elías Ensenada, Baja California, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que en el presente juicio se dictó sentencia el treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa a efecto de que la responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali: "Deje insubsistente la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro el toca civil 1702/2016. Dicte otras con libertad de jurisdicción, en la que de manera fundada, motivada y exhaustiva, analice y se pronuncie sobre el argumento toral de la parte quejosa expuesto en los agravios cuarto y quinto de su escrito de apelación." Sentencia de amparo que causó ejecutoria el quince de diciembre de dos mil veinte; por lo cual, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a ello, la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de febrero de dos mil veintiuno, adjuntó la resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve y emitió otra en la que pronunciándose en relación a los argumentos vertidos en los agravios cuarto y quinto del escrito de apelación interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de gastos y costas dentro del juicio ordinario civil 1049/2011, determinó que el cuarto agravio era infundado, en atención a que contrario a lo expuesto por la recurrente la cuantía del negocio no debe atenderse al hecho de fue demandada en el juicio de origen por la acción de nulidad de una escritura pública y por ende tampoco las prestaciones reclamadas de conformidad con el articulo 9° de la Ley de Aranceles para el estado de Baja California y mucho menos debe tomarse en cuenta el avaluó del valor del inmueble del que se reclama la nulidad del contrato de compraventa, porque al haberse decretado en el juicio de origen la caducidad de la instancia señaló que no existe una base para fijar el porcentaje de lo obtenido y ante tal circunstancia las costas deben de ser reguladas conforme al artículo 10 de la Ley de Aranceles para el estado de Baja California. Asimismo, refirió que de la interpretación de los artículos 6 y 10 de Ley de Aranceles para el estado de Baja California, y aun y cuando el juez que resolvió respecto al incidente de gastos y costas en el juicio de origen, no haya tomado en consideración los medios probatorios aportados, estos no le aportan beneficios, por haberse promovido de forma errónea un incidente de liquidación de gastos y costas con base en la cuantía del valor actual del inmueble materia del juicio de origen y al haberse decretado la caducidad de la instancia, no existe una base para fijar el porcentaje de lo obtenido. De igual forma, respecto a lo argumentado en el quinto agravio del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, señaló que es parcialmente fundado pero inoperante; al no haberse entrado al estudio del fondo del asunto por haberse decretado la caducidad de la instancia en el juicio 1049/2011, por lo que, jurídicamente se está en presencia de un asunto de cuantía indeterminada y no de determinada como lo pretende hacer valer la recurrente. Probanzas a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por ende, mediante auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali; a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, como se advierte de la certificación de cuenta. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que la autoridad responsable, ha dado cumplimiento a la ejecutoría de amparo; toda vez que, acreditó que dejó insubsistente la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 1702/2016 que fue motivo de estudio en este amparo, y que en su lugar dictó otra, con libertad de jurisdicción, en la que analizó los agravios cuarto y quinto del escrito de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución de incidente de liquidación de gastos y costas en el juicio de origen 1049/2011, y resolvió que el cuarto agravio es infundado y el quinto es parcialmente fundado pero inoperante, en atención a las consideraciones y fundamentos expuestos en la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, como se advierte de las documentales que allegó y que fueron valoradas con antelación. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa a través del escrito de cuenta, en el sentido de que la responsable no fue exhaustiva al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ni tampoco fundó y motivó la resolución con la que dio cumplimiento a la ejecutoria en mención, ya que las mismas resultan infundadas, en atención a que como quedó precisado con antelación, mediante interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veintiuno, la responsable resolvió que el cuarto y quinto agravio de su escrito de apelación eran respectivamente, infundado y parcialmente fundado pero inoperante; lo anterior, al no haberse entrado al estudio del fondo del asunto al decretarse la caducidad de la instancia en el juicio 1049/2011, lo que tiene como consecuencia un asunto de cuantía indeterminada y no de determinada como lo pretende hacer valer la recurrente, de ahí que no existe una base para fijar el porcentaje de lo obtenido y ante tal circunstancia las costas deben de ser reguladas conforme al artículo 10 de la Ley de Aranceles para el estado de Baja California. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda depurable, que determina su destino.Se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Finalmente, remítase el tomo de pruebas formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali. Notifíquese personalmente,
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EN EL DOMILICIO PROCESAL DEL LA PARTE QUEJOSA ROSALY ANTONIE GARCÍA LÓPEZ, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "..Ensenada, Baja California, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que en el presente juicio se dictó sentencia el treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa a efecto de que la responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali: "Deje insubsistente la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro el toca civil 1702/2016. Dicte otras con libertad de jurisdicción, en la que de manera fundada, motivada y exhaustiva, analice y se pronuncie sobre el argumento toral de la parte quejosa expuesto en los agravios cuarto y quinto de su escrito de apelación." Sentencia de amparo que causó ejecutoria el quince de diciembre de dos mil veinte; por lo cual, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a ello, la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de febrero de dos mil veintiuno, adjuntó la resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve y emitió otra en la que pronunciándose en relación a los argumentos vertidos en los agravios cuarto y quinto del escrito de apelación interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de gastos y costas dentro del juicio ordinario civil 1049/2011, determinó que el cuarto agravio era infundado, en atención a que contrario a lo expuesto por la recurrente la cuantía del negocio no debe atenderse al hecho de fue demandada en el juicio de origen por la acción de nulidad de una escritura pública y por ende tampoco las prestaciones reclamadas de conformidad con el articulo 9° de la Ley de Aranceles para el estado de Baja California y mucho menos debe tomarse en cuenta el avaluó del valor del inmueble del que se reclama la nulidad del contrato de compraventa, porque al haberse decretado en el juicio de origen la caducidad de la instancia señaló que no existe una base para fijar el porcentaje de lo obtenido y ante tal circunstancia las costas deben de ser reguladas conforme al artículo 10 de la Ley de Aranceles para el estado de Baja California. Asimismo, refirió que de la interpretación de los artículos 6 y 10 de Ley de Aranceles para el estado de Baja California, y aun y cuando el juez que resolvió respecto al incidente de gastos y costas en el juicio de origen, no haya tomado en consideración los medios probatorios aportados, estos no le aportan beneficios, por haberse promovido de forma errónea un incidente de liquidación de gastos y costas con base en la cuantía del valor actual del inmueble materia del juicio de origen y al haberse decretado la caducidad de la instancia, no existe una base para fijar el porcentaje de lo obtenido. De igual forma, respecto a lo argumentado en el quinto agravio del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, señaló que es parcialmente fundado pero inoperante; al no haberse entrado al estudio del fondo del asunto por haberse decretado la caducidad de la instancia en el juicio 1049/2011, por lo que, jurídicamente se está en presencia de un asunto de cuantía indeterminada y no de determinada como lo pretende hacer valer la recurrente. Probanzas a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por ende, mediante auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali; a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, como se advierte de la certificación de cuenta. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que la autoridad responsable, ha dado cumplimiento a la ejecutoría de amparo; toda vez que, acreditó que dejó insubsistente la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 1702/2016 que fue motivo de estudio en este amparo, y que en su lugar dictó otra, con libertad de jurisdicción, en la que analizó los agravios cuarto y quinto del escrito de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución de incidente de liquidación de gastos y costas en el juicio de origen 1049/2011, y resolvió que el cuarto agravio es infundado y el quinto es parcialmente fundado pero inoperante, en atención a las consideraciones y fundamentos expuestos en la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, como se advierte de las documentales que allegó y que fueron valoradas con antelación. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa a través del escrito de cuenta, en el sentido de que la responsable no fue exhaustiva al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ni tampoco fundó y motivó la resolución con la que dio cumplimiento a la ejecutoria en mención, ya que las mismas resultan infundadas, en atención a que como quedó precisado con antelación, mediante interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veintiuno, la responsable resolvió que el cuarto y quinto agravio de su escrito de apelación eran respectivamente, infundado y parcialmente fundado pero inoperante; lo anterior, al no haberse entrado al estudio del fondo del asunto al decretarse la caducidad de la instancia en el juicio 1049/2011, lo que tiene como consecuencia un asunto de cuantía indeterminada y no de determinada como lo pretende hacer valer la recurrente, de ahí que no existe una base para fijar el porcentaje de lo obtenido y ante tal circunstancia las costas deben de ser reguladas conforme al artículo 10 de la Ley de Aranceles para el estado de Baja California. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino. Se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Finalmente, remítase el tomo de pruebas formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali. Notifíquese personalmente..."
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