Rosalía Bretón Mora Castruita

Expediente 265/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
265/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • Rosalía Bretón Mora Castruita

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, once de junio de dos mil diecinueve. Visto; el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte a la fecha ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa José Antonio Orozco y Orozco en representación de Rosalía Bretón Mora Castruita interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que promovió contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con sede en Ensenada, sin que haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado, por tanto, háganse las anotaciones en el libro de juzgado que corresponda; en ese orden, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en virtud de que se considera que el expediente en que se actúa, dada su naturaleza y sentido del fallo, carece de relevancia documental, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción, pues se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto Vigésimo Primero fracción I, del invocado Acuerdo 1/2009. Consecuentemente, una vez transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este auto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero fracción II, del Acuerdo General de referencia, este expediente estará en aptitud de destruirse. Por último, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito recibido vía electrónica, firmado por José Antonio Orozco y Orozco en representación de Rosalía Bretón Mora Castruita, y anexo que acompaña, personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de amparo, con el primer testimonio, de la escritura pública número setenta y cuatro mil novecientos veintisiete, volumen mil ciento treinta y cinco de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, protocolizada ante el Notario Público Número Uno de Mexicali, Baja California, y de conformidad con el artículo 12 fracción f del Acuerdo General Conjunto número 1-2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento exhibido es copia íntegra e inalterada del documento impreso; atento a su contenido, se le tiene desahogando la prevención efectuada en proveído de veintitrés de mayo del año en curso. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa; asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama de la autoridad antes mencionada, lo siguiente: ". La sentencia interlocutoria de fecha 08 de mayo de 2019 dictada en el juicio agrario 50-2018, por medio de la cual la Magistrada supernumeraria Unitaria del Tribunal Agrario responsable, Lic. JUANA REBECA CORTES MUÑOZ, se declara incompetente por razón de la materia para seguir conociendo y resolver el asunto planteado por la actora, hoy quejosa." sic Del primer concepto de violación se advierte lo siguiente: ". En esencia, los argumentos torales de la interlocutoria se expresan en la página 8 y 11 de esa resolución, y son textualmente los siguientes: ."los Tribunales Agrarios fueron instituidos para resolver conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales, de las controversias que se susciten con motivo de la celebración de contratos para el aprovechamiento de las tierras ejidales y comunales, entre otros conflictos, empero, no para conocer del planteado por la parte actora, relativo al establecimiento de límites y colindancias entre predios particulares y el de condena a una autoridad administrativa municipal (.) "De conformidad con lo previsto por el artículo 168 de la ley agraria, se suspende de plano el presente procedimiento, y se ordena remitir los autos originales del sumario al pleno del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California ." sic En las relatadas condiciones, toda vez que, como ya se precisó, el promovente del amparo señala como acto reclamado, la resolución interlocutoria de ocho de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada Supernumeraria Unitaria del Tribunal Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, en la que se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio agrario 50-2018 de su índice, declinándola a favor de la Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, en su correcta denominación, en ese contexto, quien suscribe advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de las consideraciones que adelante se expresarán. Primeramente resulta necesario conocer el contenido de la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, versa: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". A su vez el diverso numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y .". En el caso, es evidente que la resolución interlocutoria de ocho de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada Supernumeraria Unitaria del Tribunal Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, en la que se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio agrario 50-2018 de su índice, declinándola a favor de la Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, en su correcta denominación, no le causa perjuicio de imposible reparación a Rosalía Bretón Mora Castruita, en razón de que si bien es un acto de los contemplados por la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que se determina declinar la competencia del conocimiento del asunto; lo cierto es que no es un acto definitivo, que cause un daño de imposible reparación a la parte promovente ya que el perjuicio se actualizaría hasta que la Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, en su correcta denominación, -receptora- acepte la competencia planteada por la responsable -o en su caso, cuando el tribunal que dirima el eventual conflicto competencial en el supuesto de que dicho tribunal no aceptara la competencia planteada, decida que el órgano competente para conocer del asunto lo es éste y no la Magistrada Supernumeraria Unitaria del Tribunal Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, que anteriormente conocía del mismo- pues hasta que se actualice alguna de esas dos hipótesis, que convergen en que finalmente un diverso órgano se avoque al conocimiento del asunto, en el que adquiera el carácter de decisión irreparable, susceptible de ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, precisamente porque todavía está latente la posibilidad de que la autoridad que dirima el eventual conflicto competencial en caso de suscitarse el mismo) decida fincar la competencia a la autoridad que originalmente lo tramita la cual tendría que avocarse al conocimiento del asunto, con la evidente consecuencia que las actuaciones que anteriormente habían sido anuladas, subsista en sus términos. En efecto, sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que si bien la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, su impugnación debe hacerse a partir de que éstos sean definitivos, acorde con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, en el que se prevee que los actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, ya sean legislativos, administrativos o jurisdiccionales, suscitados dentro o fuera de juicio, en un procedimiento o en uno seguido en forma de juicio o fuera de él, provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo o distintos de ellos, deben: causar perjuicio al quejoso, ser de imposible reparación y tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o de aquella que le ponga fin por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, pero siempre que por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, por lo que no se traduce que indefectiblemente el juicio de amparo procederá cuando se reclamen actos en los que se determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, en razón de que, de ser así, se soslayarían los principios rectores del juicio de amparo, constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues interpretar literalmente el ordinal 17 de la Ley de Amparo, y aseverar que procederá indefectiblemente el juicio de amparo en los casos en que se inhiba o decline la competencia de un asunto, podría desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo. Por lo que más allá de la distinción de las materias en que se originen los supuestos relacionados con la determinación de un órgano jurisdiccional, de declinar la competencia a favor de otro, debe considerarse que ese tipo de actos, no son de los considerados de imposible reparación, ya que de la misma manera, en el estado procesal correspondiente, se desconoce si la autoridad a favor de quien se declina la competencia aceptará el conocimiento del asunto, ni tampoco se puede adelantar cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que pudiera llegar a suscitarse. Lo anterior, lo determinó el Pleno del Alto Tribunal, tomando en consideración que en ese momento aún no se define quién es realmente la autoridad que deberá conocer del asunto, pues se requiere de al menos otra resolución para definir este aspecto, por lo que no se puede considerar como un acto definitivo, ya que, se explicó, la definición de la competencia de la autoridad en cuyo favor se declinó, depende de que ésta admita o rechace la competencia planteada. Los argumentos reseñados, se desprenden de la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 239/2014, que en la parte conducente y en lo que aquí interesa, establece: ". Tradicionalmente esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado a las cuestiones competenciales como adjetivas o procesales. Durante la novena época, bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, sostuvo que el juicio de amparo indirecto era procedente, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque se consideraba que en esta resolución se afectaba a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se debería reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional. Las anteriores consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia P.J. 55-2003, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.", la cual interrumpió y modificó, en la parte relativa, la diversa tesis 3ª.J.23-91, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE COMPETENCIA INTERRUPCION Y MODIFICACION EN LA PARTE RELATIVA, DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 166, VISIBLE EN LAS PAGINAS 297 Y 298, SEGUNDA PARTE, DE LA COMPILACION DE 1917 A 1988.", de la otrora Tercera Sala de este Alto Tribunal. Bajo ese criterio, en el nuevo sistema constitucional, la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, no guardaría congruencia, ya que establece la procedencia del juicio de amparo contra de actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sin especificar más, no obstante que, como se precisó, las cuestiones competenciales generalmente se identifican con derechos adjetivos o procesales. Tampoco el proceso legislativo que dio origen a la inclusión de dicha hipótesis de procedencia ofrece mayor justificación al respecto, ya que la citada fracción fue producto de una propuesta elaborada por los Presidentes de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, y fue admitida por votación económica en sesión de trece de octubre de dos mil once, bajo un argumento de "garantismo" por parte del legislador, lo que no permite identificar cuál fue la verdadera intención legislativa para su incorporación. No obstante, este Tribunal Pleno considera que más allá de descubrir las razones que motivaron la inclusión de tal porción normativa en el capítulo relativo al "amparo indirecto" como hipótesis destacada para su procedencia, esto es, si el legislador tuvo o no la intención de identificar a las cuestiones competenciales como sustantivas o de imposible reparación, ni así tampoco que sobre tal aspecto versaran los criterios aquí contendientes; lo verdaderamente trascedente es que ahora, al existir disposición expresa en dicho capítulo respecto al tema relativo a la competencia, en la que el legislador estatuyó que los actos de autoridad que determinen inhibir y declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, son impugnables en amparo indirecto, es a la que deben ceñirse los órganos jurisdiccionales Énfasis añadido. Sin que pase inadvertido que este Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377-2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, determinó que, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, indicó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso en la reforma para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo así este Alto Tribunal, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P.J.4-2001 y cuya determinación llevó a emitir la tesis de jurisprudencia P.-J. 37-2014 10a, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P.J. 4-2001 LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Sin embargo, dicho criterio no puede resultar orientador para la solución del presente asunto sólo por el hecho de que en él se haya examinado la legislación de la materia a partir de la publicación de su reforma, en particular, el artículo 107, fracción V, de la ley, en el que se ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación", con la cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de esa naturaleza. Ello, pues no debe perderse de vista que tal precedente se relaciona con el análisis de las cuestiones de "personalidad", cuya figura jurídica no está expresamente contemplada en la Ley de Amparo para efectos de la procedencia del juicio bi-instancial, lo que sí acontece con el tema relativo a la competencia, respecto del cual, como se ha señalado, existe disposición expresa en el capítulo relativo al "amparo indirecto" en la que el legislador estatuyó que los actos de autoridad que determinen inhibir y declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, son impugnables en amparo indirecto. En conclusión, tal como se sostiene, más allá del análisis de si el tema de competencia pudiera considerarse o no de imposible reparación, o bien, si pudiera asemejarse al de personalidad, lo cierto es que al existir disposición expresa en la ley, debe atenderse a ésta. Ahora bien, no obstante que la intención del legislador haya sido que los actos de autoridad que determinen inhibir y declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sean impugnables en amparo indirecto; este Tribunal Pleno estima que la disposición normativa que contempla tal posibilidad, no podría interpretarse literalmente y aseverar que, por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá, indefectiblemente, cuando se reclamen ese tipo de actos de autoridad. Por tanto, lo siguiente es determinar si para que proceda el juicio de amparo indirecto en su contra, éstos deben ser definitivos, es decir, si su impugnación debe hacerse a partir de la decisión de la autoridad que acepta o rechaza la competencia declinada o inhibida; pues acorde con lo estatuido en el artículo 107 constitucional, los actos susceptibles de impugnarse a través de la vía bi-instancial, ya sean legislativos, administrativos o jurisdiccionales, suscitados dentro o fuera de juicio, en un procedimiento o en uno seguido en forma de juicio o fuera de él, provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo o distintos de ellos, deben: causar perjuicio al quejoso, ser de imposible reparación y tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o de aquella que le ponga fin por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, pero siempre que por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. En efecto, este alto Tribunal considera que la norma en cuestión no podría interpretarse literalmente y aseverar, como se dijo, que por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. Énfasis añadido. Lo anterior encuentra justificación en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como garante supremo de la eficacia jurídica de la Constitución, debe resolver cualquier asunto sometido a su conocimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de que gozan las previsiones de la Carta Magna y particularmente, tratándose de las contradicciones entre los criterios sustentados por los tribunales colegiados de circuito emergen de manera típica en ámbitos o respecto de puntos en los que la interpretación de las leyes puede hacerse de varios modos y cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación establece cuál de estas posibilidades debe prevalecer, uno de los elementos de juicio sin ninguna duda más relevantes debe ser el que evalúa cuál de ellas materializa de modo más efectivo, en el caso concreto, las previsiones constitucionales. Para lo cual, este Alto Tribunal debe tener presente siempre el contenido de los imperativos constitucionales, no solamente en aquellas vías jurisdiccionales en las que el pronunciamiento de la Corte desemboca en la declaración de inconstitucionalidad de un acto o una norma, sino en la totalidad de tareas que tiene encomendadas, incluida la resolución de contradicciones de tesis, ello a fin de seleccionar como criterio a prevalecer el que sea más coherente con los contenidos constitucionales y hacer presente la fuerza normativa suprema de la Constitución y su capacidad para moldear el entendimiento y la aplicación de todo el ordenamiento jurídico. En ese contexto, al no ser posible acudir a la interpretación gramatical de la norma, por las razones dadas; entonces, el método para definir el alcance que debe dársele al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal y que rigen al juicio de amparo. Esto, pues no puede pasarse por alto que en el artículo 107 constitucional están instituidas las bases que deben reglamentarse en la legislación secundaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, encomendándose al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición, como se dijo, de mantener intactos sus principios y fines, es decir, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, pero siempre que ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. En tal virtud, si el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: ". Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", sin hacer mayores especificaciones al respecto; luego, es necesario acudir, como se dijo, a la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, considerando que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio bi-instancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales antes mencionado previsto en la Ley de Amparo; entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no solo en el artículo 107 de la Ley de Constitución Política de este país, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. Situados en la parte en la que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo. Para ello, en principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse cuando estén previstos, y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto en el caso de la competencia por inhibitoria. Énfasis añadido Lo anterior es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y, además, es congruente con la creación de la nueva Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio bi-instancial, el acto que se reclame debe ser aquél en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, teniendo en cuenta que uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal, que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto en el caso de la competencia por inhibitoria y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes." Énfasis añadido. De la ejecutoria transcrita en lo conducente derivó la jurisprudencia consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 5, materia común, con número de registro 2009721, cuya sinopsis reza: ... En ese contexto, de lo antes narrado se advierte que el acto aquí reclamado, es de los que no quedan comprendidos dentro de la hipótesis contemplada en la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por no tratarse de una resolución definitiva que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, por lo tanto, dicho acto no afecta materialmente de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental protegido por la Constitución General de la República, y ello es así, en virtud de que con dicha determinación no se deja a la parte promovente en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intraprocesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por lo antes expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción VII y 113 de Ley de Amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1-2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Notifíquese personalmente.

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