Rosalva Nambo García
Expediente 236/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosalva Nambo García
- Juez Octavo de Distrito En el Estado de Michoacán de Ocampo, Con Sede En Uruapan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional, emite las determinaciones siguientes: 1. Sentencia y sentido de la resolución. Mediante sentencia de catorce de junio de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el juicio. 2. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. 3. Resolución pronunciada en el amparo en revisión. Mediante ejecutoria de seis de julio de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, revocó la sentencia dictada por este Juzgado, para ahora conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Dejar insubsistente el auto de cinco de abril de dos mil veintidós. b) Emita otro, en el que establezca sobre la base de que la procedencia de la medida precautoria solicitada, con base en los artículos 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio y resuelva lo que en derecho proceda; debiendo tomar en consideración que: I. Toda medida cautelar requiere para su otorgamiento, de la acreditación de los principios de la verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que se deben analizar cuidadosamente esos elementos, para que los mismos cumplan exactamente su cometido, a fin de evitar la causación de perjuicios innecesarios a la parte afectada; es decir, que quien la solicita cuenta con un interés en tal medida, así como la necesidad de su otorgamiento; y II. Que como la providencia puede ocasionar daños y perjuicios que carecerían de sustento si el solicitante no obtiene fallo sustancial de fondo, resulta consustancial al otorgamiento de la providencia que se otorgue por el solicitante, una garantía suficiente en cada caso para resarcir esos daños y perjuicios, en el supuesto indicado." Una vez que se recibió el testimonio de la resolución emitida en amparo en revisión, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La autoridad responsable realizó lo siguiente: En proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, que constituyó el acto reclamado. Asimismo, resolvió lo siguiente:(.) SE CONCEDE LA MEDIDA SOLICITADA La promovente, por las razones expuestas en su demanda, solicita que las demandadas reconecten el suministro de energía eléctrica en el domicilio señalado para tal efecto, esto es: el ubicado en calle Leo, número 6, Colonia Ignacio Gómez, código postal 60154, Uruapan, Michoacán; con número de servicio 165060702429. Al respecto, cabe señalar, que si bien el numeral 1168 del Código de Comercio, dispone que en los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias consistentes en la radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda; y, la retención de bienes; la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 415/2012, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 27/2013 (10a.), estableció en lo que aquí interesa, que ante la solicitud de una medida cautelar con la finalidad de que se mantenga una situación de hecho, que no se funde en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 1168 del Código de Comercio, resulta aplicable supletoriamente, en términos del artículo 1054 del mismo ordenamiento, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé como medida cautelar las denominadas medidas de aseguramiento, establecidas en sus artículos 348 a 388. (.) Ahora bien, para la procedencia de la solicitud se deben satisfacer dos principios lógicos, a saber: La apariencia del buen derecho, que exige que se demuestre cuando menos en apariencia, el derecho que será discutido en el caso por la Superioridad; es decir que sea verosímil, aunque no se exige que se compruebe plenamente, pues tal es la materia del juicio de amparo directo correspondiente. Peligro en la demora, pues en caso de que la sentencia fuera revocada por la Superioridad, toda vez que la misma se encuentra subjudice de estudio por aquella, podía ocasionar un daño de no concederla. Extremos que, a juicio de esta juzgadora, se satisfacen en el presente caso, habida cuenta que, la promovente refiere que es nulo el ajuste de facturación de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se le exige el pago de ******************** del periodo de facturación de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en virtud de que carecen de los elementos de validez para su legal existencia y de las formalidades contractuales y legales que deben revestirse. Con lo anterior, queda acreditada la apariencia del buen derecho, pues se demuestra, cuando menos en apariencia, el derecho que será discutido en el juicio pendiente de resolver; a saber, si los procedimientos y los ajustes de verificación de los que podría derivar el corte de energía eléctrica, se apegaron o no a lo pactado en contrato. En cuanto al peligro en la demora, cabe destacar que, la energía eléctrica es un elemento esencial para el desarrollo de las personas (físicas y morales), en tanto constituye la fuente de energía primordial para el funcionamiento de las actividades cotidianas y para la materialización, incluso, de algunos derechos humanos y fundamentales de las mismas. Desde esta perspectiva, puede afirmarse, que corresponde a la prestación del suministro de energía eléctrica un estatus de elemento interdependientes para el goce de los derechos humanos y fundamentales -destacadamente, la salud, la libertad de comercio, la información, etcétera-; por tanto, el corte de suministro debe analizarse, de manera estricta, desde la afectación relevante que puede tener en la esfera jurídica de las personas. (.) Luego, en el caso, la promovente señala que el servicio de energía eléctrica es un servicio vital para su supervivencia y desarrollo de la dignidad humana, porque con ese servicio funcionan un sin número de aparatos que hacen una vida más llevadera de conformidad al clima que impera en diversas regiones, así como la preparación y conservación de diversos alimentos, lo cual de la posibilidad de participar en el derecho al mínimo vital el cual, a su vez coincide con las competencia, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y las cargas de miseria. Por lo expuesto, esta juzgadora considera que quedó quedó acreditado el peligro en la demora, porque al haberse materializado el corte de energía eléctrica, se violentaron los derechos humanos de la promovente, habida cuenta que se le impide llevar a cabo una vida digna, limitando el goce de diversas prerrogativas constitucionales y otros servicios básicos. Consecuentemente, se otorga la medida solicitada, para el efecto de que se restablezca el servicio de energía eléctrica, y evitar que las demandadas CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, ambas empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, corten nuevamente el suministro de energía eléctrica derivado del supuesto adeudo consignado en el ajuste a la facturación en el aviso recibo impreso de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, hasta en tanto quede firme la sentencia pronunciada el siete de setiembre de dos mil veintidós. Sin embargo, previamente ordenar a las demandadas que cumplan con la citada medida precautoria, de conformidad con el artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que condiciona las medidas cautelares a que mediante la garantía, se asegure el pago de los probables daños y perjuicios que se pudieren ocasionar; por tanto, se procede fijar caución para garantizar dichos daños y perjuicios, en los términos que a continuación se expondrán. La medida cautelar concedida, surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, en caso de que no se otorgue garantía dentro del término de cinco días, en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, billete de depósito o póliza de fianza; en la que, en su caso, la compañía afianzadora expresamente se someta a la jurisdicción de este juzgado de distrito. (.) En ese orden, por lo que ve en lo tocante a los daños, se obtiene la cantidad de ********************, que resulta de multiplicar la cantidad de ********************, por el factor de 0.10% (cero punto diez por ciento), que corresponde a la variación porcentual del índice Nacional de Precios al Consumidor, en el mes de junio de dos mil veintitrés, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ser la última publicación de este; dando como resultado ********************, cantidad que multiplicada por seis meses, tiempo estimado para que se resuelva el juicio de amparo directo ante el tribunal de alzada, da la cantidad mencionada por concepto de daños. Por otra parte, respecto de los perjuicios que se pudieran ocasionar con la concesión de la medida cautelar, se obtiene la cantidad de ********************, que resulta de multiplicar la cantidad de ********************, por el 11.49% (once punto cuarenta y nueve cientos), que es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días, dando la cantidad de ********************, la que dividida entre doce, que son los meses que tiene el año, da como resultado un importe de ********************, lo que multiplicado por seis meses, tiempo estimado para que se resuelva el juicio de amparo directo ante el tribunal de alzada, da la cantidad mencionada por concepto de perjuicios. (.)" 5. Conclusión. De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable sí se ajustó a los lineamientos trazados en la ejecutoria de referencia; por tanto, es evidente que la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la quejosa y al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hayan hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 7. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 8. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. Por otra parte, con apoyo en el citado artículo 17, primer párrafo, una vez transcurrido el término de tres años, transfiérase el presente juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 9. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS, acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del referido acuerdo. 9.1. De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el citado cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 9.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 9.2. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Finalmente, no pasa inadvertido la ausencia del Titular con motivo del disfrute de su periodo vacacional; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la Secretaria encargada del despacho del Juzgado de Distrito, por vacaciones del titular, está facultada para pronunciarse sobre el acatamiento de la ejecutoria protectora, por su carácter urgente, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Dicho criterio es consultable en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), publicada en la página 1891, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, Undécima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
R-Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional, emite las determinaciones siguientes: 1. Sentencia y sentido de la resolución. Mediante sentencia de catorce de junio de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el juicio. 2. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. 3. Resolución pronunciada en el amparo en revisión. Mediante ejecutoria de seis de julio de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, revocó la sentencia dictada por este Juzgado, para ahora conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Dejar insubsistente el auto de cinco de abril de dos mil veintidós. b) Emita otro, en el que establezca sobre la base de que la procedencia de la medida precautoria solicitada, con base en los artículos 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio y resuelva lo que en derecho proceda; debiendo tomar en consideración que: I. Toda medida cautelar requiere para su otorgamiento, de la acreditación de los principios de la verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que se deben analizar cuidadosamente esos elementos, para que los mismos cumplan exactamente su cometido, a fin de evitar la causación de perjuicios innecesarios a la parte afectada; es decir, que quien la solicita cuenta con un interés en tal medida, así como la necesidad de su otorgamiento; y II. Que como la providencia puede ocasionar daños y perjuicios que carecerían de sustento si el solicitante no obtiene fallo sustancial de fondo, resulta consustancial al otorgamiento de la providencia que se otorgue por el solicitante, una garantía suficiente en cada caso para resarcir esos daños y perjuicios, en el supuesto indicado." Una vez que se recibió el testimonio de la resolución emitida en amparo en revisión, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La autoridad responsable realizó lo siguiente: En proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, que constituyó el acto reclamado. Asimismo, resolvió lo siguiente:(.) SE CONCEDE LA MEDIDA SOLICITADA La promovente, por las razones expuestas en su demanda, solicita que las demandadas reconecten el suministro de energía eléctrica en el domicilio señalado para tal efecto, esto es: el ubicado en calle Leo, número 6, Colonia Ignacio Gómez, código postal 60154, Uruapan, Michoacán; con número de servicio 165060702429. Al respecto, cabe señalar, que si bien el numeral 1168 del Código de Comercio, dispone que en los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias consistentes en la radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda; y, la retención de bienes; la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 415/2012, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 27/2013 (10a.), estableció en lo que aquí interesa, que ante la solicitud de una medida cautelar con la finalidad de que se mantenga una situación de hecho, que no se funde en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 1168 del Código de Comercio, resulta aplicable supletoriamente, en términos del artículo 1054 del mismo ordenamiento, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé como medida cautelar las denominadas medidas de aseguramiento, establecidas en sus artículos 348 a 388. (.) Ahora bien, para la procedencia de la solicitud se deben satisfacer dos principios lógicos, a saber: La apariencia del buen derecho, que exige que se demuestre cuando menos en apariencia, el derecho que será discutido en el caso por la Superioridad; es decir que sea verosímil, aunque no se exige que se compruebe plenamente, pues tal es la materia del juicio de amparo directo correspondiente. Peligro en la demora, pues en caso de que la sentencia fuera revocada por la Superioridad, toda vez que la misma se encuentra subjudice de estudio por aquella, podía ocasionar un daño de no concederla. Extremos que, a juicio de esta juzgadora, se satisfacen en el presente caso, habida cuenta que, la promovente refiere que es nulo el ajuste de facturación de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se le exige el pago de ******************** del periodo de facturación de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en virtud de que carecen de los elementos de validez para su legal existencia y de las formalidades contractuales y legales que deben revestirse. Con lo anterior, queda acreditada la apariencia del buen derecho, pues se demuestra, cuando menos en apariencia, el derecho que será discutido en el juicio pendiente de resolver; a saber, si los procedimientos y los ajustes de verificación de los que podría derivar el corte de energía eléctrica, se apegaron o no a lo pactado en contrato. En cuanto al peligro en la demora, cabe destacar que, la energía eléctrica es un elemento esencial para el desarrollo de las personas (físicas y morales), en tanto constituye la fuente de energía primordial para el funcionamiento de las actividades cotidianas y para la materialización, incluso, de algunos derechos humanos y fundamentales de las mismas. Desde esta perspectiva, puede afirmarse, que corresponde a la prestación del suministro de energía eléctrica un estatus de elemento interdependientes para el goce de los derechos humanos y fundamentales -destacadamente, la salud, la libertad de comercio, la información, etcétera-; por tanto, el corte de suministro debe analizarse, de manera estricta, desde la afectación relevante que puede tener en la esfera jurídica de las personas. (.) Luego, en el caso, la promovente señala que el servicio de energía eléctrica es un servicio vital para su supervivencia y desarrollo de la dignidad humana, porque con ese servicio funcionan un sin número de aparatos que hacen una vida más llevadera de conformidad al clima que impera en diversas regiones, así como la preparación y conservación de diversos alimentos, lo cual de la posibilidad de participar en el derecho al mínimo vital el cual, a su vez coincide con las competencia, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y las cargas de miseria. Por lo expuesto, esta juzgadora considera que quedó quedó acreditado el peligro en la demora, porque al haberse materializado el corte de energía eléctrica, se violentaron los derechos humanos de la promovente, habida cuenta que se le impide llevar a cabo una vida digna, limitando el goce de diversas prerrogativas constitucionales y otros servicios básicos. Consecuentemente, se otorga la medida solicitada, para el efecto de que se restablezca el servicio de energía eléctrica, y evitar que las demandadas CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, ambas empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, corten nuevamente el suministro de energía eléctrica derivado del supuesto adeudo consignado en el ajuste a la facturación en el aviso recibo impreso de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, hasta en tanto quede firme la sentencia pronunciada el siete de setiembre de dos mil veintidós. Sin embargo, previamente ordenar a las demandadas que cumplan con la citada medida precautoria, de conformidad con el artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que condiciona las medidas cautelares a que mediante la garantía, se asegure el pago de los probables daños y perjuicios que se pudieren ocasionar; por tanto, se procede fijar caución para garantizar dichos daños y perjuicios, en los términos que a continuación se expondrán. La medida cautelar concedida, surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, en caso de que no se otorgue garantía dentro del término de cinco días, en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, billete de depósito o póliza de fianza; en la que, en su caso, la compañía afianzadora expresamente se someta a la jurisdicción de este juzgado de distrito. (.) En ese orden, por lo que ve en lo tocante a los daños, se obtiene la cantidad de ********************, que resulta de multiplicar la cantidad de ********************, por el factor de 0.10% (cero punto diez por ciento), que corresponde a la variación porcentual del índice Nacional de Precios al Consumidor, en el mes de junio de dos mil veintitrés, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ser la última publicación de este; dando como resultado ********************, cantidad que multiplicada por seis meses, tiempo estimado para que se resuelva el juicio de amparo directo ante el tribunal de alzada, da la cantidad mencionada por concepto de daños. Por otra parte, respecto de los perjuicios que se pudieran ocasionar con la concesión de la medida cautelar, se obtiene la cantidad de ********************, que resulta de multiplicar la cantidad de ********************, por el 11.49% (once punto cuarenta y nueve cientos), que es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días, dando la cantidad de ********************, la que dividida entre doce, que son los meses que tiene el año, da como resultado un importe de ********************, lo que multiplicado por seis meses, tiempo estimado para que se resuelva el juicio de amparo directo ante el tribunal de alzada, da la cantidad mencionada por concepto de perjuicios. (.)" 5. Conclusión. De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable sí se ajustó a los lineamientos trazados en la ejecutoria de referencia; por tanto, es evidente que la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la quejosa y al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hayan hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 7. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 8. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. Por otra parte, con apoyo en el citado artículo 17, primer párrafo, una vez transcurrido el término de tres años, transfiérase el presente juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 9. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS, acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del referido acuerdo. 9.1. De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el citado cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 9.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 9.2. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Finalmente, no pasa inadvertido la ausencia del Titular con motivo del disfrute de su periodo vacacional; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la Secretaria encargada del despacho del Juzgado de Distrito, por vacaciones del titular, está facultada para pronunciarse sobre el acatamiento de la ejecutoria protectora, por su carácter urgente, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Dicho criterio es consultable en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), publicada en la página 1891, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, Undécima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da
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En nueve de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un oficio registrado bajo el folio 10181. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, en el amparo en revisión civil 212/2022, Con el oficio de cuenta y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado con base en los elementos que obran en el expediente resolverá sobre el cumplimiento realizado a la ejecutoria de mérito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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En cuatro de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo registrado con el número de folio 9982. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 3977/2023, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 236/2023 en que se actúa y remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 212/2022, de la que se desprende que dicho tribunal colegiado revocó la sentencia de amparo dictada en el presente asunto y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. SE REMITE COPIA DE EJECUTORIA. Ahora, a efecto de que la autoridad responsable se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, remítase copia de la misma, e infórmese que los efectos del fallo constitucional son los siguientes: ". El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, para cumplir con la presente ejecutoria de amparo, en el juicio oral mercantil ********************, deberá: a) Dejar insubsistente el auto de cinco de abril de dos mil veintidós. b) Emita otro, en el que establezca sobre la base de que la procedencia de la medida precautoria solicitada, con base en los artículos 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio y resuelva lo que en derecho procede; debiendo tomar en consideración que: I. Toda medida cautelar requiere para su otorgamiento, de la acreditación de los principios de la verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que se deben analizar cuidadosamente esos elementos, para que los mismos cumplan exactamente su cometido, a fin de evitar la causación de perjuicios innecesarios a la parte afectada; es decir, que quien la solicita cuenta con un interés en tal medida, así como la necesidad de su otorgamiento; y II. Que como la providencia puede ocasionar daños y perjuicios que carecerían de sustento si el solicitante no obtiene fallo sustancial de fondo, resulta consustancial al otorgamiento de la providencia que se otorgue por el solicitante, una garantía suficiente en cada caso para resarcir esos daños y perjuicios, en el supuesto indicado." Por tanto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad responsable el plazo de tres días para que dé cumplimiento con el fallo protector. Sin embargo, se solicita a la responsable de mérito, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, informe si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 del ordenamiento legal citado, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso, deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Asimismo, deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que podrá o no concederse atendiendo a la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento, de acuerdo con los efectos plasmados en la ejecutoria. En el entendido, que de no hacer manifestación al respecto, se tenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral 192. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
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