Rosa María González Zamora

Expediente 618/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
618/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Rosa María González Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiera hecho; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena practicarle por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ernesto Adame Ruíz, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones otorgadas al Titular, aprobadas por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6964/2019, signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión; y da fe el secretario Juan José Bocanegra García.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. 1.Recepción de autos. Por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, al que acompaña la demanda de amparo promovida por Rosa María González Zamora, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Morelia, en razón a que, el titular del Juzgado de su adscripción estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio. 2.Aceptación de competencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta el conocimiento de la demanda de amparo de referencia; acúsese el recibo de estilo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 618/2019. 3.Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado a través del recurso ordinario de defensa. En ese orden, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, Tomo XVII, julio de 1993, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. En la especie, el acto reclamado es la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización en el pago de su pensión, la cual debe realizarse conforme al salario mínimo. De ahí que, sea claro que dicho acto reclamado derive de la determinación y cálculo del monto de la pensión, lo cual representa un tema de legalidad, pues si la intención de la promovente al interponer la protección constitucional, es que se ajuste su pensión a salarios mínimos, ésta debió de haber interpuesto juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es aplicable, el criterio sustentado en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, en la que se emitió la jurisprudencia: 2a./J.78/2013 (10a.), consultable en el libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, página 988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época (registro 2003874), que dispone: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Por ende, lo reclamado se desprende de un acto administrativo, por lo que, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado prevé para tal efecto, en el caso, el juicio contencioso administrativo, pues la esencia de este acto reclamado descansa en un tema relacionado con el cálculo del monto de la pensión que recibe. En efecto, en los artículos 2, 24, 28, y 50 in fine, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dispone: "Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda." "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." "Artículo 50.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. [.] Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio." Por su parte, en el artículo 3, párrafo primero, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;" De los dispositivos trascritos se advierte que contra las resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procede el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual tiene como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto administrativo combatido. En este orden de ideas, si la materia de estudio se refiere al ajuste de la pensión de la parte quejosa por el cálculo o incremento de la misma, previo a la promoción del juicio de amparo, debía haber intentado el también llamado "juicio de nulidad" previsto en los artículos 2 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, debió observar el principio de definitividad. Además, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que con la promoción de dicho juicio se suspendían los efectos del acto reclamado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y no exige mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, tampoco plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, en términos del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 130/2013 (10a.), editada en la página 1446, Libro XXIV, Tomo 2, correspondiente al mes de Septiembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época (registro 2004553), que señala: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." En este sentido, antes de acudir a la instancia constitucional, se insiste, la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo, pues es incuestionable que se encontraba obligada a agotar uno de los principios fundamentales que rige el juicio de amparo indirecto: el principio de definitividad, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, debía, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, por lo que al no haberlo hecho, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (principio de definitividad). Cobra aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 155/2002, visible en la página 576, Tomo XVII, correspondiente al mes de Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, Novena Época (registro 185065), que establece: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." Cabe precisar que no se está ante alguna de las excepciones que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el reclamó no es impugnada por carecer de la cita de los preceptos legales aplicables, sino por aspectos propiamente de legalidad, atento a que como la esencia de los actos reclamados descansa en un tema relacionado con los cálculos de montos de las pensiones que reciben, sobre la base de si se aplica la Unidad de Medida y Actualización, o se aplica el salario mínimo correspondiente. Es aplicable, en lo conducente y por identidad de razón, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), visible en la página 988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época (registro 2003874), que establece: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Además, el procedimiento contencioso administrativo no se encuentra previsto en un reglamento, sino precisamente en la ley que rige al acto reclamado, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En las anteriores condiciones, procede desechar la demanda de amparo, con base en el numeral 113 de la Ley de la Materia, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, que no exista un acto administrativo para poder acudir ante el Tribunal a demandar su nulidad; lo anterior, pues si bien no existe una resolución administrativa expresa o ficta sobre la aplicación de la unidad de medida y actualización empleada para cuantificar la pensión, ello no la eximía de observar el principio de definitividad, pues puede gestionar ante la autoridad administrativa que se le incrementen las cantidades que, en su caso, pudieran haber sido reducidas con la aplicación de la unidad mencionada, a fin de que existiera una respuesta expresa o ficta que perjudicara a la ahora recurrente; y contra dicha decisión, promover el juicio contencioso administrativo. De ahí que el hecho de que no pueda interponer el juicio contencioso administrativo de manera inmediata y directa, no la exime de atender el principio de definitividad, pues como se indicó, puede gestionar ante la autoridad administrativa la regularización en su cuota pensionaria, y a partir de la respuesta expresa o ficta, promover el juicio contencioso administrativo, dado que esa petición también debe agotarse, es decir, constituye un acto que forma parte de la preparación del medio de defensa (juicio de nulidad). Estimar lo contrario, implicaría dejar a discreción de la quejosa, acudir directamente al juicio de amparo, ante la falta de preparación del medio de defensa legalmente previsto para conocer y resolver respecto de actos administrativos, como lo son en materia de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia con número de registro 2017685, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil ciento uno del libro cincuenta y siete del tomo primero correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciocho de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado". 4. AUTORIZADOS Y NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado de la parte quejosa con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sabás Román González, por tener su cédula registrada ante los Juzgados de Distrito, y únicamente para imponerse de los autos a Víctor Alfonso Flores Miguel, Sara Ivette Torres Ortega y Antonio Orona Santos. Ahora, como la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Yucatán número 210 "A", colonia Molino de Parras, en la ciudad de Morelia, Michoacán, con fundamento en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con sede en dicha ciudad, para que ordene a quien corresponda, se constituya en el referido domicilio y notifique a la parte quejosa el presente proveído; asimismo, lo requiera en el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, para que señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que, de no hacerlo, se practicaran por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. 4. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

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