Rosalio Morales Guatemala

Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
425/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Rosalio Morales Guatemala

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veinticinco de octubre del año en curso (fojas 37 a 41), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el primer párrafo, del artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por ROSALIO MORALES GUATEMALA, contra actos del Juez Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, y de otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora bien, es menester señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese tenor, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si la demanda de amparo está afecta a alguna de las causales de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, por disposición de su artículo 62 que dice:.. La recta intelección de los preceptos legales transcritos, debidamente correlacionados en su aspecto integral, conducen a concluir que el plazo genérico con que cuenta un gobernado que se siente agraviado por un acto de autoridad, para reclamarlo en la vía de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; con la consecuencia procesal que de no hacerlo dentro del indicado plazo, entonces el juicio de amparo resultará improcedente por haberse consentido tácitamente el acto. Sentada la premisa que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido por el quejoso ROSALIO MORALES GUATEMALA, contra los actos reclamados señalados en su demanda de amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguiente al día en que el quejoso se hizo sabedor del acto reclamado. Al respecto, de un análisis al libelo de garantías, se advierte que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad: .. De igual forma, es pertinente establecer que de la certificación de cuenta se advierte que existe el diverso juicio de amparo 359/2018, del índice de este Juzgado, el cual fue promovido por el aquí quejoso, contra las propias autoridades y el mismo acto reclamado; de donde se advierte que el escrito inicial de demanda de amparo, fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el seis de septiembre del año en curso, y recibida en este Juzgado el siete siguiente; y previo a proveer sobre su admisión, toda vez que se advirtieron diversas irregularidades, el diez de septiembre del año en curso, este Juzgado requirió al quejoso para que aclarara dicha demanda de amparo; sin que lo hubiera realizado, por ello, el veintiuno de los citados mes y año, se tuvo por no presentada su demanda; constancias relativas al expediente de referencia, que se ordena agregar a los autos, como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y tesis XIII.3o.4 K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente:.. De lo anterior, queda establecido que si la demanda de amparo que originó la formación del juicio de amparo 359/2018, promovida por el aquí quejoso ROSALIO MORALES GUATEMALA, contra las propias autoridades y el mismo acto reclamado, fue presentada en la oficialía de partes de este juzgado el siete de septiembre del año en curso, luego entonces, tuvo conocimiento de los actos que reclama con anterioridad a la fecha que menciona en su demanda de cuenta, donde refiere "Hago mención que con fecha diez de octubre del presente año me entero por terceras personas y por medio de la pagaduría de mi batallón que se me inicio un descuento del 25% de unas pensión alimenticia provisional". Máxime que en el segundo párrafo del capítulo tercero relativo a autoridades responsables menciona ".desde la segunda quince del mes de agosto se me empezó a efectuar el descuento del 25% sobre mi salario base y demás prestaciones.". En ese tenor, al existir las constancias ya mencionadas así como de las manifestaciones realizadas por el quejoso en su demanda de amparo, las cuales se realizaron bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo, constituye una confesión expresa del quejoso, respecto del conocimiento de la fecha de la emisión del acto reclamado, resulta evidente que, la acción constitucional entablada en contra de los actos reclamados, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo. Se considera así, en la medida que, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover demanda de amparo en contra de los actos reclamados, empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento de su existencia, esto es, a partir del uno de septiembre del año en curso, puesto que refiere que el descuento se le realizó en la segunda quincena del mes de agosto de esta propia anualidad, por lo cual, ese día pudo constatar que le habían efectuado un descuento, tan es así que su escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo 359/2018, del índice de este juzgado, lo presentó el seis de septiembre de dos mil dieciocho, por ello, para no violentar sus derechos fundamentales y atendiendo a que no se tiene certeza de la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado, se empezará a contar el plazo de quince días, a partir del tres de septiembre del año que transcurre, por lo que dicho plazo feneció el veinticuatro siguiente, sin contar los días ocho, nueve, catorce, quince, dieciséis, veintidós de septiembre de esta propia anualidad, por ser inhábiles. De lo anterior, se sigue que, si el agraviado hasta el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, nuevamente promovió demanda de amparo contra los actos reclamados, resulta claro que, el plazo de quince días con que contaba para ello, transcurrió en exceso, pues como se dijo, presentó la primigenia demanda el seis de septiembre pasado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número IV.2o.C. J/7, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII (julio de 2005), visible a fojas 1035, Novena Época, materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice:.. Asimismo, por identidad jurídica sustancial resulta aplicable, la jurisprudencia número P./J. 27/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III (Junio de 1996), Página 57, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 30/94, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, intitulada:.. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve ROSALIO MORALES GUATEMALA, contra actos del Juez Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, y de otra autoridad. Como el quejoso señaló los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, y el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publica en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Es aplicable al caso la tesis XXII.1o.22 K, publicada a foja 1067 del Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: .. Se tiene por autorizado con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil diecisiete, al licenciado Julio César Vásquez Juárez, toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito Hágase saber a las partes que el presente auto y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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