Rosalio Morales Guatemala

Expediente 359/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
359/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Rosalio Morales Guatemala

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, y dado que el quejoso no impugnó el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 20 y 21), mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento legal en cita, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Rosalio Morales Guatemala, no cumplió con la prevención formulada en auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 14 a 17), dentro del plazo que para tal efecto se le concedió; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído, por lo que, de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por ROSALIO MORALES GUATEMALA, contra actos del Juez Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 359/2018. Ahora, como se advierte una omisión e irregularidades en la demanda de amparo de que se trata, a fin de estar en aptitud de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en el articulo 114, fracciones I, II, IV y V, en relación con el 108, fracciones II, III, IV y V, y 110 de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, la aclare en los siguientes términos: 1. Aclare qué acto le reclama al Juez Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca. Lo anterior, toda vez que en el capítulo respetivo señala como tal lo siguiente:.. Por su parte, en el capítulo del señalamiento de las autoridades responsables menciona:.. Asimismo, de sus conceptos de violación se advierte que las encamina a combatir que no se notificó en tiempo y forma al haberle (sic) dictado en su contra una pensión fuera de la realidad. Lo anteriormente expuesto resulta ambiguo, oscuro e impreciso, pues si bien esta autoridad realiza un análisis integral de la demanda de amparo, resulta necesario que sea el quejoso quien puntualice el acto en concreto del que se duele, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de acordar lo procedente, puesto que en los términos en que se encuentra narrado, no cumple con la exigencia de claridad que le impone el artículos 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. 2. Aclare la denominación de la autoridad que señala como Actuario o Mesa de trámite del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca. Lo anterior, en virtud de que señala como autoridad responsable ordenadora al Juez Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, y del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado emana de un expediente familiar, por referirse de la fijación de una pensión alimenticia. 3. Una vez aclarada la denominación de la autoridad referida en el punto anterior, señale qué acto u actos le reclama a dicha autoridad responsable. Ello, toda vez que en el capítulo relativo al señalamiento de los actos reclamados, es omiso en hacerlo. El citado requerimiento, se le formula en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que en la demanda de amparo, el quejoso expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, cuya finalidad esencial radica en fijar la litis constitucional, y que las autoridades se encuentren en aptitud de rendir el informe justificado que se les solicite, con relación al acto que se les reclame; asimismo, acompañen las constancias que tengan relación con el mismo. 4. Indique la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. En efecto, en el apartado correspondiente a la narración de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que el agraviado, señala lo siguiente:.. De la anterior transcripción, se advierte que el agraviado es omiso en señalar la fecha en que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, aunado que, dicho dato no se desprende de los anexos que se acompañan a la demanda de amparo; por lo que, ello constituye una irregularidad de la demanda, al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo, que no solo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. 5. Señale el domicilio exacto y correcto de Tania Fermín Reyes, a quien señala con el carácter de tercera interesada, y en caso de desconocerlo, lo manifieste así bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. 6. Exhiba una copia más de su escrito de demanda, en razón de que únicamente exhibe tres, y en el caso son necesarias cuatro; esto es, una para cada una de las dos autoridades que señala como responsables; una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y una para la tercera interesada. 7. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, deberá acompañarse con las copias suficientes para el traslado a las partes en este juicio, esto es, una para cada una de las autoridades que señala como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y una para la tercera interesada. Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se opongan a la misma. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento que se le hace, dentro del plazo concedido, de no exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, o de contestar con evasivas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el penúltmo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Como el quejoso señala los estrados de este Juzgado, como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, y el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publica en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo pide el quejoso las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tiene por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lázaro Alejo Hernández, toda vez que acredita tener autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, con la copia certificada por Notario Público de la cédula profesional número 9790751, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Finalmente, como lo solicita el promovente, previo cotejo y certificación que se haga con la copia simple que acompaña, devuélvasele la copia certificada de la cédula profesional que anexó a su escrito de demanda, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos.

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