Rosalino Sánchez Sabino
Expediente 610/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2016
Partes del expediente
- Rosalino Sánchez Sabino
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que el quejoso no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de agosto de dos mil dieciséis. Se agregan a los autos los oficios de cuenta signados por la 5. Magistrada Presidente, 7. Oficial Mayor, Director de Recursos Humanos, Jefe de Relaciones Laborales y Directora Interina de Orientación y Servicios a la Ciudadanía, todos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento formulado el dos de agosto del presente año, y anexan las documentales de la respuesta dada a la información solicitada por la quejosa ante ellas, situación de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda que promueve ***, por propio derecho, contra los actos de la siguiente autoridad: Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Juan del Rio, Querétaro. De quien reclama lo siguiente: El acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciséis, donde se ordena el archivo del procedimiento *** como total y legalmente concluido. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: El auto de veinte de julio de dos mil dieciséis dictado en el juicio *****, emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Juan del Rio, Querétaro, en el que ordenó el archivo del expediente por estar total y legalmente concluido, dejando únicamente a salvo el buen cobro del título de crédito a favor del quejoso, equivocándose al señalar que se daba cumplimiento al laudo de veinte de julio de dos mil quince, siendo lo correcto el de siete de diciembre de dos mil quince. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeto a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un recurso ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso, la revisión, esto conforme a los artículos 849, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, que son del siguiente tenor: Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. [Énfasis propio] Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley. Disposiciones de las que se advierte que es procedente el recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos. En ese orden de ideas, resulta claro que el acto reclamado del que se duele el quejoso, bien pudo recurrirlo en términos de los numerales en cita, pues una vez que fue dictado el laudo correspondiente, es a partir de ese momento que inicia la etapa de ejecución del mismo, la cual corresponde llevar a cabo al presidente del tribunal laboral; en ese tenor, se debe entender que el auto que envió al archivo al expediente ****, se hizo precisamente en esta etapa, es decir, se emitió en el periodo de ejecución; por lo que resulta inconcuso que en contra de dicha determinación procede el recurso de revisión, por disposición expresa del referido numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual tiene como finalidad que el acto combatido pueda ser modificado, revocado o nulificado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ello se considera así, porque al valorar nuevamente la actuación del Presidente de dicho tribunal, se encuentran en posibilidades de resolver en términos distintos a lo acordado por éste. Por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, respecto de dicho acto resulta improcedente el presente juicio constitucional, ya que el amparo es un juicio extraordinario al que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria para modificar o revocar el acto que ha de reclamarse, sin que sea óbice que el acto pueda resultar de imposible reparación. La anterior determinación, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página: 350, diciembre de 2013, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. La tesis de jurisprudencia transcrita, establece que la definitividad deba ser agotada, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos los siguientes: Sea efectivo; Idóneo; y, Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la eficacia real del recurso que prevé la ley. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -recurso de revisión- reúne dichos requisitos, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en el que se expongan los agravios para que éstos sean estudiados, el cual puede plantearse al día siguiente de que sea notificado al recurrente. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin modificador, revocar o nulificar el auto que se recurra; es de plazo razonable, ya que su trámite se limita a una vista que se le da a la contraparte por tres días y, transcurrido el mismo, se resuelve dentro de diez días, según se expone en el artículo 852, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Además, en el caso en estudio, no se actualiza ninguno de supuestos de excepción al principio de definitividad, pues, el acto reclamado no se encuentra contemplado en el artículo 22 constitucional; tampoco consiste en alguna resolución que afecte la libertad personal del quejoso; ni se encuentra en el supuesto de persona extraña al juicio; así como tampoco la procedencia del recurso de revisión tiene interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente. Ahora, si bien el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa y el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo revocarlo o nulificarlo; por tanto, si en el caso concreto el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje emitió una determinación en la etapa de ejecución del laudo y contra la misma la ley establece que procede el recurso de revisión, es inconcuso que al no agotarse éste resulta improcedente el juicio de garantías. Ilustra a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de dos mil dos, Novena Época, página trescientos setenta y cuatro, de rubro y texto siguientes: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Jurisprudencia con carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al verificarse en el presente estudio todos los elementos establecidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se concluye que se actualiza esa causa de improcedencia en comento, ello es así, porque el quejoso fue omiso en interponer el recurso de revisión en contra del acto reclamado, por lo que, válidamente se puede colegir que no se agotó el principio de definitividad. Resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, Novena Época, página novecientos dos, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En este orden de ideas, lo procedente es desechar la demanda que promueve Rosalino Sánchez Sabino. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ****; autorizando para esos efectos a las personas que indica en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
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