Rosalina Lugo Galván

Expediente 840/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
840/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2016

Partes del expediente

  • Rosalina Lugo Galván

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la demanda de amparo signada por ***, por su propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad: 1.- Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 840/2016-III-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: 1.- El dictamen de alta por riesgo de trabajo de fecha 28 de septiembre de 2016.--- 2.- Las consecuencias de los anteriores actos entre los que se encuentran la afectación a mis derechos de de (sic) acceso a la justicia. La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción II, del primero de los ordenamientos citados, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El dispositivo legal incluye como autoridad responsable a aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción II y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Según se ve, el texto de la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, modifica el concepto tradicional de autoridad responsable, para contemplar ahora a los particulares como tales, es decir, se aleja de naturaleza formal del emisor del acto, para atender a la unilateralidad del mismo y, por ende, se considera que aquellos particulares podrán ser llamados como responsables dentro del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad formal que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XI.1o.A.T.25 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, página 3823, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. De forma que, para estimar que un acto realizado por un particular sea considerado como de autoridad para efectos del amparo, es necesario que éste reúna los siguientes requisitos: a) Dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto; b) Que ese acto sea dictado en forma unilateral y obligatoria; c) Que el acto, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, d) Que las funciones estén determinadas por una norma general. Precisado lo anterior, es necesario analizar si se cumplen con los elementos contenidos en el artículo 5, Fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ya precisados. Así, por lo que hace al elemento marcado con el inciso a), se encuentra acreditado ya que mediante el dictamen impugnado, el 1.- Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenó dar de alta a la quejosa para el efecto de continuar con sus actividades laborales. Por lo que hace al diverso elemento referido en el inciso b), de igual forma, se acredita ya que el acto reclamado fue emitido de manera unilateral y sin consentimiento de la aquí quejosa, por lo que se constriñe a ésta a su cumplimiento sin su intervención. De igual manera, se encuentra acreditado el elemento marcado con el inciso c), ya que el acto unilateral que ordenó la autoridad responsable, modifica la situación jurídica de la quejosa, toda vez que la reincorpora en sus actividades de trabajo. Finalmente, por lo que hace al elemento marcado en el inciso d) en el sentido de que las funciones estén determinadas por una norma general, no se acredita el mismo, pues no obstante que dicho Instituto se rige bajo la Ley del Seguro Social, lo cierto es que no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, resulta que no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, en virtud de que la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación. Aunado a lo anterior, el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En tales términos, resulta claro que los actos que realiza el particular señalado como autoridad responsable, no se despliegan a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general de orden público, por lo cual, no puede estimarse que se coloque en un plano equivalente al de una autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la Contradicción de tesis 129/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo y en Materias Administrativa y Civil, ambos del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 6 de julio de 2011, que a la letra establece: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. En este orden, es dable concluir que se actualiza la causal de improcedencia invocada y, en consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ***; y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por así haberlo solicitado expresamente la quejosa en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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