Rosalinda Zamudio Bedolla

Expediente 216/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
216/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2015

Partes del expediente

  • Rosalinda Zamudio Bedolla

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de doce de marzo de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger el documento original que adjuntó al escrito de demanda, apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Rosalina Zamudio Bedolla, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 216/2015-III. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: El auto de cuatro de marzo de dos mil quince, dictado por el Juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio intestamentario 304/2008 de su índice, denunciado por la quejosa y otros, mediante el cual ordenó al Banco BBVA Bancomer de esa ciudad, expida una certificación respecto de los movimientos de la cuenta personal bancaria 1285666694, de la citada quejosa. Puntualizado lo anterior, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto mencionado, la aquí quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, en virtud de que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato que establece: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Sobre el referido medio de impugnación, el tratadista José Ovalle Favela en su libro titulado "Derecho Procesal Civil", octava edición, editorial Oxford University Press, página 269, establece que la revocación es el recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la dictó. Entonces, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el auto de cuatro de marzo de dos mil quince, dictado por el Juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio intestamentario 304/2008 de su índice, en que ordenó al Banco BBVA Bancomer de esa ciudad, expida una certificación respecto de los movimientos de su cuenta personal bancaria 1285666694; y sí como ya se vio, el referido numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato, establece un recurso [revocación] a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que la peticionaria del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, La parte quejosa no es persona extraña al proceso del que emana el acto reclamado, ya que es la que denunció con otros, la sucesión intestamentaria a bienes de Luis Zamudio Alcántar. Por lo que, evidente resulta que la solicitante del amparo debió promover el señalado medio de defensa -recurso de revocación-, para cumplir con el principio de definitividad, rector de la instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 4°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adrián Agostadero Álvarez, por así haberlo solicitado. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente

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