Rosalinda Hernández Yerena
Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosalinda Hernández Yerena
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecisiete de junio del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó desechar el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor Mixto de esta ciudad y otra autoridad; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 409/2021-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que los actos reclamados en la presente instancia constitucional se hacen consistir en: El auto de once de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio mercantil M-41/2021, de la estadística del Juzgado Primero Menor Mixto de esta ciudad, que promovió ***************, por conducto de su endosatario en procuración, en contra de************** y de la aquí quejosa **************, en su carácter de aval, en el que se autorizó el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras para practicar el embargo de bienes. La ejecución de la determinación anterior. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente que estatuyen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio..." Artículo 1340 La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos con tres centavos. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto de la suerte principal es inferior a la suma prevista en el numeral 1340 del Códex Mercantil, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de once de los actuales emitido en el juicio mercantil seguido ante el Juzgado Primero Menor Mixto de esta ciudad, del cual es parte demandada (aval), así como su ejecución, y el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que la inconforme, previo acudir al presente juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como la solicitante del amparo es la parte demandada (aval) en el referido juicio mercantil (como se desprende de los antecedentes que narró en su escrito de demanda) y no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo -revocación-, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal III. No se le puede considerar tercera extraña al procedimiento de origen en sentido estricto dado que es la parte demanda (aval), y tampoco le reviste la calidad de tercero extraño por equiparación, en virtud de que se le emplazó al juicio y dio contestación a la demanda, además de que no se ha dictado sentencia definitiva. Por ello, se afirma que la quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. No es obstáculo a la determinación anterior la jurisprudencia 1a./J.6/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO"; ello, debido a que también la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de Distrito procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, al contar con cédulas profesionales *************, respectivamente, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Con fundamento el artículo 8° Constitucional, expídase a su costa copia simple de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos de su entrega. Se autoriza para recibirlas a la persona que indica. Para lo cual deberá generar la cita a que se refiere el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en los términos que dicho numeral precisa, a través del link https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO c), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a la parte quejosa: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor Mixto de esta ciudad y otra autoridad; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 409/2021-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que los actos reclamados en la presente instancia constitucional se hacen consistir en: El auto de once de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio mercantil M-41/2021, de la estadística del Juzgado Primero Menor Mixto de esta ciudad, que promovió ***************, por conducto de su endosatario en procuración, en contra de************** y de la aquí quejosa **************, en su carácter de aval, en el que se autorizó el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras para practicar el embargo de bienes. La ejecución de la determinación anterior. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente que estatuyen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio..." Artículo 1340 La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos con tres centavos. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto de la suerte principal es inferior a la suma prevista en el numeral 1340 del Códex Mercantil, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de once de los actuales emitido en el juicio mercantil seguido ante el Juzgado Primero Menor Mixto de esta ciudad, del cual es parte demandada (aval), así como su ejecución, y el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que la inconforme, previo acudir al presente juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como la solicitante del amparo es la parte demandada (aval) en el referido juicio mercantil (como se desprende de los antecedentes que narró en su escrito de demanda) y no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo -revocación-, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal III. No se le puede considerar tercera extraña al procedimiento de origen en sentido estricto dado que es la parte demanda (aval), y tampoco le reviste la calidad de tercero extraño por equiparación, en virtud de que se le emplazó al juicio y dio contestación a la demanda, además de que no se ha dictado sentencia definitiva. Por ello, se afirma que la quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. No es obstáculo a la determinación anterior la jurisprudencia 1a./J.6/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO"; ello, debido a que también la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de Distrito procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, al contar con cédulas profesionales *************, respectivamente, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Con fundamento el artículo 8° Constitucional, expídase a su costa copia simple de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos de su entrega. Se autoriza para recibirlas a la persona que indica. Para lo cual deberá generar la cita a que se refiere el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en los términos que dicho numeral precisa, a través del link https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Rosalía Macías Aguilar y Otros.103/2022
- Rosalía Moreno Mejorada495/2023
- Rosalía Palacio de la Cruz48/2019
- Rosalina García Gámez212/2019
- Rosalinda Alejos Ramírez1176/2016
- Rosalinda Espinoza Orozco887/2017
- Rosalinda Lizbeth Rivera Ramírez y Otros.128/2021
- Rosalinda López Zamudio y Otros.348/2017
- Rosalinda Martínez Ramírez718/2018
- Rosalinda Montes Cortés960/2014
- Rosalinda Sánchez Palomino528/2021
- Rosalinda Zamudio Bedolla216/2015