Rosalinda Villarreal Guerra

Expediente 148/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
148/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Rosalinda Villarreal Guerra

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio enviado vía electrónica por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 1.1. Acuerdo. En atención a su contenido, se tiene a la superioridad acusando recibo del oficio 3261/2021-CH, de veintiséis de febrero del presente año, mediante el cual este órgano jurisdiccional declinó la competencia legal del juicio de amparo promovido por Rosalinda Villarreal Guerra; comunicando que aceptó la competencia planteada y que se avoca al conocimiento del mismo, el cual fue radicado bajo el número de amparo directo 229/2021, de su índice. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido, toda vez que este expediente se considera un expediente auxiliar de conformidad con la fracción XIX del numeral 3°, en razón que es un cuaderno de antecedentes que contiene actuaciones procesales vinculadas al procedimiento que conoció este órgano jurisdiccional, pues, no se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este Juzgado legalmente incompetente para conocer del mismo. 1.3 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente expediente judicial se trata de un cuaderno de antecedentes creado con motivo a la incompetencia dictada en auto inicial, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a) del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.4 Destino. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. 1.5 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Estado procesal. Vista la razón actuarial de cuenta, suscrita por el Actuario de la adscripción, se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de cuatro de febrero del año en curso, por el motivo expuesto en el mismo. 1.1 Notificación por lista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del auto de cuatro de febrero del año en curso, del diverso de diez de diciembre de dos mil veinte y del presente proveído, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado.

  3. Principal

    Queda notificada la quejosa por medio de lista del auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  4. Principal

    1. Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda que promueve ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 148/2021, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción l y 28 párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción ll, del citado Acuerdo General. 5. Incompetencia. Ahora bien, del análisis de la demanda se arriba a la conclusión de que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la resolución interlocutoria de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, pronunciada en el incidente de tercería excluyente de dominio 1/2020, derivado del expediente laboral 114/2016-I, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a través de la cual la junta responsable determinó que la promovente del amparo Rosalinda Villarreal Guerra, no acreditó ser la legítima propietaria de los bienes muebles embargados en el juicio laboral principal, por lo que no resultaba dable dejar sin efectos el referido embargo. En ese sentido, este juzgador estima que, se trata de una resolución que pone fin al juicio con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 47 y 170 de la Ley de Amparo, pues los juicios de tercería excluyente de dominio son juicios accesorios que se promueven para que la sentencia que en ellos se dicte, tenga efectos procesales en diversos procedimientos preexistentes; esto es, que se excluyan y se liberen de la ejecución producida en el juicio, bienes que son propiedad de otra persona ajena a esa litis y quien promueve el juicio de exclusión, de lo cual se colige que los juicios de tercerías no son cuestiones incidentales, puesto que no sobrevienen entre las partes en litigio, sino respecto de ellas y provenientes de una tercera persona ajena, lo cual permite reconocer que si bien son de naturaleza accesoria, ello no impide que tengan autonomía y que las resoluciones que en ellos se pronuncien, a pesar de ser interlocutorias, tienen el carácter de sentencias definitivas. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia con número de registro 176797, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, la Tesis con número de registro 213296, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. En relatadas condiciones, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio está vinculada al expediente 1/2020, relativo al juicio laboral 114/2016-I, lo cierto es que no surge como una consecuencia de su procedimiento, pues se trata de una acción distinta a la que se ventiló en aquél, ejercida con un interés diferente al que tuvieron quienes son parte en dicho juicio y que se tramita mediante un procedimiento propio. En esa virtud, los juicios de tercería excluyente de dominio deben ser considerados como un juicio en su fondo y forma, sus resoluciones deben considerarse como sentencias por resolver el fondo de esas cuestiones y pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo directo, en términos de los artículos 47, 170 y 176, de la Ley de Amparo. Tiene sustento a lo anterior, la tesis con número de registro 223589, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. De igual forma, la tesis con número de registro 218379, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En ese sentido, el artículo 170 de la Ley de Amparo establece que contra las resoluciones definitivas, es procedente el juicio de amparo directo, de ahí que de tal manera este órgano federal resulta incompetente para conocer del acto que la parte quejosa reclama. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo notorio de la incompetencia del juicio de amparo biinstancial, la cual resulta indudable; habida cuenta de que no sería posible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. 6. Remisión del expediente. En se sentido, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo; por tanto, remítase de inmediato la demanda y sus copias al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para los efectos legales a que haya lugar. 7. Cuaderno de antecedentes y anotaciones. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda. 8. Domicilio autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle Antonio Reyes, número 1408, colonia Vista Hermosa, en esta ciudad. Asimismo, autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado David Rangel Morales, por tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a Osvaldo René Rodríguez Ramos, por no contar con cédula profesional debidamente registrada en el referido sistema, así como a César Armando Rosas Martínez, por así haberlo solicitado. 9. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 10. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la propósito, previos trámites de ley. 11. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a los promoventes tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva.

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