Rosalinda Talamantes Torres

Expediente 512/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
512/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2016

Partes del expediente

  • Rosalinda Talamantes Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 52 a 56), por el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: *** En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 1384/2016 que remite la Juez Coordinador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexos; por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló mediante proveído de diecinueve de agosto del año en curso (fojas 40 y 41), al efecto remite copia certificada del acta de audiencia inicial de dieciséis de agosto de este año, así como el audio y video de la audiencia relativa a la causa penal 00166/CA/2016/PJ-COA-002, que se instruye a ***, por la comisión del delito de Venta Indebida de Bebidas Alcohólicas Fuera de Horario. Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: *** Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado ante la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado de Distrito, el catorce de agosto de dos mil dieciséis (fojas 1 a 4), ***en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra la autoridad responsable denominada: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Villa de Fuente, con residencia en esta ciudad. Por los actos reclamados consistentes en: "Privación de la libertad e incomunicación". En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 512/2016; se requirió por conducto de la Actuaria de la adscripción, la búsqueda y en su caso la ratificación del escrito de demanda por parte de la quejosa directa y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a la responsable (fojas 5 a 9). En esa tesitura, de la constancia de notificación personal de quince de agosto del año en curso (foja 14), efectuada por la funcionaria adscrita se advierte que la quejosa directa ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de quince de agosto del presente año (fojas 16 y 16), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del oficio de cuenta signado por la Juez Coordinador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande (foja 43), se desprende que mediante audiencia inicial de dieciséis de agosto de este año, se resolvió decretar ilegal la detención de la quejosa ***, motivo por el cual, mediante oficio 1272/2016-CJPN, dirigido a la Directora del Centro Penitenciario Femenil, se ordenó la libertad de la quejosa, lo anterior dentro de la carpeta de investigación número 166/CA/2016/PJ-COA-002, tal como se advierte de la diligencia que remitió como anexo a su oficio (fojas 50 y 51). Lo que se corrobora con la parte considerativa, que a continuación se transcribe: "... ACTA DE AUDIENCIA INICIAL En la ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, siendo el día DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, la Licenciada MA. BEATRIZ MENDOZA CAMPUZADO, Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, hago constar que en la AUDIENCIA INICIAL verificada a las QUINCE HORAS CON TREINTA HORAS del día de hoy, dentro de la sala número UNO, lo anterior derivado del N.U.C. COA/PG/RG/PN/20165/AA 01477 y de la Causa Penal 166/2016, instruida en contra de ***, por el hecho que la Ley prevé como delito de VENTA INDEBIDA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO, previsto y sancionado por los artículos 281 fracción III del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de LA SEGURIDAD PÚBLICA; se desahogó lo siguiente: (...) Juez resuelve Control de Detención Siendo las (16:30) dieciséis horas con treinta minutos, Juez resuelve la solicitud del ministerio público y de la defensa, y decreta de ilegal la detención de la imputada, ordenando su libertad inmediata. (...) Concluye la diligencia. Siendo las (16:49) dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos, se da por concluida la presente audiencia. Así lo dictó en audiencia para el debido cumplimiento y efectos legales correspondientes, la C. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande. LIC. MA. BEATRIZ MENDOZA CAMPUZANO..." Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: *** En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación de la libertad fuera de todo procedimiento, incomunicación, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de la autoridad responsable. Sin embargo, quien ahora resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: *** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que la quejosa obtuvo su libertad desde el dieciséis de agosto del año en curso (foja 50). Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la Juez Coordinador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, restituyó a la quejosa en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: *** En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las once horas del veinte de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 15 y 16).

  3. Principal

    Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el pedimento de amparo identificado con el número 197/2016, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en Materia de Amparos, residente en esta ciudad; con el cual formula alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que sea relacionado en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, expídasele copia simple del presente proveído y entréguese previa razón de recibo que se deje en el expediente. Por otra parte, agréguense a los autos, los informes rendidos por la autoridad responsable relacionada en el recuadro siguiente: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Villa de Fuente, Coahuila. Con el que se le tiene informando lo conducente en relación con la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, señalando que el catorce de agosto de este año, Rosalinda Talamantes Torres, fue puesta a disposición de esa representación social por parte de los elementos de la Policía Investigadora, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito de Venta de Bebidas Alcohólicas Fuera de Horario, dándose inició a la carpeta de investigación 00173/VIF/UIVIF/2016, en la propia fecha calificó de legal su detención y en dieciséis de agosto del año en curso, se puso a disposición del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, internada en el Centro Penitenciario Femenil, mencionando que en todo momento le fueron respetados sus derechos. Se le comunica a la Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Villa de Fuente, Coahuila, que para las subsecuentes ocasiones en que se le requiera un informe, lo rinda en el plazo concedido, en el entendido que de no hacerlo no habrá tolerancia al respecto y se le harán efectivos todos los apercibimientos decretados. Por lo anterior, requiérase al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relacionadas con la detención de la aquí quejosa, necesarias para la debida integración del presente asunto. Apercibida, que de no cumplir con lo anterior o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase a la referida Ministerio Público rindiendo su informe justificado; por tanto, póngase a la vista de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad de referencia, las documentales que anexa; probanzas que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    I. Razón Actuarial. Vista la razón actuarial de esta propia fecha (foja 13), se advierte que la quejosa directa ***, ratificó la demanda de amparo interpuesta en su nombre por ***. II. Admisión de demanda. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 6°, 15, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo promovida por *** en representación de ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación, Villa de Fuente, con residencia en esta ciudad. III. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contado a partir del siguiente a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, al que deberá acompañar en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del presente juicio. IV. Apercibimiento a las autoridades responsables. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que de ella se reclama, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la citada legislación. Igualmente, en caso de que se nieguen a recibir los oficios (notificaciones) que se emitan en el presente juicio, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. V. Prevención para que las partes informen sobre las causas de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la legislación de la materia, prevéngase a las partes para que informen inmediatamente a este Juzgado de Distrito, si llegasen a tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. VI. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas del veinte de septiembre de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. VII. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo

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